MÉXICO



Marzo de 1996 RESUMEN ÍNDICE AI: AMR 41/09/96/s



En los últimos años, Amnistía Internacional ha podido documentar una pauta creciente de violaciones de los derechos humanos contra la mujer en México, incluidas torturas, violaciones, homicidios políticos y «desapariciones».

La mujer en México continúa padeciendo violaciones de derechos humanos por varias razones: algunas se convierten en víctimas por su participación en actividades políticas, en organizaciones comunitarias y de derechos humanos, sindicatos de campesinos o simplemente por pedir que se respeten sus derechos o los de sus familiares. A otras, como las mujeres jóvenes o indígenas que no hablan español, se las elige como víctimas porque se supone que son vulnerables.

La mujer es la víctima principal de determinados malos tratos cometidos por agentes del gobierno, o con su aquiescencia, como la violación, que con frecuencia se utiliza como forma de tortura contra las mujeres detenidas. Muchas veces, las mujeres que han padecido abusos sexuales u otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad en México tienen miedo de presentar una querella o incluso de hacer públicos los malos tratos a que han sido sometidas, a menudo por temor a represalias contra ellas o contra sus seres queridos. Sin embargo, en los últimos meses, Amnistía Internacional ha recibido un número cada vez mayor de informes relacionados con las violaciones de derechos humanos contra la mujer.

Aunque todos estos informes son motivo de preocupación para Amnistía Internacional, el hecho de que las mujeres denuncien cada vez más estos delitos puede indicar que ellas y las organizaciones que colaboran con ellas no van a dejarse intimidar por estas agresiones y que, venciendo sus miedos, van a trabajar para obtener justicia y para que los autores sean castigados.

A pesar de las continuas declaraciones en sentido contrario del gobierno mexicano, sigue prevaleciendo la impunidad para los autores de violaciones de derechos humanos. Apenas existen sentencias judiciales que castiguen a los responsables de violaciones de derechos humanos. Las autoridades gubernamentales han llegado a reconocer que los funcionarios acusados de tortura y malos tratos, o de otras violaciones graves de derechos humanos, con frecuencia son trasladados o incluso ascendidos a otras jurisdicciones o departamentos.

México se ha comprometido, sin reservas, a poner en práctica la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, aprobada en Pekín, China, el 15 de septiembre de 1995, así como otras normas internacionales relacionadas con la mejora de la situación de la mujer.

Amnistía Internacional cree, sin embargo, que sólo un firme compromiso político del gobierno mexicano para acabar con la impunidad en todas sus formas, por muy arraigadas que estén, permitirá erradicar las violaciones de derechos humanos contra la mujer en Méjico y restablecer la protección plena de los derechos humanos de todos los sectores de la población mexicana.

PALABRAS CLAVE: MUJERES1 / TORTURA/MALOS TRATOS1 / AGRESIÓN SEXUAL1 / DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS1 / PROBLEMAS DE TIERRAS / HOSTIGAMIENTO / EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL / CLÉRIGOS CATÓLICOS / CAMPESINOS / COMUNIDADES INDÍGENAS / FAMILIAS / NIÑOS / ESTUDIANTES / ENTIDADES NO GUBERNAMENTALES / ENFERMEROS / CIUDADANOS EXTRANJEROS / ABOGADOS / TRABAJADORES COMUNITARIOS / POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN / TESTIGOS / FOTOGRAFÍAS

Este texto resume el documento titulado MÉXICO: Vencer el miedo: Violaciones de los derechos humanos contra la mujer en México (Índice AI: AMR 41/09/96/s) publicado por Amnistía Internacional en marzo de 1996. Las personas que deseen obtener más información o emprender acciones sobre esta materia deberán consultar el documento completo.



SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO


















SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDRES WC1X 8DJ, REINO UNIDO

MÉXICO Capital: Ciudad de México Superficie: 1.967.183 km2 Gobierno: República federal democrática (31 estados y un Distrito Federal, Ciudad de México). Jefe del Estado y del Gobierno: Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente. Pena de muerte (datos de AI): Abolicionista para todos los delitos excepto para delitos excepcionales (legislación militar y tiempo de guerra). Moneda: nuevo peso Idiomas: español y hasta 90 lenguas y dialectos indígenas, entre ellos el náhuatl, el otomí, el maya, el zapoteca y el mixteca. Población (1994): 91.800.000 de habitantes (incluyendo 8.000.000 de indígenas pertenecientes a 56 etnias). Índice de alfabetización: población general: 88,6%; Población indígena: 57%. Fuente: El estado del mundo 1996, Anuario económico y geopolítico mundial. Madrid: Ediciones Akal, 1996.

Foto de portada: (de izquierda a derecha) Alba Elia Hurtado, testigo de la masacre de 17 campesinos por las fuerzas de seguridad estatales el 28 de junio de 1995, en Aguas Blancas (estado de Guerrero) y Rocío Mesino Mesino, dirigente campesina, observan el monumento erigido en el lugar de la masacre en recuerdo de las víctimas. © AI.

MÉXICO

«La violencia contra la mujer [en México] no es un problema reciente, aunque adquiere un significado especial en el presente contexto. La violencia adopta diversas formas: se manifiesta a través de agresiones físicas, psicológicas o sexuales; puede ser un solo acto o repetirse de forma sistemática, y puede producirse en distintas áreas (en privado, en público, en el lugar de trabajo). En cualquiera de sus formas, la violencia ataca a la esencia de la persona y puede obstruir el desarrollo y causar daños irreversibles.»(1)

INTRODUCCIÓN

Durante los últimos veinte años, Amnistía Internacional ha documentado con preocupación la situación de los derechos humanos en México, haciendo hincapié en los efectos de la persistente pauta de graves violaciones de derechos humanos e impunidad sobre la población mexicana(2). Según los datos disponibles, aunque los campesinos desfavorecidos, especialmente los indígenas, son los sectores más afectados de la población, prácticamente todos los ciudadanos, sin tener en cuenta su profesión, posición social u origen étnico, corren el riesgo de sufrir violaciones de los derechos humanos.

Como se desprende de la cita anterior, la mujer en México continúa siendo víctima de la violencia no sólo en el hogar, sino también en la esfera pública. En los últimos años, Amnistía Internacional ha podido documentar una pauta creciente de violaciones de los derechos humanos por motivos políticos contra mujeres en México, incluidas torturas, violaciones, homicidios políticos y «desapariciones», como queda patente en los casos que describimos más adelante.

La mujer en México continúa padeciendo violaciones de los derechos humanos por varias razones: algunas se convierten en víctimas por su participación en actividades políticas, en organizaciones comunitarias y de derechos humanos, sindicatos de campesinos o simplemente por pedir que se respeten sus derechos o los de sus familiares. A otras, como las mujeres jóvenes o indígenas que no hablan español, se las elige como víctimas porque se supone que son vulnerables.

La mujer es la víctima principal de determinados malos tratos cometidos por agentes del gobierno, o con su aquiescencia, como la violación, que con frecuencia se utiliza como forma de tortura contra las mujeres detenidas. La Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes prohíbe «cualquier acto por el cual se inflijan intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales» con fines tales como obtener información o castigar, intimidar o coaccionar a una persona. No debería permitirse a ningún agente del gobierno cometer o tolerar la violación u otras formas de agresión sexual.

Con frecuencia, las mujeres que han padecido abusos sexuales u otros malos tratos a manos de las fuerzas de seguridad en México tienen miedo de presentar una querella o incluso de hacer públicos los malos tratos a que han sido sometidas, a menudo por miedo a represalias contra ellas o contra sus seres queridos. Sin embargo, en los últimos meses, Amnistía Internacional ha recibido un número cada vez mayor de informes relativos a violaciones de derechos humanos contra la mujer.

Aunque todos estos informes son motivo de preocupación para Amnistía Internacional, el hecho de que las mujeres denuncien cada vez más estos delitos puede indicar que ellas y las organizaciones que colaboran con ellas no van a dejarse intimidar por estas agresiones y que, venciendo sus miedos, van a trabajar para obtener justicia y para que los autores sean castigados.

Impunidad
El reto del gobierno mexicano es respaldar los esfuerzos que se hacen para denunciar las violaciones de derechos humanos contra mujeres, hombres o niños, asegurando al mismo tiempo tanto la protección de la población y de sus sectores más vulnerables contra tales violaciones, como el castigo de los autores de las violaciones de los derechos humanos.

A pesar de las continuas declaraciones en sentido contrario del gobierno mexicano, sigue prevaleciendo la impunidad para los autores de violaciones de los derechos humanos. Apenas existen sentencias judiciales que castiguen a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Las autoridades gubernamentales han llegado a reconocer que los funcionarios acusados de tortura y malos tratos, o de otras violaciones graves de los derechos humanos, con frecuencia son trasladados o incluso ascendidos a otras jurisdicciones o departamentos(3). A este respecto, México parece no haber puesto en práctica las normas internacionales contenidas en tratados que ha ratificado, tales como la Convención de la ONU contra la Tortura, que especifica el deber de todos los Estados parte de llevar ante los tribunales a los responsables de tales delitos.

