Asia y Oceanía
 |
||
| Asia y Oceanía © Vicens Vives | ||
|
Asia y Oceanía: perspectiva general 2003
La seguridad nacional y la “guerra contra el terror”
La seguridad quedó firmemente establecida como principal preocupación de la mayoría de los gobiernos de la región, a menudo conformada por un enfoque guiado por Estados Unidos. En el ámbito de la sociedad civil, sin embargo, aumentó el resentimiento por el poder y la influencia cada vez mayores de Estados Unidos, en todo el mundo y más concretamente en Asia. El acuerdo de “asociación estratégica” firmado en octubre entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Bali, Indonesia, fue visto por muchos como parte de la estrategia china para contrarrestar el unilateralismo de Estados Unidos, además de estrechar los lazos económicos y de seguridad en el Sudeste Asiático. En Extremo Oriente aumentó la tensión entre Taiwán y China cuando los taiwaneses aprobaron en noviembre una ley que permitía a sus ciudadanos votar sobre la soberanía y otras cuestiones.
La creencia de varios gobiernos de que los derechos humanos podían ser recortados escudándose en la “guerra contra el terror” fue especialmente evidente en China, India, Malaisia, Pakistán y Tailandia. Cientos de personas sospechosas de “terrorismo” se vieron atrapadas en un agujero negro legal al ignorar las autoridades el marco jurídico nacional y el internacional. En Pakistán, más de 500 personas, entre ellas árabes y afganos, fueron detenidas arbitrariamente y entregadas a las autoridades estadounidenses como sospechosas de pertenecer a Al Qaeda y a los talibanes, violando la Ley de Extradición paquistaní de 1974. Al parecer también hubo personas recluidas en lugares no revelados de Pakistán, pero las autoridades se negaron a dar información alguna sobre ellas. En Gujarat, India, cientos de miembros de la comunidad musulmana fueron recluidos ilegalmente mientras se investigaban diversas conspiraciones contra el Estado. En China, miles de miembros de la comunidad uigur, de predominio musulmán, fueron detenidos o encarcelados por “separatistas, terroristas y extremistas religiosos”, y la cultura uigur fue atacada mediante el cierre de mezquitas, las restricciones respecto al uso de su lengua y la prohibición de ciertas publicaciones en uigur.
En julio, las protestas de medio millón de personas en Hong Kong hicieron que las autoridades retiraran las polémicas medidas legales propuestas para prohibir los actos de traición, secesión, sedición y subversión.
Derechos económicos, sociales y políticos
El aumento de las desigualdades económicas fue especialmente acusado en el país más poblado de la región, China, a consecuencia de la liberalización de la economía. Continuó la recuperación económica de algunos países duramente golpeados por la crisis financiera asiática de 1997, como Corea del Sur y Tailandia. Sin embargo, la vida para la gran mayoría de la población rural de la región siguió casi sin cambios. La realidad dominante de los más vulnerables, como las mujeres y los indígenas, continuó siendo la pobreza y la discriminación generalizadas. Organizaciones de agricultores y otros defensores de los derechos de los sectores desfavorecidos de la po-blación rural expresaron su alarma ante la repercusión que tendría sobre los derechos humanos el hecho de no haber llegado a un acuerdo sobre aranceles y subsidios agrícolas en la cumbre de la Organización Mundial del Comercio celebrada en septiembre en Cancún, México. Bajo la presión de la penuria económica en el campo, cada vez más personas emigraban a las ciudades cercanas o a otros países de la región. Muchas de ellas eran mujeres que buscaban trabajo en fábricas de confección y de montaje con destino a la exportación, donde podían ganar más que en sus pueblos. Estas mujeres se exponían a numerosos abusos, entre ellos malas condiciones laborales y violencia sexual en el trabajo.
Muchos gobiernos, como los de China, Laos y Vietnam, no unieron a su aparente apoyo de una mayor libertad económica el compromiso con la libertad política, y siguieron aferrándose al poder político de forma absoluta. En China, Maldivas, Myanmar y Vietnam, muchos presos de conciencia continuaron encarcelados por expresar pacíficamente sus ideas políticas. En concreto, en China y Vietnam se reprimió a quienes usaron Internet para descargar o hacer circular información sobre derechos humanos y democracia. Tras recibir una gran atención de los medios de comunicación, varios de estos presos quedaron en libertad.
Si bien continuaron llegando informes sobre violaciones generalizadas del derecho a la salud, el brote del síndrome respiratorio agudo y grave (SRAG) de febrero obligó a algunos gobiernos a actuar con más transparencia y a una mayor rendición de cuentas. En octubre, las autoridades chinas reconocieron oficialmente por primera vez que había 840.000 personas con VIH y 80.000 pacientes de sida en el país. No obstante, se -creía que las cifras reales eran considerablemente superiores.
