[Fecha de embargo: 9 de febrero de 2006] Público

En un año marcadamente electoral –las elecciones para el Congreso y presidenciales se celebrarán el 12 de marzo y el 28 de mayo, respectivamente– Amnistía Internacional hace un llamamiento a las partes en el prolongado conflicto armado para que garanticen el derecho de candidatos y electores, de los funcionarios electos y de los periodistas que cubren las elecciones, para que puedan informar, hacer campaña, votar y ejercer su cargo sin miedo. El que no se proporcionen estas garantías debilita seriamente el Estado de derecho en Colombia y puede plantear dudas sobre las condiciones de libertad y la existencia de coacción en la celebración de las elecciones.

En campañas electorales anteriores, periodistas, candidatos y funcionarios electos, entre otros, han sido objeto de amenazas. Incluso antes de la inauguración oficial de la campaña electoral 2006, Amnistía Internacional recibió informes según los cuales cuatro periodistas de la ciudad de Barrancabermeja al parecer fueron amenazados de muerte por presuntos paramilitares en el mes de enero. Por otra parte, Jairo Romero y Eduardo Hernández, candidatos a las elecciones de alcalde de Yumbo y Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, fueron víctimas de homicidio el 17 y 18 de enero, respectivamente. También perdieron la vida dos de los guardaespaldas de Jairo Romero. El homicidio de Jairo Romero y sus guardaespaldas fue atribuido a fuerzas paramilitares.

En un comentario sobre las elecciones para el Congreso de Colombia y presidenciales celebradas en 2002, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señalaba que: "[d]urante los dos períodos electorales se hicieron manifiestas las presiones antidemocráticas ejercidas sobre muchos sectores de la ciudadanía por los grupos armados ilegales. Tanto los grupos guerrilleros como los grupos paramilitares lograron, mediante la violencia y el terror, afectar en el ejercicio de los derechos políticos a un número sustancial de colombianos. En alrededor de 110 municipios del país (de un total de 1.100) ni los electores tuvieron plena libertad para ejercer el sufragio ni los candidatos pudieron desarrollar sus campañas en condiciones de total igualdad y seguridad".

Continuaba declarando que: "[e]l libre ejercicio de los derechos políticos, asociado a la libertad de opinión y de expresión, se ha visto limitado durante los procesos electorales de 2002. […] Las elecciones legislativas y presidenciales significaron un alto riesgo para los candidatos, pues muchos de ellos fueron víctimas de amenazas de muerte o atentados contra sus vidas por parte de los paramilitares y de la guerrilla. También los electores fueron afectados por las amenazas y hostigamientos de esos grupos. […] La persecución política a miembros de algunos partidos continuó, en especial contra la Unión Patriótica, que se ha visto afectada por homicidios y amenazas. La persistencia de esta situación, que lleva años mermando el número de sus miembros y los espacios de participación y representación política, ha provocado su inhabilitación para presentar candidatos a las últimas elecciones".

Además, "[…] Asimismo, alcaldes y funcionarios locales del Estado han visto irrespetados sus derechos por parte de los grupos guerrilleros y paramilitares. Las FARC-EP han desarrollado su estrategia de ataque a los poderes civiles locales y los ha declarado objetivo militar, cometiendo intimidaciones, amenazas de muerte, toma de rehenes y homicidios. Como consecuencia, un importante número de funcionarios locales renunciaron o se desplazaron a las capitales de departamento, lo que ha afectado la presencia civil del Estado y el ejercicio de la democracia local, y ha aumentado la vulnerabilidad de la población frente a los actores armados".(1)

Amnistía Internacional hace un llamamiento a las partes en el conflicto para que garanticen que no se repita la intimidación de periodistas, candidatos, electores y funcionarios públicos en el período electoral 2006. Las partes en el conflicto deben abstenerse de llevar a cabo actos que limiten o impidan el derecho a votar, informar, hacer campaña y gobernar en libertad durante estas elecciones. Estas garantías son fundamentales para afianzar tanto la libertad de opinión antes, durante y después del sufragio, como el mantenimiento del Estado de derecho. Sin ellas, la libertad de expresión en Colombia seguirá siendo controlada por la fuerza militar dominante en la región, ya sea paramilitar o de la guerrilla.

