América
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| América © Vicens Vives | ||
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América: perspectiva general 2003
La seguridad nacional y la “guerra contra el terror”
La “guerra contra el terror” encabezada por Estados Unidos siguió utilizando medios indiscriminados y desproporcionados. Bajo la custodia de Estados Unidos, centenares de ciudadanos extranjeros seguían sufriendo una reclusión prolongada por tiempo indefinido, sin cargos ni juicio, fuera del territorio continental del país. La mayoría de las personas detenidas bajo la categoría de “combatientes enemigos” no habían sido sometidas a ningún tipo de procedimiento judicial; para unas pocas, la única manera de salir del limbo legal parecía ser un juicio carente de las mínimas garantías celebrado ante una comisión militar. Voces autorizadas de todo el mundo condenaron el flagrante desprecio que demostraba Estados Unidos por el derecho internacional y por sus propias disposiciones constitucionales. Muchas de las medidas adoptadas por las autoridades de este país tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 socavaron los fundamentos del derecho internacional. Otros aspectos de la política de seguridad de Estados Unidos, como la amenaza que formuló en julio de suspender la ayuda militar a 35 países por negarse a garantizar a los ciudadanos estadounidenses la inmunidad procesal ante la Corte Penal Internacional, amenazaron con tener un efecto corrosivo similar para la vigencia del Estado de derecho internacional.
Las políticas de seguridad implantadas por el gobierno de Colombia desde el año 2002 siguieron exacerbando la ya grave crisis humanitaria y de derechos humanos del país, durante la cual millares de civiles han sido víctimas de homicidio, “desaparición” o secuestro a manos de las fuerzas armadas, las fuerzas paramilitares respaldadas por el ejército o los grupos armados de oposición. Las nuevas medidas de seguridad pasaron por alto las garantías constitucionales y confirieron a los militares amplios poderes de acción en materia de orden público. Iniciativas como la creación de un ejército de “soldados campesinos” y una red de informantes civiles amenazaron con sumergir a la población civil aún más profundamente en el conflicto.
Las normas “antiterroristas” aprobadas en Guyana y propuestas en Bahamas ampliaron el ámbito de aplicación de la pena de muerte e incluyeron definiciones de “terrorismo” que resultaban peligrosamente amplias. En marzo, las autoridades cubanas detuvieron a decenas de disidentes a los que acusaban de conspirar con Estados Unidos y tratar de subvertir el sistema cubano. Con anterioridad a esta medida, Estados Unidos había incluido a Cuba en una lista de siete Estados a los que atribuía ser “patrocinadores del terrorismo” y algunas autoridades estadounidenses habían acusado a Cuba de llevar a cabo investigaciones en el terreno de las armas biológicas y transferir tecnología a “otros Estados renegados”. Setenta y cinco activistas fueron sometidos a procesos carentes de garantías y condenados a penas de hasta 28 años de prisión. El gobierno cubano trató de justificar estas medidas represivas sin precedentes describiéndolas como una respuesta necesaria a la amenaza que planteaba Estados Unidos para la seguridad nacional. Tras examinar la documentación procesal disponible relativa a los 75 encausados, Amnistía Internacional consideró que se trataba de presos de conciencia e instó a que se les devolviera la libertad de inmediato y sin condiciones.
Inseguridad política y Estado de derecho
Las crisis de naturaleza política, económica y social que afectaban a varios países pusieron al descubierto la fragilidad de las estructuras que cimentaban el Estado de derecho y la precariedad del proceso de consolidación democrática en la región. El deterioro de las condiciones económicas y sociales en Bolivia provocó manifestaciones masivas, desencadenadas por la firma de acuerdos con Estados Unidos para la erradicación de los cultivos de coca y los planes para la exportación de gas natural boliviano a través de Chile. Los disturbios se cobraron la vida de más de 80 personas, en muchos casos, al parecer, como resultado del uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, y obligaron al presidente a presentar su dimisión.
