ATAQUES CONTRA SINDICALISTAS EN COLOMBIADefender los derechos de quienes trabajan en la industria alimentaria
El 10 de febrero de 2007 deslizaron por debajo de la puerta de las oficinas del sindicato de servicios públicos ASTDEMP en Bucaramanga, departamento de Santander, una nota con amenazas de muerte de los paramilitares contra los miembros del sindicato de la industria alimentaria SINALTRAINAL. La nota nombraba a varios activistas del sindicato y los acusaba de ser "terroristas sindicales de Coca Cola", advirtiéndoles que acabaran con la "bulla a la empresa CocaCola ya es suficiente el daño causado" pues, de no hacerlo, se convertirían en objetivos militares de grupos paramilitares. En junio de 2007, Coca Cola explicó por carta a Amnistía Internacional que se había puesto varias veces en contacto con las autoridades colombianas en relación con amenazas contra activistas de SINALTRAINAL y les había pedido que las investigaran y que garantizaran la seguridad de las personas contra las que iban dirigidas.
Por ejemplo, en una carta del 12 de febrero de 2007, Coca Cola FEMSA había pedido a las autoridades estatales que tomaran medidas para garantizar la seguridad de Javier Correa, Luís García, Domingo Flores y Nelson Pérez, a todos los cuales se nombraba en la amenaza de muerte del 10 de febrero de 2007.
El 18 de agosto de 2006 se recibió una amenaza de muerte en casa de Héctor Jairo Paz, líder de la sección de Bugalagrande de SINALTRAINAL. Según informes, iba escrita a la manera de un mensaje de condolencia, que es una forma típica de hacer tales amenazas, y estaba firmada por el grupo paramilitar Muerte a Sindicalistas. Héctor Jairo Paz trabaja en la fábrica de Nestlé de Colombia S. A. de Bugalagrande, y 10 días antes de recibirse esta amenaza de muerte había llegado otra contra los líderes de la sección de Bugalagrande de SINALTRAINAL, que en ese momento estaba llevando a cabo una protesta motivada por la noticia de que se iba a despedir a 90 trabajadores. El 4 de junio de 2007, Nestlé comunicó por carta a Amnistía Internacional que CICOLAC y Nestlé de Colombia habían pedido a las autoridades colombianas que ayudaran a Héctor Jairo Paz a tomar medidas para garantizar su seguridad. Según informes, la compañía ofreció también alguna ayuda a Héctor Jairo Paz directamente.
En los últimos años, personas afiliadas al sindicato alimentario SINALTRAINAL han participado en varios conflictos laborales, a menudo enfrentadas a grandes empresas multinacionales.
Estos conflictos han coincidido con frecuencia con informes de violaciones de derechos humanos contra sindicalistas.
Las fuerzas de seguridad y los paramilitares suelen tachar de "subversivas" a las personas con actividades sindicales. Tales acusaciones van a menudo seguidas de violaciones de derechos humanos, que con frecuencia, coinciden también con periodos de conflicto laboral o negociaciones de condiciones de trabajo.
En septiembre de 2005 mataron a Luciano Enrique Romero Molina, dirigente de la sección de Cesar de SINALTRAINAL así como de la organización de derechos humanos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Su cadáver presentaba más de de 40 puñaladas. Luciano Romero trabajaba para la empresa Nestlé-CICOLAC en Valledupar, departamento de Cesar. En junio de 2007, Nestlé informó a Amnistía Internacional de que CICOLAC y Nestlé de Colombia habían pedido a las autoridades colombianas que investigaran su muerte. Hasta la fecha no se ha puesto a nadie a disposición judicial por este homicidio.
Las circunstancias de la muerte de Luciano Romero indican que lo mataron por sus actividades sindicales. El 28 de febrero de 2002, SINALTRAINAL había presentado a la empresa Nestlé-CICOLAC una serie de peticiones de mejora de las condiciones de trabajo. Al no llegarse a ningún acuerdo, el 12 de julio se declaró una huelga, en el curso de la cual aumentaron las amenazas de muerte de grupos paramilitares contra dirigentes de SINALTRAINAL. En octubre de 2002 fueron despedidos varios trabajadores, entre ellos Luciano Romero. Este huyó entonces del país, pues había recibido amenazas de muerte y temía por su vida, y no regresó hasta abril de 2005. Tenía que haber viajado a Suiza para asistir a una reunión en octubre de 2005 en calidad de testigo de amenazas de muerte contra representantes sindicales de los trabajadores de las fábricas de Nestlé en Colombia. El 11 de septiembre de 2005 apareció muerto en la finca Las Palmeras del barrio de La Nevada de Valledupar, departamento de Cesar. Según informes, esta zona estaba bajo control paramilitar, a pesar de que los paramilitares que actuaban en la región se habían sometido, se suponía, a un proceso de desmovilización entre diciembre de 2004 y marzo de 2006.
Las personas que desarrollan actividades sindicales en Colombia corren gran riesgo de sufrir abusos de derechos humanos. Los sucesivos gobiernos del país han puesto en práctica una serie de políticas para mejorar su protección, pero ninguna de ellas ha logrado garantizar de manera efectiva la seguridad de estas personas y sus familias. La seguridad a largo plazo de quienes desarrollan actividades sindicales en Colombia depende de que las autoridades colombianas tomen medidas decisivas para poner fin a la impunidad que protege a la gran mayoría de los autores de los abusos de derechos humanos que sufren.
¿Quiénes son los responsables de estas violaciones de derechos humanos?
Muchos de los abusos contra los derechos cometidos contra sindicalistas no pueden atribuirse a ningún grupo en particular. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos en que hay indicios claros de la responsabilidad, los autores de los abusos son las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares respaldados por el ejército. Varios casos se han atribuido a la guerrilla.
En los últimos 40 años, Colombia se ha visto asolada por un conflicto armado que ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares con las fuerzas de la guerrilla, la mayor de las cuales son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Aunque se ha producido una disminución de ciertos tipos de violencia asociados al conflicto armado, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave. Todas las partes en el conflicto continúan cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional.
El conflicto sirve muy bien para enmascarar a quienes pretenden ampliar y proteger sus intereses económicos. Más del 60 por ciento de los más de tres millones de personas desplazadas internamente en Colombia por haberse visto obligadas abandonar sus hogares y tierras proceden de zonas de gran importancia desde el punto de vista de la minería, la agricultura y otros sectores económicos.
Aunque, según informes, en los últimos tres años se han "desmovilizado" más de 30.000 paramilitares mediante un controvertido proceso de desmovilización auspiciado por el gobierno, hay indicios claros de persistencia de las actividades paramilitares y de las violaciones de derechos humanos, incluidas amenazas, homicidios y desapariciones forzadas. A veces, estos delitos se cometen con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad o en colusión con ellas.
[Texto superior]
Amnistía Internacional, Secretariado, Internacional, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido
[Texto inferior]
Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña en favor de los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.
Índice AI: AMR 23/029/2007 Octubre de 2007
********
| Índice AI: | de octubre de |
 |
Enviar esta página |  | Versión para imprimir |  |
