Oriente Medio y norte de África
 |
||
| Oriente Medio y norte de África © Vicens Vives | ||
|
Oriente Medio y norte de África: perspectiva general 2003
Se mantuvo en la región un creciente debate sobre la necesidad de realizar reformas políticas, judiciales y jurídicas, y aumentó la presión de la sociedad civil en demanda de mayor libertad de expresión y asociación y mayor representación y participación en el gobierno y en contra del trato discriminatorio dispensado a las mujeres en la ley y en la práctica. Al final del año, el Consejo de Cooperación del Golfo anunció la creación de un comité especial para analizar el papel de la mujer en el desarrollo en los Estados del Golfo. En el ámbito regional, la Liga de Estados Árabes tomó medidas tendentes a examinar la Carta Árabe de Derechos Humanos, adoptada en 1994, siguiendo un proceso en el que se tendrían en cuenta por primera vez aportaciones de organizaciones no gubernamentales.
A pesar de las promesas de reforma de los gobiernos, en toda la región siguieron cometiéndose graves violaciones de derechos humanos. Aunque la mayoría de los Estados habían ratificado importantes tratados internacionales de derechos humanos, raras veces incorporaron lo dispuesto en ellos a su legislación y procedimientos. La ausencia de salvaguardias básicas facilitaba prácticas como la detención arbitraria por motivos políticos, la reclusión en régimen de incomunicación por tiempo prolongado y la tortura y los malos tratos. No se respetaban las normas mínimas de imparcialidad procesal, lo que fomentaba el encarcelamiento de presos de conciencia, la imposición de largas penas de prisión por motivos políticos y las ejecuciones tras juicios injustos. Había pocos sistemas o mecanismos independientes de investigación exhaustiva e imparcial de abusos contra los derechos humanos, y raras veces se ponía a los presuntos autores a disposición judicial.
Conflictos armados
La intervención militar en Irak en marzo, encabezada por Estados Unidos, fue el comienzo de una prolongada ocupación del país por fuerzas estadounidenses, británicas y de otras potencias, integradas en la Autoridad Provisional de la Coalición. Durante los meses previos a la guerra, Amnistía Internacional pidió a las autoridades de Estados Unidos y Gran Bretaña, así como al Consejo de Seguridad de la ONU, que consideraran seriamente los efectos que tendría el conflicto en el pueblo de Irak desde el punto de vista humanitario y de los derechos humanos, llamando su atención sobre las necesidades de la población civil. El periodo posterior a la guerra se caracterizó desde el primer momento por la ausencia de condiciones básicas de seguridad para los iraquíes, como pudieron comprobar los delegados de Amnistía Internacional que, en abril, entraron en el país por primera vez en 20 años.
Amnistía Internacional pidió a las potencias ocupantes que cumplieran las obligaciones que habían contraído en virtud del derecho internacional humanitario, ya que sus fuerzas recurrían cada vez más a prácticas como la detención arbitraria y en régimen de incomunicación, los malos tratos y el uso excesivo de la fuerza. Como temían muchos observadores, la ausencia de condiciones básicas de seguridad preparó el terreno a una creciente sucesión de actos de violencia por parte de grupos armados, dirigidos contra objetivos militares y, cada vez más, contra operaciones humanitarias internacionales. En los llamamientos que hizo en demanda de justicia para el pueblo de Irak, Amnistía Internacional instó a la Autoridad Provisional de la Coalición, al Consejo de Gobierno iraquí y a la comunidad internacional a que dieran prioridad a los derechos humanos en los programas de reconstrucción emprendidos, reformaran las leyes y procedimientos para hacerlos compatibles con las normas internacionales, garantizaran que se rendían cuentas por todas las violaciones del derecho humanitario y de derechos humanos que se cometieran y se hubiesen cometido, quienesquiera que fueran sus autores, y garantizaran la protección de los derechos humanos de todos los iraquíes.
