África
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África: perspectiva general 2003
Conflictos armados
Las fuerzas gubernamentales y los grupos armados de oposición cometieron frecuentes abusos contra los derechos humanos en el curso de conflictos como los que se libraban en Burundi, Costa de Marfil, Liberia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán y Uganda. Entre esos abusos se encontraban el reclutamiento y el uso de niños como combatientes y esclavos sexuales.
En la zona oriental de la República Democrática del Congo, y especialmente en el distrito de Ituri, los enfrentamientos entre grupos étnicos armados respaldados por fuerzas extranjeras como las de Ruanda y Uganda se cobraron la vida de decenas de miles de personas. Hombres, mujeres y niños fueron masacrados, violados y mutilados de forma indiscriminada, tratados como simples peones en el juego de poderes de quienes se beneficiaban de la explotación —a menudo ilícita— de los recursos naturales que ha alimentado los conflictos durante años. Decenas de miles de personas quedaron desplazadas internamente. En junio, la intervención de una Fuerza Multinacional Provisional de Emergencia bajo los auspicios de la Unión Europea consiguió que mejorara la situación de seguridad en Bunia y sus inmediaciones (en el distrito de Ituri), empresa en la que había fracasado una fuerza desplegada anteriormente por la ONU. Sin embargo, tras la retirada de esta fuerza provisional en septiembre, siguieron cometiéndose graves abusos fuera de las zonas que habían vuelto a quedar bajo el con-trol del contingente de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), al que se había reforzado.
El gobierno provisional constituido en julio en Kinshasa, integrado por representantes del gobierno anterior y dirigentes de los principales grupos armados y no armados de oposición, se enfrentó a las tareas fundamentales de reconstruir las instituciones nacionales —a fin de garantizar, entre otras cosas, la efectividad e independencia del poder judicial y la credibilidad del sistema policial— y trabajar en conjunción con el sistema de justicia internacional para poner fin a la impunidad. En octubre, el Grupo de Expertos encargado de examinar la cuestión de la explotación ilegal de los recursos naturales y otras formas de riqueza de la República Democrática del Congo presentó el último de sus cuatro informes al Consejo de Seguridad de la ONU. Varios gobiernos y empresas habían ejercido una presión considerable para que el Grupo de Expertos no repitiera sus recomendaciones anteriores en el sentido de que las actividades que desarrollaban ciertas compañías en la República Democrática del Congo debían ser investigadas por los gobiernos de los países donde esas empresas tenían su sede. Pese a ello, el cuarto informe del Grupo de Expertos volvió a poner de manifiesto la responsabilidad que cabía a las empresas por la crisis humanitaria y de derechos humanos que afectaba a la zona oriental del país.
En junio, el Tribunal Especial para Sierra Leona dictó acta de acusación por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad contra Charles Taylor, entonces presidente de Liberia. Era la primera vez que se tomaba una medida de tal magnitud contra un jefe de Estado africano en ejercicio de sus funciones. En agosto, ante la creciente presión de la comunidad internacional y la intensificación del conflicto en Liberia, Charles Taylor se vio obligado a dimitir. El conflicto, especialmente a principios del año, se cobró la vida de millares de personas y dio lugar a un elevado número de actos de violencia sexual contra mujeres y niñas, así como a desplazamientos masivos de la población dentro de Liberia y hacia Costa de Marfil, Guinea y Sierra Leona. El gobierno nigeriano dio refugio a Charles Taylor, ofreciéndole garantías implícitas de que no sería enjuiciado en Nigeria ni entregado al Tribunal Especial. Amnistía Internacional protestó enérgicamente por el hecho de que las autoridades nigerianas hubieran violado las obligaciones que les imponía el derecho internacional, pero los llamamientos para que se entregara a Taylor al Tribunal Especial o se iniciara una investigación con vistas a determinar si los tribunales nigerianos debían iniciar actuaciones penales o un proceso de extradición contra Taylor fueron ignorados.
La dimisión y partida de Charles Taylor contribuyó a la estabilización de la situación en la vecina Costa de Marfil. No obstante, continuaron presentándose obstáculos para la aplicación del acuerdo de reparto de poder en ese país, suscrito en enero en Linas-Marcoussis, Francia, y respaldado por el secretario general de la ONU. No se hicieron avances en la investigación de numerosas denuncias de abusos contra los derechos humanos imputados a todas las partes beligerantes.
