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Amnistía Internacional
Estados Unidos de América: un año de aplicación de la Ley de Comisiones Militares, cuatro años sin representación letrada, seis años sin justicia
Estados Unidos de América: un año de aplicación de la Ley de Comisiones Militares, cuatro años sin representación letrada, seis años sin justicia
| 17 de octubre de 2007 | | Índice AI: AMR 51/160/2007 |
El 16 de octubre de 2007, el Pentágono anunció que permitiría que un abogado tuviera acceso a la base naval de la bahía de Guantánamo, Cuba, para entrevistarse con Majid Khan, ciudadano paquistaní allí recluido. El comunicado de prensa del Pentágono intentaba caracterizar esta medida como uno de los elementos de la "protección sin precedentes" que el gobierno estadounidense ha ofrecido a quienes denomina "combatientes enemigos" en el marco de la "guerra contra el terror". En realidad, el anuncio constituye un recordatorio del grado de flagrante incumplimiento del derecho internacional con que Estados Unidos ha tratado a estos detenidos.
Majid Khan lleva más de cuatro años y medio bajo custodia. En marzo de 2003 lo capturaron en casa de su hermano, en Karachi. Durante su reclusión en Pakistán, según informes, fue torturado por agentes estadounidenses, quienes, entre otras formas de tortura, lo ataron fuertemente a una silla pequeña en posturas forzadas, lo encapucharon, lo golpearon, le propinaron bofetadas, lo privaron del sueño y lo encerraron en una celda oscura, tan pequeña que no le era posible yacer en el suelo.
Majid Khan se convirtió en víctima de desaparición forzada bajo custodia secreta de la CIA en lugares desconocidos; su suerte y paradero se ocultaron durante más de tres años, sin que su familia supiese si estaba vivo o muerto, hasta que, en septiembre de 2006, lo trasladaron a Guantánamo. El presidente George W. Bush explicó que su traslado, junto con otros 13 detenidos de "alto valor" a quienes Estados Unidos ha acusado de tomar parte en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y de otros delitos graves, se llevó a cabo con el fin de someterlo a juicio. Debido a que ya habían "prácticamente terminado el interrogatorio de estos hombres", según dijo el presidente Bush, se los había "sacado a luz" y trasladado a Guantánamo a fin de "dar comienzo al proceso de llevarlos a juicio". Poniendo de relieve la proximidad del quinto aniversario de los atentados del 11 de septiembre, el presidente Bush manifestó que "las familias de las personas asesinadas ese día han esperado pacientemente que se haga justicia... ya no tendrán que esperar más". Más de un año después, ni Majid Khan ni los otros 13 detenidos de "alto valor" trasladados al mismo tiempo que él han sido acusados de delito alguno.
Lo anterior no debe sorprender a nadie. El presidente Bush ha utilizado los casos de los 14 detenidos con el fin de obtener apoyo del Congreso para la Ley de Comisiones Militares. Aunque afirmó que tan pronto como el Congreso actuase los detenidos podrían "hacer frente a la justicia" el 17 de octubre de 2006, cuando promulgó la Ley de Tribunales Militares, el presidente dijo que disponía de la siguiente "prueba" para la legislación: "¿Permitirá que el programa de la CIA continúe?". Según el Presidente Bush, la legislación ha pasado dicha prueba. Posteriormente, el presidente emitió una orden ejecutiva que ha dado luz verde a la CIA para continuar con su programa de interrogatorios y detenciones secretas, además de perpetuar la falta de rendición de cuentas en este programa que viola claramente el derecho internacional.
Cuando confirmó la existencia del programa de la CIA en septiembre del año pasado, lo que hizo en realidad el presidente Bush fue admitir que había autorizado la desaparición forzada, que constituye delito en virtud del derecho internacional. La orden ejecutiva del 20 de julio de 2007 ha agravado la situación, y si se vuelve a recluir a personas en aplicación del programa en las mismas condiciones anteriores, ocultando su suerte y paradero, el presidente Bush habrá autorizado nuevamente la práctica de la desaparición forzada. Amnistía Internacional se ha dirigido por escrito al presidente Bush para señalar este hecho. Aún no ha recibido respuesta.
Entretanto, el gobierno sigue socavando la presunción de inocencia de los 14 detenidos a los que afirmó que llevaría a juicio. En el anuncio de su traslado, el presidente Bush los había llamado "terroristas". El Pentágono, en su reciente declaración en la que informaba de que a Majid Khan se le había concedido acceso a asistencia letrada, manifestó que "Khan es un ejemplo de la amenaza genuina y significativa a la que se enfrentan Estados Unidos y otros países en todo el mundo".