El conflicto armado interno: la población civil en la línea de fuego

El conflicto armado interno que sufre Colombia desde hace 40 años y que ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y paramilitares contra grupos guerrilleros en un ciclo interminable de violencia, ha producido un número igualmente interminable de víctimas, en su mayoría civiles. Las comunidades afrodescendientes, indígenas, campesinas y desplazadas, de activistas de derechos humanos y comunitarios, y de sindicalistas son algunos de los numerosos grupos que más han sufrido los abusos de sus derechos humanos.

Periodistas, candidatos electorales, electores y funcionarios electos también han sido objeto de ataques de las partes en el conflicto. Se han registrado homicidios de periodistas cuyo objetivo era eliminar a los que intentaban investigar abusos y violaciones de derechos humanos, corrupción o actividades de actores armados; a otros se los ha amenazado como medida intimidatoria para que suspendan este tipo de investigación. Algunos candidatos y funcionarios electos se han visto obligados a dimitir bajo amenaza, con el fin de favorecer la elección de un candidato o un funcionario más receptivo a los deseos de un determinado actor armado; otros han perdido la vida como castigo por no cumplir órdenes o para intimidar a otros que estuviesen planteándose desafiar la autoridad del Estado, o de los paramilitares y la guerrilla que, en ambos casos, ejercen distintos grados de control militar y político sobre grandes franjas del país. Los electores también han sido presionados para dar su voto a un determinado candidato respaldado por uno de los actores armados.

Todas las partes en el conflicto han sido responsables, directa o indirectamente, de los miles de homicidios, "desapariciones", actos de tortura, amenazas y secuestros que han marcado el conflicto armado. En los últimos 20 años han perdido la vida más de 70.000 personas, en su gran mayoría civiles muertos fuera de combate, y más de tres millones se han visto desplazadas internamente. Los paramilitares, a menudo coordinados con las fuerzas de seguridad, han sido los responsables de la gran mayoría de los homicidios ocurridos fuera de combate y por motivos políticos, de las "desapariciones" y de los casos de tortura, mientras que los grupos guerrilleros han sido los autores de la mayoría de los secuestros y casos de toma de rehenes por motivos políticos. Por otra parte, en los últimos años Amnistía Internacional ha recibido un alto número de informes de ejecuciones extrajudiciales, "desapariciones" y detenciones arbitrarias llevadas a cabo, al parecer, por las fuerzas de seguridad.

Periodistas, candidatos y funcionarios: los abusos de derechos humanos en cifras

Según cifras de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre 1998 y 2005, 31 periodistas perdieron la vida, en su mayoría a manos de fuerzas paramilitares respaldadas por el ejército y de la guerrilla, por motivos atribuibles a su trabajo. En el informe de la CIDH se señalaba que, en 2005, un periodista perdió la vida debido a su trabajo. En 2004 no se registraron este tipo de homicidios, pero en 2003 se registraron cuatro y en 2002, cinco. Las cifras de la CIDH también sugieren el secuestro de un periodista en 2005, y que cuatro recibieron amenazas directas por su trabajo.(2) Estas cifras sólo incluyen casos en los que puede demostrarse que el homicidio, los secuestros o la amenaza fueron una consecuencia directa de su trabajo. El número total de periodistas muertos, secuestrados y amenazados es superior, pero en estos casos no ha podido determinarse el motivo exacto.

Las estadísticas publicadas por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sugieren que al menos 25 periodistas recibieron amenazas en 2005, y cinco de ellos fueron obligados a abandonar sus hogares.(3) Dos de ellos se vieron obligados a exiliarse. Las oficinas de los medios de comunicación también han sido atacadas. Por ejemplo, según los informes recibidos, el 20 de febrero de 2005 la guerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) hizo detonar un coche bomba ante la sede central de la emisora de radio y televisión RCN en Cali y, a consecuencia de ello, resultaron heridas dos personas.