Haití estaba al borde de la ingobernabilidad. Como consecuencia del estancamiento del diálogo entre el presidente Jean-Bertrand Aristide y los grupos de oposición se suspendió la aplicación de los planes auspiciados por la Organización de los Estados Americanos para la celebración de elecciones en 2003. Este hecho amenazaba con causar un vacío de gobierno, ya que el mandato de los representantes parlamentarios iba a expirar a principios de enero de 2004. Mientras tanto, las condiciones económicas imperantes en el país más pobre del continente se deterioraron todavía más y se intensificó la violencia por motivos políticos.
La polarización política también siguió desestabilizando la situación en Venezuela. Una huelga general organizada por la oposición dejó al país prácticamente paralizado pero no hizo dimitir al presidente Chávez, que había sobrevivido a un fallido golpe de Estado en 2002. La mediación de la comunidad internacional consiguió que las partes enfrentadas contrajeran el compromiso de resolver la crisis política por medios pacíficos. Sin embargo, fueron escasas las medidas adoptadas para llevar ante la justicia a los responsables de los homicidios cometidos durante el intento golpista.
En otros países se hicieron algunos avances para el restablecimiento de la confianza en la administración de justicia. En mayo, Néstor Kirchner asumió la presidencia de Argentina y emprendió una reforma de instituciones del Estado como la policía y la judicatura. En Brasil, el recién elegido presidente Luiz Inácio Lula da Silva propuso un plan pormenorizado a largo plazo para la reforma de la política de seguridad pública que incluía la aplicación de normas de derechos humanos, en un intento de combatir la elevada tasa de delincuencia y poner freno a las violaciones de derechos humanos sistemáticas. En México, un estudio sobre derechos humanos llevado a cabo en el marco del acuerdo de cooperación suscrito por el gobierno con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos incluía una serie de recomendaciones para la reforma estructural y comprometía al gobierno a elaborar un Programa Nacional de Derechos Humanos.
Los esfuerzos desplegados en la región para combatir la impunidad de que disfrutaban los autores de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante las décadas precedentes cobraron impulso durante el año 2003. En Argentina se eliminaron algunos de los obstáculos jurídicos que se interponían a la investigación y acción judicial en casos de “desapariciones” y otras violaciones de derechos humanos, y varios ex oficiales superiores de las fuerzas armadas se enfrentaban a cargos penales en el país y en el extranjero. En Chile se anunciaron planes para hacer frente al legado de violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar; entre ellos estaba la transferencia al fuero civil de causas en curso ante tribunales militares, pero las propuestas también incluían la posibilidad de conferir inmunidad judicial a ciertas categorías de autores de abusos.
En México, el fiscal especial encargado de investigar los abusos cometidos durante la “guerra sucia” de los años setenta y ochenta dictó al menos tres órdenes de detención contra altos cargos implicados en casos de “desaparición”. En Paraguay, un juez ordenó la detención del ex presidente Alfredo Stroessner en relación con un caso de tortura y homicidio ocurrido en 1974, y se aprobó una ley por la que se creaba una Comisión de Verdad y Justicia para examinar los casos de violación de derechos humanos ocurridos bajo el gobierno de Stroessner. La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú pidió justicia y resarcimiento para las familias de los millares de víctimas de homicidios y “desapariciones” ocurridos a manos de las fuerzas armadas y de grupos armados de oposición entre 1980 y 2000. En Uruguay, la Comisión para la Paz concluyó, en su informe sobre las “desapariciones” ocurridas durante el régimen militar, que 26 uruguayos “desaparecidos” habían muerto como consecuencia de torturas. Los homicidios cometidos bajo el régimen militar en Surinam estaban siendo investigados por la justicia surinamesa y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En América Central, en cambio, se produjeron menos avances a la hora de hacer frente al legado de conflictos más recientes. La Asamblea Legislativa de El Salvador no respaldó los constantes esfuerzos de los familiares de víctimas y organizaciones no gubernamentales para averiguar la suerte de los niños “desaparecidos” durante el conflicto de 1980-1991. En Guatemala, los testigos y defensores de los derechos humanos que trataban de que se hiciera comparecer ante los tribunales a los responsables de los abusos generalizados cometidos durante los 30 años de conflicto civil fueron uno de los principales blancos de amenazas, atentados y homicidios. Las recomendaciones de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que en 1999 había concluido que se había perpetrado genocidio, todavía no se habían puesto en práctica, y se permitió que el general Efraín Ríos Montt, jefe de Estado en pleno genocidio, presentara su candidatura a la presidencia en las elecciones de noviembre, pese a que la Constitución lo prohibía.
