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Amnistía Internacional
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Terreno resbaladizo:
la política de la tortura
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Terreno resbaladizo:
la política de la tortura
| 9 de noviembre de 2007 | | Índice AI: AMR 51/177/2007 |
Resulta inquietante ver cómo los dirigentes estadounidenses se contradicen en torno a la cuestión de la tortura. Por un lado, el presidente afirma que su país lidera la lucha global contra la tortura. Por otro, autoriza un programa de detención secreta que permite recluir a los detenidos durante años en régimen de incomunicación total y someterlos a técnicas de interrogatorio "mejoradas". Entretanto, otros altos cargos se apresuran a promover los "valores estadounidenses", pero no se muestran tan dispuestos a reconocer la tortura cuando ésta se les describe, ni a condenarla como una cuestión de principios. Parece que en la actualidad las cimas de la moral están rodeadas de terrenos especialmente resbaladizos.
Debería ser muy simple: se prohíben la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; punto. No existe ninguna circunstancia (guerra o amenaza de guerra, emergencia o amenaza de emergencia) que justifique la violación de esta prohibición. Todo ser humano tiene derecho a no ser sometido a tortura u otros malos tratos, ya sea ciudadano de un país o extranjero, sospechoso de haber cometido un delito o no, considerado "enemigo" o no. La tortura es inadmisible, al margen de los motivos que se esgriman para utilizarla o de la persona que la autorice. El argumento de la "bomba de relojería", con el que se trata de justificar un caso excepcional de tortura para extraer información sobre un ataque inminente, es una burda improvisación concebida para manipular el miedo de la opinión pública. No existen casos excepcionales de tortura; la tortura cruza con demasiada facilidad las fronteras de la ley y la moral. Si se utiliza para obtener información, y no simplemente para humillar a una persona o para infundir miedo a la comunidad, dicha información no será digna de crédito y todavía menos de ser utilizada en un juicio justo. La tortura es una injusticia, no un camino hacia la justicia. Es una amenaza para la seguridad a largo plazo, y no una forma de ganar adhesiones.
El último escándalo sobre el uso estadounidense de la tortura ha girado de nuevo en torno a la técnica de waterboarding, que consiste en hacer sentir a la persona que se está ahogando. Michael Mukasey, designado como candidato a fiscal general de Estados Unidos por el presidente Bush y confirmado en el cargo por el Senado el 8 de noviembre de 2007, no quiso dar, en las sesiones de confirmación, una respuesta inequívoca al Comité Judicial del Senado cuando se le preguntó si consideraba que esta técnica era constitutiva de tortura y, por tanto, ilegal. Hace dos años y medio, el entonces candidato a fiscal general, Alberto Gonzales, se mostró también renuente a describir la técnica de waterboarding como tortura.(1) Estas reticencias por parte de las futuras cabezas de los órganos encargados del cumplimiento de la ley de Estados Unidos son indicativas de una enfermedad aún más profunda del sistema.
