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AMÉRICA SUDAMÉRICA COLOMBIA
| Índice AI: | de octubre de |
Llamada Internacional
Yemen
Llamamiento al presidente para que conmute dos penas de muerte
Fuad ‘ Ali Mohsen al-Shahari (izquierda) y Hammoud Murshid Hassan Ahmad (derecha) –que probablemente es un preso de conciencia– fueron condenados a muerte tras juicios injustos. Amnistía Internacional ha hecho un llamamiento al presidente de Yemen para que conmute sus penas y ponga en libertad a Hammoud Murshid Hassan Ahmad inmediatamente, si se trata de un preso de conciencia. El presidente concede indultos para conmemorar el fin del ramadán, que este año se celebra a comienzos de noviembre.
Fuad al-Shahari fue detenido en mayo de 1996 y pasó aproximadamente un mes recluido en régimen de incomunicación. Durante ese periodo, presuntamente lo torturaron y maltrataron hasta que se confesó culpable del asesinato de un capitán del Departamento de Seguridad Política. Lo condenaron a muerte en noviembre de 1996. La condena fue confirmada por el Tribunal de Apelación y por el Tribunal Supremo. En agosto de 2004, tras una persistente campaña de Amnistía Internacional, el presidente de Yemen ordenó al parecer al fiscal general que se revisara el caso de Fuad al-Shahari. Sin embargo, más de un año después, todavía no hay más información sobre su suerte, y continúa en peligro inminente de ejecución.
Hammoud Murshid Hassan Ahmad fue detenido sin orden judicial en julio de 1994, en relación con un asesinato que al parecer había tenido lugar 12 años antes, cuando era capitán en el ejército de la ex República Democrática Popular de Yemen. Lo condenaron a muerte en agosto de 1995, sin que contara con la asistencia de un abogado. No se tuvieron en cuenta las pruebas de que se hallaba fuera del país en el momento del asesinato. La condena fue reducida por el Tribunal Supremo en mayo de 2003 a 12 años de prisión y el pago de una diya (que también se conoce como "dinero de sangre", y se paga a la familia de la víctima) de 13.000 dólares estadounidenses. Ni él ni su familia están en condiciones de pagar la diya y, si no la pagan, se podría volver a imponer la pena de muerte. Amnistía Internacional cree que la acusación contra Hammoud Hassan respondió a motivos políticos, y que puede ser un preso de conciencia.
Escriban cartas instando al presidente a conmutar las penas de muerte impuestas a Fuad’ Ali Mohsen al-Shahari y Hammoud Murshid Hassan Ahmad, y a poner en libertad a éste último, si se trata de un preso de conciencia.
Envíen sus llamamientos a: His Excellency General ‘Ali Abdullah Saleh, President of the Republic of Yemen, Sana’a, Yemen. Fax: +967 127 4147.
Guinea
Ejecuciones inminentes
El comerciante de diamantes Malick Condé y un agente de policía, Cléophace Lamah, fueron declarados culpables de asesinato y condenados a muerte el 26 de agosto por el Juzgado de lo Penal de Conakry. Uno de los abogados defensores declaró que los dos harían uso de su derecho de apelación ante un tribunal de segunda instancia. Si la apelación judicial fuese rechazada, pedirían el indulto al presidente. Amnistía Internacional teme que las penas sean confirmadas, en cuyo caso, Condé y Lamah podrían ser ejecutados en cualquier momento.
Los habían juzgado junto con otras dos personas, que fueron condenadas a cuatro años de prisión. Los cuatro habían sido detenidos en octubre de 2000 y acusados de asesinato.
En una conferencia de prensa que tuvo lugar a comienzos de agosto, Ousmane Camara, ministro de Seguridad, rodeado de jefes de policía de Guinea, declaró que su departamento sería implacable, y que quienquiera que matase deliberadamente sería a su vez ejecutado. Manifestó: "Guinea no debe ser refugio de bandidos, [...] en adelante se aplicarán a los delincuentes que cometan asesinatos castigos que irán desde cadena perpetua a eliminación física [...] La pena de muerte existe en Guinea, y el ministro de Justicia y yo estamos totalmente de acuerdo."