Conflicto armado
El conflicto armado continuó devastando zonas de la región. El conflicto de Nepal, de siete años de duración, se reanudó en agosto, tras romperse un alto el fuego que había durado seis meses. Ambos bandos perdieron la oportunidad de fortalecer la protección de los derechos humanos cuando, en mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos les presentó un proyecto de Acuerdo de Derechos Humanos. Aunque ambos accedieron en principio a firmar el Acuerdo, ninguno lo había firmado cuando se rompió el alto el fuego, y los esfuerzos de la sociedad civil y de la comunidad internacional por instaurar un marco eficaz para la protección de estos derechos siguieron sin dar fruto. Mientras tanto, se temía que el constante suministro de armas al Real Ejército de Nepal por parte de la India, el Reino Unido, Bélgica, Israel y Estados Unidos contribuiría a agravar el conflicto.
También se rompió el alto el fuego en la provincia indonesia de Nanggroe Aceh Darussalam, con consecuencias desastrosas. Tras la imposición de un estado de emergencia militar en mayo, hubo denuncias de graves violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, “desapariciones”, detenciones arbitrarias y torturas. La verificación de estos informes fue prácticamente imposible, ya que la provincia quedó cerrada de hecho para los observadores independientes de derechos humanos, los trabajadores humanitarios y los periodistas.
Los reportajes de periodistas pusieron de relieve el conflicto armado interno de Laos, de décadas de duración y prácticamente olvidado por la comunidad internacional. Esto al parecer provocó una intensificación de las operaciones militares por parte de las fuerzas gubernamentales. Hubo informes de decenas de muertes de civiles.
Resultó preocupante que la comunidad internacional no comprometiera recursos para la reconstrucción de Afganistán, especialmente tras el giro de la atención hacia Irak. La Loya Jirga (Gran Asamblea) constituyente se reunió a finales de diciembre, en una situación de seguridad cada vez más deteriorada. Continuaron las luchas entre facciones y los talibanes incrementaron su fuerza. La inestabilidad se vio agravada por la falta de verdaderos avances en el desarme, la desmovilización y la reintegración de excombatientes. Al acabar el año, la Loya Jirga estaba llegando a un acuerdo sobre una nueva Constitución. A pesar de haberse acogido como un paso adelante en la marcha del país hacia la estabilidad, la Loya Jirga se vio empañada por la intimidación de los delegados y la falta de transparencia, y puso de manifiesto la fractura que seguía existiendo en la sociedad afgana.
En las Islas Salomón llegaron a su fin cinco años de conflicto y de desorden cuando el gobierno invitó a una fuerza regional de intervención encabezada por Australia a restaurar el orden público y reconstruir los servicios públicos, incluidos los puestos de policía, las cárceles y los tribunales. La operación, que continuaba al acabar el año, tenía un mandato de ayuda regional fuera del marco de la ONU. A partir de julio, unos 2.500 soldados y policías del sur del Pacífico trabajaron junto a los policías del país para detener a más de 400 sospechosos clave, entre ellos mandos de la policía y jefes rebeldes, acusados muchos de ellos de delitos relacionados con graves abusos contra los derechos humanos. Las fuerzas de intervención descubrieron las -tumbas de víctimas de torturas, protegieron las pruebas y garantizaron el regreso seguro de los desplazados.
Armas nucleares
La cuestión de las armas nucleares continuó siendo motivo de preocupación en toda la región, aunque durante buena parte del año se vio eclipsada por la “guerra contra el terror”. En febrero, el Organismo Internacional de Energía Atómica concluyó que Corea del Norte violaba las salvaguardias nucleares y remitió el asunto al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En abril, éste expresó su preocupación por el programa nuclear del país. China actuó como principal intermediario de las conversaciones entre seis países —Corea del Norte, Corea del Sur, la Federación Rusa, Japón y Estados Unidos, además de la propia China— para resolver la amenaza del programa norcoreano. La tensión sobre la cuestión se disipó en cierto modo cuando en noviembre Corea del Norte afirmó que estaba dispuesta a abandonar su programa nuclear si Estados Unidos renunciaba a su “política hostil”. El gobierno norcoreano accedió a considerar la oferta estadounidense de una garantía de seguridad por escrito de Estados Unidos y los vecinos de Corea del Norte.
La tensión entre Pakistán y la India, ambas potencias nucleares, comenzó a disolverse hacia finales de año, cuando los dos países tomaron una serie de medidas para incrementar la confianza, como la reanudación de los enlaces de transporte, en preparación de una posible reanudación del diálogo.
Desprotección de los derechos humanos
Con un trasfondo de enormes dificultades políticas, económicas y de seguridad, el marco legal para la protección de los derechos humanos siguió siendo muy débil. Asia continuó siendo el único continente sin ningún mecanismo regional de derechos humanos, y los gobiernos siguieron mostrándose reacios a ratificar instrumentos clave de derechos humanos. Por ejemplo, Asia continuó siendo la región con la tasa más baja de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El hecho de que se supiera que 18 países de la región habían firmado acuerdos de impunidad con Estados Unidos por los que se comprometían a no entregar a la Corte Penal Internacional a los ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra también era indicativo de la falta de compromiso con el combate contra la impunidad.