Si bien son motivo de satisfacción las denuncias públicas de algunas personalidades políticas sobre el waterboarding y otras técnicas y condiciones de reclusión ilegales, no deja de ser cierto que su condena no es, en absoluto, universal. Por ejemplo, cuando en una reunión en Iowa, se preguntó a Rudolph Giuliani, candidato a presidente, si pensaba que la técnica de waterboarding era una forma de tortura, éste respondió que "depende de cómo se haga y de las circunstancias. Depende de quién lo haga".(2) Según informes, otros dos candidatos, Mitt Romney y Fred Thompson, también se han negado a condenar el waterboarding.(3)
Aunque la atención dirigida a esta técnica no debe servir para ocultar otras cuestiones sobre técnicas de interrogatorio y condiciones de reclusión que violan el derecho internacional, ninguna autoridad albergar dudas sobre el hecho de que el waterboarding es una forma de tortura. Además, Estados Unidos considera el "semiahogamiento" constitutivo de tortura cuando se practica en otros países.(4) En ese sentido, resulta instructivo el reciente artículo de un ex abogado militar y actual juez de un tribunal estadounidense, que habla sobre diversas formas de waterboarding:
Puede sumergirse a la víctima en agua, introducírsele agua por la nariz y la boca o verter agua sobre algún material colocado encima de su rostro, de forma que inhale o trague el líquido […] La víctima experimenta lo que se siente al ahogarse: tiene dificultades respiratorias, le invade el pánico, contiene la respiración, traga, vomita, introduce agua en los pulmones y acaba con esa sensación de no poder respirar que experimenta uno cuando le dan un puñetazo en el estómago […] Según las personas que han estudiado los efectos del waterboarding, esta técnica puede causar traumas psicológicos graves, como ataques de pánico, que pueden durar años.(5)
El 8 de noviembre de 2007, Malcolm W. Nance, ex instructor de supervivencia de la armada estadounidense y especialista en servicios de información para la lucha contra el terrorismo, declaró ante los miembros del Congreso que la técnica de waterboarding es una forma de tortura y una herramienta ineficaz para obtener información, ya que las personas sometidas a ella dicen cualquier cosa a fin de que cese la tortura. Él mismo había experimentado la técnica como parte de su instrucción, sensación que describió así:
En mi caso, la técnica fue tan rápida y profesional que no me enteré de nada hasta que empecé a tragar agua por la nariz y la garganta. Luego pasa a la tráquea y empieza el proceso de degradación respiratoria. Es una experiencia angustiosa, que induce al horror y activa instintos frenéticos de supervivencia. Según se desarrollaban los hechos, yo era plenamente consciente de lo que estaba ocurriendo: me estaban torturando.(6)
Aunque la versión revisada del manual de campo del ejército estadounidense sobre interrogatorios, publicada en septiembre de 2006, prohíbe expresamente el empleo del waterboarding al ejército y al personal de otros organismos con sede en edificios controlados por el Pentágono, el Departamento de Defensa había considerado previamente, en el contexto de la "guerra contra el terror", que la técnica estaba "legalmente disponible".(7) Asimismo, un documento militar indicaba que el waterboarding –en concreto, "la utilización de una toalla mojada y chorros de agua para inducir una falsa sensación de asfixia"– era una de las diversas técnicas de interrogatorio utilizadas por "otras agencias del gobierno estadounidense", expresión usual para referirse a la Agencia Central de Inteligencia (CIA).(8) Según datos que han salido a la luz desde entonces, parece claro que se ha utilizado el waterboarding, aunque sólo haya sido contra unos cuantos detenidos, en el programa de detención secreta autorizado por el presidente Bush y llevado a cabo por la CIA en el contexto de la "guerra contra el terror".
En una carta con fecha de 30 de octubre de 2007 a los miembros del Comité Judicial del Senado, el candidato a fiscal general Michael Mukasey reconoce implícitamente la distinción entre el ejército y otros organismos en lo referente a esta cuestión, al señalar que el ejército estadounidense no puede seguir utilizando la técnica de waterboarding "ya que su uso por el ejército violaría claramente la Ley sobre el Trato a los Detenidos"(9) Sin embargo, su carta, con palabras cuidadosamente escogidas, no afirmaba que el waterboarding estuviera prohibido per se en virtud de esta ley de 2005, que prohíbe los tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cualquier detenido bajo custodia estadounidense. Por el contrario, explicaba que "el Congreso estableció específicamente en virtud de la Ley sobre el Trato a los Detenidos" que ninguna persona detenida por el Departamento de Defensa o en una instalación del Departamento de Defensa podía ser sometida a ninguna técnica de interrogatorio que no estuviera "autorizada e incluida" en el manual de campo del ejército (Ley sobre el Trato a los Detenidos, artículo 1002.a). A continuación, añadía que "en ausencia de legislación que prohíba expresamente ciertas técnicas de interrogatorio en todas las circunstancias, deberá considerarse si la técnica en cuestión cumple las normas legales pertinentes". Según este planteamiento, puede ponerse en duda si la técnica de waterboarding "sería constitutiva de tortura o trato cruel, inhumano o degradante" en todas las circunstancias, por ejemplo, cuando la CIA la utiliza en instalaciones que no están controladas por el Pentágono.