La corrupción, las estructuras paralelas de poder y la inacción frente a la necesidad de ejercer un control civil efectivo sobre los militares siguieron constituyendo graves amenazas para los derechos humanos y el Estado de derecho en Guatemala y en otros países del continente. La jurisdicción militar y policial sobre casos relacionados con los derechos humanos continuó siendo un obstáculo para la consecución de justicia en Colombia, la República Dominicana, Ecuador y México.
Inseguridad económica
Se aceleró el ritmo de la integración económica regional y subregional, debido, en parte, a los enérgicos esfuerzos de Estados Unidos en aras de su programa de liberalización del comercio mediante la adopción de acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio. Los desacuerdos sobre cuestiones como las subvenciones agrícolas y las políticas anti-dumping hicieron que algunos gobiernos de la región cuestionaran de modo creciente la política de libre comercio de Estados Unidos.
Promocionados como vehículo para mitigar la pobreza y estimular el desarrollo, el propuesto Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y otros acuerdos similares suscitaron respuestas hostiles y escépticas en muchos sectores de la sociedad civil que no se fiaban de las repercusiones que podrían tener estos acuerdos en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos laborales, el acceso a los servicios de salud y otros servicios públicos y los derechos relacionados con el medio ambiente. En países como la República Dominicana y Estados Unidos, la policía hizo un uso indiscriminado de la fuerza contra manifestaciones multitudinarias celebradas contra el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas y los acuerdos con instituciones financieras internacionales. En algunas zonas de Perú y Ecuador se declaró el estado de emergencia para contener el malestar social causado por las políticas económicas que se aplicaban en la región.
La situación económica en América Latina y el Caribe siguió siendo atroz. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 220 millones de personas —el 43 por ciento de la población— vivían en la pobreza y una de cada cinco en la extrema pobreza. La pobreza tenía efectos desproporcionados en las mujeres y los niños: uno de cada cinco niños menores de cinco años sufría desnutrición crónica.
La desigualdad en la distribución de la tierra, la caída en picado de los precios de las materias primas para la exportación y otras causas estructurales de la pobreza siguieron sin afrontarse. Los grupos indígenas, ecologistas y campesinos que luchaban contra la explotación abusiva de los recursos por las empresas transnacionales o defendían su derecho a la tierra corrían cada vez más riesgos en Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay y otros países.
Inseguridad social y discriminación
Con este telón de fondo, la delincuencia y la inseguridad social alcanzaron proporciones alarmantes. Tanto la población rural como la urbana estaban divididas por la exclusión social y la discriminación basada en factores como la clase, la raza y el género. En muchos países, la inseguridad generada por las altas tasas de delincuencia y la creciente desigualdad hizo que tanto los gobiernos como la población en general mostraran una mayor tolerancia con los métodos represivos de la policía. En Brasil, comunidades enteras de indigentes urbanos parecieron convertirse en chivos expiatorios de la policía por el fracaso de las políticas generales de seguridad pública.
La tortura y los malos tratos infligidos por agentes de policía y funcionarios penitenciarios eran endémicos en Brasil, y constituían una herramienta frecuente de los encargados de hacer cumplir la ley en numerosos países de la región. En Jamaica, donde el nivel de la violencia armada era sumamente elevado, los actos de brutalidad policial y los homicidios ilegítimos eran habituales.
En Estados Unidos y el Caribe siguieron dictándose condenas de muerte, y Estados Unidos mantuvo su vergonzoso aislamiento al permitir la ejecución de personas condenadas por delitos cometidos cuando eran menores de edad. En América Latina, Cuba reanudó las ejecuciones y en algunos países hubo propuestas esporádicas de reintroducir la pena de muerte como respuesta al alza del índice de la delincuencia.
Los estudios llevados a cabo por expertos de la ONU sobre el racismo y los pueblos indígenas en 2003 pusieron de relieve la marginación y falta de acceso a la justicia que sufrían tanto la población indígena como otros sectores que se enfrentaban a la discriminación racial en países como Bolivia, Guyana y México.