Los sistemas de justicia penal débiles y corruptos de países como Bangladesh, Camboya e Indonesia continuaron teniendo consecuencias negativas sobre los derechos humanos. La tortura, las “desapariciones” y las ejecuciones extrajudiciales siguieron siendo prácticas generalizadas en la región.
Como en años anteriores, en muchos países de Asia y Oceanía no existía el respeto a la vida. La región se oponía a la tendencia mundial hacia la abolición de la pena de muerte. El número de personas ejecutadas en Asia y Oceanía durante el año superó a las ejecutadas en todo el resto del mundo, a causa, sobre todo, de China y Singapur, aunque éstos no fueron los únicos países donde hubo ejecuciones. Hubo un brusco aumento de las penas de muerte y las ejecuciones en Vietnam, y se creía que Singapur era el país del mundo con más ejecuciones per cápita desde 1994.
Según la Oficina contra la Droga y el Delito, de las Naciones Unidas, Asia fue el mayor productor de drogas ilegales (opio y, cada vez más, metanfetamina). La pena de muerte se usó con frecuencia en países como China, Malaisia, Singapur, Tailandia y Vietnam como política frente al tráfico de drogas, a pesar de su evidente ineficacia. El gobierno tailandés pareció aprobar los homicidios de los sospechosos de delitos relacionados con drogas como método de luchar contra el tráfico y el consumo de drogas en el país. Según cifras oficiales, 2.245 personas sospechosas de tráfico o consumo de drogas murieron durante una campaña de tres meses que se inició en febrero.
Se supo de tres países donde había menores delincuentes en peligro de ser ejecutados. En Pakistán continuó condenándose a muerte a menores, especialmente en las zonas tribales, muestra de que el gobierno no aplicaba en el ámbito nacional las leyes que prohíben la imposición de la pena de muerte a menores en la mayor parte del país. Sin embargo, no se ejecutó a ningún menor durante el año. Desde China llegaron informes de la ejecución de un joven en enero por un asesinato cometido cuando él tenía 16 años. El Código Penal chino prohíbe la ejecución de menores. En Filipinas, al menos siete menores recluidos en centros de adultos seguían condenados a muerte.
Las fuerzas encabezadas por Estados Unidos continuaron las operaciones militares en zonas de Afganistán y siguieron efectuando aprehensiones y detenciones arbitrarias. Suscitaban honda preo-cupación las condiciones de reclusión en la base aérea estadounidense de Bagram, Afganistán, donde se creía que había aproximadamente un centenar de personas detenidas fuera de todo marco legal. En marzo, según los informes, altos cargos militares estadounidenses confirmaron los informes según los cuales el “homicidio” había sido la causa de la muerte de dos detenidos en Bagram en diciembre de 2002. El Pentágono abrió investigaciones sobre estas muertes, pero sus resultados no se hicieron públicos. Los bombardeos de las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos siguieron causando víctimas civiles, como las que se produjeron en dos incidentes en diciembre, en los que murieron 15 niños.
Campaña en favor de los derechos humanos
Los defensores de los derechos humanos de toda la región de Asia y Oceanía continuaron reforzando su cooperación frente a las amenazas contra los derechos humanos. Al hacerlo, se exponían a sufrir una amplia gama de abusos, incluidos el homicidio, la “desaparición”, la tortura, la detención arbitraria y el hostigamiento.
El peligro de sufrir violaciones de derechos humanos impidió que los defensores de los derechos humanos de Indonesia, especialmente en zonas de conflicto armado, llevaran a cabo sus actividades legítimas. Cinco activistas “desaparecieron” o murieron en la provincia de Nanggroe Aceh Darussalam, Indonesia. En otras zonas del país se acusó a los defensores de los derechos humanos de difamación por publicar información sobre las violaciones de estos derechos. En varios estados de la India, como Gujarat y Andhra Pradesh, las actividades legítimas de los defensores de los derechos humanos continuaron tildándose de “antinacionales”, y los activistas sufrieron hostigamiento y amenazas de las fuerzas gubernamentales y otros agentes. En Malaisia, los defensores de los derechos humanos se llevaron un duro golpe: Irene Fernandez, directora de Tenaganita, organización no gubernamental que trabaja con mujeres migrantes, fue condenada a 12 meses de cárcel en octubre por “publicar maliciosamente noticias falsas”. Los cargos se presentaron con referencia a un reportaje publicado por Tenaganita en el que se documentaba un panorama de malos tratos, abusos y muertes causadas por enfermedades evitables en los campamentos de trabajadores migrantes detenidos.
