Europa y Asia Central
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| Europa y Asia Central © Vicens Vives | ||
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Europa y Asia Central: perspectiva general 2003
La “guerra contra el terror”
Bajo los auspicios de la lucha contra el “terrorismo” los gobiernos continuaron socavando los derechos humanos en la ley y en la práctica. Al acabar el año seguían detenidos en el Reino Unido, en aplicación de leyes que permitían su reclusión indefinida sin cargos ni juicio, y basándose principalmente en pruebas secretas, 14 extranjeros que no podían ser expulsados. Los detenidos en virtud de las leyes “antiterroristas” británicas permanecían en centros de alta seguridad y sometidos a severas restricciones.
España no sólo continuó ignorando la recomendación que desde hace tiempo le hacían diversos organismos internacionales en el sentido de que mejorara las salvaguardias para las personas detenidas en aplicación de las leyes “antiterroristas”, sino que tenía previsto aumentar en más del doble el tiempo de incomunicación permitido en ciertos casos. Un juez ordenó el cierre del único periódico publicado íntegramente en lengua vasca y detuvieron a 10 personas relacionadas con él, en aplicación de la legislación “antiterrorista”, unas medidas que, al parecer, tuvieron consecuencias negativas para el derecho a la libertad de expresión.
En Uzbekistán, las autoridades usaron la “guerra contra el terror” para justificar que continuara la represión contra la disidencia política y religiosa. Al menos 6.000 presos políticos siguieron encarcelados, y los miembros de congregaciones islámicas independientes, entre otros, fueron objeto de detención e intimidación. En Turkmenistán continuó la ola de represión tras un presunto intento de asesinato del presidente en noviembre de 2002, y decenas de personas fueron declaradas culpables en juicios claramente injustos, entre acusaciones verosímiles de torturas y malos tratos.
Los esfuerzos de los gobiernos para limitar las disposiciones sobre asilo e inmigración aprovecharon el nuevo lenguaje de “seguridad nacional” y “antiterrorismo”, poniendo énfasis en el control, más que en la protección. En Italia, por ejemplo, se temió que algunos solicitantes de asilo fueran obligados a volver a países en los que se exponían a sufrir graves violaciones de derechos humanos, y que algunas personas expulsadas por considerarse que representaban un peligro para la seguridad nacional y el orden público no tuvieran oportunidad de impugnar esa decisión en procedimientos justos. La perspectiva de derechos humanos siguió estando ausente del planteamiento sobre asilo de la Unión Europea, que continuó promoviendo una mayor impermeabilización de sus fronteras a expensas de las obligaciones internacionales en materia de protección.
Racismo
El racismo, la discriminación y la intolerancia, con tintes de antisemitismo e islamofobia, continuaron siendo un importante motivo de preocupación en toda la región, y se manifestaron, entre otros aspectos, en el racismo institucional en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales.
La discriminación de los romaníes fue práctica habitual en muchos Estados de la región, y a menudo afectaba a casi todos los aspectos de la vida, incluido el acceso a la educación, la vivienda, el empleo y los servicios sociales.
Muchas personas que trataban de regresar a sus hogares tras verse obligadas a desplazarse a causa de la guerra en la región occidental de los Balcanes sufrieron discriminación por motivos étnicos, especialmente en lo que se refiere al acceso al empleo, la educación y la asistencia médica. Este hecho constituyó una barrera para el regreso y la reintegración de las minorías.
La aplicación racista de las leyes de ciudadanía en la Federación Rusa hizo que ciertos grupos étnicos minoritarios, como los miembros de la población mesjetia de una de sus regiones, fueran de hecho apátridas, y como tales se les negara el acceso a las pensiones, las prestaciones por hijos y la educación superior.
El racismo siguió siendo el telón de fondo de los abusos contra los derechos humanos cometidos por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en la administración de justicia. El abanico de Estados en los que se recibieron informes de malos tratos por motivos racistas a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley fue lamentablemente amplio: Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, España, Federación Rusa, Francia, Grecia, Italia y Polonia. También faltó la diligencia debida por parte de algunos Estados a la hora de investigar y emprender acciones judiciales en los incidentes de agresiones de particulares a minorías, tanto étnicas como religiosas. En Georgia, por ejemplo, aunque las minorías religiosas continuaron expuestas a hostigamiento, intimidaciones y agresiones, la policía no protegió adecuadamente a las personas blanco de los ataques ni se mostró firme a la hora de acusar a los presuntos responsables.
Desprotección de los derechos humanos
Se recibieron informes de torturas y malos tratos en toda la región, incluidos Albania, Moldavia, Rumania y Serbia y Montenegro, donde estos informes fueron habituales y verosímiles. En Turquía, la tortura y los malos tratos bajo custodia policial siguieron siendo motivo de honda preocupación, a pesar de algunas reformas legislativas positivas. En Alemania se produjo un intenso debate en la opinión pública sobre el uso permisible de la tortura tras descubrirse que un mando policial había ordenado a un subordinado usar la fuerza contra un detenido. Algunos Estados, como Bélgica, Italia y Suiza, carecían de salvaguardias fundamentales contra los malos tratos bajo custodia policial.
En otros Estados, como España, Grecia, Macedonia y Portugal, hubo informes de uso temerario o excesivo de armas de fuego, a veces con resultado de muerte. En varios países, las condiciones en cárceles y centros de detención de solicitantes de asilo e inmigrantes no autorizados eran crueles y degradantes. En algunos se trataba inhumanamente a las personas con discapacidad mental, como por ejemplo en los hogares sociales de Bulgaria, o en la República Checa, Hungría y Eslovaquia, donde se utilizaban camas jaula. Muchos países carecían de mecanismos de vigilancia independientes para resolver estos abusos, problema que se agravaba con la constante negativa a que en el ámbito de la Unión Europea se rindieran cuentas en cuanto al respeto de los derechos humanos por parte de los Estados miembros.