Esto supone un considerable retroceso. Hace seis decenios, Estados Unidos consideraba el waterboarding un crimen de guerra.(10) Hoy día no sólo ha pasado a formar parte del instrumental de la CIA, sino que el Congreso y el gobierno han colaborado para facilitar la impunidad de quienes han autorizado o empleado esta técnica u otras que violan el derecho internacional, ya sea de forma aislada o en combinación con otras. Por ejemplo, el artículo 1004 de la Ley sobre el Trato a los Detenidos establece un tipo de eximente por "buena fe" frente a la responsabilidad civil y penal del personal estadounidense que haya tomado parte en torturas u otros malos tratos utilizando técnicas de interrogatorio o condiciones de reclusión oficialmente autorizadas. Al promulgar la Ley sobre el Trato a los Detenidos, el presidente Bush hizo hincapié en que "refuerza la protección ante posibles responsabilidades de las personas que participan en formas de interrogatorio o reclusión de terroristas debidamente autorizadas".(11) En su carta al Comité Judicial del Senado, Michael Mukasey manifestaba que era reticente a debatir sobre "técnicas de interrogatorio coercitivas", entre otras razones, porque no tenía acceso a información clasificada –las técnicas "mejoradas" de interrogatorio de la CIA siguen clasificadas con el máximo grado de confidencialidad– y no quería que los interrogadores interpretaran una "declaración desinformada" suya como una amenaza de posibles responsabilidades penales por conductas presentes o pasadas autorizadas por el Departamento de Justicia.
El asesoramiento del Departamento de Justicia a la CIA sobre la cuestión de los interrogatorios se ha materializado en una serie de memorandos jurídicos, algunos de los cuales también están clasificados.(12) En una declaración de 2005, en la que afirmaba que sus agentes "no torturan" (pero guardaba silencio sobre su participación o no en tratos crueles, inhumanos o degradantes), la CIA aseguró que sus políticas sobre interrogatorio "siempre se han basado en el asesoramiento legal del Departamento de Justicia. Si una persona viola esa política, deberá rendir cuentas por ello".(13) La ausencia de procesamientos de personal de la CIA, a pesar de la existencia de pruebas de actividad delictiva, indica que la interpretación que hace Estados Unidos de sus obligaciones legales está muy alejada de lo establecido por el derecho internacional o que la política estadounidense prácticamente concede inmunidad judicial a personas que violan los derechos humanos.
Por tanto, el próximo fiscal general de Estados Unidos tendrá que enfrentarse a un dilema: mantener el statu quo o garantizar que el asesoramiento del Departamento de Justicia sobre detenciones e interrogatorios se ajuste al derecho internacional y que se enjuicie a todas las personas que, presuntamente, lo hayan violado. En su carta al Comité Judicial del Senado, Michael Mukasey prometía que, de ser confirmado en el cargo, revisaría "todas las técnicas de interrogatorio coercitivas utilizadas actualmente por el gobierno de Estados Unidos, y el razonamiento jurídico por el que se autoriza su empleo, a fin de evaluar su legalidad. Si, tras dicha revisión, concluyo que alguna de las técnicas es ilegal, no dudaré en informar de ello al presidente y revocaré o corregiré las opiniones jurídicas del Departamento de Justicia que respalden su uso".
Este limitado compromiso se ha recibido con satisfacción, a pesar de que no mencione la cuestión de la rendición de cuentas por abusos cometidos en el pasado, incluidos los delitos de tortura y desaparición forzada, recogidos en el derecho internacional. No obstante, no es conveniente dejarse llevar por el optimismo sobre futuros avances y olvidar la interpretación que Estados Unidos ha hecho de sus obligaciones jurídicas en el pasado. Por ejemplo, el derecho internacional prohíbe claramente la detención secreta y, sin embargo, Estados Unidos sostiene que su programa de detención secreta, aprobado por la CIA y por letrados del Departamento de Justicia, es legal. Además, las políticas del gobierno en el contexto de la "guerra contra el terror" no surgieron de la nada. Por ejemplo, la política de "entregas" se basó en prácticas del pasado y en una orden presidencial de 1995. La elección de Guantánamo como emplazamiento para detenidos en el contexto de la "guerra contra el terror", lejos de una revisión judicial independiente y significativa, se debe a una interpretación del Departamento de Defensa sobre la jurisprudencia estadounidense. En manuales desclasificados de la CIA para formar interrogadores de las décadas de 1960 y 1980 se describen "técnicas coercitivas" que son fiel reflejo de las técnicas de "estrés y padecimiento" autorizadas en la "guerra contra el terror". Mucho antes del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos ya había adoptado un planteamiento "a la carta" con respecto al derecho internacional. La actitud del gobierno en relación con el derecho internacional en el contexto de la "guerra contra el terror", incluida su interpretación selectiva de los Convenios de Ginebra, se ha fraguado al amparo de la ya existente reticencia de Estados Unidos a aplicarse a sí mismo las normas que, con tanta frecuencia, espera que cumplan otros países.