Una amplia variedad de delitos, incluido el asesinato, conllevan la pena de muerte preceptiva en Guinea. La ejecución es por pelotón de fusilamiento. En 2001 siete personas fueron fusiladas cuando se reanudaron las ejecuciones, que no se habían llevado a cabo desde 1984.
Escriban cartas pidiendo que se conmuten las penas de muerte impuestas a Malick Condé y Cléophace Lamah. Exhorten al gobierno a declarar una suspensión de las ejecuciones y a tomar medidas que lleven hacia la abolición de la pena de muerte, de acuerdo con la tendencia mundial a abolir este castigo, la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante.
Envíen sus llamamientos a : Mamadou Sylla, Ministre de la Justice, Ministère de la Justice, face à l’Immeuble La Paternelle, Conakry, Guinea. Fax : +244 41 16 17.
República Democrática del Congo
Adolescente condenado a muerte
En mayo de 2003, un tribunal militar de la República Democrática del Congo condenó a muerte en Goma, localidad del este del país, al agente de policía Isongo Zabenge, que a la sazón tenía 16 años y era, por tanto, menor de edad.
Isongo, junto con un adulto, trató de robar a un soldado a punta de pistola. El tribunal lo declaró culpable de robo a mano armada y de asesinato. Esta sentencia fue ilegal en virtud de la legislación nacional, ya que según el Código Penal Militar de la República Democrática del Congo, la justicia y jurisdicción militares no son aplicables a los menores de 18 años.
Isongo Zabenge se encuentra recluido en la Cárcel Central Munzenze, en Goma. Las condiciones de reclusión son extremadamente duras, e incluso constituyen un peligro para la vida. Los presos y los detenidos preventivos pasan días, y hasta semanas enteras, sin comida.
En la República Democrática del Congo no se han llevado a cabo ejecuciones desde enero de 2003, a pesar de que se siguen dictando condenas a muerte con regularidad. En 1999 se introdujo una suspensión nacional de la pena de muerte, pero fue cancelada en septiembre de 2002, al tiempo que terminaba el juicio de los individuos acusados de participar en el asesinato del ex presidente Laurent-Désiré Kabila y tras el descubrimiento de otro presunto complot para asesinar a su hijo, el presidente Joseph Kabila.
Escriban cartas pidiendo la anulación de la pena de muerte impuesta a Isongo Zabenge, agente de policía menor de edad, ya que sólo tenía 16 años en el momento de cometerse el delito y de ser juzgado. Insten al gobierno a suspender de nuevo la ejecución e imposición de la pena de muerte y a firmar y ratificar el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como compromisos orientados hacia la abolición de la pena de muerte, de acuerdo con la tendencia mundial a abolir este castigo, la máxima expresión de pena cruel, inhumana y degradante.
Envíen sus llamamientos a: M. Honorius Ksimba Ngoy, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Ministère de la Justice, Place de l’Indépendance, Kinshasa Gombe, República Democrática del Congo. Correo electrónico: minjustrdc@yahoo.fr
Sudán
Menor en peligro de ejecución
Nagmeldin Abdallah, de 17 años, puede ser ejecutado en cualquier momento. Lo condenaron por el asesinato de un comerciante en la ciudad de Al-Damazin, estado del Nilo Azul, en el este de Sudán. Cuando lo detuvieron y lo acusaron de asesinato, en mayo de 2003, tenía 15 años.
Nagmeldin Abdallah fue juzgado por el tribunal penal de Al-Damazin. No dispuso de un abogado en el momento del juicio debido a que su familia no podía costearlo. Más tarde obtuvo asistencia letrada y su abogado ha presentado recientemente un recurso de apelación ante el Tribunal Constitucional. Nagmeldin Abdallah se encuentra actualmente recluido en la prisión de Port-Sudan, en el este del país, aguardando la decisión del Tribunal.
