Diego Arcos Meneses, indígena chol y dirigente comunitario de Nuevo Tila, en el municipio de Ocosingo, estado de Chiapas, fue detenido el 14 de noviembre de 2006 durante la investigación de un ataque contra la comunidad de Viejo Velasco, en el que seis personas murieron y dos desaparecieron. Pese a los graves defectos del caso presentado por la fiscalía, un juez local dictó auto de formal prisión contra Diego Arcos el 21 de febrero de 2007. En agosto, la defensa de Diego Arcos ganó un recurso de amparo en el que se reconocía que no existían pruebas contra él. Pese a ello, Diego Arcos continúa en prisión en espera del resultado del proceso judicial.
Diego Arcos es un conocido y respetado representante de la comunidad de Nuevo Tila, además de catequista y promotor de salud en la comunidad. Nuevo Tila pertenece a Xi’nich, una de las organizaciones de defensa de los derechos de los pueblos indígenas que más ha participado en actos de oposición pacífica a los desalojos de las comunidades indígenas que viven desde hace muchos años en la Selva Lacandona, Chiapas. Amnistía Internacional cree que los cargos presentados contra Diego Arcos pueden tener una motivación política para disuadir a otras comunidades y miembros de Xi’nich de que se opongan a los desalojos.
Amnistía Internacional teme que Diego Arcos esté siendo objeto de detención arbitraria y de un proceso judicial injusto, y que su detención pueda haber sido además resultado de la presión política ejercida sobre las autoridades para que detuvieran a alguien en relación con los homicidios. La organización a su vez ve con preocupación que las autoridades no hayan investigado de forma imparcial y efectiva los violentos enfrentamientos de Viejo Velasco y no hayan garantizado que se procese a todos los responsables (incluidas autoridades municipales que pueden estar implicadas) y que las víctimas y sus familiares reciben reparación adecuada.
Según los informes, el 13 de noviembre de 2006 un grupo de al menos 300 personas, muchas de ellas con armas de fuego, atacó a los miembros de la pequeña comunidad de Viejo Velasco para desalojarlos violentamente de las tierras en las que vivían en la Selva Lacandona. Los testigos de Viejo Velasco dijeron más tarde que algunos de los atacantes procedían de la cercana comunidad de Nueva Palestina, y algunos vestían uniformes de tipo policial o llevaban el rostro cubierto. En el ataque murieron tres personas de Viejo Velasco (entre ellas una mujer) y cuatro desaparecieron. Uno de los atacantes (un habitante de Nueva Palestina) también resultó herido y murió en el hospital ese mismo día. En julio de 2007 se encontraron cerca del lugar del ataque dos cadáveres aún no identificados.
Inmediatamente después del ataque, los sobrevivientes de Viejo Velasco se refugiaron en la cercana comunidad de Nuevo Tila, donde vivía Diego Arcos. Como representante de su comunidad, Diego Arcos, según los informes, acudió a Viejo Velasco al día siguiente del ataque para ver si había sobrevivientes heridos y recoger algunas pertenencias de las personas desplazadas. Cuando se acercaba a Viejo Velasco, unos agentes de la Fiscalía General del Estado le dieron el alto. Según indican los informes, lo obligaron a cargar el cadáver de una mujer en su helicóptero y a acompañarlos a la localidad de Palenque para prestar testimonio. Sin embargo, una vez allí, la Fiscalía modificó la condición legal de Diego Arcos, convirtiéndolo de testigo en sospechoso principal del asesinato de cuatro personas en Viejo Velasco.
Durante el interrogatorio, al parecer Diego Arcos no tuvo acceso a asistencia letrada efectiva, y fue golpeado por negarse a firmar su declaración porque no se la habían leído, como era su derecho. La Fiscalía lo acusó de participar en el ataque y cometer los asesinatos, alegando que había sido pillado "en flagrancia". Un juez ordenó su reclusión en lo que se denomina "arraigo" (una forma de detención administrativa muy utilizada) durante tres meses, en espera de que se realizaran investigaciones adicionales. El "arraigo" impone severas restricciones a la capacidad de los acusados de acceder a asistencia letrada y rebatir las pruebas reunidas por la Fiscalía. Mientras Diego Arcos permaneció así detenido, la Fiscalía reunió una serie de testimonios, la mayoría procedente de habitantes de Nueva Palestina, que acusaban a Diego Arcos de estar presente durante el ataque. Sin embargo, estas declaraciones contienen serias contradicciones (por ejemplo, respecto a cómo se desarrollaron los acontecimientos, la fecha, la hora y el presunto papel de Diego Arcos en el ataque) que suscitan serias dudas en torno a su credibilidad.