México se ha comprometido, sin reservas, a poner en práctica la Declaración y Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, aprobada en Pekín, China, el 15 de septiembre de 1995. Entre sus puntos más importantes, la Declaración establece, en el párrafo 14, que «los derechos de la mujer son derechos humanos» mientras que el párrafo 213 de la Plataforma de Acción reafirma que, según se establece en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, «...los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales(4)».

La Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín contienen varias recomendaciones y compromisos para la mejora de los derechos humanos de la mujer. Entre ellos se encuentran las recomendaciones especiales para la protección de las mujeres comprometidas en la defensa de los derechos humanos y para poner fin de un modo efectivo a los actos de violencia contra la mujer, «ya hayan sido cometidos por el Estado o por particulares(5)». Amnistía Internacional cree que México puede mejorar realmente los derechos humanos de la mujer en el país si cumple sus compromisos para poner en práctica normas internacionales tales como la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín.

Sin embargo, la organización cree también que sólo un firme compromiso político del gobierno mexicano para acabar con la impunidad en todas sus arraigadas formas permitirá erradicar las violaciones de derechos humanos contra la mujer en México y restablecer la protección plena de los derechos humanos de todos los sectores de la población mexicana.


Reunión con autoridades gubernamentales mexicanas

Una delegación de Amnistía Internacional que visitó México entre el 28 de octubre y el 18 de noviembre de 1995, verificó un número cada vez mayor y preocupante de violaciones de los derechos humanos contra mujeres de la más diversa procedencia. Durante la segunda semana de noviembre de 1995, la delegación expuso sus preocupaciones a las autoridades gubernamentales, incluido el Secretario de Gobernación (ministro del Interior) Emilio Chuayffet Chemor y altas autoridades de la Secretaría de Defensa Nacional. Entre los casos destacados por la delegación de Amnistía Internacional se encontraban los de tres hermanas indígenas tzeltal violadas y torturadas por miembros del ejército mexicano en Chiapas en junio de 1994(6) y la violación de una niña indígena nahuatl de catorce años por miembros de la policía municipal de Cuetzalan, en el estado de Puebla, en noviembre de 1995. Estos casos se describen a continuación.


TERROR E INTIMIDACIÓN: LA VIOLACIÓN Y TORTURA DE MUJERES Y NIÑAS


Aurora Nazario Arrieta
El 2 de noviembre de 1995, hacia las 6.30 de la tarde, Aurora Nazario Arrieta, que entonces tenía catorce años de edad, iba caminando junto al palacio municipal de la ciudad de Cuetzalan, estado de Puebla, cuando cuatro agentes de la policía municipal, incluido el comandante de policía, salieron y la agarraron del brazo. La policía municipal tiene su Comandancia (comisaría) dentro del palacio municipal, que está situado en la plaza mayor de Cuetzalan.

Aurora, que es miembro de la comunidad de habla nahuatl de San Miguel Tzinacapán, cerca de Cuetzalan, fue arrastrada al interior de la Comandancia y llevada a los servicios. Le dijeron que se desnudara y al negarse, uno de los agentes de policía le arrancó las bragas. Luego la empaparon con dos cubos de agua y la llevaron a uno de los calabozos, donde la obligaron a tumbarse sobre una manta y a quitarse la blusa.

La obligaron a abrir las piernas y el comandante de policía le dijo que no debía tener ningún miedo porque se pondrían un condón. Aurora fue violada por tres de los cuatro agentes, los cuales llevaban todos puesto el uniforme. El cuarto agente estaba fuera vigilando. Durante la violación, la sujetaron por los hombros y le dijeron: «te dejas, por la buena o por la mala». Después de que los tres agentes la habían violado, uno de ellos le dijo que se tomara la «medicina» (descrita en la querella oficial como la píldora anticonceptiva levonorgestrel-etinilestradiol) que le había dado uno de los violadores. Como resultado de la agresión, Aurora Nazario padeció múltiples contusiones y magulladuras. Fue amenazada de muerte y de represalias contra su familia si le contaba a alguien lo ocurrido. Después dejaron marchar a Aurora.

Aurora Nazario Arrieta trabajaba como asistenta para Domitila Moreno en Cuetzalan. Después de salir de la Comandancia, Aurora Nazario se dirigió al domicilio de Domitila Moreno y al principio trató de negar lo que le había sucedido. Pero después de insistentes intentos de persuasión de Domitila Moreno, Aurora le contó que la habían violado. Aurora Nazario y Domitila Moreno presentaron una querella ante el agente del Ministerio Público, en Cuetzalan y aquella misma tarde un médico certificó la violación de Aurora Nazario.

La querella fue formalizada por Aurora Nazario y su padre, Miguel Nazario de la Luz, en la mañana del 3 de noviembre ante el agente del Ministerio Público de Zacapoaxtla, capital del distrito.

Poco antes, en la mañana del 3 de noviembre, los tres agentes de policía habían ofrecido dinero a Aurora y a Domitila Moreno para que retiraran sus acusaciones. El hermano de Aurora Nazario les dijo a Aurora y a su padre que el 3 de noviembre a las 12 del mediodía tres hombres, presuntamente los agentes de policía acusados, habían ido al domicilio de la familia Nazario en San Miguel Tzinacapán, 3 km al norte de Cuetzalan, y habían preguntado por Aurora y Miguel Nazario.

El agente del Ministerio Público de Cuetzalan no ordenó el arresto de los tres presuntos violadores, a pesar de los informes según los cuales aún se encontraban en Cuetzalan en la mañana del 3 de noviembre. Los tres agentes permanecen en libertad y se desconoce su paradero.

Mujeres acusadas de estar relacionadas con el EZLN

Amnistía Internacional ha documentado durante muchos años violaciones de los derechos humanos en Chiapas y ha publicado varios informes y documentos, en algunos de los cuales Chiapas es el centro de atención(7). Aunque han seguido produciéndose graves violaciones de los derechos humanos en Chiapas durante bastantes años, muchos de los peores abusos que Amnistía Internacional ha documentado en la región se han producido tras la represión del ejército mexicano contra el anteriormente desconocido y mayoritariamente indígena Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), después de su levantamiento el 1 de enero de 1994(8).

El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista tomó el control de varios municipios de Chiapas. A la semana siguiente, las fuerzas armadas mexicanas que enviadas a la zona habían recuperado el control de la mayoría de las poblaciones ocupadas por el EZLN. En estas primeras semanas del conflicto, se estima que más de 140 personas, entre ellas soldados, rebeldes y civiles, murieron durante las operaciones militares en Chiapas.

Tras la protesta de los observadores nacionales e internacionales por las extendidas violaciones de los derechos humanos por parte del ejército, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari anunció el nombramiento de Jorge Carpizo, ex director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como secretario de Gobernación y nombró al ex secretario de Relaciones Exteriores Manuel Camacho Solís, Comisionado por la Paz y la Reconciliación. El 12 de febrero de 1994, el gobierno anunció un alto el fuego para iniciar conversaciones de paz con los rebeldes. El alto el fuego efectivo duró hasta febrero de 1995.

El 9 de febrero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León anunció medidas más severas contra el Ejército Zapatista y ordenó operaciones de la policía y el ejército para arrestar a los dirigentes del EZLN y recuperar el pleno control territorial de áreas remotas de la selva en Chiapas. El ejército volvió a realizar arrestos generalizados de civiles e impidió de hecho el libre acceso y tránsito en la zona de los periodistas, los observadores de los derechos humanos y los miembros de organizaciones de ayuda médica humanitaria.

Los informes sobre malos tratos desencadenaron una amplia protesta pública en México y en el extranjero. El 14 de febrero de 1995, el presidente Zedillo detuvo las operaciones, aunque el ejército permaneció en la zona durante muchas semanas.

También hubo informes de redadas de la policía contra presuntos miembros del EZLN en otras partes del país, también en Ciudad de México, durante las cuales decenas de personas fueron arrestadas de forma arbitraria y muchas de ellas sufrieron torturas brutales.

El 8 de febrero de 1995, siete personas(9) fueron detenidas en la ciudad de Yanga, estado de Veracruz, por aproximadamente cincuenta miembros de las fuerzas de seguridad, entre ellos miembros de la Procuraduría General de la República (PGR). Entre los detenidos había dos mujeres: Rosa Hernández Hernández y Hermelinda García Zepahua. Según los testimonios de los detenidos recogidos por una delegación de Amnistía Internacional que visitó el Reclusorio Preventivo Norte (una prisión del norte de Ciudad de México) en noviembre de 1995, tres de los siete detenidos fueron llevados primero a un almacén y después a una dependencia de la PGR en Yanga, donde fueron interrogados y torturados durante varias horas. Los demás fueron torturados e interrogados en sus domicilios en Yanga.
Aproximadamente a las tres de la madrugada del 9 de febrero de 1995, las siete personas fueron trasladadas en avión a un lugar que podría ser el Campo Militar Núm. 1, en Ciudad de México. Allí, según informes, fueron interrogadas sobre las actividades del Ejército Zapatista y torturadas por las fuerzas de seguridad. Los detenidos fueron obligados bajo coacción a firmar documentos que no pudieron ver. El 10 de febrero fueron trasladados al Reclusorio Preventivo Norte donde una enfermera y un médico examinaron superficialmente sus heridas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos entrevistó y efectuó un examen médico a los detenidos el 14 de febrero.