El 16 de mayo de 2005, tres periodistas de Bogotá recibieron coronas fúnebres como símbolo de amenaza de muerte. Una de las coronas se entregó en las oficinas del diario comunista Voz, cuyo director es Carlos Lozano. Se adjuntaba una nota en la que decía que era para el "funeral de Carlos Lozano Guillén". Otra de las coronas se envió a Hollman Morris, director del programa televisivo de investigación CONTRAVÍA. En este caso, la nota adjunta expresaba las "más sinceras condolencias de la familia Henao". Otras dos coronas fúnebres se enviaron a las antiguas oficinas del Canal Uno de televisión: una de ellas iba dirigida al director de su programa informativo, Daniel Coronell; la otra, a su mujer e hija. No se adjuntaba ninguna nota, pero Daniel Coronell había recibido recientemente dos llamadas telefónicas en las que un hombre no identificado amenazó con matarlo a él, a su esposa y a su hija. No se conoce la identidad de los remitentes en ninguno de los tres casos. Carlos Lozano, Hollman Morris y Daniel Coronell han puesto a menudo de manifiesto las violaciones de derechos humanos cometidas por fuerzas paramilitares y otras. Los tres periodistas también informaron sobre la matanza de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, que tuvo lugar el 21 de febrero de 2005. Un testigo de la matanza declaró que los autores se identificaron como miembros del ejército colombiano. El 10 de mayo de 2005, el programa CONTRAVÍA de Hollman Morris transmitió una edición especial sobre esta matanza. Daniel Coronell y su familia finalmente decidieron abandonar Colombia.

Según la Federación Nacional de Concejos (FENACON), que representa a los concejales locales en Colombia, en 2005 perdieron la vida al menos 25 concejales, 18 en 2004, 75 en 2003 y 76 en 2002. Según informes, actualmente hay más de 200 concejales amenazados. En 2005 fueron desplazados más de 325 concejales, de los cuales 17 abandonaron el país. Según FENACON, un número superior a 122 consejos municipales (de un total de 1.098) de 13 departamentos está amenazado por las FARC, que llevan años atacando a los funcionarios locales, especialmente concejales y alcaldes, en un esfuerzo por debilitar el poder del Estado. FENACON atribuye a las FARC el 70% de los ataques perpetrados contra los concejales.

En un período de dos meses entre febrero y abril de 2005, tres concejales del departamento de Caquetá, al sur del país, perdieron la vida al parecer a manos de las FARC. El 11 de febrero Armando Zafra, concejal de Puerto Rico, y su hermano fueron víctimas de homicidio. El 26 de marzo, mataron a Jorge Enrique Córdoba, concejal de San Vicente del Caguán, mientras se hallaba en su casa del casco urbano de ese municipio. El 9 de abril, cuando se encontraba reunida con un grupo de madres cabeza de familia, fue asesinada Miriam Martínez, concejal de Puerto Rico. La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó los homicidios y los declaró crímenes de guerra.

A finales de 2004, los paramilitares amenazaron de muerte a los miembros de la Junta de Acción Comunal (JAC) y a otros residentes de la Comuna 3 de la ciudad de Medellín, de quienes dijeron que tenían vínculos con la guerrilla. El 7 de noviembre de 2004, Jesús Estrada, dirigente comunitario de La Cruz, fue secuestrado por cinco hombres armados y encapuchados mientras se encontraba en unos billares públicos a las ocho y veinte de la tarde. Al parecer, en el momento de su secuestro la policía se había retirado de la zona a pesar de que, desde mayo, había mantenido una presencia permanente cerca de los billares. El cadáver de Jesús Estrada fue hallado al día siguiente en una morgue de Llanaditas, en la Comuna VIII, junto con el cuerpo de un individuo no identificado al que, según los informes, los hombres armados habían secuestrado de su casa en La Honda el día anterior. Según los informes recibidos, Jaime Augusto Henao, presidente de la JAC del barrio Las Mirlas, en la Comuna VIII, que había denunciado ante las autoridades las amenazas recibidas de las fuerzas paramilitares, perdió la vida a manos de dichas fuerzas en agosto de 2005.