Continuó el conflicto armado de Israel y los Territorios Ocupados al entrar la Intifada, o alzamiento palestino, en su tercer año, por lo que el ya espantoso número de víctimas de homicidio, entre las que había muchos niños, continuó aumentando. Los esfuerzos del cuarteto formado por la ONU, Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia por negociar un acuerdo de paz, conocido como “hoja de ruta”, entre Israel y la Autoridad Palestina eran letra muerta al concluir el año, a pesar de haber aprobado el Consejo de Seguridad de la ONU el plan en noviembre. Como en los anteriores acuerdos de paz, apenas se hacía referencia en éste a la salvaguardia de los derechos humanos ni se reconocía la imposibilidad de lograr una paz duradera sin derechos humanos fundamentales para todos. En diciembre, la Asamblea General de la ONU adoptó por mayoría una resolución en la que se pedía la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre las consecuencias jurídicas del “muro de seguridad”, el cual formaba parte de una política dirigida a mantener las clausuras y toques de queda impuestos por Israel a zonas y comunidades palestinas por considerarlos necesarios para su seguridad. Esta política había restringido radicalmente la libertad de circulación y muchos otros derechos de los palestinos de Cisjordania y había paralizado la economía palestina.
Mientras los medios de comunicación y la comunidad internacional centraban su atención en otros conflictos de la región, el que se desarrollaba en Argelia continuó. Se redujo ligeramente el número de víctimas, pero los grupos armados mataron a centenares de civiles, se contaron también por centenares los miembros de las fuerzas de seguridad y de las milicias armadas por el Estado muertos en emboscadas y otros ataques, y centenares de presuntos miembros de grupos armados murieron en operaciones de las fuerzas de seguridad.
La “guerra contra el terror”
La denominada “guerra contra el terror” continuó menoscabando los derechos fundamentales en la región. Los miembros de la Liga de Estados Árabes siguieron aplicando la Convención Árabe para la Represión del Terrorismo, que contenía pocas salvaguardias de derechos humanos. Esto, sumado a una serie de acuerdos bilaterales de seguridad, facilitó la transferencia de personas entre Estados de dentro y fuera de la región sin trámites judiciales, asesoramiento jurídico ni recurso a los procedimientos de asilo. Aunque en algunos Estados, como Egipto y Siria, había estados de excepción en vigor desde hacía mucho tiempo, la “guerra contra el terror” sirvió de pretexto para legitimar prácticas ya existentes, como la detención administrativa durante periodos prolongados y los juicios sin las debidas garantías ante tribunales especiales cuyos procedimientos no cumplían las normas internacionales. Otros Estados, como Marruecos y Túnez, promulgaron durante el año leyes contra el “terrorismo” que constituían una nueva amenaza para los derechos humanos fundamentales.
Derechos de las mujeres
Se habló cada vez más en la región de los derechos de las mujeres, en especial de la violencia contra ellas. Las mujeres intensificaron su campaña en pro de mayores derechos. En Kuwait protestaron contra su continua exclusión del proceso electoral, y en Bahréin pidieron la elaboración de leyes reguladoras de la condición jurídica y social de las personas que protegieran los derechos de la mujer.
No obstante, se llevaron a cabo pocas reformas concretas. Mohamed VI de Marruecos anunció en octubre una serie de propuestas de reforma del código regulador de la condición jurídica y social de las personas, que tenían por objeto mejorar los derechos de las mujeres. Entre ellas figuraban medidas como retrasar de los 15 a los 18 años la edad legal de matrimonio para las mujeres y reconocer la responsabilidad conjunta e igual del esposo y la esposa sobre la familia. Sin embargo, otras cuestiones, como el derecho de herencia, que discriminaba a las mujeres en Marruecos y en otras partes de la región, continuaron en gran medida como estaban. En Jordania, la Cámara Baja del Parlamento rechazó unas reformas al artículo 340 del Código Penal, relativo a los homicidios en el seno de la familia, que tenían por objeto hacerlo más favorable a las mujeres. Un artículo aplicado más a menudo, el 98, que permitía reducir la condena a los autores de delitos cometidos en un “acceso de ira”, continuó en el Código. En Irán, el Consejo de Guardianes, órgano legislativo supremo del país, frustró reiteradamente los esfuerzos del Parlamento por conseguir la aprobación de nuevas reformas relativas a los derechos de las mujeres y a la adhesión de Irán a la Convención de la ONU sobre la Mujer. En diciembre se remitió la legislación propuesta a una autoridad de arbitraje debido a las diferencias irreconciliables existentes entre ambos cuerpos legislativos. En Arabia Saudí no se habían tomado aún medidas sustanciales para garantizar a las mujeres los derechos humanos más fundamentales, a pesar de las promesas formuladas claramente por las autoridades en respuesta a las reivindicaciones cada vez más abiertas que hicieron las mujeres a lo largo del año.