Rosa Hernández Hernández, en entrevistas con observadores de derechos humanos después de su traslado al Reclusorio Preventivo Norte, explicó cómo se produjo su arresto:

El 8 de febrero de 1995 siendo a las 16.45 horas de la tarde que nos fueron, sorprendidos, por personas que nos detubieron, brincándose las bardas, al entrar a la casa obligándonos a tirarnos al suelo, y después nos amarraron las manos con cadenas nos vendaron los ojos a todos los que estubimos ahí y después nos empezaron a hacer el interrogatorio y golpiandonos a todos y después me llevaron adentro de una camioneta, con los ojos vendados y los pies amarrados con hilo y tapándonos la cara con lona y aplastados adentro de la camioneta no pudimos ni movernos... por poco nos asficiamos. Después de traernos al otro lado nos trasportaron en el avión donde nos llevaron a un lugar desconocido, nos estuvieron torturando, primero me bañaron con agua fría después me quitaron la ropa me pusieron una sábana mojada en el cuerpo y después me pusieron toques eléctricos, amenaza de muerte. Después de la tortura me dieron de firmar unos papeles con los ojos vendados, que ni siquiera se de que se trataba [sic].(10)

Las siete personas fueron acusadas de «rebelión, terrorismo, asociación delictuosa, posesión de armas de fuego sin licencia, posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, fabricación de materiales explosivos, almacenamiento y transporte de municiones y explosivos».

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del gobierno ha establecido que: «por los testimonios obtenidos por la Comisión Nacional, no hay duda de que existió tortura en este caso, si bien sería necesario decidir cuáles de los funcionarios que tomaron parte en la operación eran culpables»(11). Rosa Hernández Hernández, Hermelinda García Zepahua y los cinco hombres permanecen en el Reclusorio Preventivo Norte, en espera de juicio.

Alrededor de las seis de la tarde del 9 de febrero de 1995, fueron arrestadas ocho personas(12) en Cacalomacán, estado de México, por la Policía Judicial del Estado de México, PJE, así como por miembros de otras fuerzas policiales y del ejército mexicano. Entre los detenidos había cuatro mujeres: Ofelia Hernández Hernández, Patricia Jiménez Sánchez, Brenda Rodríguez Acosta y Celia Martínez Guerrero.


Según los testimonios recogidos por organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, así como por una delegación de Amnistía Internacional que visitó a los detenidos en la prisión de Almoloya, estado de México, los ocho detenidos fueron sacados a rastras de sus domicilios y, según informes, les asestaron puñetazos, patadas y otros golpes. Uno de los hombres, Gerardo López López, recibió un disparo en las piernas mientras estuvo detenido. Según los informes, las mujeres fueron «manoseadas» y les dieron patadas en los genitales. Los detenidos fueron trasladados, con los ojos vendados, a las oficinas de la Procuraduría General de la República en Toluca, estado de México, donde se les hicieron fotografías y permanecieron durante aproximadamente una hora. En las fotografías se pueden apreciar las señales de los golpes.

Según los informes, de allí los trasladaron con los ojos vendados al Campo Militar Núm. 1 donde estuvieron recluidos hasta el 11 de febrero. En el Campo Militar Núm. 1 los interrogaron sobre su presunta relación con el EZLN y los torturaron: según informes, los ocho detenidos recibieron golpes, patadas, fueron sometidos a ejecuciones simuladas y semiasfixiados con una bolsa en la cabeza («submarino seco»). Las mujeres también fueron golpeadas con culatas de rifle y sometidas al «teléfono», un método que consiste en golpear simultáneamente ambos oídos y que puede romper los tímpanos causando daños permanentes. Todos los detenidos fueron obligados a firmar documentos sin que se les permitiera ver su contenido.

El 11 de febrero los trasladaron al Reclusorio Preventivo Norte, donde representantes de la CNDH examinaron sus lesiones. El 31 de marzo de 1995, los ocho detenidos fueron trasladados al Reclusorio Estatal de Almoloya de Juárez, prisión estatal del estado de México. En este caso han existido graves problemas de administración de justicia, entre ellos: el uso de la tortura para extraer «confesiones» –incluyendo la tortura de un menor, Gonzalo Sánchez Navarrete– y la declaración realizada por un miembro de la Policía Judicial del Estado según la cual habría habido una participación ilegal de militares en la detención y el interrogatorio de los detenidos. Los detenidos de Cacalomacán han sido acusados de los mismos delitos que los siete detenidos de Yanga, así como de «conspiración» y «homicidio». Los ocho detenidos se encuentran en la prisión de Almoloya, en espera de juicio.


María Gloria Benavides Guevara
© David Hernández / AFP
María Gloria Benavides Guevara fue detenida el 8 de febrero de 1995 en Ciudad de México por miembros de la Policía Judicial Federal (PJF) que no presentaron una orden de arresto. Según informes, estuvo en detención incomunicada durante dos días, fue interrogada sobre su presunta relación con el Ejército Zapatista, se le impidió dormir poniendo música a mucho volumen y se la obligó a firmar una confesión bajo coacción. Según los informes, sus interrogadores le dijeron que tenían también a su hijo de dieciocho meses y que le harían daño si no firmaba la confesión. María Gloria Benavides fue acusada de rebelión, terrorismo, asociación delictuosa y posesión de armas de fuego para el uso exclusivo de las fuerzas armadas. El 14 de julio de 1995, un juez retiró las acusaciones de terrorismo y permitieron a María Gloria abandonar la prisión bajo fianza. El 1 de noviembre de 1995, fue absuelta de todas las acusaciones, aunque está pendiente una apelación del gobierno mexicano contra la absolución.

Tres hermanas tzeltal violadas por soldados mexicanos en Chiapas

María Teresa Méndez Santiz (de veinte años), Cristina Méndez Santiz (de dieciocho años) y María Méndez Santiz (de dieciséis), indígenas tzeltal, fueron torturadas y violadas el 4 de junio de 1994 por soldados del ejército mexicano cerca de Altamirano, en el estado de Chiapas. Fueron detenidas en un control militar cuando regresaban con su madre a su comunidad de Santa Rosita Sibaquil.


María Teresa Méndez Santiz, Cristina Méndez Santiz y María Méndez Santiz.
Los soldados las detuvieron y las llevaron a un edificio cercano donde fueron acusadas de apoyara al Ejército Zapatista. Según informes, los soldados golpearon a las mujeres con sus armas y les dieron patadas con el fin de obtener información. Entonces fueron violadas por unos diez soldados antes de dejarlas en libertad sin cargos ese mismo día.

El 30 de julio de 1994, observadores locales de derechos humanos presentaron ante el ministerio público de la zona las querellas de las mujeres, que iban acompañadas de informes médicos en los que se certificaban las lesiones. Semanas después, los observadores de derechos humanos recibieron amenazas de muerte por encargarse de este caso. Según informes, el ministerio público no llevó a cabo ninguna investigación de las querellas.

El ejército mexicano continúa negando las acusaciones de tortura y violación contra las tres mujeres tzeltal. El 1 de julio de 1994, la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) (ministerio de defensa) rechazó las acusaciones realizadas contra el personal militar involucrado en el caso y amenazó con presentar querellas contra aquellos que, según el ejército, habían difamado a la institución. En septiembre de 1994, el caso fue transferido a la jurisdicción militar, pero en marzo de 1996 todavía no se ha llevado a nadie ante los tribunales, ni han recibido las víctimas ninguna compensación. En una reunión con delegados de Amnistía Internacional en noviembre de 1995, las autoridades militares de la SEDENA explicaron que las tres mujeres no habían contestado a la citación judicial del tribunal militar encargado del caso para ratificar sus testimonios.

Amnistía Internacional cree que, en este caso, el gobierno mexicano ha permitido de hecho que estos delitos quedaran impunes al no «procurar que las mujeres acusadas, víctimas o testigos no se conviertan otra vez en víctimas ni sufran discriminación alguna en la investigación de los delitos y el juicio correspondiente», tal y como se establece en el párrafo 232(l) de la Plataforma de Acción de la Conferencia Mundial sobre la Mujer de Pekín.




Otros casos de violación y agresiones contra mujeres en Chiapas

A pesar de los compromisos del gobierno mexicano, antes y después de la Conferencia Mundial de Pekín sobre la Mujer, de proteger a la mujer frente a la violencia, parecen estar aumentando en Chiapas las agresiones sexuales y otros malos tratos contra la mujer. En muchos de estos casos, según informes, mujeres indígenas y no indígenas han sido víctimas de abusos sexuales por hombres no identificados, armados y enmascarados que las atacan al borde de la carretera y las violan. Según informes, los autores de algunas de las agresiones son «guardias blancas» (grupos paramilitares que operan en la zona). Aunque puede que no existan muestras de participación directa de los agentes gubernamentales, parece que nadie ha tratado de poner coto a la frecuencia y brutalidad de estas agresiones.