Políticos y candidatos electorales nacionales también han sido amenazados, secuestrados y víctimas de homicidio. El caso más ampliamente difundido en el ámbito internacional es el de la candidata presidencial Ingrid Betancourt y su asesora personal Clara Rojas, secuestradas por las FARC en el departamento de Caquetá en febrero de 2002. En abril de 2002, las FARC también secuestraron en Cali a doce diputados regionales. Tanto ellas como estos diputados aún permanecen bajo su custodia. Las FARC siguen reteniendo a muchos otros políticos, extranjeros y miembros de las fuerzas de seguridad.

El 26 de octubre de 2005, dirigentes del Partido Liberal denunciaron que unos desconocidos habían amenazado a varios de sus candidatos al Congreso y a la presidencia. En noviembre de 2005, el ex senador indígena guajiro Amylkar Acosta anunció que no se presentaría para su reelección, en parte debido a las amenazas. Dijo que unos hombres no identificados le advirtieron de que si no se retiraba de las elecciones, "sufriría las consecuencias". El 28 de noviembre de 2005, Hernán Duque Henao, ex alcalde de Caicedonia, departamento de Valle del Cauca, y uno de los candidatos a la Cámara de Representantes en las elecciones para el Congreso de este año, perdió la vida en Cali a manos de agresores desconocidos.

Exacerbar el miedo: impunidad y seguridad democrática

Sucesivos gobiernos de Colombia han adoptado medidas para mejorar la seguridad de estos sectores, principalmente con programas de protección. Aunque éstos han salvado vidas y permitido que muchos periodistas y políticos sigan realizando su labor, las medidas de protección física son insuficientes sin una voluntad política de abordar las raíces de la violencia. El trabajo de periodistas, candidatos y funcionarios hoy es más peligroso, y ello se debe a que el Estado no ha resuelto el problema de la impunidad, a la política de seguridad democrática del gobierno y al hecho de que las partes en el conflicto incumplen las disposiciones del derecho internacional humanitario.

La naturaleza endémica de la impunidad: la impunidad está en el centro del conflicto y ha sido un factor agravante en la persecución constante de periodistas, candidatos y funcionarios públicos. La certeza de que los responsables no serán identificados, investigados, juzgados ni condenados fomenta la comisión de más actos de violencia; igualmente, saber que lograrán evadir la justicia quienes han cometido estos actos y quienes los cometerán en el futuro, disuade a la víctima, real o en potencia, de denunciar los hechos. El resultado es que los periodistas temen informar, los candidatos, hacer campaña, y los funcionarios electos, gobernar.

Aunque sucesivos gobiernos han reconocido la gravedad del problema, no se han mostrado capaces o dispuestos a adoptar medidas para garantizar que los responsables, ya sean miembros de las fuerzas de seguridad, paramilitares o de la guerrilla, rindan cuentas ante la justicia. La confianza de la ciudadanía en la administración de justicia y el Estado de derecho se ha debilitado debido a que los autores de violaciones de los derechos humanos casi nunca son castigados.

En su informe de agosto de 2005 sobre Colombia, la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH observaba que, de los 31 periodistas asesinados entre 1998 y 2005, sólo seis casos llegaron a la etapa de juicio.(4) Es más: en ninguno de esos seis casos se condenó a todos los autores materiales e intelectuales de estos crímenes. De los 24 casos restantes, 12 se encontraban en etapa preliminar, cuatro en la de instrucción, dos habían sido archivados, uno se había desestimado por falta de pruebas, y cinco de los casos no habían recibido seguimiento alguno.