La nueva Constitución Provisional de Sudán, ratificada en julio, no abolió la pena de muerte en el país, en particular en lo que se refiere a los menores de 18 años. La Constitución dispone que: "No se impondrá la pena de muerte a personas menores de 18 años de edad o a personas que hayan alcanzado la edad de 70 años, excepto en casos de desagravio o de hudud". Con esta última excepción la primera salvaguardia se vuelve poco menos que inútil, ya que los delitos hudud incluyen el asesinato y el robo por encima de cierto monto. Esta disposición es incompatible con las obligaciones internacionales contraídas por Sudán, que prohíben la ejecución de menores.
No existe un registro oficial de ejecuciones o de condenados a muerte en espera de ejecución en Sudán. Sin embargo, todos los años Amnistía Internacional recibe información sobre personas condenadas a muerte, a menudo tras juicios injustos, por delitos cometidos cuando eran menores de 18 años.
Escriban cartas instando a las autoridades a que anulen la pena de muerte impuesta a Nagmeldin Abdallah y a que conmuten todas las penas de muerte dictadas contra menores, de acuerdo con las obligaciones contraídas por Sudán en virtud del derecho internacional. Pidan que la Constitución Provisional de Sudán y el Código Penal sudanés sean enmendados para impedir que pueda imponerse la pena de muerte.
Envíen sus llamamientos a: Lieutenant-General Omar Hassan Ahmad al-Basir, President of the Republic of Sudan, President’s Palace, PO Box 281, Khartoum, Sudán. Fax: +249183 779977.
Actualizaciones
Quedan en libertad prisioneros de guerra marroquíes
El 18 de agosto quedaron en libertad 404 prisioneros de guerra marroquíes que habían estado en poder del Frente Polisario durante bastante más de dos decenios. Estas personas habían continuado privadas de libertad durante casi 14 años después del cese de las hostilidades armadas entre Marruecos y el Frente Polisario. Amnistía Internacional había pedido repetidas veces la puesta en libertad de estos prisioneros.
En el contexto de este conflicto, y según la información disponible, unos 250 marroquíes siguen "en paradero desconocido". También se desconoce el paradero de cientos de saharauis que "desaparecieron" a manos de las fuerzas de seguridad marroquíes, principalmente en los años setenta.
Suspensión de ejecución en Uzbekistán
Se ha suspendido la ejecución de Iskandar Khudaiberganov (también conocido como Khudoberganov) tras llamamientos de Amnistía Internacional y otras organizaciones como Madres contra la Pena de Muerte y la Tortura en Uzbekistán. Iskandar ha enviado saludos desde la prisión por intermedio de su hermana, Dilobar Khudaiberganova, que ha hecho campaña incansablemente en su favor. Agradeció las acciones que se realizaron para apoyar su causa y manifestó que incluso los funcionarios de la prisión conocían la campaña de Amnistía Internacional. Como resultado de esa campaña, las condiciones de encarcelamiento han mejorado y ahora, según los informes recibidos, los condenados a muerte pueden hacer ejercicio al aire libre 30 minutos al día.
Sin embargo, el estado de salud de Iskandar Khudaiberganov es muy precario. Mientras esperaba la ejecución contrajo tuberculosis. Su hermana dijo a Amnistía Internacional en agosto: "Le llevamos medicinas, pero no sirve de nada porque en su celda el aire está viciado, y necesitaría buenos alimentos para recuperar la salud pero la comida que les dan a los condenados a muerte es terrible."
Como consecuencia de la presión generada por la campaña de Amnistía Internacional contra la pena de muerte en Uzbekistán, el presidente Islam Karimov promulgó el 1 de agosto un decreto ley en virtud del cual la pena de muerte queda abolida a partir del 1 de enero de 2008. Amnistía Internacional pide ahora a las autoridades que conmuten inmediatamente todas las penas de muerte y suspendan la imposición de esta pena. AI continúa instando a las autoridades a abandonar el secretismo que rodea la aplicación de la pena de muerte. La organización ha pedido, por ejemplo, que revelen a los familiares de los presos ejecutados el lugar donde sus seres queridos están sepultados y que se publiquen estadísticas completas sobre la aplicación de la pena de muerte en Uzbekistán.
Véanse Llamada Internacional, de octubre de 2004, y The Wire, de noviembre de 2004.
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