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DOCUMENTACIÓN 
AMÉRICA SUDAMÉRICA COLOMBIA
| Índice AI: | de noviembre de |
ÍNDICE AI: AMR 23/040/2005
Defensores de derechos humanos: continúan los homicidios y las amenazas
María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo y Teresa Yarce, miembros de la Asociación de Mujeres de las Independencias (AMI), con sede en la ciudad de Medellín, fueron detenidas por las fuerzas de seguridad el 12 de noviembre de 2002 y permanecieron nueve días recluidas sin cargos. Las tres mujeres habían denunciado casos de violaciones de derechos humanos en la Comuna XIII de la ciudad, cometidas en el curso de la Operación Orión(1) entre las que figuraban homicidios cometidos por paramilitares en zonas bajo control del ejército. Aunque fueron puestas en libertad el 21 de noviembre de 2002, los informes indican que prosiguieron las investigaciones penales abiertas contra ellas por presuntas actividades relacionadas con la guerrilla.
Ese mismo mes, Luz Dary Ospina, presidenta de AMI, se vio obligada a abandonar su casa en el barrio de Las Independencias de la Comuna XIII de Medellín como consecuencia de las amenazas de muerte de los paramilitares. Su esposo e hijos se quedaron en la vivienda, y en los meses posteriores fueron víctimas de numerosos registros, amenazas y otras formas de intimidación por parte de las fuerzas de seguridad y de hombres armados no identificados. Luz Dary había denunciado reiteradamente violaciones de derechos humanos desde que se llevó a cabo la Operación Mariscal.(2)
Teresa Yarce murió el 6 de octubre de 2004 en una calle cerca de su casa en Las Independencias, por los disparos efectuados por un hombre armado a quienes los testigos reconocieron como paramilitar. En el momento del atentado, Teresa Yarce estaba con una de sus hijas y con su colega Mery del Socorro Naranjo.
Teresa Yarce, asesinada por un paramilitar en octubre de 2004 ©Particular
Teresa Yarce había condenado la presunta desviación de fondos públicos destinados a servicios públicos para pagar a dos paramilitares que figuraban en la plantilla como trabajadores de los servicios públicos. Según los informes, unas semanas antes de ser asesinada se había librado de una tentativa de secuestro y asesinato de los paramilitares. Teresa Yarce murió unas horas antes de declarar ante las autoridades judiciales contra un líder paramilitar local que había sido detenido.Los informes señalan que, unas tres horas después de que Teresa Yarce fue tiroteada, un conocido miembro de un grupo paramilitar que opera en la Comuna XIII se acercó a Mery del Socorro Naranjo cuando estaba en la vivienda de su familia, en Las Independencias, y le dijo que los paramilitares estaban celebrando la muerte de Teresa y decían: "después van las otras dos", se cree que refiriéndose a Mery del Socorro Naranjo y María del Socorro Mosquera.
Información complementaria
Pese a los intentos de camuflar los homicidios por motivos políticos como delitos comunes, muchas amenazas y homicidios de civiles tienen por objeto transmitir a la comunidad el claro mensaje de que no deben cuestionar el control paramilitar. Los homicidios de personas acusadas de colaborar con la guerrilla suelen tener un mensaje político.
Los defensores de derechos humanos, que amenazan con exponer la realidad de la crisis que padecen estos derechos en la ciudad y los lazos que unen a los paramilitares y las fuerzas de seguridad, corren un riesgo especial, puesto que continúan representando un serio desafío a la capacidad de los paramilitares para consolidar su control sin obstáculos. Amnistía Internacional cree que Teresa Yarce fue asesinada porque se atrevió a cuestionar la presencia de las fuerzas paramilitares en su barrio.
Defender a las mujeres que defienden derechos
Las mujeres están a la vanguardia del movimiento mundial de defensores de derechos humanos que trabaja activamente en todo el planeta para promover, proteger y defender estos derechos.
Entre las mujeres defensoras de derechos humanos hay activistas, víctimas y sobrevivientes de abusos, profesionales y mujeres que trabajan por sus comunidades, familias, compañeros y otros activistas. Y en muchas partes del mundo son ellas quienes han fundado el movimiento de derechos humanos.
Las defensoras de derechos humanos reivindican, entre otros, los derechos de las mujeres y las niñas, de los indígenas, de las minorías étnicas y religiosas, de los sindicalistas y de las lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Han documentado y denunciado violaciones de derechos civiles y políticos, y también de derechos económicos, sociales y culturales, y a menudo ponen de relieve las manifestaciones, causas y consecuencias de estas violaciones específicamente relacionadas con el género. Protestan contra la impunidad generalizada para todas las formas de violencia contra las mujeres y promueven el derecho de éstas a vivir sin la violencia basada en el género. Apoyan a innumerables víctimas de violaciones de derechos humanos y a sus familias al exigir justicia; y en concreto, encabezan proyectos dedicados a apoyar a las víctimas de la discriminación a causa del género, de abusos sexuales y de otras formas de violencia contra las mujeres.
Las defensoras de derechos humanos sufren la marginación, los prejuicios, la violencia y amenazas contra sus derechos humanos, su seguridad y su bienestar en múltiples ámbitos: como defensoras de derechos humanos, como mujeres y como personas que cuestionan los estereotipos sociales de género y la condición de la mujer, y como activistas que plantean cuestiones polémicas como la sexualidad, la orientación sexual y los derechos reproductivos. Quienes las castigan por su labor de derechos humanos pueden ser agentes del Estado, pero también grupos políticos, la comunidad o su pareja o su familia, sin que el Estado las proporcione una protección efectiva.