Según informes, tres enfermeras que participaban en un programa de vacunación fueron violadas el 4 de octubre de 1995, por aproximadamente 25 hombres enmascarados y armados en las proximidades de la comunidad de Cristobalito, municipio de San Andrés Larráinzar. Aquella tarde, un total de siete mujeres y tres hombres viajaban en un vehículo oficial de la brigada sanitaria camino de Tenlesostetic, cuando tuvieron que hacer una parada para retirar algunas piedras que estaban bloqueando la carretera. Un grupo de hombres armados atacaron a los tres hombres y agredieron sexualmente a tres de las siete mujeres. Dos de las mujeres tuvieron que ser hospitalizadas a consecuencia de la agresión. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, nadie ha sido llevado ante los tribunales por estos delitos.

Los informes recibidos indican que Cecilia Rodríguez, ciudadana estadounidense y representante oficial del Ejército Zapatista en los Estados Unidos, fue atacada y violada por cuatro hombres enmascarados el 26 de octubre de 1995 en las proximidades de las lagunas de Montebello, en el estado de Chiapas. Cecilia Rodríguez denunció los hechos ante la embajada de los EE. UU. en Ciudad de México el 31 de octubre de 1995. Hasta la fecha, no se ha llevado a nadie ante los tribunales por este delito. Por los datos que posee AI, no existen pruebas concluyentes de que Cecilia Rodríguez fuera atacada por su relación con el EZLN.

Amnistía Internacional no posee información que indique que el gobierno mexicano esté investigando enérgicamente este tipo de casos con el fin de establecer responsabilidades y llevar a los autores ante los tribunales.

Agresión contra la hermana Norberta López García

En la mañana del 26 de enero de 1996, Norberta López García (de veinticinco años de edad), hermana de la Orden Dominicana del estado de Chiapas, iba caminando con dos niños hacia la comunidad de Tzacbatul, del municipio de Ocosingo. Según los informes, las tres personas se encontraron por el camino con un grupo de aproximadamente diez personas que les preguntaron adónde iban. Después de contestar que se dirigían a Tzacbatul, continuaron la marcha. Al parecer, unos instantes después, tres hombres armados, con la cara cubierta con pasamontañas, atacaron a Norberta López, golpeándola en la espalda. Según informes, dos de los hombres sujetaron a los niños y un tercero agarró a Norberta López mientras le decían «cállate o te damos un plomazo».

Los hombres arrastraron por la fuerza a las tres personas hacia una zona arbolada donde la obligaron a echarse al suelo. Después de decirles que era monja, uno de los hombres enmascarados dijo: «Ah, religiosa, te vas a entregar a mí». Mientras uno de los agresores intentaba desnudarla, el otro, según informes, estaba sentado sobre su cara para impedir que luchara. Un autobús que pasaba por allí ahuyentó a los tres hombres, que huyeron después de dar patadas a Norberta López en diversas partes del cuerpo. Un perito médico examinó sus lesiones y consideró que eran coherentes con sus declaraciones. Norberta López presentó una querella ante la oficina del Ministerio Público en Ocosingo el 27 de enero de 1996. Aunque se cree que los agresores son miembros de una comunidad local, en el momento de escribir este informe no se había llevado a nadie ante los tribunales.

La hermana Norberta López García colabora estrechamente con la Diócesis de San Cristóbal de las Casas y el obispo Samuel Ruiz, presidente de la Comisión Nacional de Mediación, para intentar resolver el conflicto armado de Chiapas. El obispo Samuel Ruiz y otros miembros de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas han recibido amenazas de muerte e intimidaciones en el pasado por su trabajo con las comunidades indígenas de Chiapas.


Disputas de tierras y la tortura y violación de Julieta Flores Castillo

El 15 de diciembre de 1995, varios campesinos pertenecientes a la Unión Campesina Popular Francisco Villa (UCPFV), cortaron el tráfico en una carretera junto al pueblo de Nueva Palestina, municipio de Ángel Albino Corzo, estado de Chiapas, exigiendo la liberación de varios miembros de la UCPFV acusados de ocupación ilegal de tierras. Los manifestantes pedían también la resolución de una larga disputa por tenencia de tierras con los dueños de una gran plantación de café.


Julieta Flores Castillo en el momento de dar testimonio a Yax'kin, organización no gubernamental de derechos humanos, el 14 de enero de 1996
© Yax'kin.
Durante la tarde del 15 de diciembre, los campesinos habían detenido a tres automóviles y no dejaron pasar a los ocupantes (cinco personas en total). Los campesinos alegaron que querían que los cinco hombres permanecieran con ellos para dar más fuerza a sus reclamaciones.

A las cinco y media de la madrugada del 16 de diciembre, decenas de miembros de la Policía Judicial Federal, la Policía Judicial del Estado, la Policía de Seguridad Pública y el ejército mexicano, llegaron a Nueva Palestina y comenzaron a lanzar gases lacrimógenos contra la población. Arrestaron a Julieta Flores Castillo (de dieciocho años), a su padre Enrique Flores González (de sesenta y cinco) y a Martín Gómez Castillo. Según informes, la oficina de la CNDH de San Cristóbal de las Casas fue alertada sobre las tres detenciones por un miembro de la comunidad, Reyes Penagos Martínez.

A las 11 de la mañana, durante otra redada de miembros de las fuerzas de seguridad, tanto militares como policías, otros siete campesinos fueron arrestados, entre ellos Reyes Penagos Martínez.

Según el testimonio de Julieta Flores Castillo, los detenidos fueron trasladados a un sótano en Jaltenango (municipio de Ángel Albino Corzo) que, según informes, había sido utilizado por el ejército mexicano. Allí se interrogó a algunos de los detenidos en relación con los dirigentes de la UCPFV. Todos los detenidos, excepto Julieta Flores, Ernesto Flores, Martín Gómez y Reyes Penagos, fueron trasladados aquel día a la prisión de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.

Al parecer, los cuatro presos restantes fueron llevados a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado, PGJE, en Tuxtla Gutiérrez, aproximadamente a las cuatro de la tarde. Según informes, en la PGJE todos fueron objeto de torturas durante el interrogatorio:

«...de la una de la mañana uno por uno nos fueron sacando. Que el primero que sacaron ahí fue mi papá. Se llama Enrique Flores González, tiene sesenta y cinco años, fue el primero que sacaron de ahí. Y de ahí me sacaron a mí, que también ahí si me golpearon, tenía yo todavía morados los brazos y la cara y aquí (el frente) en esta parte de las piernas. También me golpearon en la espalda. Y ahí fue que me hicieron también unos toques eléctricos. Ellos me preguntaban 'quién es el que viene a organizar aquí a la gente', que si es del EZLN, que cuántos vienen y que dónde está el armamento que recibieron los de la organización Francisco Villa. Pero como yo desconozco de todo eso, no se yo, lo único que les decía yo, que me mataran, que mejor no me estuvieron haciendo la tortura(13)».

Julieta Flores fue violada, le aplicaron corriente eléctrica en los pezones y en las piernas, casi fue asfixiada introduciéndole la cabeza en una tina llena de agua, le introdujeron por la fuerza agua mineral con gas y polvos de chile por la nariz y la golpearon por todo el cuerpo. Mientras duró esta terrible experiencia, Julieta estuvo con los ojos vendados en todo momento.

El 17 de diciembre, los familiares de Reyes Penagos Martínez, Julieta Flores Castillo y Ernesto Flores González fueron a las oficinas de la PGJE y pidieron verles, pero les dijeron que no les tenían allí. Sin embargo, un empleado de la PGJE les enseñó una lista de nombres de las personas allí detenidas, en la que se encontraban sus nombres. Los familiares pudieron también oír los nombres de los detenidos cuando les llamaban para comer. A pesar de ello, la PGJE continuó negando que los tuvieran en sus dependencias.

En la mañana del 17 de diciembre, los detenidos fueron trasladados a un destino desconocido al aire libre, donde Julieta Flores fue testigo de la tortura de Reyes Penagos por miembros de las fuerzas de seguridad. Según informes, Reyes Penagos fue obligada a confesar el secuestro del doctor José Rito Solís, miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en septiembre de 1995. Enrique Flores y Martín Gómez también volvieron a ser torturados.

Según su testimonio, en este momento Julieta Martínez fue amenazada también con nuevas torturas si no confesaba estos delitos, pero cuando se puso a llorar y volvió a asegurar que no sabía nada de estos asuntos, el comandante de la policía judicial que, según informes, estaba al mando, dijo que la creía, porque la habían golpeado violentamente y porque si las autoridades se enteraban de que «habían golpeado a una mujer, ¿dónde iban a parar ellos?»

Julieta Flores Castillo vio por última vez a Reyes Penagos Martínez a las 5 de la madrugada del 18 de diciembre de 1995, cuando agentes de la policía se la llevaron de su celda. A las 4 de la tarde del mismo día, los agentes volvieron a la celda de Julieta Flores para decirles que Reyes Penagos había muerto en un enfrentamiento armado. Cuando Julieta Flores puso en duda la veracidad de esta declaración, fue amenazada con permanecer en la cárcel durante el resto de su vida: «Señora, cállese, que voy a averiguar de qué está acusada y nunca va a salir de Cerro Hueco».

El 19 de diciembre, la PGJE anunció que el día anterior, miembros de la policía judicial del estado habían caído en una emboscada en la localidad de Nueva Palestina, mientras intentaban rescatar los restos del doctor Rito Solís. El comunicado indicaba que dos agentes de policía, además de Reyes Penagos Martínez, habían perdido la vida en el ataque.

