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DOCUMENTACIÓN AMÉRICA SUDAMÉRICA
      

Índice AI: AMR 23/026/2007

No de refa: TG AMR 23/2007.27


Sr. Diego Palacio Betancourt
Ministro de Protección Social
Ministerio de Protección Social
Carrera 13 No 32-76
Bogotá,
Colombia

Londres 26 de julio de 2007

Estimado Sr. Ministro:

A través de la presente me permito confirmar recibo de la carta con fecha 4 de julio de 2007 que Usted atentamente dirigió a Lilian Goncalves-Ho Kang You, presidenta del Comité Ejecutivo Internacional de Amnistía Internacional, presentando sus comentarios sobre el último informe de Amnistía Internacional sobre Colombia – Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia.

Nos complace saber que el citado informe ha sido objeto de su lectura y de su análisis, aunque teniendo en cuenta los comentarios recogidos en su carta nos gustaría hacerle algunas apreciaciones.

En primer lugar nos gustaría informarle que efectivamente Amnistía Internacional reconoce que desde el 2001 ha habido una disminución del número de sindicalistas que han sido víctimas de homicidio y de desaparición forzada, aunque en el 2006 hubo un aumento leve del número de asesinatos en comparación con el 2005. Además tenemos que resaltar que desde 1991 ha habido años de considerables bajas en las cifras de asesinatos de sindicalistas seguidas por años de alzas dramáticas. Nuestro informe resalta que no habrá una solución definitiva a la grave situación de los derechos humanos de los sindicalistas sin la aplicación de medidas contundentes que sirvan para confrontar el más de 90% de impunidad que cobija a los responsables de abusos y violaciones de derechos humanos contra ese sector.

Amnistía Internacional reconoce que la reciente creación de una unidad especial de la Fiscalía General para investigar casos de asesinatos de sindicalistas es un paso adelante potencialmente importante. Como resaltamos en nuestro informe, esperamos que esta unidad esté plenamente dotada de recursos para poder desarrollar sus funciones y para acabar con la impunidad generalizada que caracteriza los abusos de los derechos humanos de los sindicalistas en Colombia. Esto incluiría un compromiso real para investigar los más de 2.000 casos de asesinato y 138 casos de desaparición forzada desde 1991. Además, esperamos que cualquier caso en el que haya responsabilidad de paramilitares siga bajo la jurisdicción de esta unidad especializada y no sea trasladado a la Unidad de Justicia y Paz, ya que consideramos que el marco jurídico que establece la Ley de Justicia y Paz no da garantías efectivas de verdad, justicia ni reparación a las víctimas de abusos o violaciones de derechos humanos.

Asimismo reconocemos que el Programa de Protección del Ministerio del Interior y Justicia ha logrado salvar la vida de algunos sindicalistas, aunque otros bajo este Programa han muerto. Lo que hemos argumentado en nuestro informe es que la protección física es insuficiente sin una voluntad política real y medidas concretas para enfrentar el problema de la impunidad en Colombia.

En su carta se refiere al hecho de que ha habido 79 condenados en 45 casos, pero no queda claro si éstos son casos recientes. Además, el mero hecho de que haya habido condenas en 45 casos no conlleva una mejora sustancial en materia de impunidad ya que ésta sigue siendo de más del 90%.

Por lo que se refiere a las cifras de asesinatos de sindicalistas en el 2006 nos gustaría informarle que tal como se indica en nuestro informe las cifras incluidas en nuestra publicación provienen de los informes de la Escuela Nacional Sindical. Con detenimiento se puede leer en nuestro informe que los 77 casos para el 2006 incluyen víctimas de asesinatos y desapariciones forzadas. Los 72 casos a los que usted hace referencia en su carta se refieren exclusivamente a víctimas de asesinatos.

Además nos gustaría recordarle que las evidencias de la connivencia entre las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares son claras, contundentes y de muy larga data. Son numerosas las organizaciones nacionales e internacionales – incluyendo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos – que se han hecho eco y han expresado públicamente su preocupación por esta relación. También han sido muchas las organizaciones que se han pronunciado sobre la impunidad que ofrece la aplicación de la Ley de Justicia y Paz y sobre el no cumplimiento de esta ley con las normas internacionales sobre el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

En referencia a su reclamo por no haber sido consultado, nos gustaría informarle que como parte de esta investigación y de tantas otras, los investigadores de Amnistía Internacional en sus visitas a Colombia se han reunido con altos representantes del gobierno colombiano para conocer sus inquietudes en materia de derechos humanos. Es deseo de nuestra organización mantener diálogos constructivos con los gobiernos con la finalidad de mejorar la situación de derechos humanos en sus respectivos países. Por esta razón será un placer aceptar su invitación para dialogar sobre la situación del sindicalismo colombiano y sobre los esfuerzos del su gobierno en la mejora de esta situación. Antes del próximo viaje de nuestros delegados a Colombia nos pondremos en contacto con usted para conocer la factibilidad de este encuentro.

No me gustaría despedirme sin antes hacerle saber que la misión de Amnistía Internacional es denunciar abusos y violaciones de derechos humanos que hemos comprobados, dar voz a todos aquellos que son víctimas de estas violaciones, sin importar quien sea el agresor y el color del uniforme que lleven. Si en este informe existen más menciones a las violaciones de los derechos humanos cometidas por los paramilitares y las fuerzas de seguridad que de la guerrilla es porque son estos sectores los principales responsables de las muertes de los sindicalistas en Colombia. A pesar de que éstos son los principales agresores de ataques en contra de sindicalistas, no excluimos a las fuerzas guerrilleras de su responsabilidad en ataques a sindicalistas.

Quedamos a la espera de su respuesta.

Atentamente



Susan Lee
Directora del Programa Regional para América



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