Política de seguridad democrática: con la estrategia de seguridad democrática, introducida por el gobierno del presidente Álvaro Uribe, se ha pretendido recuperar territorio del control de la guerrilla mediante el fortalecimiento de las fuerzas armadas y una mayor dotación militar y policial para garantizar su presencia en todas las zonas de Colombia. Si bien la seguridad ha mejorado en algunas zonas, especialmente en las grandes ciudades y en las principales carreteras, otras comunidades, en particular aquellas zonas en conflicto militar, se han vuelto más vulnerables. La intensificación del conflicto como consecuencia de la política de seguridad democrática también ha aumentado los riesgos para los periodistas, sobre todo para los que cubren zonas en conflicto militar. En abril de 2003, 12 periodistas se vieron obligados a huir de Arauca, una de las zonas de conflicto más intenso, después de que los paramilitares y la guerrilla publicasen sendas listas negras.

Las cifras oficiales sugieren que el número de muertes violentas disminuyó entre un 10,4% (Policía Nacional) y un 23% (Instituto de Medicina Legal), siendo las cifras de 14.503 y 18.096, respectivamente. Los secuestros también cayeron de 1.385 en el período enero-noviembre de 2004 a 730 en el mismo período de 2005. Sin embargo, los desplazamientos internos aumentaron de 205.500, en los tres primeros trimestres de 2004, a 252.800 en el mismo período de 2005, y Amnistía Internacional sigue recibiendo informes de ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y de un elevado número de "desapariciones" forzadas. A pesar de la desmovilización de grupos paramilitares que se viene produciendo desde 2003, grupos pertenecientes a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principal organización paramilitar, fueron responsables de más de 2.300 homicidios y "desapariciones" desde que en diciembre de 2002 anunciaran el cese de hostilidades. Según informes, el 4 y 5 de diciembre de 2005 los paramilitares mataron a 22 civiles en Curumaní, Cesar.

Lejos de disuadir a los grupos guerrilleros de cometer abusos contra la población civil, la política de seguridad democrática del gobierno la ha expuesto a una mayor presión y a un aumento de las represalias. A lo largo de 2005, comunidades civiles de los departamentos de Putumayo y Arauca sufrieron "bloqueos económicos" y cortes del suministro eléctrico como consecuencia de los esfuerzos de las FARC para aumentar la presión sobre las fuerzas de seguridad destinadas a estas zonas en conflicto militar. A finales de diciembre de 2005, las FARC mataron a 29 soldados en Vista Hermosa, departamento de Meta, en un ataque que se saldó con el mayor número de muertos a manos de grupos guerrilleros desde que el presidente Uribe subió al poder en agosto de 2002.

Autocensura: amenaza a la libertad de expresión

Aunque el derecho colombiano garantiza la libertad de expresión, el conflicto armado y la intimidación impuesta por todas las partes en el conflicto, han obligado a muchos periodistas a censurar sus reportajes para aumentar su seguridad. Además de las amenazas y homicidios de periodistas a manos de grupos armados ilegales, algunos informes indican que miembros de las fuerzas de seguridad y funcionarios del gobierno han pretendido estigmatizar a algunos periodistas vinculándolos a la guerrilla. Esto los expone a sufrir ataques de los paramilitares. En una entrevista realizada en junio de 2005, el presidente Uribe acusó a varios periodistas de conocer de antemano un ataque de las FARC en Puerto Asís, Putumayo, el 19 de junio de 2005, que se saldó con la muerte de 22 soldados. Se cree que los comentarios iban dirigidos a un grupo de periodistas, entre ellos Hollman Morris y un corresponsal de la BBC (British Broadcasting Corporation), que se había desplazado hasta esa zona. El presidente Uribe se disculpó al conocerse que los periodistas habían llegado al lugar después de producirse el ataque pero, con todo, este tipo de comentarios no contribuyen a mejorar la seguridad de los periodistas.