En algunos Estados continuó la impunidad por las violaciones de derechos humanos. En Turquía, la proporción de enjuiciamientos de miembros de las fuerzas de seguridad por denuncias de tortura y malos tratos presentadas por los ciudadanos siguió siendo lamentablemente baja. En la Federación Rusa, las fuerzas de seguridad siguieron actuando prácticamente con total impunidad en el conflicto de la República Chechena, mientras llegaban informes de su participación en torturas y “desapariciones”. La persistente impunidad de las violaciones perpetradas en tiempo de guerra siguió siendo un motivo de preocupación en la región occidental de los Balcanes. Aunque algunos acusados de crímenes de guerra pasaron a la custodia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, otros siguieron evitando ser detenidos, en algunos casos al parecer protegidos por las autoridades de Bosnia y Herzegovina, Croacia y Serbia y Montenegro. Miles de “desapariciones” ocurridas durante la guerra de 1992-1995 continuaron sin resolver. Aunque en algunos países hubo procesamientos por crímenes de guerra, la falta de voluntad política y las deficiencias de los sistemas de justicia nacionales hicieron que la impunidad continuara siendo habitual.
En Bielorrusia, Turkmenistán y Uzbekistán, discrepar de la política oficial en temas cívicos, religiosos y políticos era objeto de una represión sistemática y a menudo brutal. En diversos países, los defensores de los derechos humanos estaban expuestos a amenazas y detenciones, como sucedía en Turquía, donde se utilizaba un abanico de leyes y normativas para frustrar su actividad, y en Azerbaiyán, donde una campaña de los medios de comunicación oficiales contra varios destacados defensores de los derechos humanos culminó en violentos ataques contra sus lugares de trabajo y suscitó temor por su seguridad y la de sus familias. En ambos países, así como en otros, como Italia, Grecia y Suiza, hubo informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes.
La falta de un verdadero resarcimiento por las violaciones de derechos humanos en países de Europa agravó la preocupación por las propuestas en estudio cuyo efecto sería limitar las formas de resarcimiento disponibles en el ámbito regional en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Los Estados Miembros del Consejo de Europa propusieron añadir nuevos criterios de admisibilidad al único tribunal internacional de derechos humanos en el que los particulares gozan del derecho a presentar directamente sus quejas.
Violencia contra las mujeres
Continuaron en toda la región las violaciones contra los derechos humanos de mujeres y niñas. En lo que se refiere a la trata y la prostitución forzada, preocupó que los sistemas judiciales en los países de origen, tránsito y destino hubieran fallado a las víctimas. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar era también un problema muy arraigado en toda Europa y Asia Central, desde Bélgica a la Federación Rusa. Contribuían a ello el hecho de que los Estados consideraran la violencia doméstica como perteneciente al “ámbito privado”, la falta de disposiciones legales en algunos países que prohibieran específicamente este tipo de violencia o la tipificaran como delito, la falta de unidades especializadas y de formación adecuada en la policía, las insuficientes disposiciones para garantizar la protección de las víctimas, y las decisiones judiciales que no siempre reflejaban la gravedad de estos delitos.
Pena de muerte
Hubo algunos avances respecto a la pena de muerte durante el año. Armenia la abolió de su legislación, Kazajistán anunció la suspensión de las ejecuciones en tiempo de paz hasta que se legislara sobre la abolición, y Kirguistán mantuvo la suspensión de las ejecuciones. Tayikistán, aunque conservó la pena capital, redujo su ámbito de aplicación. Sin embargo, en años recientes, Tayikistán y los otros dos Estados retencionistas de la región, Bielorrusia y Uzbekistán, habían seguido llevando a cabo ejecuciones. Al parecer, el número de ejecuciones era especialmente alto en Uzbekistán, donde en los últimos años se había ejecutado a decenas de personas tras juicios sin garantías, frecuentemente entre denuncias de tortura y teniendo la corrupción un importante peso en la investigación, el juicio y la apelación. En Bielorrusia, Tayikistán y Uzbekistán, el proceso de concesión de indultos y las propias ejecuciones estaban rodeados de un velo de hermetismo, que agravaba el castigo no sólo para los presos, sino también para sus familiares. Las ejecuciones se realizaban en secreto, sin que las familias y los amigos tuvieran la oportunidad de despedirse. En muchos casos, los familiares no sabían durante meses si su ser querido estaba vivo o había sido ejecutado. Tampoco les decían dónde lo habían enterrado. Ninguno de estos tres países publicó cifras exhaustivas sobre su uso de la pena de muerte.
Acción en favor de los derechos humanos
Aunque los derechos humanos siguieron siendo atacados en toda la región, continuaron las acciones para promover y proteger derechos fundamentales. Muchas voces pusieron de manifiesto que los derechos humanos y la seguridad no son incompatibles, sino indivisibles e interdependientes. Los defensores de los derechos humanos continuaron trabajando a pesar del hostigamiento, la intimidación y las detenciones. Los movimientos sociales respondieron a diversas preocupaciones en materia de derechos humanos en la región, agrupando a los activistas más allá de las fronteras, con foros como el Segundo Foro Social Europeo de París (Francia). Este acontecimiento brindó oportunidades para coordinar el activismo popular en la región. Sólidos organismos intergubernamentales regionales, como el Consejo de Europa y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, siguieron desempeñando un papel crucial en el fomento y la protección de los derechos humanos.