En vez de ser acusados y llevados a juicio con prontitud, Majid Khan y los otros 13 detenidos transferidos de la custodia secreta de la CIA han sido "procesados" por Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente, órganos ejecutivos creados en 2004 para determinar si los detenidos de Guantánamo están "correctamente" detenidos como "combatientes enemigos". Los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente están integrados por tres oficiales militares que pueden tomar en consideración cualquier tipo de información, como por ejemplo información confidencial, testimonios de oídas o información obtenida mediante coacción, para adoptar una decisión. La persona detenida, recluida a miles de kilómetros de su hogar (o de cualquier campo de batalla) y virtualmente aislada del mundo exterior, no tiene asesoramiento letrado ni acceso a ningún testimonio confidencial que se utilice en su contra. Existe presunción en favor de la información del gobierno que se presenta ante el tribunal.
El 9 de agosto de 2007, el Pentágono anunció que los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente (que celebran sus sesiones en secreto de modo que no se filtre información sobre el programa de detención e interrogatorio de la CIA) habían determinado que los 14 detenidos trasladados a Guantánamo en septiembre de 2006 cumplían con las condiciones para ser designados "combatientes enemigos". El anuncio no mencionaba las diversas denuncias de tortura que habían sido presentadas por los detenidos –cuyos detalles han sido eliminados de las transcripciones de las actuaciones– ni qué clase de investigación de esas denuncias se había ordenado o se había llevado a cabo, si es que se habían investigado, ni tampoco si los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente se habían basado, para tomar sus decisiones, en información presuntamente obtenida mediante coacción.
La Ley de Comisiones Militares ha despojado a los tribunales de Estados Unidos de competencia para examinar los recursos de hábeas corpus de los ciudadanos extranjeros recluidos como "combatientes enemigos" bajo custodia de Estados Unidos. En aplicación de esta ley y de la anterior Ley sobre el Trato a los Detenidos de 2005, la supervisión judicial está limitada a la Corte de Apelaciones de Distrito del Circuito de Columbia, que está autorizada a revisar las conclusiones de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente de que ciertos detenidos son "combatientes enemigos". El Pentágono, al anunciar el 16 de octubre de 2007 que se le permitía a Majid Khan tener acceso a un abogado, afirmó que "la revisión de una resolución de esta índole en los propios tribunales nacionales de un país constituye, en la historia de la guerra, una protección sin precedentes para los combatientes enemigos capturados". El gobierno hizo una afirmación similar en un escrito presentado a comienzos de este mes ante la Corte Suprema de Estados Unidos, en el que intentaba convencer a la Corte de que la Ley de Comisiones Militares es legítima. El escrito afirma que aunque los detenidos "pudieran señalar un precedente histórico de la utilización del recurso de hábeas corpus en circunstancias extraordinarias como las presentes, el Congreso les ha proporcionado un sustituto constitucionalmente adecuado para impugnar su detención". La Corte Suprema ha fijado para el 5 de diciembre una vista oral para considerar los argumentos sobre esta cuestión y emitirá su resolución el próximo año.
Esta situación exige un escrutinio judicial exhaustivo. Al privar a los detenidos del mecanismo protector del recurso de hábeas corpus durante los seis años que lleva la "guerra contra el terror", los resultados en la esfera de los derechos humanos han sido los predecibles. Se ha sometido a personas a desapariciones forzadas, tortura y otros malos tratos, detenciones y traslados secretos, así como a detención arbitraria a manos de las fuerzas estadounidenses.
El sistema de los Tribunales de Revisión del Estatuto de Combatiente ha proporcionado al gobierno una fachada conveniente de proceso legal. A los detenidos y sus familias sólo les proporciona más injusticia. Todos los detenidos deberían poder impugnar la legalidad de su detención directamente ante un tribunal de justicia y no estar limitados a una exigua revisión judicial de resoluciones administrativas sobre su condición. Toda persona respecto de la cual exista prueba de actividad delictiva debe ser acusada con prontitud de un delito común reconocible y sometida a un juicio íntegro y justo conforme a las normas internacionales. Este principio excluye los juicios a cargo de comisiones militares con arreglo a la Ley de Comisiones Militares. De lo contrario, los detenidos deben quedar en libertad. Debe cerrarse el centro de detención de Guantánamo sin trasladar las violaciones de derechos humanos a otro lugar.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
TRADUCCIÓN DE EDITORIAL AMNISTÍA INTERNACIONAL (EDAI), ESPAÑA
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