La autocensura que muchos periodistas se han visto obligados a adoptar para sobrevivir ha adquirido muchas formas, como la negativa a viajar a zonas de conflicto intenso, en las que se producen la mayoría de los abusos y violaciones de derechos humanos, o su reticencia a buscar fuentes de información independientes y alternativas que puedan exigir el desplazamiento a zonas peligrosas; en su lugar, se basan en la información oficial. La situación a la que se enfrentan los periodistas fuera de las grandes ciudades les vuelve especialmente vulnerables, tanto por la presencia más marcada de grupos armados ilegales y la mayor intimidación que ejercen las fuerzas de seguridad, como por el hecho de que los ataques que sufren a menudo no se denuncian.

Como señala el informe del ACNUDH de 2005: "[a]lgunos periodistas manifestaron a la oficina haber recibido presiones de miembros de la fuerza pública, mediante intimidación para que se publicaran exclusivamente estadísticas o ‘partes de guerra’ favorables, y denunciaron haber recibido amenazas tras publicar una versión diferente a la proporcionada por las autoridades. A raíz de las amenazas, periodistas tuvieron que clausurar sus noticieros o modificar su estilo informativo".(5)

La "paramilitarización" del sistema político

En septiembre de 2005 Amnistía Internacional publicó el informe Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización? (Índice AI: 23/019/2005), en el cual se resaltaba cómo exacerbarán el problema de la impunidad en Colombia la Ley de Justicia y Paz de 2005 y el Decreto 128 de 2003. Ambos han sido diseñados para facilitar las "negociaciones de paz" con los paramilitares y, en el futuro, con la guerrilla, en el caso de que ésta inicie negociaciones de paz con el gobierno.

Según informes, se ha desmovilizado prácticamente el total de los más de 20.000 miembros de grupos paramilitares. Pero la gran mayoría sigue sin ser investigada por violaciones de derechos humanos y no parece probable que comparezca ante la justicia. El informe también cuestionaba la autenticidad del proceso de desmovilización y planteaba serios motivos de preocupación sobre el "reciclaje" y la "legalización" de paramilitares en nuevas estructuras. También expresaba su preocupación por los continuados y bien documentados vínculos entre los paramilitares, las fuerzas de seguridad y sectores del aparato del Estado, y por la participación de los paramilitares y de la guerrilla en el proceso político sin que se garantice de forma efectiva que los presuntos autores de abusos de derechos humanos no evadirán la justicia.

Desde el principio del proceso de desmovilización, varios políticos, periodistas y comentaristas colombianos han denunciado la supuestamente creciente influencia de los paramilitares en el proceso electoral y en instituciones estatales como el Congreso, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento de Administración de Seguridad (DAS). Grupos guerrilleros también han pretendido influir en las elecciones e infiltrarse en las instituciones estatales. Sin embargo, el grado de infiltración paramilitar actual y su naturaleza son ahora mismo causa de grave preocupación en Colombia.

La infiltración y el tráfico de influencias de los paramilitares en elecciones pasadas y en el Congreso están bien documentados. El dirigente paramilitar Vicente Castaño ha llegado a declarar que los paramilitares controlan el 35% del Congreso actual, una cifra que, aunque difícil de comprobar, casi nadie ha desmentido. Su control de la política regional, a menudo violento, data de hace ya mucho tiempo.

En reiteradas ocasiones los paramilitares han declarado su intención de transformarse en organización política legal y de presentarse a las elecciones. El dirigente paramilitar Iván Roberto Duque, alias "Ernesto Báez", ha exigido que se reserven dos escaños del Congreso a los paramilitares desmovilizados, petición que el gobierno ha rechazado. Es legítimo que los combatientes desmovilizados, ya sean paramilitares o de la guerrilla, participen en la política siempre y cuando hayan abandonado de modo irrefutable las armas, existan garantías de que no están implicados en la comisión de abusos de derechos humanos, sus actividades políticas no estén respaldadas por la violencia y otros delitos, y se respete plenamente el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. Sin embargo, el no dotar a la desmovilización de un marco jurídico que garantice el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, unida a la presencia permanente de estructuras paramilitares activas en todo el país y a las reiteradas violaciones de los derechos humanos, entre ellas crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, que cometen las fuerzas paramilitares sugieren de forma convincente que no es de esperar que se puedan proporcionar dichas garantías.