En febrero de 2007, Diego Arcos fue acusado oficialmente de "homicidio calificado" (homicidio con agravantes) y un juez estatal ordenó que permaneciera bajo custodia. Sin embargo, como es habitual en México, el juez no asistió a las audiencias correspondientes, sino que delegó esta función en el secretario judicial. Parece ser que la acusación basó el caso contra Diego Arcos únicamente en los testimonios de los habitantes de Nueva Palestina, la comunidad presuntamente responsable del ataque contra Viejo Velasco. Además, sólo una testigo acudió a la citación oficial para ratificar su declaración ante el tribunal. La testigo que fue contrainterrogada por la defensa ante el tribunal dijo que su declaración se había tomado de forma incorrecta y que ella no había identificado a Diego Arcos, ya que nunca lo había visto. Por otra parte, la defensa de Diego Arcos presentó dos testigos que declararon ante el tribunal que, el 13 de noviembre, Diego Arcos estuvo todo el día realizando trabajo agrícola con ellos en un lugar alejado de Viejo Velasco. Pese a ello, el juez rechazó los testimonios presentados por la defensa y concluyó que la acusación había presentado pruebas suficientes para juzgar a Diego Arcos por homicidio calificado.
En mayo de 2007, la defensa de Diego Arcos presentó un recurso de amparo ante los tribunales federales impugnando la decisión del juez de dictar auto de formal prisión y alegando que las pruebas no se habían evaluado ni corroborado adecuadamente. A finales de agosto de 2007, un juez federal resolvió a favor de Diego Arcos, anulando el auto original de formal prisión contra él, y alegando que el juez estatal no había examinado debidamente la validez de los testimonios que implicaban a Diego Arcos ni había justificado cómo relacionaban estos testimonios al acusado con los homicidios. Sin embargo, como es habitual en México, esto no ha traído consigo la liberación de Diego Arcos, y el juez estatal se ha limitado a volver a dictar un auto de formal prisión sin introducir cambios sustanciales. Actualmente, la defensa está preparando otro recurso a este respecto.
Información complementaria
Los conflictos por cuestiones de tierras en la región de la Selva Lacandona, en el estado de Chiapas, llevan decenios provocando violencia en las comunidades indígenas. Tras un acuerdo alcanzado en 2005, el gobierno estatal y el federal se comprometieron a regularizar los derechos agrarios de 28 comunidades, entre ellas la de Viejo Velasco. Sin embargo, desde abril de 2006, grupos y comunidades como Nueva Palestina, al parecer con el apoyo tácito del gobierno local, han tratado de desalojar ilegalmente a otras comunidades. Las organizaciones locales de derechos humanos, como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, han documentado el acoso contra algunas comunidades amenazas de desalojo en Chiapas, y han alertado a las autoridades federales y estatales en un intento de impedir ataques como el perpetrado, según los informes, contra la comunidad de Viejo Velasco.
En febrero de 2007, Amnistía Internacional publicó su informe Leyes sin justicia: Violaciones de derechos humanos e impunidad en el sistema de justicia penal y de seguridad pública (AMR 41/002/2007), en el que pone de manifiesto el uso indebido del sistema de justicia penal, especialmente por parte de miembros de algunos gobiernos estatales, para perseguir a opositores políticos y activistas sociales.
¡ACTÚA!
Escribe a Diego Arcos Meneses manifestando tu solidaridad, a la siguiente dirección: Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Calle Brasil #14, Barrio Mexicanos, 29240 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
Escribe a las autoridades mexicanas y a la embajada de México en tu país:
- expresando preocupación por que Diego Arcos fue detenido arbitrariamente y ha permanecido recluido de forma injusta durante un periodo prolongado;
- pidiendo al tribunal estatal que cumpla con el principio del amparo federal y, de acuerdo con ello, reconozca que no existen pruebas suficientes para procesar a Diego Arcos y lo ponga en libertad;
- expresando preocupación por que los procedimientos en este caso no tuvieron en cuenta las contradicciones de los testimonios presentados por la acusación y no reconocieron adecuadamente el valor de los presentados por la defensa, lo que socava la fiabilidad de las decisiones judiciales;
- pidiendo que se investigue la aparente falta de imparcialidad en la investigación llevada a cabo por la Fiscalía General del Estado;
- expresando preocupación por que es posible que se hayan presentado cargos de motivación política contra Diego Arcos para disuadir a otras comunidades y miembros de Xi’nich de que se opongan a los desalojos en Chiapas;
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre los sucesos del 13 de noviembre de 2006, y que los responsables comparezcan ante la justicia;
- pidiendo que las víctimas y sus familiares reciban reparaciones adecuadas.
Envía tus llamamientos a:
Presidente de la República: Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de "Los Pinos", Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, México D.F., C.P. 11850, MÉXICO; Fax: + 52 55 27891113; Correo-E.: felipe.calderon@presidencia.gob.mx; Tratamiento: Señor Presidente
Procurados General de la República: Lic. Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la Republica, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO; Fax: +52 55 53 46 09 08; Correo-E.: ofproc@pgr.gob.mx; Tratamiento: Señor Procurador General
Fiscal de Chiapas: Lic. Mariano Herrán Salvatti, Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas, Libramiento Norte s/n, tercer nivel, Col. Infonavit "El Rosario", CP 30064, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; Fax: + 52 961 61 657 24; Correo-E.: mherran@fge.chiapas.gob.mx; Tratamiento: Señor Fiscal
Gobernador de Chiapas: Lic. Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas
Palacio de Gobierno, 1º piso, Col. Centro, 29000, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México; Fax: +52 961 618 8050 ext. 21122; Tratamiento: Señor Gobernador********
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