Algunos senadores se han mostrado, con razón, muy preocupados por la evasiva de Michael Mukasey sobre la cuestión del waterboarding. Sin embargo, tras haberlo confirmado el 8 de noviembre de 2007 como octogésimo primer fiscal general de Estados Unidos, con 53 votos a favor y 40 en contra, todos los senadores deben reconocer que el Senado es, en parte, responsable de la situación de Estados Unidos con respecto a la tortura y los malos tratos. Cuando Estados Unidos, con asesoramiento y autorización del Senado, ratificó la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en octubre de 1994, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos dos años antes, impuso la condición de que la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes recogida en dichos tratados se aplicara sólo a los ya prohibidos en virtud de la Constitución estadounidense.(14) Como Michael Mukasey señala en su carta al Comité Judicial, de conformidad con la jurisprudencia de Estados Unidos se prohíbe toda conducta que "conmocione la conciencia". Sin embargo, la conducta "que conmociona en un contexto puede no resultar tan patentemente atroz en otro" por lo que se impone un "minucioso análisis de las circunstancias antes de condenar cualquier abuso de poder debido a que conmociona la conciencia".(15)
Se deja, así, abierta la puerta a una escala variable de legalidad en relación con los actos constitutivos de tortura u otros malos tratos contra detenidos considerados por sus captores estadounidenses, por encima de todo, fuentes potenciales de información. Cuanto mayor sea el valor atribuido a la información que se afirma que posee un detenido, más se podrán utilizar las técnicas de interrogatorio "mejoradas" en su contra, y menos se considerará que "conmociona la conciencia" el trato que se le aplica. Como dijo al parecer Peter King en septiembre de 2006, en calidad de presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, "si mañana capturamos a Bin Laden y tenemos que meterle la cabeza en agua para averiguar cuándo va a tener lugar el próximo atentado, debemos tener carta blanca para ello".(16) Al mes siguiente, el vicepresidente Cheney refrendó, aparentemente, el uso de la técnica de waterboarding contra detenidos de "alto valor".(17) A los detenidos de Guantánamo considerados de "alto valor" se los seleccionaba para "planes especiales de interrogatorio" autorizados por el ex secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en los que se los sometía a torturas y a otros malos tratos. Sin embargo, el Pentágono siguió aprobando los interrogatorios, incluso después de que se revelaran datos al respecto, y enfatizando sus argumentos sobre el valor de la información obtenida.(18)
El 8 de noviembre de 2007, Steven Kleinman, coronel de la Fuerza Aérea estadounidense, alto cargo de los servicios de información e interrogador militar, presentó una declaración ante los miembros del Congreso, que celebraban una audiencia de supervisión sobre la "eficacia y las consecuencias de las técnicas ‘mejoradas’ de interrogatorio". En ella manifestaba lo siguiente:
[…] Muchos estadounidenses, comprensiblemente furiosos, y en busca de alguna forma de venganza tras los atroces atentados del 11 de septiembre, han sido presas de la teoría según la cual es necesario emplear presiones físicas, psicológicas y emocionales excesivas para obligar a los terroristas o insurgentes a responder a las preguntas del interrogador. Es más, con demasiada frecuencia se considera esta forma de interrogatorio un medio inevitable y adecuado de castigo que los detenidos merecen por sus execrables actos. Estas convicciones son erróneas. […] La coerción es decididamente ineficaz. Los métodos de interrogatorio coercitivos son completamente contraproducentes para conseguir la colaboración y el apoyo de los detenidos e incluso, me atrevería a añadir, el de las poblaciones de las que proceden. Por el contrario, los métodos coercitivos dan lugar, casi invariablemente, a lo que tal vez sea la forma más cruel de degradación que un ser humano puede infligir a otro: la humillación. La humillación es el fruto inevitable de cualquier forma de tortura.(19)
