La crisis de derechos humanos –causas, responsabilidades y posibles soluciones– siempre ha sido un foco de controversia en cualquier debate sobre Colombia y el prolongado conflicto de este país.

En vista de que persisten análisis divergentes y en apariencia incompatibles de la evolución de la crisis de derechos humanos, esta conferencia es sumamente oportuna, ya que nos ofrece la posibilidad de examinar algunos de los mitos y realidades actuales de la situación de Colombia en lo que respecta a los derechos humanos.

La principal cuestión que debemos examinar hoy gira en torno a si Colombia está –como asegura el gobierno – experimentando un renacimiento irreversible de relativa paz, de índices de violencia en rápido descenso, de verdadera desmovilización de decenas de miles de combatientes ilegales, y de justicia para las personas que han sido víctimas de abusos contra los derechos humanos; o si, por el contrario, la crisis humanitaria simplemente ha vuelto a cambiar una vez más sus características.

El conflicto colombiano es sumamente complejo y está lleno de matices. Aunque intentar cuantificar los abusos resulta extremadamente difícil, está claro que en el curso de los últimos años se han producido mejoras en algunos índices de violencia: el número de secuestros ha decrecido considerablemente, como también ha ocurrido con el número de civiles muertos por motivos relacionados con el conflicto armado. También hay que señalar que la seguridad en algunos de los centros urbanos más poblados del país, así como en muchas de sus principales carreteras, ha mejorado dramáticamente. Esto es causa de satisfacción y necesariamente representa un alivio para los millones de colombianos que no desean más que vivir sus vidas sin miedo.

Sin embargo, la satisfacción por estas mejoras no debe cegarnos e impedir que veamos la otra Colombia, aquélla en la que millones de ciudadanos continúan soportando lo peor de este sangriento conflicto. Las voces de estas personas son silenciadas porque sus historias desmienten, de manera vívida y convincente, la versión oficial de que Colombia es un país que ha superado en gran medida su sangriento pasado. Entre estos colombianos incluimos a los cientos de miles que el conflicto sigue desplazando, al número creciente de civiles ejecutados cada año por las fuerzas de seguridad, a los centenares de desaparecidos, a los niños y niñas – incluso de hasta de 12 años de edad– que los grupos paramilitares y guerrilleros reclutan como carne de cañón, a los activistas y campesinos detenidos arbitrariamente por las fuerzas armadas, a los muertos o mutilados por las minas terrestres antipersonal –muchos de ellos menores de edad–, a las mujeres violadas por las partes en conflicto, a las comunidades perseguidas por sospechas infundadas de instigación y asistencia a combatientes enemigos, a las víctimas de secuestros y de ataques indiscriminados con explosivos en zonas urbanas.

Para estas personas la violencia continúa con toda su crudeza y barbarie.

Por otra parte, dada la larga historia de impunidad que ha marcado el conflicto colombiano pocos hubieran podido predecir que al menos algunos de esos políticos influyentes, esos altos cargos de la administración pública y esos oficiales del ejército vinculados con los grupos paramilitares estarían hoy sometidos a proceso legal de algún tipo o al menos a investigación criminal por esos delitos. Muchas personas, tanto en Colombia como en el extranjero, han expresado un gran asombro ante la magnitud del problema, como si las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales no les hubieran estado advirtiendo sobre este atroz fenómeno durante décadas; advertencias a las que invariablemente se hicieron oídos sordos, mientras sucesivos gobiernos de Colombia negaban que existiera problema alguno.

Incluso hoy, cuando ya no es posible seguir negando la evidencia, algunas de las instituciones del Estado siguen negando su responsabilidad personal e institucional e incluso tratan de atribuirse el mérito de la actual avalancha de revelaciones, afirmando que éstas sólo han sido posibles gracias al proceso de desmovilización de los paramilitares y a la Ley de Justicia y Paz. Pero a quien hay que dar gracias por el inicio de estas investigaciones sobre estos vínculos profundamente arraigados e institucionalizados –y dejemos bien claro que estos casos no representan sino la punta de un gran iceberg– es a la Corte Suprema de Justicia, a la Procuraduría General de la Nación y a la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía, así como a todos los valerosos periodistas y defensores de los derechos humanos que han investigado y mantenido viva la cuestión, a menudo a costa de un gran sacrificio personal.

El gobierno colombiano ha pedido repetidamente a Amnistía Internacional que reconozca que la supuesta y muy alabada desmovilización de 32.000 paramilitares ha resultado ser un proceso único y abrumadoramente positivo. Amnistía Internacional no comparte esta opinión.

Permítanme que deje bien clara la postura de Amnistía Internacional sobre la cuestión del proceso de desmovilización. Nuestra organización ha expresado serias dudas sobre el proceso desde un principio. Esta postura refleja nuestro compromiso con los derechos de las víctimas, y es producto de la larga experiencia de la organización en la observación de procesos similares en otros países y de lo que a nuestro entender constituye una desmovilización efectiva.