En otros lugares del continente se registraron algunos progresos en el ámbito de la resolución de conflictos. En Burundi se formó en noviembre un nuevo gobierno constituido por varias de las partes en pugna, y en Sudán se suscribió en septiembre un acuerdo sobre medidas de seguridad entre el gobierno y el grupo de oposición Ejército de Liberación Popular de Sudán. No obstante, las fuerzas gubernamentales y los grupos armados dieron muerte a decenas de civiles en Burundi, y en Sudán el conflicto que se libraba en la provincia occidental de Darfur segó centenares de vidas y provocó el desplazamiento interno de cientos de miles de personas.
En la República Centroafricana, en marzo, un golpe de Estado en el que participaron grupos armados de la vecina República Democrática del Congo provocó la intervención de soldados de Chad y tropas de apoyo logístico de Francia. Según los informes recibidos, varias de las partes implicadas en el golpe de Estado cometieron numerosas ejecuciones extrajudiciales y actos generalizados de violencia sexual. En Uganda, una iniciativa militar del gobierno contra el grupo armado Ejército de Resistencia del Señor condujo a la intensificación del conflicto que afectaba a la zona norte del país. El Ejército de Resistencia del Señor siguió secuestrando a niños para abusar de ellos como combatientes y esclavos sexuales.
Inseguridad económica y denegación de derechos
Para muchos habitantes de la región, la pobreza generalizada, las elevadas tasas de analfabetismo y la desigualdad en la distribución de la riqueza siguieron constituyendo un enorme obstáculo para el acceso a la justicia, la educación, la salud y un nivel de vida adecuado. Tanto las rivalidades políticas —acompañadas de la lucha violenta por el poder y los recursos— como la discriminación llevaron a la exclusión económica y política de grandes sectores de la población del continente, incluidos los jóvenes. Pese a las frecuentes declaraciones de buena voluntad y a algunas importantes iniciativas regionales para el fomento de la inversión nacional e internacional, como las propiciadas por la Nueva Asociación para el Desarrollo de África, la mayoría de los gobiernos faltaron a sus promesas, lo que dio lugar a que los sectores más marginados y vulnerables de la sociedad perdieran a un ritmo vertiginoso la oportunidad de acceder a los niveles de vida más básicos.
África siguió registrando el índice regional más elevado de afectados por el VIH/sida de todo el mundo. En algunos países, cerca del 40 por ciento de la población estaba infectada, lo que amenazaba con provocar un grado catastrófico de sufrimiento y muertes y hacía peligrar la capacidad de la sociedad para desarrollarse de una manera sostenible. Aunque se realizaron algunos avances a lo largo del año, la mayoría de los Estados y la comunidad internacional continuaron sin cumplir con su responsabilidad para con los afectados por el VIH/sida en África al no garantizar que los más vulnerables tuvieran acceso a medicamentos y tratamientos antirretrovirales, que también pueden prevenir la transmisión del virus de madres a hijos.
Violencia contra las mujeres
En general, la violencia contra las mujeres siguió percibiéndose como un hecho socialmente aceptable, y fue frecuente que a las mujeres se les denegaran abiertamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Este hecho afectó gravemente la capacidad de las mujeres de disfrutar de sus derechos sexuales y reproductivos y de obtener resarcimiento por los abusos cometidos contra sus derechos. La posición relativamente más débil de la mujer en la negociación de prácticas sexuales seguras y su mayor vulnerabilidad a la violencia sexual supuso un índice de infección de VIH/sida más elevado entre las mujeres que entre los hombres de la misma edad.
Las mujeres se enfrentaron a la discriminación en la ley y en las prácticas administrativas. Por ejemplo, continuaron imperando normas especiales sobre las pruebas en casos de “delitos” sexuales como la zina (relaciones sexuales extramatrimoniales entre personas que han alcanzado la edad del consentimiento sexual), y en algunos estados de Nigeria se dictaron cargos de homicidio culposo en casos de aborto espontáneo o provocado. Como consecuencia, las mujeres, especialmente aquellas con un historial de privación económica y escasa educación formal, tenían más probabilidades que los hombres de ser declaradas culpables y condenadas a muerte o a otros castigos crueles, inhumanos o degradantes por algunos delitos.