La Convención contra la Tortura, que entró en vigor hace 20 años, nació por el deseo de la comunidad internacional de "hacer más eficaz la lucha contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en todo el mundo".(20) Durante los últimos años, Estados Unidos ha socavado esa lucha, y ha demostrado estar lejos de ser el paladín de la lucha global contra la tortura que afirma ser. Se necesita un nuevo planteamiento, en el que el respeto por los derechos humanos trascienda la política partidista, que incorpore una vigilancia constante para evitar la erosión de las protecciones contra la tortura y otros malos tratos, que se comprometa con la rendición de cuentas plena de quienes cometan violaciones, y que tenga como elemento nuclear el cumplimiento pleno y permanente de las obligaciones jurídicas internacionales de Estados Unidos. Dicho planteamiento deberá ser aceptado por todo el funcionariado de todas las ramas del gobierno.
SECRETARIADO INTERNACIONAL, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, REINO UNIDO
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España********
(1) Carta abierta a los senadores estadounidenses previa a la votación de la candidatura de Alberto Gonzales para el cargo de fiscal general, Índice AI: AMR 51/031/2005, 1 de febrero de 2005, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510312005
(2) "Giuliani questioned on torture". New York Times, 25 de octubre de 2007.
(3) "3 top Republican candidates take a hard line on the interrogation of detainees". New York Times, 3 de noviembre de 2007.
(4) Véase, por ejemplo, el apartado sobre Sri Lanka de los Informes Anuales por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos de 2006, Departamento de Estado de Estados Unidos, marzo de 2007, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78875.htm.
(5) Cita en "Waterboarding used to be a crime", Evan Wallach, Washington Post, 4 de noviembre de 2007. Evan Wallach es juez de la Corte de Comercio Internacional de Nueva York.
(6) Cita en "Waterboarding is torture, says ex-Navy Instructor", Washington Post, 9 de noviembre de 2007.
(7) Counter-resistance techniques, memorando de acción de William J. Haynes, asesor general del Departamento de Defensa, 27 de noviembre de 2002.
(8) Request for approval of counter-resistance strategies, Jerald Phifer, teniente coronel, Estados Unidos, Director, J2. Memorando para el comandante de la Fuerza Especial Conjunta 170, Bahía de Guantánamo, Cuba, 11 de octubre de 2002.
(9) La negrita es añadida.
(10) "Waterboarding historically controversial". Washington Post, 5 de octubre de 2006 ("[…] En 1947, Estados Unidos acusó a Yukio Asano, oficial del ejército japonés, de crímenes de guerra por haber practicado otra forma de waterboarding contra un civil estadounidense. La técnica empleada consistió en atar a la persona a una camilla inclinada, de forma que los pies quedaban en el aire y la cabeza cerca del suelo, y verterle en la cara pequeñas cantidades de agua, lo que dificultaba su respiración, hasta que accedió a hablar").
(11) Declaración, 30 de diciembre de 2005, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/20051230-9.html.
(12) Véase Estados Unidos de América. Ley y desorden ejecutivo: El presidente da vía libre al programa de detención secreta, agosto de 2007, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511352007 .
(13) Declaración de la directora de Asuntos Públicos de la CIA, 18 de marzo de 2005,
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/press-release-archive-2005/pr03182005.html.