La búsqueda de la verdad y la justicia en toda situación de conflicto está llena de dificultades y obstáculos. Pero para que un proceso de este tipo sea realmente un éxito debe incorporar como elemento central los derechos humanos, entre ellos el principio de "no repetición": los derechos humanos no son algo que se añade a un proceso de paz o de desmovilización para hacerlo más aceptable, sino que constituyen o deben constituir el núcleo central para lograr una paz justa y duradera. Se trata de una constante que hay que aplicar a todos los procesos de paz y desmovilización, ya sea de paramilitares o de la guerrilla.

Las normas internacionales dejan claro que los derechos de las víctimas no pueden comprometerse. El proceso de desmovilización actual

• al no garantizar la plena participación de las víctimas,
• ni asegurar que los combatientes desmovilizados quedan realmente excluidos del conflicto,
• ni exigir efectivamente responsabilidad a los paramilitares y a las personas que los respaldan,
• ni ofrecer plena reparación a las víctimas y a sus familias
  

incumple de la manera más absoluta este principio.

Se ha afirmado que renunciar a la justicia para lograr la paz es un precio que vale la pena pagar. Pero el proceso de desmovilización y la Ley de Justicia y Paz que le sirve de marco no han obtenido ni paz ni justicia.

La maquinaria paramilitar está convirtiendo el llamado proceso de desmovilización en una farsa. La gran mayoría de sus combatientes –muchos de ellos culpables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad– ya se ha beneficiado de amnistías de facto en virtud del Decreto 128. Con toda probabilidad no se investigarán jamás los crímenes que han cometido ni el papel que han desempeñado –no sólo ellos sino las personas que les han prestado apoyo material y político–, ni sus víctimas recibirán la justicia que tan desesperadamente desean y que tienen derecho a esperar.

Cierto es que la mayoría de los líderes paramilitares posiblemente pasen por lo menos algunos años privados de libertad por el papel que desempeñaron en algunas de las peores atrocidades de derechos humanos, pero de momento, sobre la cuestión de si esta pena se cumplirá en prisión o en alojamientos de mayor lujo, sólo es posible hacer conjeturas. No es probable, sin embargo, que la posibilidad de una pena de prisión cause insomnio a las terceras partes, los terceros que han sido los principales arquitectos del proyecto paramilitar y sin los cuales los Mancusos y Castaños de este mundo no hubiesen llegado a convertirse en máquinas de matar tan eficientes. Todas esas personas que, a sabiendas y voluntariamente, apoyaron el proyecto paramilitar –los altos mandos militares, los altos cargos públicos, los jefes políticos regionales, los miembros del sector financiero del país, los otros gobiernos y empresas internacionales – probablemente duermen tranquilos sabiendo que sus crímenes no tienen prácticamente ninguna posibilidad de salir a la luz a través de este proceso.

Aún más importante para estos terceros y para esos líderes paramilitares que dentro de poco podrán reanudar sus vidas libres de complicaciones legales es el consuelo de saber que la riqueza y el poder político, y en algunos casos la potencia militar, que han amasado a lo largo de decenios a costa de los millares de colombianos asesinados y los millones desplazados de sus tierras, permanecerán prácticamente intactos gracias a un gobierno que no está dispuesto a atacar de frente los cimientos estructurales del proyecto paramilitar.

Al no abordar la arquitectura política, militar y económica de los paramilitares a nivel nacional e internacional, el gobierno ha asegurado que la infraestructura paramilitar se mantiene intacta. El paramilitarismo colombiano no se erradicará hasta que sus raíces que siguen siendo protegidas y alimentadas tanto en Colombia como fuera del país sean destruidas.

Una de las principales raíces del problema es la polémica cuestión del control de la tierra y los recursos naturales. Gran parte de la riqueza amasada por los paramilitares y por los políticos y empresarios que los respaldan se ha basado en el robo –a menudo con uso o amenaza de uso de violencia– de millones de hectáreas de tierras pertenecientes a centenares de miles de campesinos o a comunidades indígenas o de afrodescendientes a lo largo y ancho del país. Hasta ahora, unas 50.000 personas han pedido formalmente reparación dentro de los procesos que afectan a los líderes paramilitares. Una de cada cinco de estas peticiones se refieren al robo de tierras.

Como parte del trato con el gobierno colombiano, los paramilitares se comprometieron a entregar todos los bienes obtenidos ilegalmente y a devolverlos a sus legítimos dueños o a sus familias. Pero, excepto por algunos bienes de poca monta, los paramilitares no han entregado hasta la fecha ninguna extensión significativa de tierra, y Amnistía Internacional pone seriamente en duda que lo hagan. ¿Por qué iban a hacerlo? Gran parte de la tierra robada por los paramilitares se ha hecho pasar a manos de terceros –a menudo familiares y amigos que hacen de testaferros– con el fin de ocultarla. Pero en vez de adoptar una postura decidida ante este engaño, el gobierno colombiano ha puesto reiteradamente de manifiesto su falta de voluntad política para perseguir a los testaferros con toda la fuerza de la ley. Por si fuera poco además, el gobierno ha promulgado legislación que dificultará aún más a las personas desplazadas el proceso de reclamación de sus tierras, ya que facilita la legalización de la posesión a quienes las robaron. De todas las víctimas de este prolongado y brutal conflicto, las desplazadas son las que menos probabilidad tienen de obtener justicia.