La impunidad que rodeaba el secuestro y asesinato de cientos de mujeres y niñas en el estado de Chihuahua, en México, ponía de manifiesto los obstáculos para el acceso a la justicia que afrontaban las mujeres expuestas a la violencia en el ámbito familiar y en la comunidad. También en otras partes de México y América Central se denunciaron homicidios basados en el género. En toda la región, los activistas que defendían los derechos de las mujeres hicieron hincapié en la existencia de barreras que impedían que las leyes sobre la violencia contra las mujeres ofrecieran una protección real en la práctica. La violación, la mutilación y otras formas de violencia sexual contra las mujeres se utilizaron como arma de guerra en el contexto del conflicto armado que se libraba en Colombia. También se documentaron en varios países casos de violencia contra lesbianas, gays, bisexuales y transexuales a manos de agentes de policía y particulares.
Los niños de la calle siguieron siendo un blanco fácil de las medidas gubernamentales destinadas a combatir la delincuencia. En El Salvador se aprobó una ley contra las bandas juveniles, con evidente indiferencia hacia los requisitos tanto de la legislación nacional como de las normas internacionales, y en Argentina hubo denuncias de tortura o malos tratos a menores, incluidos niños de la calle, a manos de la policía. En Honduras, pese a las iniciativas oficiales, ampliamente publicitadas, para poner fin a los asesinatos de niños de la calle, fueron pocos los responsables a los que se hizo comparecer ante los tribunales.
Los refugiados y migrantes que huían del conflicto armado y de la falta de seguridad se enfrentaron a más abusos contra los derechos humanos. Los que huían del conflicto colombiano se encontraban con la discriminación y la falta de protección en los países vecinos. En Estados Unidos, Canadá y varios países del Caribe se denunciaron casos de detención y malos tratos de refugiados y migrantes haitianos, y países como Canadá, Uruguay y Estados Unidos siguieron devolviendo a ciudadanos extranjeros a países donde corrían el riesgo de convertirse en víctimas de tortura y otras violaciones de derechos humanos.
La acción en defensa de los derechos humanos
En medio de un panorama tan sombrío, apuntó un rayo de esperanza con el proceso de regionalización y la fuerza creciente de los movimientos sociales y otros agentes de la sociedad civil que trataban de responder a las principales amenazas que se cernían sobre la seguridad humana en la región. Entre las voces que surgieron con una potencia cada vez más fuerte estaban las de los movimientos que defendían los derechos de las mujeres y los pueblos indígenas, los defensores del medio ambiente y los activistas en favor de los derechos sexuales. Al igual que otros defensores de los derechos humanos, éstos se enfrentaban a una serie de amenazas y obstáculos, como, entre otros, el que se dictaran cargos falsos en su contra. Brasil, Colombia, Cuba y Guatemala se hallaban entre los países donde los ataques contra los defensores de los derechos humanos eran un fenómeno generalizado.
Las tribunas como el Foro Social Mundial celebrado en enero en Porto Alegre, Brasil, ofrecieron nuevos espacios para la coordinación regional del activismo en favor de los derechos humanos. Los medios de comunicación regionales gozaron de relativa libertad, pese a la concentración de su propiedad y a los ataques esporádicos perpetrados en algunos países contra los trabajadores de la prensa. La Organización de los Estados Americanos proporcionó un importante foro para la acción colectiva y el fomento de los derechos humanos en todo el continente, y el sistema interamericano de derechos humanos desempeñó un papel de crucial importancia en la observación de las violaciones de derechos humanos, el combate de la impunidad y el análisis de los desafíos que se planteaban en el plano de los derechos humanos, como la pobreza y la falta de seguridad. En foros globales de la ONU como el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, la Comisión de Derechos Humanos y la Organización Mundial del Comercio, países como Brasil y México ejercieron un contrapeso cada vez más eficaz a la superpotencia regional en lo referente a un abanico de cuestiones que iban desde el comercio y la guerra contra Irak hasta la justicia internacional y otros aspectos de los derechos humanos. Al finalizar el año se abrigaba la esperanza de que un nuevo liderazgo regional impulsara una acción más efectiva en defensa de los derechos humanos y la seguridad, basada en una renovada comprensión de que estos dos conceptos no son incompatibles sino indivisibles e interdependientes.