(14) Los organismos de la ONU encargados de supervisar la aplicación de estos tratados (el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos) han instado a Estados Unidos a retirar estas reservas (las reservas incompatibles con el objeto y el fin de un tratado violan el derecho internacional, artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). No obstante, el gobierno estadounidense sigue invocando las reservas. Por ejemplo, en su reciente respuesta al Comité contra la Tortura sobre la reclusión sin posibilidad de libertad condicional de personas menores de 18 años en Estados Unidos, en la que desestimaba las dudas del Comité sobre la posibilidad de que dichas penas pudieran ser constitutivas de malos tratos, el gobierno invocó la reserva de Estados Unidos al artículo 16 de la Convención contra la Tortura. Dado que los tribunales estadounidenses han "fallado que la imposición de penas de cadena perpetua a menores no viola la Constitución de Estados Unidos", el gobierno afirmó que "dichas penas no violan las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de la Convención con respecto a los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes" Doc. ONU: CAT/C/USA/CO/2/Add. 1, 6 de noviembre de 2007. Traducción de AI.
(15) Rochin v. California 342 U.S. 165 (1952) y Sacramento v. Lewis, 523 U.S. 833 (1998). Para más información en torno a esta cuestión, véase Ley y desorden ejecutivo, ibíd.
(16) "An unexpected collision over detainees", New York Times, 15 de septiembre de 2006.
(17) Periodista: "He recibido llamadas de personas que me dicen: ‘comunique al vicepresidente que si hace falta sumergir a un terrorista en agua, todos estamos a favor de que se haga si eso salva vidas estadounidenses’. De todos modos, este debate parece un poco absurdo dada la amenaza a la que nos enfrentamos, ¿no le parece?" Vicepresidente: "Sí, estoy de acuerdo […]" Periodista: "¿Diría usted que un chapuzón en el agua es una nimiedad si puede salvar vidas?" Vicepresidente: "En mi opinión, es una nimiedad […]" Entrevista de Scott Hennen al vicepresidente en la emisora de radio WDAY, durante "Radio Day", en la Casa Blanca, 24 de octubre de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061024-7.html.
(18) Véase, por ejemplo, ¿Entrega – tortura – juicio? El caso del detenido de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, AMR 51/149/2006, septiembre de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511492006. Véase también Guantanamo provides valuable intelligence information. Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 12 de junio de 2005, http://www.defenselink.mil/Releases/Release.aspx?ReleaseID=8583.
(19) Steven M. Kleinman, coronel de la Fuerza Aérea estadounidense, declaración ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Subcomité sobre la Constitución, los Derechos Civiles y las Libertades Civiles, 8 de noviembre de 2007, http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Kleinman071108.pdf.
(20) Preámbulo, Convención contra la Tortura (el tratado entró en vigor el 26 de junio de 1987, 30 días después de la adhesión del vigésimo país). En la actualidad, 145 países son Estados Partes en la Convención.
Traducción de Editorial Amnistía Internacional (EDAI), España********
(1) Carta abierta a los senadores estadounidenses previa a la votación de la candidatura de Alberto Gonzales para el cargo de fiscal general, Índice AI: AMR 51/031/2005, 1 de febrero de 2005, http://web.amnesty.org/library/index/eslamr510312005
(2) "Giuliani questioned on torture". New York Times, 25 de octubre de 2007.
(3) "3 top Republican candidates take a hard line on the interrogation of detainees". New York Times, 3 de noviembre de 2007.
(4) Véase, por ejemplo, el apartado sobre Sri Lanka de los Informes Anuales por Países sobre Prácticas de Derechos Humanos de 2006, Departamento de Estado de Estados Unidos, marzo de 2007, http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2006/78875.htm.
(5) Cita en "Waterboarding used to be a crime", Evan Wallach, Washington Post, 4 de noviembre de 2007. Evan Wallach es juez de la Corte de Comercio Internacional de Nueva York.
(6) Cita en "Waterboarding is torture, says ex-Navy Instructor", Washington Post, 9 de noviembre de 2007.
(7) Counter-resistance techniques, memorando de acción de William J. Haynes, asesor general del Departamento de Defensa, 27 de noviembre de 2002.
(8) Request for approval of counter-resistance strategies, Jerald Phifer, teniente coronel, Estados Unidos, Director, J2. Memorando para el comandante de la Fuerza Especial Conjunta 170, Bahía de Guantánamo, Cuba, 11 de octubre de 2002.
(9) La negrita es añadida.
