ATAQUES CONTRA SINDICALISTAS EN COLOMBIADefender los derechos de quienes trabajan en el sector de la educación, la salud y los servicios públicos
Arselio Peñas Guatico y Jhon Jairo Osorio Pisario pertenecían a la comunidad indígena wounáan del departamento de Chocó y eran miembros de la Unión de Maestros del Chocó. Según informes, el 30 de marzo de 2006, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se llevaron a Arselio Peñas Guatico de la escuela de la comunidad donde daba clase. Su cadáver apareció ese mismo día a la entrada de la comunidad. De acuerdo con los informes, el 31 de marzo, las FARC sacaron a Jhon Jairo Osorio Pisario de un barco en el que se dirigía al municipio de Istmina. Su cadáver apareció al día siguiente. Según las comunidades indígenas, las FARC habían acusado a ambos de ser informantes militares.
Los sindicalistas del sector de la educación, la salud y los servicios públicos están recibiendo amenazas, intimidación y siendo víctimas de homicidio. Por ejemplo, fue entre los sindicalistas del sector de la educación donde se registró el mayor número de homicidios: en 2006 35 profesionales de la educación fueron víctimas de homicidio.
Con frecuencia, a los sindicalistas de los sectores de la educación y la salud se les convierte en objeto de abusos no sólo por su labor sindical, sino también por su trabajo en zonas de intenso conflicto donde los combatientes los acusan a menudo de estar del lado de sus enemigos. Las fuerzas de seguridad suelen acusar a los profesionales de la salud de tomar partido por la guerrilla, particularmente cuando atienden a combatientes heridos, con independencia de que lo hagan voluntariamente o bajo coacción, mientras que la guerrilla hace lo mismo cuando el personal médico atiende a miembros de las fuerzas de seguridad. Asimismo, los sindicalistas del sector de la salud, la educación y los servicios públicos suelen ser también objeto de hostigamiento por sus campañas contra propuestas gubernamentales de reforma, como privatizaciones, y en el contexto de conflictos laborales, lo que indica que se ataca a sindicalistas precisamente por su trabajo de apoyo a los derechos socioeconómicos.
El 25 de noviembre de 2005 hizo explosión una bomba en el salón de actos del Hospital de María Inmaculada de Florencia, departamento de Caquetá. En ese momento se celebraba una reunión organizada por la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad (ANTHOC) para hablar de diversos cambios en la prestación de los servicios de salud, promovidos por las autoridades regionales competentes y que incluían privatizaciones y despidos. Como consecuencia de la explosión, murió una persona, Jairo Antonio Fajardo, trabajador de la salud y dirigente comunitario del municipio de Cartagena del Chairá, y resultaron heridas otras siete. Jairo Antonio Fajardo había estado detenido durante ocho meses, acusado de rebelión, al cabo de los cuales había sido puesto en libertad por falta de pruebas. Según informes, antes de la explosión, los dirigentes de ANTHOC Wilson Pérez Méndez y Alfredo Castro habían recibido por teléfono amenazas de muerte, presuntamente de paramilitares. Las autoridades afirmaron que la bomba había sido colocada por Jairo Antonio Fajardo.
Las fuerzas de seguridad y los paramilitares tachan a los sindicalistas reiteradamente de "subversivos", y estas críticas suelen ir seguidas de violaciones de derechos humanos, que a menudo coinciden también con épocas de conflicto laboral o negociaciones de condiciones de trabajo.
El 15 de agosto de 2006, Martha Cecilia Díaz Suárez, presidenta de la Asociación de Trabajadores Departamentales (ASTDEMP), fue secuestrada en Bucaramanga por unos desconocidos, que la obligaron a subir a un vehículo y se la llevaron a una zona lindante con los municipios de Floridablanca y Girón. Sus secuestradores la acusaron de ser miembro de la guerrilla, le pidieron información sobre el presidente y el tesorero de la sección de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) del departamento de Santander –David Florez y César Plazas– y la golpearon. También le enseñaron la fotografía de una de sus hijas y le dijeron que la habían matado, así como fotografías suyas en las que aparecía en una manifestación de la CUT convocada en Bucaramanga la semana anterior. Antes de su secuestro, en marzo de 2006, también se había amenazado a ASTDEMP y a la Unión Sindical de Trabajadores de Santander (USITRAS). El 22 de septiembre de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos pidió al gobierno colombiano que tomara medidas para proteger a Martha Cecilia Díaz y a la vicepresidenta de ASTDEMP, María Paz Mancilla Gamboa. El 8 de marzo de 2007, vigilantes privados frustraron el intento de ataque de unos hombres armados sin identificar que, según los informes, buscaban a Martha Cecilia Díaz en Floridablanca.
Las personas que desarrollan actividades sindicales en Colombia corren gran riesgo de sufrir abusos de derechos humanos. Los sucesivos gobiernos del país han puesto en práctica una serie de políticas para mejorar su protección, pero ninguna de ellas ha logrado garantizar de manera efectiva la seguridad de estas personas y sus familias. La seguridad a largo plazo de quienes desarrollan actividades sindicales en Colombia depende de que las autoridades colombianas tomen medidas decisivas para poner fin a la impunidad que protege a la gran mayoría de los autores de los abusos de derechos humanos que sufren.
¿Quiénes son los responsables de estas violaciones de derechos humanos?
Muchos de los abusos contra los derechos cometidos contra sindicalistas no pueden atribuirse a ningún grupo en particular. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos en que hay indicios claros de la responsabilidad, los autores de los abusos son las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares respaldados por el ejército. Varios casos se han atribuido a la guerrilla.
En los últimos 40 años, Colombia se ha visto asolada por un conflicto armado que ha enfrentado a las fuerzas de seguridad y los grupos paramilitares con las fuerzas de la guerrilla, la mayor de las cuales son las FARC. Aunque se ha producido una disminución de ciertos tipos de violencia asociados al conflicto armado, la situación de los derechos humanos en Colombia sigue siendo grave. Todas las partes en el conflicto continúan cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otras violaciones del derecho internacional.
El conflicto sirve muy bien para enmascarar a quienes pretenden ampliar y proteger sus intereses económicos. Más del 60 por ciento de los más de tres millones de personas desplazadas internamente en Colombia por haberse visto obligadas abandonar sus hogares y tierras proceden de zonas de gran importancia desde el punto de vista de la minería, la agricultura y otros sectores económicos.
Aunque, según informes, en los últimos tres años se han "desmovilizado" más de 30.000 paramilitares mediante un controvertido proceso de desmovilización auspiciado por el gobierno, hay indicios claros de persistencia de las actividades paramilitares y de las violaciones de derechos humanos, incluidas amenazas, homicidios y desapariciones forzadas. A veces, estos delitos se cometen con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad o en colusión con ellas.
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Encontrarás más información sobre este asunto en el informe de Amnistía Internacional Colombia - Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia (Índice AI: AMR 23/001/2007), disponible en www.amnesty.org.
Amnistía Internacional, Secretariado, Internacional, Peter Benenson House, 1 Easton Street, London WC1X 0DW, Reino Unido
[texto inferior]Amnistía Internacional es un movimiento mundial, formado por 2,2 millones de personas de más de 150 países y territorios, que hacen campaña en favor de los derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo en el que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional es independiente de todo gobierno, ideología política, interés económico y credo religioso. Nuestro trabajo se financia en gran medida con las contribuciones de nuestra membresía y con donativos.
Índice AI: AMR 23/033/2007 Octubre de 2007
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