Las organizaciones de derechos humanos denunciaron la ejecución extrajudicial de Reyes Penagos ante la CNDH. Julieta Flores Castillo, Ernesto Flores González y Martín Gómez Castillo fueron trasladados a la prisión de Cerro Hueco a la 1 de la madrugada del 19 de diciembre de 1995. Julieta Flores Castillo fue puesta en libertad sin cargos el 9 de enero de 1996. Ernesto Flores y Martín Gómez también han quedado en libertad. Hasta la fecha, no se ha llevado a nadie ante los tribunales por la tortura y violación sufrida por Julieta Flores Castillo, ni la han compensado por sus lesiones. En el caso de Reyes Penagos Martínez, los responsables permanecen en libertad.


PERSECUCIÓN DE DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS

La Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995 estableció en su Plataforma de Acción: «Es menester proteger a las mujeres que se dedican a la defensa de los derechos humanos. Los gobiernos tienen el deber de garantizar que las mujeres que trabajan pacíficamente a título personal o dentro de una organización a favor de la promoción y protección de los derechos humanos puedan disfrutar plenamente de todos los derechos establecidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales» (párrafo 228).

Sin embargo, el pasado año se ha producido un enorme aumento del acoso contra los defensores de los derechos humanos en México, en la mayoría de los casos por trabajar en nombre de minorías indígenas, mujeres y otros grupos mal representados(14).

El 24 de enero de 1996, Patricia Ibarra Torres, estudiante del Colegio de Ciencias y Humanidades y profesora de alfabetización, fue acosada por cuatro hombres no identificados que viajaban en un automóvil, en las inmediaciones de la vivienda de su familia en el municipio de Los Reyes de la Paz, a las afueras de Ciudad de México. Los hombres comenzaron a hacer fotografías de la casa cuando Patricia Ibarra abandonaba su domicilio. También hicieron fotos de las casas de otros vecinos, a los que preguntaron insistentemente por la familia Ibarra Torres de una manera que ha sido descrita como agresiva e intimidatoria. Más tarde, ese mismo día, los cuatro hombres volvieron y esperaron dentro de su automóvil durante una hora delante de la casa.

La madre de Patricia Ibarra Torres, Verónica Ibarra Torres, es la tesorera de la organización no gubernamental Comité Nacional Independiente Pro-defensa de Presos, Perseguidos, Detenidos-Desaparecidos y Exiliados Políticos (CNI). El CNI ha denunciado activamente las violaciones de los derechos humanos en varias regiones de México. Los acontecimientos del 24 de enero son los últimos de una serie de recientes amenazas contra la organización y sus miembros.

El 15 de enero de 1996, Lourdes Felguerez, investigadora del Centro Bi-nacional de Derechos Humanos (CBDH) recibió una serie de llamadas telefónicas amenazantes en su oficina de Tijuana, estado de Baja California Norte, refiriéndose a Víctor Clark Alfaro, director del CBDH, y a ella misma. Al parecer, las amenazas estaban relacionadas con su trabajo en un caso en el que estaban implicados tres miembros de la Policía Judicial del Estado, PJE, acusados de tortura.

El interlocutor anónimo indicó que los habían estado vigilando, que estaban buscando a Víctor Clark Alfaro y que sabían que este no había estado aquel día en el CBDH. Según informes, el interlocutor dijo a Lourdes Felguerez: «Óyeme hija de tu chingada madre, tú y ese joto homosexual de Víctor Clark se los va a cargar su chingada madre, porque se están metiendo mucho en defender unas ratas sinvergüenzas».

El CBDH llevaba trabajando desde septiembre de 1995 en el caso de la presunta tortura de cinco jóvenes, entre ellos dos menores, por tres miembros de la PJE en Tijuana. En los procesos judiciales iniciados contra ellos, los tres miembros de la PJE fueron declarados culpables de tortura, y el tribunal solicitó su destitución. En diciembre de 1995, cuando los tres agentes estaban aún de servicio, el CBDH pidió insistentemente una reunión con el procurador de justicia del estado, en Tijuana. Esta reunión dio lugar a la destitución de los tres agentes. Ésta es la primera vez que el CBDH ha podido llevar ante los tribunales a miembros de la PJE acusados de tortura, aun cuando han documentado 425 casos de tortura en Baja California desde 1987.

El 12 de enero de 1996, Rocío Culebro, coordinadora de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para todos», con sede en Ciudad de México, recibió una serie de llamadas telefónicas anónimas en su domicilio. Según informes, en una llamada realizada a las 8 de la tarde, la persona que llamó le dio detalles precisos de su domicilio y de las personas que estaban con ella en aquel momento. Después la amenazó diciéndole que iría inmediatamente a su casa para hacerle daño.

Las amenazas se produjeron el día anterior al que Rocío Culebro debía viajar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en Washington DC, con el fin de presentar el tercer informe de la Red Nacional sobre la masacre de Aguas Blancas (estado de Guerrero) del 28 de junio de 1995, en la que 17 campesinos resultaron muertos por miembros de las fuerzas de seguridad (véase más adelante).

Graciela Zavaleta Sánchez (de cuarenta y seis años), presidenta de la Comisión Regional de Derechos Humanos «Mahatma Gandhi» (DRDHMG), situada en Tuxtepec (estado de Oaxaca) ha sufrido, según informes, amenazas y acosos durante varios meses.

El CRDHMG lleva a cabo visitas a prisiones, proporciona asesoramiento legal a los grupos indígenas chinantecs, mazatecs y zapotecs y fomenta el conocimiento de los derechos humanos en la zona de Tuxtepec, Oaxaca. También denuncia casos de mala administración de la justicia y de violaciones de los derechos humanos en el contexto de las investigaciones judiciales.

Entre finales de 1994 y noviembre de 1995, cuando fue entrevistada por un integrante de una delegación de Amnistía Internacional, Graciela Zavaleta Sánchez recibió al menos cuatro amenazas telefónicas en las que se le decía: «ya sabemos donde andas, te vamos a dar en la madre». En la última amenaza telefónica, hacia el mes de septiembre de 1995, le dijeron: «ya sabemos donde caminas, ya sabemos lo que haces, cuídate».

Sabino Cruz Carrasco, abogado colaborador de la CRDHMG, ha sido también objeto de amenazas. En la madrugada del 14 de noviembre de 1995, al menos dos hombres que viajaban en una camioneta, dispararon armas de gran calibre contra su casa de la ciudad de Tuxtepec, dejando varios orificios de bala en las paredes exteriores e interiores, puertas y ventanas de la casa. Sabino Cruz Carrasco no estaba en su domicilio en ese momento. Su mujer y tres hijos que estaban durmiendo en el interior no resultaron heridos.

A pesar de presentar querellas ante las autoridades pertinentes, no se ha llevado a nadie ante los tribunales por el acoso y las amenazas sufridas por Graciela Zavaleta Sánchez y Sabino Cruz Carrasco.

El 9 de noviembre de 1995, un grupo anteriormente desconocido, que se hacía llamar Patria Primero, emitió un comunicado en el cual acusaba a Emilia González de Sandoval, miembro de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de Chihuahua, COSyDDHAC, de «pertenecer a la ultra derecha (sic) que pretende desestabilizar el país» y de tener relación con los grupos armados de Chiapas. La COSyDDHAC se ha dedicado a la defensa de los derechos humanos en el estado de Chihuahua durante muchos años, a menudo entrando en conflicto con las autoridades locales debido a sus quejas en contra de los abusos presuntamente cometidos por las fuerzas de seguridad del estado.

Lourdes Sáenz, miembro de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, A.C., (CADHAC), con sede en la ciudad de Guadalupe, estado de Nuevo León, fue amenazada de muerte el 29 de septiembre de 1995. La amenaza fue registrada en el contestador automático de su domicilio y decía: «se los va a llevar la chingada, chinguen a su madre, ya les dije que les voy a poner una bomba».

Al día siguiente, el 30 de septiembre, se grabó un tema musical de la película El Golpe en el contestador automático de la hermana Consuelo Morales, directora de CADHAC. Esa misma música ha sido utilizada en el contexto de los continuos acosos a activistas de derechos humanos en los últimos tiempos. En noviembre de 1995, miembros de CADHAC recibieron llamadas telefónicas de individuos no identificados amenazándoles con hacerles «desaparecer».


Consuelo Morales, director de CADHAC
Meses antes, el 27 de abril de 1995, la hermana Consuelo Morales, Amelia Zabala y otra persona, todos miembros de CADHAC, fueron seguidos dos veces por un automóvil cuando salían de sus oficinas. En la segunda ocasión, el conductor del automóvil los siguió a un restaurante, se sentó junto a ellos y los amenazó, enseñándoles su arma. Un miembro de la CNDH gubernamental, que estaba visitando las oficinas de CADHAC en aquel momento, fue testigo de las amenazas.

Dos días antes, el 25 de abril, una pieza musical de El Golpe había sido grabada en el contestador automático de Consuelo Morales. En la noche del 9 de abril de 1995, las oficinas de CADHAC habían sido asaltadas por individuos no identificados que se llevaron información, material y dinero. El 18 de marzo de 1995, se descubrió que alguien había intentado forzar las ventanas de la oficina.