Refugiados, migrantes y desplazados internos
Los refugiados y los solicitantes de asilo continuaron padeciendo las consecuencias de la ausencia en la región de mecanismos de protección. Sólo Argelia, Egipto, Irán, Israel, Marruecos y Yemen eran parte en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados o en su Protocolo de 1967. En el caso de los países del norte de África, el sistema africano de protección de los derechos humanos siguió estando muy infrautilizado. La mayoría de los países de la región, incluidos los que eran parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, carecían de legislación interna sobre asilo, lo que reducía aún más la protección prestada a los solicitantes de asilo y los refugiados. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), continuó ocupándose de la mayor parte de los procesos de determinación de la condición de refugiado en la mayoría de los países, incluso en los que habían firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. Los solicitantes de asilo siguieron sin tener acceso a procedimientos nacionales de examen judicial de sus solicitudes, lo cual favoreció a su vez la creciente práctica de detener a los refugiados y los solicitantes de asilo, incluso en Egipto, país parte en la Convención, y en el Líbano y Libia, que no la habían ratificado.
Los refugiados palestinos continuaron sufriendo las consecuencias de la falta de un mecanismo de protección en las zonas de actividad de la Agencia de la ONU para la Ayuda a los Refugiados Palestinos. La sobreexplotación de los recursos de este organismo hizo también que la asistencia recibida por muchos refugiados palestinos no lograra satisfacer sus necesidades. Los refugiados palestinos soportaban condiciones especialmente duras en varias zonas, incluidos Irak, donde centenares de familias se encontraron sin hogar tras la caída del gobierno en marzo, y el Líbano, donde el sustento de centenares de miles de refugiados palestinos se vio menoscabado por políticas que los discriminaban y que restringían, de hecho, sus derechos económicos y sociales.
El desplazamiento interno siguió siendo un importante problema en Irak, donde afectaba a poblaciones kurdas, de árabes de los pantanos, chiíes y sunníes. El número de solicitantes de asilo iraquíes se redujo considerablemente como consecuencia de la guerra. Al terminar 2003, varios países europeos, así como Irán, estaban elaborando planes para, desoyendo el consejo del ACNUR, devolver a los refugiados y los solicitantes de asilo iraquíes a su país a pesar de que las condiciones eran precarias desde el punto de vista de la seguridad e inadecuadas en general para su regreso.
El contrabando de personas del norte de África al sur de Europa y del Cuerno de África al Yemen siguió siendo motivo de preocupación. La restrictiva política de inmigración de muchos países hacía que tanto a los migrantes como a los solicitantes de asilo no les quedara más remedio que recurrir a grupos delincuentes de contrabandistas de personas. Continuaron produciéndose accidentes en el mar, en los que murieron gran número de posibles inmigrantes y solicitantes de asilo.
Defensores de los derechos humanos
El debate sobre los derechos humanos continuó creciendo, aunque quienes trabajaban “en primera línea” en defensa de estos derechos se encontraban a menudo en situación de peligro. En Argelia, Egipto, Líbano, Marruecos y el Sáhara Occidental, Siria y Túnez se detuvo o amenazó a muchas personas por su trabajo en pro de los derechos humanos. En varios países, las organizaciones de derechos humanos encontraban serios obstáculos para conseguir su legalización debido a las restrictivas leyes sobre las organizaciones no gubernamentales, que limitaban tanto su labor de defensa de los derechos humanos como su financiación. Mientras tanto, las autoridades israelíes negaron la entrada al país a muchos trabajadores de organizaciones internacionales de derechos humanos y restringieron la libertad de circulación de los activistas que defendían los derechos humanos y propugnaban la paz y la solidaridad en los Territorios Ocupados. Sin embargo, en diciembre la concesión del Premio Nobel de la Paz a la abogada iraní Shirin Ebadi contribuyó a promover la causa de los defensores de los derechos humanos dentro de Irán y en la región en general.