Los gobiernos y los movimientos sociales no suelen dar prioridad a los derechos por los que luchan las defensoras de derechos humanos, y esto repercute en la credibilidad y legitimidad de su labor, aumentando su aislamiento y el riesgo de que sufran el rechazo público y de la comunidad, la estigmatización, la discriminación, y la detención y reclusión arbitrarias. Las defensoras de derechos humanos han sido víctimas de homicidios deliberados, secuestros y "desapariciones" a causa de su labor, y padecen repercusiones específicamente relacionadas con el género, como acoso sexual, violaciones y agresiones contra su integridad como seres humanos.
Muchas defensoras de derechos humanos se ven obligadas a huir de su país para encontrar la protección efectiva de sus derechos.
Normas internacionales de derechos humanos
La Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, adoptada por consenso de la Asamblea General de la ONU en 1998, declara el derecho a defender los derechos humanos e insta a los Estados a que protejan la labor por los derechos humanos y a quienes la desempeñan. Para impulsar la aplicación de la Declaración, en abril de 2000 se creó la oficina del representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos.
La actual representante especial, Hina Jilani, ha puesto de relieve la cuestión de las defensoras de derechos humanos al afirmar, en su informe de 2002 ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, que "aun
cuando las defensoras de los derechos humanos trabajan con el mismo tesón que sus homólogos
masculinos en la protección de los derechos humanos y de los derechos de las víctimas de las
violaciones de los derechos humanos, existen determinadas características que les son propias en
cuanto mujeres que participan en la defensa de los derechos humanos" y que "corren los riesgos propios de su género, amén de los riesgos a los que se enfrentan los hombres".
El artículo 12 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU establece:
1. Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
2. El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la presente Declaración.
3. A este respecto, toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a una protección eficaz de las leyes nacionales al reaccionar u oponerse, por medios pacíficos, a actividades y actos, con inclusión de las omisiones, imputables a los Estados que causen violaciones de los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como a actos de violencia perpetrados por grupos o particulares que afecten el disfrute de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Además, la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU obliga a los Estados a poner fin a la impunidad que contribuye a que se sigan cometiendo actos de violencia contra las mujeres.
ACTÚEN
Escriban al gobierno de Colombia
- Pidiendo que se investiguen de forma exhaustiva e imparcial el homicidio de Teresa Yarce y las amenazas contra las miembros de AMI, incluidas María del Socorro Mosquera, Mery del Socorro Naranjo y otras miembros y socias de la organización, a fin de que puedan continuar desempeñando su labor de defensa de los derechos humanos.
- Exponiendo su preocupación por la campaña en curso para debilitar y desacreditar la legítima labor de las personas que actúan como defensores de derechos humanos, sindicalistas y otros activistas sociales.
- Expresando preocupación por la seguridad de los defensores de derechos humanos de Medellín y de toda Colombia.
- Pidiendo a las autoridades que elaboren planes, en conjunción con los defensores de derechos humanos de Medellín, o pongan en práctica los principios contenidos en la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de la ONU, y que les mantengan informados de dichos planes.
Envíen sus llamamientos a:
Presidente de la República de Colombia
Presidente de la República de Colombia
Dr. Álvaro Uribe Vélez
Palacio de Nariño
Carrera 8 No.7-26
Bogotá,
COLOMBIA
Fax: +57 1 342 0592
Tratamiento: Excmo. Sr. Presidente
Vicepresidente de la República de Colombia
Vicepresidente de la República
Dr. Francisco Santos Calderón
Vicepresidencia
Carrera 8A No 7-57
Bogotá,
COLOMBIA
Fax: +57 15662387
Tratamiento: Excmo. Sr. Vice-Presidente
Ministro del Interior y Justicia
Ministro del Interior y Justicia
Dr. Sabas Pretelt de la Vega
Av. Jiménez No 8-89
Bogotá,
COLOMBIA
Fax: +57 1 560 4630
Tratamiento: Sr. Ministro
Ministra de Relaciones Exteriores
Ministra de Relaciones Exteriores
Dra. María Carolina Barco Isakson
Ministerio de Relaciones Exteriores
Calle 10 No 5-51
Palacio de San Carlos
Bogotá,
COLOMBIA
Fax: +57 1 562 7822
Tratamiento: Sra. Ministra
Fiscal General de la Nación
Fiscal General de la Nación
Dr. Mario Iguarán
Fiscalía General de la Nación
Diagonal 22B 52-01
Edificio C Piso 4
Bogotá,
COLOMBIA
Fax: +57 1 570 2000, ext: 2017/2022/2310
Tratamiento: Estimado Dr.
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(1) La Operación Orión fue una operación en gran escala de las fuerzas de seguridad lanzada en septiembre de 2002 contra las milicias vinculadas a la guerrilla, sobre todo en la Comuna XIII. La Operación facilitó la consolidación del control paramilitar de la zona
(2) La Operación Mariscal fue una operación en gran escala de las fuerzas de seguridad lanzadas en mayo de 2002 contra las milicias vinculadas a la guerrilla en la Comuna XIII. Véase el informe de Amnistía Internacional titulado Colombia. Los paramilitares en Medellín: ¿desmovilización o ilegalización?, septiembre de 2005, Índice AI: AMR 23/019/2005.
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