Las mujeres y las niñas siguieron siendo el grupo social más expuesto a abusos durante los conflictos armados y los desplazamientos internos y de refugiados, y fueron objeto de violación y otras formas de violencia sexual a manos de las distintas partes en conflicto en Burundi, Costa de Marfil, Liberia, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Sudán, Uganda y otros países.
Los derechos humanos de las mujeres se vieron aún más erosionados por la inacción del Estado a la hora de brindarles una verdadera protección contra la violencia sexual de índole meramente delictiva o de ofrecer apoyo a las supervivientes de la violencia. En países como Sudáfrica y Suazilandia, esta situación fue en gran parte fruto de las deficiencias del marco institucional y las prácticas de los encargados de hacer cumplir la ley y administrar el proceso judicial. En Senegal, las mujeres también afrontaron graves impedimentos para obtener asistencia médica adecuada y resarcimiento por los abusos cometidos contra ellas y sus familiares cercanos durante el conflicto que venía afectando a la región meridional de Casamancia desde varias décadas atrás.
En varios Estados se estaban elaborando medidas legislativas sobre la violencia en el ámbito familiar, pero los avances fueron lentos. La mutilación genital femenina en sus distintas formas continuó siendo una práctica generalizada en numerosos países, pero sólo unos pocos habían adoptado a nivel estatal medidas eficaces para erradicarla, pese a la campaña, cada vez más intensa, de la sociedad civil para ponerle fin.
Represión política
Eran escasos los países del continente en los que los opositores políticos disfrutaban del ejercicio de su derecho a la libertad de conciencia, expresión y asociación. Los gobiernos de países como Camerún, Chad, Eritrea, Etiopía, Ruanda, Togo y Zimbabue recurrieron a los procesamientos injustificados, las detenciones arbitrarias y el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes como instrumentos de represión política. En algunos casos se clausuraron arbitrariamente periódicos y emisoras de radio. Los periodistas y los defensores de los derechos humanos continuaron siendo hostigados por las fuerzas de seguridad o acusados y recluidos por difamación en un intento de amordazar la disensión e impedir que se criticara la conducta o la política del gobierno. En algunos países se denegó a los detenidos, por motivos de “seguridad”, el derecho a un juicio con las debidas garantías procesales, y en algunos casos, como el de Kenia, se estaban estudiando normas legislativas que permitirían la suspensión de obligaciones en materia de derechos humanos fundamentales so pretexto de combatir el “terrorismo”.
En muchos países, entre ellos Burundi, Eritrea, Etiopía, Sudán, Togo y Zimbabue, la tortura y los malos tratos a los sospechosos continuaron siendo habituales. Los gobiernos también socavaron la independencia del poder judicial y ejercieron su influencia política sobre la judicatura a fin de hacer callar a la oposición. En diciembre, la Commonwealth decidió prorrogar la suspensión de Zimbabue debido a las deficiencias de su trayectoria en materia de derechos humanos, y tras ello Zimbabue se retiró de dicha organización.
Pena de muerte
La tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte se vio reflejada en la región africana, donde varios países eran abolicionistas en la ley o en la práctica. En 2003 surgieron nuevas oportunidades de hacer progresos a través de la labor de organizaciones intergubernamentales subregionales como la Comunidad Económica de Estados del África Occidental. Sin embargo, muchas personas seguían recluidas en espera de ejecución. En Nigeria, los tribunales de la shari’a (ley islámica) siguieron dictando condenas de muerte en aplicación de las normas penales aprobadas desde 1999, y en Zambia más de 40 personas fueron condenadas a muerte por su participación en un presunto golpe de Estado. No se tuvo noticia de que en ninguno de estos dos países hubiera habido ejecuciones. En Chad, no obstante, se ejecutó a nueve hombres en las primeras ejecuciones llevadas a cabo en el país desde 1991.
Defensores de los derechos humanos
Los defensores de los derechos humanos siguieron desempeñando un papel crucial a la hora de observar la situación de estos derechos y hacer públicos los abusos en el foro internacional. Tras varios años de gestiones por parte de organizaciones no gubernamentales africanas e internacionales, y con el apoyo de la representante especial del secretario general de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos decidió finalmente designar un comisario que actuara como “centro focal” para la observación de los abusos contra los derechos humanos de los defensores en África, reconociendo el importante papel que desempeñan y sus necesidades específicas de protección. No obstante, la Comisión no aprobó ninguna declaración al respecto ni procedió a la creación de mecanismos vinculantes destinados a la protección de los defensores.