(10) "Waterboarding historically controversial". Washington Post, 5 de octubre de 2006 ("[…] En 1947, Estados Unidos acusó a Yukio Asano, oficial del ejército japonés, de crímenes de guerra por haber practicado otra forma de waterboarding contra un civil estadounidense. La técnica empleada consistió en atar a la persona a una camilla inclinada, de forma que los pies quedaban en el aire y la cabeza cerca del suelo, y verterle en la cara pequeñas cantidades de agua, lo que dificultaba su respiración, hasta que accedió a hablar").
(11) Declaración, 30 de diciembre de 2005, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/12/20051230-9.html.
(12) Véase Estados Unidos de América. Ley y desorden ejecutivo: El presidente da vía libre al programa de detención secreta, agosto de 2007, http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR511352007 .
(13) Declaración de la directora de Asuntos Públicos de la CIA, 18 de marzo de 2005,
https://www.cia.gov/news-information/press-releases-statements/press-release-archive-2005/pr03182005.html.
(14) Los organismos de la ONU encargados de supervisar la aplicación de estos tratados (el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos) han instado a Estados Unidos a retirar estas reservas (las reservas incompatibles con el objeto y el fin de un tratado violan el derecho internacional, artículo 19 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados). No obstante, el gobierno estadounidense sigue invocando las reservas. Por ejemplo, en su reciente respuesta al Comité contra la Tortura sobre la reclusión sin posibilidad de libertad condicional de personas menores de 18 años en Estados Unidos, en la que desestimaba las dudas del Comité sobre la posibilidad de que dichas penas pudieran ser constitutivas de malos tratos, el gobierno invocó la reserva de Estados Unidos al artículo 16 de la Convención contra la Tortura. Dado que los tribunales estadounidenses han "fallado que la imposición de penas de cadena perpetua a menores no viola la Constitución de Estados Unidos", el gobierno afirmó que "dichas penas no violan las obligaciones contraídas por Estados Unidos en virtud de la Convención con respecto a los tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes" Doc. ONU: CAT/C/USA/CO/2/Add. 1, 6 de noviembre de 2007. Traducción de AI.
(15) Rochin v. California 342 U.S. 165 (1952) y Sacramento v. Lewis, 523 U.S. 833 (1998). Para más información en torno a esta cuestión, véase Ley y desorden ejecutivo, ibíd.
(16) "An unexpected collision over detainees", New York Times, 15 de septiembre de 2006.
(17) Periodista: "He recibido llamadas de personas que me dicen: ‘comunique al vicepresidente que si hace falta sumergir a un terrorista en agua, todos estamos a favor de que se haga si eso salva vidas estadounidenses’. De todos modos, este debate parece un poco absurdo dada la amenaza a la que nos enfrentamos, ¿no le parece?" Vicepresidente: "Sí, estoy de acuerdo […]" Periodista: "¿Diría usted que un chapuzón en el agua es una nimiedad si puede salvar vidas?" Vicepresidente: "En mi opinión, es una nimiedad […]" Entrevista de Scott Hennen al vicepresidente en la emisora de radio WDAY, durante "Radio Day", en la Casa Blanca, 24 de octubre de 2006, http://www.whitehouse.gov/news/releases/2006/10/20061024-7.html.
(18) Véase, por ejemplo, ¿Entrega – tortura – juicio? El caso del detenido de Guantánamo Mohamedou Ould Slahi, AMR 51/149/2006, septiembre de 2006, http://web.amnesty.org/library/index/eslAMR511492006. Véase también Guantanamo provides valuable intelligence information. Comunicado de prensa del Departamento de Defensa, 12 de junio de 2005, http://www.defenselink.mil/Releases/Release.aspx?ReleaseID=8583.
(19) Steven M. Kleinman, coronel de la Fuerza Aérea estadounidense, declaración ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Subcomité sobre la Constitución, los Derechos Civiles y las Libertades Civiles, 8 de noviembre de 2007, http://judiciary.house.gov/media/pdfs/Kleinman071108.pdf.
(20) Preámbulo, Convención contra la Tortura (el tratado entró en vigor el 26 de junio de 1987, 30 días después de la adhesión del vigésimo país). En la actualidad, 145 países son Estados Partes en la Convención.
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