Después de una campaña internacional de condena por estas acciones, no se han producido nuevas amenazas contra CADHAC. Aunque se cree que se ha abierto una investigación sobre el caso, no se ha hecho público ningún resultado y por la información que posee Amnistía Internacional, no se ha llevado a nadie ante los tribunales.


La periodista Ninfa Deandar, acosada por sus denuncias públicas

Según informes, el 2 de febrero de 1996, Ninfa Deandar y su familia, propietarios del diario independiente El Mañana de Nuevo Laredo, en el estado de Tamaulipas, recibieron amenazas de muerte por teléfono en su domicilio. La persona que llamó aseguró que Ninfa Deandar sería asesinada de un solo tiro en la frente y también amenazó con hacer daño a sus cuatro hijos, tres de los cuales trabajan en el periódico. El 20 de febrero de 1996, individuos no identificados distribuyeron un folleto con una foto de Ninfa Deandar en las inmediaciones del ayuntamiento de Nuevo Laredo. El folleto afirmaba que Ninfa Deandar era la «mercenaria, gángster y prostituta del periodismo».

Los informes indican que el 13 de febrero, Raymundo Ramos, reportero del periódico, recibió una llamada telefónica anónima, en la que la persona que llamaba dijo que quería reunirse con Raymundo para hacerle «una advertencia». Cuando ese mismo día salía de las oficinas del periódico, Raymundo Ramos fue obligado por dos hombres a entrar en un automóvil y le tuvieron viajando durante dos horas, tiempo que emplearon en advertirle que dejara de escribir artículos en los que criticaba al gobernador de Tamaulipas.

El 27 de diciembre de 1995, Jesús López Tapia, director del periódico, recibió también amenazas por teléfono.

Se cree que las amenazas estaban relacionadas con las informaciones del periódico sobre la presunta corrupción del gobierno local. Ninfa Deandar ha denunciado las amenazas y el acoso a la prensa y a organizaciones no gubernamentales, además de presentar una denuncia oficial ante las autoridades gubernamentales, hasta ahora sin respuesta.

No es la primera vez que Ninfa Deandar ha sufrido amenazas y actos de violencia: en 1976, mataron a uno de sus hijos en circunstancias no aclaradas y el director de La Voz de Nueva Laredo resultó muerto en la explosión de una bomba en sus oficinas.

Trabajo con mujeres indígenas: acoso a las asesoras de una cooperativa de mujeres artesanas

Durante diciembre de 1995, Yolanda Castro Apreza y Nellys Palomo Sánchez, asesoras de la Unión Regional de Artesanas J'pas Joloviletik, con sede en San Cristóbal de las Casas (estado de Chiapas), recibieron amenazas telefónicas que quedaron grabadas en los contestadores automáticos de sus domicilios y en las que se podía oir la música de la película El Golpe. El 29 de noviembre de 1995, individuos no identificados entraron en las oficinas del Sindicato de Artesanos y el 7 de diciembre robaron el automóvil de Nellys Palomo Sánchez de su domicilio.

El Sindicato de Artesanos colabora con las mujeres indígenas del estado de Chiapas para fomentar su artesanía y cultura.


VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS CONTRA MIEMBROS DE ORGANIZACIONES DE CAMPESINOS

El 28 de junio de 1995, las fuerzas de seguridad del estado de Guerrero tendieron una emboscada y mataron a 17 campesinos e hirieron a otros 19 junto al lugar conocido como Aguas Blancas. Las víctimas formaban parte de un gran grupo de campesinos desarmados, en el que había mujeres y niños, que viajaban en camiones a Atoyac de Álvarez para participar en una manifestación para pedir la liberación de Gilberto Romero Vásquez, activista campesino que había «desaparecido» en Atoyac el 24 de mayo de 1995. Muchas de las víctimas pertenecían a la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS)(15). Continúa abierta una investigación sobre este caso y al menos 14 personas han sido detenidas en relación con la masacre. Después de las acusaciones de irregularidades en las autopsias de los cadáveres de las 17 víctimas, el juez Adolfo Van Meeter Roque, encargado del caso, ordenó su exhumación para tratar de verificar la causa y el modo en que se produjo la muerte, pero seguía oponiéndose a la participación de observadores independientes tal y como solicitaron los familiares. En marzo de 1996, no había tenido lugar la exhumación de los cuerpos.

Desde la creación de la OCSS en 1994, decenas de miembros de esta y otras organizaciones de campesinos de Guerrero han resultado muertos en el contexto de las disputas sobre los derechos de los campesinos.

Según la información recibida, el 8 de febrero de 1996, Paula Galeana Balanzar, viuda de Amado Sánchez, uno de los 17 campesinos muertos en la masacre de Aguas Blancas, recibió en su domicilio de la localidad de Paso Real, estado de Guerrero, la visita de tres hombres que afirmaban pertenecer a la Dirección de Gobernación de Guerrero (oficina del estado para asuntos internos). Los tres hombres tomaron fotografías de Paula Galena Balanzar y le dijeron: «se va a arrepentir porque está haciendo más difíciles las cosas». Paula Galeana Balanzar ha denunciado públicamente el incumplimiento por parte del gobierno del estado de sus promesas de construir nuevas viviendas y de proporcionar ayuda financiera a los familiares de las víctimas de la masacre.

El 7 de febrero de 1996, Rocío Mesino Mesino, dirigente de la OCSS, fue seguida por las calles de Acapulco, estado de Guerrero, por tres hombres no identificados que viajaban en un automóvil e intentaron secuestrarla. Rocío Mesino declaró a una delegación de Amnistía Internacional que había recibido numerosas amenazas de muerte por su activismo en la OCSS y su denuncia pública del papel del estado en la masacre de junio de 1995.

Según informes, Alba Elia Hurtado, testigo de la masacre de junio de 1995 fue atacada en un autobús cerca de Atoyac de Álvarez, el 28 de enero de 1996, cuando tres hombres no identificados intentaron obligarla a bajar del autobús. El conductor del autobús y otros pasajeros la ayudaron a defenderse de los atacantes.

El 6 de diciembre de 1995, según informes, María del Rosario Martínez López, de veintitrés años de edad, fue secuestrada por tres hombres no identificados mientras estaba esperando un autobús cerca de su domicilio en el distrito Ampliación Altamira, en Acapulco. María del Rosario Martínez había sido partidaria del Comité de Madres y Familiares de Presos, Perseguidos y Desaparecidos Políticos, en Guerrero, donde había conocido al abogado José Sánchez Sánchez unos años antes.
















Los tres hombres le preguntaron por José Sánchez Sánchez, uno de los abogados del caso de la masacre de junio de 1995. Al no responder a sus preguntas, la metieron en un automóvil en el que esperaban otros tres hombres. La llevaron a las afueras de Acapulco y la interrogaron sobre las actividades de José Sánchez. Al no contestar a las preguntas, según informes, le enseñaron un álbum con fotos de miembros del Comité de Madres y de presos «desaparecidos» y le dijeron «...que si no colaboraba ahí podía estar ella [en el álbum de fotos]». Después le enseñaron fotografías de su hijo de ocho años y le dijeron también que «...lo podían desaparecer y matar» si no colaboraba con ellos. María del Rosario Martínez no había visto a José Sánchez Sánchez desde hacía varios meses y no había participado en las movilizaciones a favor de la justicia en el caso de la masacre de Aguas Blancas. La dejaron marchar aquel mismo día, ilesa.

María del Rosario Martínez no había denunciado el incidente a las autoridades por miedo a represalias contra su familia. Sin embargo, después de que los hombres que la habían secuestrado fueron vistos en su lugar de trabajo y cerca de su casa a finales de diciembre de 1995, decidió hacer público su caso. Hasta la fecha, no se ha llevado a nadie ante los tribunales por este incidente.


Santa Manzanares Vásquez (de veintitrés años), dirigente del Movimiento 6 de Marzo en su comunidad de Chacalapa (municipio de San Marcos, estado de Guerrero), fue secuestrada el 17 de septiembre de 1995 por al menos diez hombres después de bañarse por la tarde en el río, cerca de su casa. Los hombres la obligaron a entrar en un camión y le vendaron los ojos.

Santa Manzanares fue entrevistada por los delegados de Amnistía Internacional en noviembre de 1995, y les explicó que la habían llevado a una casa de la zona denominada El Playón, donde la interrogaron sobre sus actividades en la organización. Le dijeron que debía abandonar el Movimiento 6 de Marzo porque «le iba a ir muy mal si seguía en lo que andaba». No la pegaron ni la maltrataron. Cuando Santa Manzanares se despertó a la mañana siguiente, estaba sola en la casa y decidió volver a su casa. Tres días después de su detención, el comandante local de la Policía Judicial del Estado fue a verla y le ofreció su ayuda «por si algo le pasaba». El Movimiento 6 de Marzo ha apoyado activamente las demandas de los campesinos para conseguir un mayor acceso a elementos de producción agrícola tales como fertilizantes y semillas.