Nos preocupa, además, el hecho de que la comunidad internacional haya facilitado éstas políticas al no tomar una postura decidida a favor de un marco jurídico adecuado y al financiar proyectos que permiten la legalización de tierras robadas.

Muchas de las víctimas de este conflicto y sus familias, así como organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, han elegido participar en el proceso de justicia y paz. Amnistía Internacional respeta y apoya su decisión, así como la de otras víctimas que han decidido no participar. Es nuestro sincero deseo que se obtenga algo de verdad, y quizá incluso algo de justicia con este proceso, y que por lo menos algunas de las víctimas de este terrible conflicto lleguen así a obtener alguna forma de reparación. Pero otras, como Yolanda Izquierdo, asesinada en Montería en enero, ya han tenido que pagar el precio más alto por ir en búsqueda de la verdad. A menos que se tomen medidas para garantizar su seguridad, muchas más de esas víctimas que buscan la verdad, y muchas de las personas que les apoyan, podrían acabar pagando con sus vidas. No olvidemos tampoco a las víctimas de los abusos cometidos por la guerrilla y directamente por las fuerzas de seguridad, para las que el proceso de Justicia y Paz no tiene absolutamente el menor significado.

La verdadera tragedia es la oportunidad perdida: la oportunidad de atajar de una vez y para siempre el pernicioso fenómeno del paramilitarismo, en vez de simplemente haberle lavado la cara. Al no desmantelar la estructura y la base de influencia de la maquinaria paramilitar, el gobierno ha garantizado su permanencia, prácticamente intacta.

Aunque encontrar una solución duradera al conflicto no será fácil, el plan de acción para ello existe desde hace casi una década. En las reiteradas recomendaciones de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos –muchas de las cuales han sido persistentemente ignoradas por sucesivos gobiernos colombianos– se explican detalladamente los pasos que deben dar el gobierno y los grupos guerrilleros del país –que han hecho caso omiso de todas las recomendaciones dirigidas a ellos– para resolver la crisis de derechos humanos. Dado que el gobierno ha acogido con entusiasmo, por primera vez, el último informe de la alta comisionada sobre Colombia, confiamos en que ese entusiasmo lleve al gobierno a realizar esfuerzos serios para cumplir de una vez por todas las reiteradas recomendaciones en materia de derechos humanos de las Naciones Unidas y el sistema interamericano de derechos humanos.

La comunidad internacional ha tenido y sigue teniendo un papel fundamental, especialmente la Unión Europea y Estados Unidos, en la labor de ayudar a resolver la crisis de derechos humanos. Por lo que respecta a Estados Unidos, Amnistía Internacional ha reiterado una y otra vez que sencillamente no existen las condiciones necesarias para garantizar que la ayuda militar estadounidense no contribuye a la comisión de abusos contra los derechos humanos. Es evidente que el proceso de certificación de derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense –que por cierto sólo cubre un pequeño porcentaje de la ayuda militar de este país a Colombia– ha resultado ser totalmente inadecuado en este sentido. Esperamos que el nuevo Congreso norteamericano asuma una postura crítica frente a la política de la administración Bush, ejerza su facultad de escrutinio con vigor y exija una revisión profunda de la relación entre los dos países.

La Unión Europea ha adoptado a menudo una postura firme y constructiva en varias cuestiones de derechos humanos, especialmente en relación con los defensores de los derechos humanos y los sindicalistas, una postura digna de elogio. Pero en los últimos tiempos ha vacilado en su postura sobre el proceso de desmovilización. Su insistencia inicial en que la Unión Europea no apoyaría ningún proceso de desmovilización que no se ajustara plenamente a las normas internacionales sobre verdad, justicia y reparación, y en el que los paramilitares no respetaran su propio alto el fuego, ha ido debilitándose progresivamente.

La suavización de su postura –hasta el punto de que cualquier crítica de las políticas del gobierno colombiano es hoy poco habitual, cuando no inexistente– no ha hecho sino debilitar la influencia política de la Unión Europea sobre el gobierno de Colombia.

La primera Conferencia internacional sobre los Derechos Humanos en Colombia hace doce años –y la campaňa internacional que la siguió– marcó el inicio del compromiso de la Unión Europea con Colombia.

Esta, la segunda Conferencia internacional, presenta una oportunidad para que la Unión Europea –al igual que Estados Unidos y otros países– reexaminen sus políticas actuales para asegurar que su cooperación política y económica sirve para fortalecer el Estado de derecho y contribuye a poner fin a la crisis de derechos humanos –y no a prolongarla–.

Gracias a todos por su atención.

Susan Lee
Directora
Programa Regional para América

Abril de 2007

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Índice AI: AMR 23/007/2007

18 de abril de 2007

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