Varios políticos, así como la prensa, han afirmado que a las elecciones de este año se han presentado varios candidatos vinculados a los paramilitares. Como respuesta a estas afirmaciones, en enero de 2006 dos partidos políticos progubernamentales expulsaron de sus filas a cinco legisladores y candidatos a las elecciones de este año, tras sospecharse que estaban vinculados a grupos paramilitares.

El gobierno ha declarado que los paramilitares desmovilizados no podrán presentarse a las elecciones mientras no se desmovilicen en pleno los combatientes paramilitares y la Ley de Justicia y Paz aclare su situación jurídica, y que se detendrá a los paramilitares que interfieran en la política y las elecciones. Según los informes disponibles, varios ex dirigentes paramilitares desmovilizados que habían anunciado su intención de presentarse a las elecciones para el Congreso de marzo más tarde anunciaron la suspensión de sus candidaturas, entre ellas la de Giovanny Marín, del Bloque Cacique Nutibara, y la de Jairo Angarita, del Bloque Sinú y San Jorge.

Sin embargo, casi todos los paramilitares que se han desmovilizado no lo han hecho de conformidad con la Ley de Justicia y Paz, que sólo es de aplicación para la reducida minoría de ex combatientes, principalmente dirigentes, que ya están siendo investigados por violaciones de derechos humanos. Dada la tan arraigada impunidad, prácticamente ninguno de los miembros de los paramilitares ni de la guerrilla está siendo investigado por tales delitos. Esto quiere decir que se han desmovilizado en virtud del Decreto 128, que les otorga amnistías de facto. Si la desmovilización se completa antes de las elecciones, ¿podrán presentarse a ellas los paramilitares? ¿Qué garantías existen para asegurar que ninguno de ellos está implicado en violaciones de derechos humanos? ¿Qué medidas habría que adoptar para garantizar que no empleen la violencia para materializar sus ambiciones políticas? ¿Y qué garantías existen de que realmente se está desmovilizando a los paramilitares y no reintegrándolos en el conflicto mediante su participación en empresas de seguridad privadas, como guías en operaciones militares, agentes de la policía cívica o miembros de redes de informantes civiles?(6) Dada la controvertida cuestión de la impunidad, y las deficiencias de la legislación en materia de desmovilización, será difícil proporcionar dichas garantías.

Recomendaciones para el gobierno y los grupos guerrilleros:

· Respetar el derecho internacional humanitario, que prohíbe atacar a aquéllos que no participan directamente en las hostilidades, y cumplir de forma plena e inmediata las recomendaciones de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

· Negociar de inmediato un acuerdo humanitario para retirar a todos los civiles del conflicto, incluidos electores, periodistas, candidatos y funcionarios electos.

· Los medios de comunicación tienen un deber especial de vigilar y denunciar violaciones y abusos de derechos humanos, y de mantener informada a la ciudadanía acerca de la campaña electoral. Los periodistas deben ser capaces de desempeñar con total seguridad sus actividades legítimas, y las partes en el conflicto han de respetar plenamente su libertad de circulación y expresión.

Recomendaciones para el gobierno de Colombia:

· Desarrollar una política de derechos humanos integral que cumpla en su totalidad las obligaciones internacionales de Colombia, las recomendaciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, entre ellas las relativas a acciones destinadas a poner fin a la impunidad; hacer frente y desmantelar a los paramilitares respaldados por el ejército; y garantizar la seguridad de sectores que corren un riesgo especial, como periodistas, candidatos y funcionarios electos.

· Garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario, y garantizar que los individuos y sectores cómplices de abusos –tanto en el ámbito militar como en otros– comparezcan ante la justicia, y que los miembros de las fuerzas de seguridad implicados en dichos casos según las investigaciones judiciales o disciplinarias realizadas sean suspendidos de su empleo hasta que se determine su culpabilidad o inocencia.
· Garantizar que los paramilitares y guerrilleros desmovilizados no participen en el proceso electoral, ni directa ni indirectamente, hasta que existan garantías de que se ha identificado e investigado a los posibles autores de abusos de derechos humanos, y se respete el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

· Rechazar medidas –como la Ley de Justicia y Paz, y el Decreto 128– que amenacen con garantizar la impunidad de los responsables de abusos de derechos humanos, así como de terceros responsables de coordinar, respaldar y financiar a los grupos paramilitares.

· Desistir de realizar declaraciones públicas que cuestionen el trabajo legítimo de los periodistas, como ocurre al equipararlo con un apoyo a la guerrilla. Estas declaraciones a menudo dan lugar a represalias de los grupos paramilitares. Debe protegerse la integridad física de los periodistas, así como de los candidatos y funcionarios electos, y condenarse los ataques perpetrados contra ellos, y han de tomarse medidas para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.

· Los programas de protección del gobierno han jugado un papel importante a la hora de proteger a los periodistas y a otras personas en situación de riesgo. Pero es preciso fortalecer dichos programas.

Recomendaciones para la guerrilla:

· Aplicar medidas específicamente destinadas a garantizar el cumplimiento del derecho internacional humanitario, como la de asegurar que todas las fuerzas controladas por la guerrilla estén debidamente formadas e instruidas para acatar en todo momento los principios del derecho internacional humanitario, investigar denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario para determinar responsabilidades, y garantizar que los responsables sean destituidos de cualquier cargo desde el cual puedan cometer abusos contra civiles y contra quienes se encuentren fuera de combate.

· Garantizar que no utilizarán armas ni emplearán prácticas militares que puedan constituir una amenaza desproporcionada e indiscriminada para la seguridad de la población civil.

· Respetar el derecho de periodistas, candidatos, funcionarios electos y electores a cumplir con sus deberes jurídicos y legítimos sin amenazas.

· Poner fin a todos los actos de secuestros y toma de rehenes, y dejar en libertad de inmediato y en condiciones de seguridad a todas aquellas personas retenidas en contra de su voluntad.

Recomendaciones para la comunidad internacional:

· Instar al gobierno de Colombia a que cumpla en su totalidad y de inmediato las recomendaciones anteriores, y vigilar de cerca los esfuerzos destinados a cumplir las recomendaciones de derechos humanos formuladas por las Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales.

· Pedir a la guerrilla que se comprometa públicamente a respetar las normas internacionales humanitarias, que impida a sus miembros cometer abusos, entre ellos contra periodistas, candidatos y funcionarios del Estado, y que deje en libertad a todos los rehenes.

· En sus relaciones con el gobierno de Colombia, expresar su preocupación por que éste no prevenga los abusos de derechos humanos cometidos contra periodistas y otras personas, ni procese o penalice a sus responsables.

· Ofrecer apoyo a los periodistas para permitirles que realicen su trabajo sin miedo.

· Las organizaciones intergubernamentales cuya misión es vigilar u observar las elecciones deben incluir la vigilancia de los derechos humanos como una parte central de su trabajo.********
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· (1) Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2003/13, 24 de febrero de 2003.
·
· (2) Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Relatoría para la Libertad de Expresión, Impunidad, Autocensura y Conflicto Armado Interno: Análisis de la Situación de la Libertad de Expresión en Colombia, OEA/Ser.L/V/II Doc. 51, 31 de agosto de 2005.
·
· (3) 61ª Asamblea General de la SIP, Informes por país, 7-11 de octubre de 2005.
·
· (4) El caso de dos de los periodistas asesinados fue presentado a la CIDH como un solo caso.
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· (5) Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, E/CN.4/2005/10, 28 de febrero de 2005.
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· (6) Véase Amnistía Internacional: Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o legalización? (Índice AI: AMR 23/019/2005).
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Índice AI: AMR 23/001/2006

9 de febrero de 2006

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