MORDAZA A LA OPOSICIÓN: EL HOMICIDIO DE MARTHA MORALES

El 14 de octubre de 1995, dos hombres sin identificar dispararon en el cuello a Martha Morales Vásquez (de cuarenta y dos años), dirigente del opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el municipio de Tecpan de Galeana (estado de Guerrero), cuando se encontraba en su domicilio de San Luis de la Loma, cerca de Tecpan. Era médico, tenía cuatro hijos y criticaba de forma muy activa al gobernador Ruben Figueroa Alcocer, sospechoso en amplios sectores de haber ordenado la masacre de Aguas Blancas (véase más arriba).

Según informes, en la tarde del 14 de octubre, Martha Morales acababa de regresar a su domicilio de una reunión del PRD en Coyuca de Benítez, cuando dos hombres se le acercaron a la entrada de su casa y le preguntaron si era la doctora Morales Vásquez. Pensando que uno de los hombres, que llevaba una de sus manos cubierta con una gorra, estaba herido, se acercó a ellos y en ese momento le dispararon en el cuello con un arma de fuego. Su marido, Reynaldo Javier Soria, presidente del comité municipal del PRD en Tecpan, resultó herido de bala en una pierna cuando intentaba escapar y entrar en su casa. A un amigo de la familia, Baldomero Galeano Lagunas, le dispararon cuatro veces. Tanto Martha Morales como Baldomero Galeano Lagunas fueron trasladados a un hospital de Acapulco, donde Martha Morales murió el 6 de noviembre de 1995.

Se cree que la CNDH ha abierto una investigación sobre el homicidio. Un portavoz del gobierno de Guerrero trató de sugerir que había sido un crimen pasional y que no tenía ninguna relación con las actividades políticas de la víctima. En el momento de redactarse este informe, no se había procesado a nadie por el homicidio de Martha Morales ni por herir a Baldomero Galeano.


IMPUNIDAD EN CASOS DE ANTERIORES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS
HUMANOS CONTRA MUJERES

Muchas violaciones de los derechos humanos ocurridas anteriormente en México siguen sin resolverse: la mayoría de los autores de estos delitos continúan en libertad y no se ha compensado debidamente a las víctimas y a sus familias. Aunque en algunos casos destacados se han realizado algunos progresos, como en el caso de Norma Corona Sapién, las investigaciones de la mayoría de los casos han dado pocos resultados.


El homicidio de Norma Corona Sapién

Norma Corona Sapién fue muerta a tiros en México el 21 de mayo de 1990, de una forma que recuerda el modo de actuar de los «escuadrones de la muerte».

Era presidenta de la Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa, de carácter independiente. En el momento del asesinato estaba investigando el caso de un abogado mexicano y tres profesores universitarios venezolanos que, según informes, fueron secuestrados por agentes de la policía judicial federal. Los cuerpos de los cuatro hombres, todos ellos con señales de tortura, habían sido hallados cerca de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, en febrero de 1990. Norma Corona comenzó inmediatamente a investigar los homicidios. Poco después, empezó a recibir amenazas de muerte que, a su juicio, provenían de agentes de la policía federal. Fue asesinada poco después de denunciar estas amenazas.

Su homicidio desencadenó una ola de críticas nacionales e internacionales a la actuación del gobierno mexicano en materia de derechos humanos. El gobierno prometió que las cosas iban a cambiar, y poco tiempo después creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, CNDH, cuya primera gran tarea fue la de investigar el homicidio de Norma Corona. Aunque se ha arrestado a varios agentes, entre ellos un comandante de la policía judicial federal, y se les ha acusado del homicidio, los procesos judiciales se han visto afectados por irregularidades, tales como la tortura de algunos de los detenidos para obtener confesiones. El comandante de la policía judicial federal acusado de su homicidio ha permanecido en la cárcel sin condena a pesar de la falta de cualquier prueba sólida que lo relacione con el homicidio. Este hecho ha suscitado fundadas sospechas de que pudieran haber sido utilizados como cabezas de turco del homicidio no resuelto de Norma Corona Sapién.


«Desaparición» temporal y tortura: el caso de Minerva Armendáriz Ponce

Minerva Armendáriz Ponce tenía dieciséis años cuando fue detenida por miembros de la (ya disuelta) Dirección Federal de Seguridad Nacional, DFSN, el 18 de octubre de 1973. Se la llevaron de su domicilio en la ciudad de Chihuahua a la Quinta Zona Militar, en el estado de Chihuahua, con otros dos estudiantes. Fue interrogada bajo coacción sobre su activismo político. Minerva Armendáriz formaba parte activa del movimiento estudiantil en aquel momento y era miembro del Movimiento Armado Revolucionario (MAR).

Después de su detención, Gloria Ponce, la madre de Minerva, movilizó a varios estudiantes del colegio de Minerva que organizaron una manifestación pidiendo su inmediata liberación.

Minerva Armendáriz fue brutalmente torturada mientras se encontraba detenida en la Quinta Zona Militar. Durante el interrogatorio, le enseñaron fotografías de personas que habían sido torturadas y le dijeron que así es como iba a quedar. Más tarde, miembros de la DFSN la llevaron en avión a Ciudad de México y la tuvieron recluida en un centro clandestino durante cuatro semanas. A todos los efectos, durante ese tiempo Minerva estuvo «desaparecida».

La tuvieron en una celda con otras 16 mujeres en condiciones de grave hacinamiento. Con frecuencia, les hacían ponerse de pie desnudas y entonces las duchaban con mangueras mientras los vigilantes miraban. Durante el periodo de detención, todas las detenidas eran torturadas de forma sistemática. Minerva Armendáriz ha testificado a una delegación de Amnistía Internacional que en las sesiones de tortura se encontraban presentes varios doctores y solían explicarles a las presas qué era lo que les iba a suceder. Minerva Armendáriz fue sometida a descargas eléctricas, fue golpeada y amenazada con ser violada. Aunque ella entonces no lo sabía, estaba embarazada en aquel tiempo.

Gracias a los esfuerzos de su madre y a las manifestaciones estudiantiles en las que se pidió su liberación, Minerva Armendáriz «reapareció» cuando la presentaron ante la prensa en noviembre de 1973. Fue acusada de subversión, asociación delictuosa e incitación a la rebelión, trasladada a un centro de detención juvenil (Consejo Tutelar para Menores Infractores) y estuvo detenida allí hasta finales de diciembre de 1973. Después la pusieron bajo la vigilancia de dos adultos y tuvo que presentarse en el Consejo Tutelar todos los meses hasta cumplir los dieciocho años de edad. Durante cinco años, no le permitieron regresar a Chihuahua.

Carlos David Ornelas Armendáriz, el hijo de Minerva Armendáriz, nació el 18 de julio de 1974 en Ciudad de México. Minerva y su hijo han padecido varios problemas de salud durante los últimos años, que se cree que son consecuencia de la tortura a que fue sometida mientras estuvo detenida.

Ninguno de los responsables de la tortura y «desaparición» temporal de Minerva Armendáriz Ponce ha llegado a ser procesado. Minerva Armendáriz no ha recibido ninguna compensación por el sufrimiento a que fueron sometidos ella y su hijo Carlos Ornelas Armendáriz.


Otros casos de «desapariciones»

Algunas de las personas que fueron detenidas con Minerva han «desaparecido» y continúa sin conocerse su paradero.

Las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos de México, especialmente las que colaboran con los familiares de los «desaparecidos», estiman que al menos cuatrocientas personas «desaparecieron» en México durante las décadas de los setenta y de los ochenta. Aunque el número de nuevos casos de «desapariciones» ha disminuido considerablemente en los últimos años, no se han producido progresos significativos –el procesamiento de los responsables o la localización del paradero de los «desaparecidos»– en la clarificación de una gran cantidad de casos anteriores en los que, según informes, se seleccionaba a las víctimas por su activismo político.


Minerva Armendáriz (izquierda) y Marta de los Ríos Merino (derecha), hablando con los delegados de Amnistía Internacional que visitaron Chihuahua en noviembre de 1995.
Alicia de los Ríos Merino nació en San José de Bachíniva, estado de Chihuahua, el 22 de septiembre de 1954. Fue miembro de la Juventud Comunista de México y de la Liga Comunista 23 de Septiembre. Se casó con Guillermo Enrique Pérez de la Mora, también activista político. Alicia de los Ríos fue detenida el 6 de enero de 1978 en Ciudad de México por miembros de un cuerpo paramilitar.

Algunos testigos afirman haberla visto con vida en el Campo Militar Núm. 1, en Ciudad de México y más tarde en un Campo Militar en el estado de Guerrero durante 1978.

A pesar de la falta de noticias sobre su paradero y de la incapacidad de las autoridades mexicanas para llevar a juicio a los responsables de su «desaparición», los familiares de Alicia de los Ríos Merino han continuado su búsqueda. Su hermana, Marta de los Ríos Merino, que es miembro del Grupo de Madres de los Desaparecidos Políticos del Estado de Chihuahua, ha sufrido, según informes, amenazas por las actividades de búsqueda de su hermana y de las demás personas «desaparecidas» en Chihuahua.

Al parecer, las autoridades locales le han dicho: «Martita, a Ud. le puede pasar algo cuando cruce la calle». También ha habido amenazas contra su hijo, Gilberto Sandino Aquino de los Ríos (de dieciséis años), que, al parecer, logró evitar ser atropellado por un automóvil a finales de octubre de 1995.




CONCLUSIONES

Como puede verse por los ejemplos descritos anteriormente, el número y la frecuencia de las violaciones de los derechos humanos contra la mujer en México está aumentando. Además, si tenemos en cuenta que un número significativo de malos tratos no salen a la luz por miedo a represalias, por vergüenza o por otras consideraciones culturales tales como la opinión de mucha gente de que la mujer tiene la culpa de la violación, los casos que presentamos en este documento representarían solamente la punta del iceberg de una pauta mucho mayor y más preocupante de malos tratos dirigidos contra la mujer.

Aunque México ha realizado muchos progresos a la hora de reconocer, al menos en teoría, la necesidad de luchar por conseguir la igualdad de la mujer(16), está claro que hasta ahora se han emprendido pocas acciones eficaces para poner en práctica estas promesas.

Amnistía Internacional reconoce la importancia de las medidas tomadas hasta ahora por México para intentar resolver algunos de estos problemas, incluida la legislación contra abusos sexuales del código penal de Ciudad de México y la creación de oficinas especializadas en el Ministerio Público para tratar los delitos sexuales de Ciudad de México y varios estados, así como un programa específico de «asuntos de la mujer» dentro de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Además, la organización ha recibido con satisfacción el reciente compromiso realizado por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León de crear un Programa Nacional de la Mujer «que permita avanzar en las tareas dirigidas a fomentar la plena participación de la mujer en la sociedad con las mismas oportunidades que el hombre».(17)

No obstante, Amnistía Internacional cree que la puesta en práctica de programas y cambios legislativos encaminados de forma específica a mejorar la condición de la mujer en México debería ir acompañada del compromiso político para acabar de forma efectiva con la impunidad para los autores de las violaciones de los derechos humanos en México.


RECOMENDACIONES

Amnistía Internacional hace un llamamiento al gobierno mexicano:

! para que cumpla sus compromisos públicos y garantice la protección de los derechos humanos de la mujer: hay que poner fin a violaciones de los derechos humanos tales como la tortura, incluida la violación, las ejecuciones extrajudiciales y el acoso y las amenazas de muerte contra mujeres activistas. Estas medidas estarían en línea con la obligación constitucional del gobierno de conseguir que la mujer obtiene la plena participación e igualdad en la sociedad mexicana y es un primer paso esencial si se quiere alcanzar tal objetivo;

! para que realice investigaciones inmediatas, completas e imparciales de todos los informes de «desapariciones», ejecuciones extrajudiciales y tortura, incluida la violación y los abusos sexuales, así como las amenazas de muerte y el acoso;

! para que tome medidas efectivas con el fin de que comparezcan ante la justicia todos los responsables de ejecuciones extrajudiciales, «desapariciones», tortura, incluida la violación y los abusos sexuales, y el acoso y las amenazas de muerte contra la mujer;

! para que se asegure de que se investigan los casos de violaciones de los derechos humanos perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad y de que se juzgan en la jurisdicción civil y no ante tribunales militares, que han sido responsables de asegurar la impunidad prácticamente total de miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de los derechos humanos;

! para que se asegure de que las víctimas de violación, abusos sexuales y otras torturas o malos tratos, junto con los familiares de las víctimas de «desaparición» o ejecución extrajudicial, reciben una compensación justa y adecuada y la debida atención médica;

! para que se asegure de que el personal encargado de hacer que se cumpla la ley y otros agentes del gobierno reciben formación adecuada sobre las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos humanos de todas las mujeres, e instrucciones sobre cómo hacerlas cumplir debidamente. Deberá comunicarse al personal encargado de hacer cumplir la ley y a otros agentes del gobierno que la violación de mujeres que se encuentran bajo su custodia es un acto de tortura y no será tolerado;

! para que garantice que las mujeres activistas y miembros de organizaciones no gubernamentales que trabajan de forma pacífica por la promoción y la protección de los derechos humanos podrán llevar a cabo sus actividades legítimas sin riesgo de intimidación, acoso o agresión física;

! para que se asegure de que se toman medidas especiales para hacer respetar la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y otras normas internacionales pertinentes, incluida la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Estas medidas deberán incluir una clara prohibición de la violencia motivada por el sexo de la víctima.
INTERNO (Sólo miembros de AI) Índice AI: AMR 41/09/96/s

Distr: SC/CO/CC/GR/PG
______________________

Amnistía Internacional
Secretariado Internacional
1 Easton Street
Londres WC1X 8DJ
Reino Unido

ACCIONES RECOMENDADAS

Les rogamos que se aseguren de que todas las personas pertinentes de la Sección hayan recibido copias de este documento y que se archiva para futuras consultas. Asimismo, les agradeceríamos que distribuyeran este documento a todos los grupos de AI interesados, incluidos los que fueron reclutados de forma específica para la campaña de la mujer.


DISTRIBUCIÓN POR EL SI

Este documento ha sido enviado directamente por el SI a: Todas las Secciones, coordinadores y grupos de coordinación de CASA; coordinadores y grupos de coordinación de México; y grupos con expedientes de casos y Expedientes de Acción de «desaparecidos». Se ha enviado otro conjunto de acciones recomendadas (internas), CASA 02/96, Índice AI: AMR 41/10/96/s, a las Secciones y grupos pertinentes tal y como se ha especificado anteriormente. Las Secciones que no tengan coordinadores de México o CASA o grupos de coordinación y que deseen recibir una copia de CASA 02/96, deberán ponerse en contacto con el equipo de México en el SI.

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(1) CONAPO / Comité Nacional Coordinador de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, Mexico: Situation of Women, Challenger for the year 2.000, p. 35. Traducción de EDAI
(2) Véase Violaciones de los derechos humanos en México: El reto de los noventa, Índice AI: AMR 41/21/95/s, publicado en noviembre de 1995; México: la perpetuación de la tortura y la impunidad, AMR 41/01/93/s, publicado en junio de 1993; y México: Tortura e impunidad, AMR 41/04/91/s, publicado en septiembre de 1991.
(3) Véase Violaciones de los derechos humanos en México: El reto de los noventa.
(4) Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Naciones Unidas, A/CONF.177/20, 17 de octubre de 1995.
(5) Conferencia Mundial sobre la Mujer, A/CONF.177/20, párrafo 124.
(6) Véase: México: Miembros del ejército mexicano violan a tres mujeres tzeltal, Índice AI: AMR 41/12/94/s, publicado en agosto de 1994. Su caso se destaca también en Violaciones de los derechos humanos en México: El reto de los noventa.
(7) Véanse, por ejemplo, México: Los derechos humanos en zonas rurales: Intercambio de documentos con el gobierno mexicano sobre violaciones de derechos humanos en Oaxaca y Chiapas (Índice AI: AMR 41/07/86/s), publicado en 1986; México: Tortura e impunidad (Índice AI: AMR 41/04/91/s), publicado en septiembre de 1991; México: Violaciones de derechos humanos cometidas contra activistas indígenas Ch'ol y Tzeltal (Índice AI: AMR 41/05/92/s), publicado en 1992; y México: Continuas violaciones de los derechos humanos contra miembros de la comunidad indígena tzeltal en Chiapas (Índice AI: AMR 41/05/93/s), publicado en agosto de 1993.
(8) Véase Violaciones de los derechos humanos en México: El reto de los noventa para conocer las violaciones de derechos humanos presuntamente perpetradas por el ejército así como por el EZLN.
(9) Sus nombres son: Rosa Hernández Hernández, Hermelinda García Zepahua, Álvaro Castillo Granados, Martín Trujillo Barajas, Luis Sánchez Navarrete, Hilario Martínez Hernández y Ricardo Hernández López.
(10) N. del T.: el texto de este párrafo ha sido incorporado del testimonio original, tomado en el Reclusorio Preventivo Norte el 15 de febrero de 1996, y que está incluido en el apéndice del documento original en inglés.
(11) Comisión Nacional de Derechos Humanos, Newsletter, Núm. 24, febrero de 1995, p. 9. Traducción de EDAI.
(12) Sus nombres son: Ofelia Hernández Hernández, Patricia Jiménez Sánchez, Brenda Rodríguez Acosta, Celia Martínez Guerrero, Fernando Domínguez Paredes, Joel Martínez González, Gerardo López López y Gonzalo Sánchez Navarrete.
(13) N. del T.: el texto de este párrafo ha sido incorporado del testimonio original de Julieta Flores Castillo, que está incluido en el apéndice del documento original en inglés.
(14) El hostigamiento de críticos al gobierno y observadores de derechos humanos es una de las principales preocupaciones de Amnistía Internacional en México en la actualidad: véase Violaciones de los derechos humanos en México: El reto de los noventa.
(15) Véase Violaciones de los derechos humanos en México: El reto de los noventa, pp. 43-45.
(16) México ratificó tanto la Convención de la ONU sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer como la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer el 23 de marzo de 1981.
(17) CONAPO / Comité de Coordinación Nacional de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. ib. p. 10. Véase nota 1.

 

Índice AI: AMR 41/009/1996

1 de marzo de 1996

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