Angola
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
El legado de la guerra entre el gobierno y la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (União Nacional para a Independência Total de Angola, UNITA), finalizada en abril de 2002, incluía más de un millón de desplazados, la devastación de las infraestructuras sociales y económicas, y profundas desigualdades sociales provocadas por la riqueza petrolera y el subdesarrollo. La falta de transparencia económica del gobierno contribuyó de forma importante a que se demorase la celebración de la conferencia de donantes propuesta para después de la guerra.
Los programas de rehabilitación incluían la prestación de ayuda a unos 8.000 ex niños soldados y a un millón de niños separados de sus familias durante la guerra. En Luanda, la capital, había más de 3.000 niños viviendo en la calle. Los proyectos puestos en práctica en dos provincias lograron que 500.000 niños entraran en el sistema educativo, si bien aproximadamente un millón más de menores de 11 años continuaban fuera de él.
La Misión de las Naciones Unidas en Angola (UNMA) se retiró en febrero. Posteriormente se creó una pequeña oficina de derechos humanos, dirigida por el coordinador residente de las Naciones Unidas, dedicada a labores de promoción pero no de protección.
En julio, los miembros de UNITA eligieron a Isaías Samakuva para sustituir al anterior líder, Jonas Savimbi, muerto en un ataque llevado a cabo por las fuerzas gubernamentales en febrero de 2002. El Movimiento Popular de Liberación de Angola (Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA) celebró su quinta conferencia en diciembre. Los partidos políticos comenzaron a prepararse para las elecciones, si bien no se fijó la fecha de su celebración.
Varios grupos de profesionales y de trabajadores se manifestaron o se declararon en huelga como protesta por la deficiente remuneración y las condiciones de trabajo. En abril, los estudiantes se manifestaron contra el elevado coste del transporte público. En junio, el personal de las universidades públicas se declaró en huelga por las condiciones de trabajo y los sueldos. Se reincorporó al trabajo al cabo de 45 días, una vez que el gobierno aceptó un aumento salarial.
Desplazados internos y refugiados
Aproximadamente 1.800.000 desplazados internos de la guerra y más de 90.000 refugiados regresaron a zonas de su elección de forma espontánea o a través de programas de ayuda. A pesar del importante aumento registrado en la producción de alimentos, al menos dos millones de personas seguían necesitando ayuda. El deterioro de las infraestructuras y las minas terrestres suponían un obstáculo para el suministro de ayuda alimenticia. En algunas zonas faltaban servicios sociales básicos, y las organizaciones de ayuda humanitaria registraban altos índices de desnutrición y enfermedad.
En junio se cerraron las zonas de acogida que se habían creado para albergar a más de 400.000 ex soldados de UNITA y a sus familias. Muchas de estas personas se marcharon por sí solas, mientras que otras fueron trasladadas a sus casas. Sin embargo, decenas de miles pasaron semanas en centros de tránsito que carecían de servicios adecuados, y la distribución de los subsidios a los soldados desmovilizados sufrió demoras prolongadas. Por su parte, los soldados gubernamentales desmovilizados en años anteriores se quejaron de que no habían recibido ningún subsidio.
Cabinda
Las facciones del Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, FLEC) sufrieron fuertes pérdidas en el curso de una importante ofensiva llevada a cabo por el gobierno a fines de 2002 y principios de 2003. Los combates provocaron grandes desplazamientos. A lo largo del año prosiguieron las hostilidades de baja intensidad en el norte de Cabinda. Las fuerzas gubernamentales dijeron que habían liberado a miles de cautivos civiles del FLEC. En marzo, la radio estatal hizo un llamamiento a los soldados y a los miembros de la fuerza paramilitar Policía de Intervención Rápida animándolos a “aniquilar sin piedad” a los combatientes del FLEC, alegando que habían asesinado, mutilado y torturado a civiles, además de “reclutarlos por la fuerza” y “utilizarlos como esclavos”.
Amnistía Internacional recibió algunos informes sobre abusos cometidos por el FLEC, si bien recibió muchos más sobre violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas gubernamentales. De acuerdo con estos últimos, los soldados gubernamentales destruyeron al menos 15 pueblos en las zonas de Buco Zau, Necuto y Belize, a cuyos habitantes desplazaron y mataron. Al parecer, los soldados destinados en pueblos que habían estado bajo el control del FLEC acompañaban a los vecinos a sus cultivos, lo que obstaculizaba su trabajo e incrementaba la escasez de comida.
- Un soldado gubernamental abatió a tiros a dos hermanas en un pueblo del término municipal de Belize mientras su padre se hallaba ausente temporalmente en febrero. El soldado se alojaba en casa de las muchachas, que cocinaban para él. Los vecinos dijeron que había pegado tres tiros a la más joven y disparado después contra la otra cuando salió huyendo.
- En octubre, unos soldados detuvieron a Eduardo Brás mientras pescaba cerca del pueblo de Caio Caliado. Al día siguiente entraron en el pueblo y detuvieron y propinaron una paliza a su hermano y a otros cuatro hombres. Días después, siete soldados detuvieron en su casa, en la ciudad de Cabinda, a José Capita, natural también de Caio Caliado. Al concluir 2003, las familias de los siete detenidos no habían tenido aún noticias de ellos.
En un informe publicado en noviembre, varias ONG locales expusieron más de cien casos de detención arbitraria, tortura, violación, ejecución extrajudicial y “desaparición” ocurridos en 2003. Las autoridades provinciales civiles investigaron algunas de las denuncias, pero ni las autoridades militares ni las civiles del gobierno central respondieron adecuadamente a los informes sobre violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por personal militar.
El sistema de justicia penal
Se constituyó una comisión para estudiar el sistema de justicia penal y proponer reformas, y también se inició un proyecto para examinar el Código Penal. Se rehabilitaron varios tribunales municipales y provinciales y se designaron jueces. Se crearon tribunales de menores en Luanda y en otras provincias. Sin embargo, en muchas zonas, el acceso a la justicia estaba gravemente limitado, debido, entre otras cosas, a la falta de recursos humanos y materiales.
La policía inició un programa quinquenal, el Plan de Modernización y Desarrollo, que incluía la reestructuración del cuerpo, cursos de reciclaje y mejora de las infraestructuras, el material y las condiciones de trabajo. Las autoridades insistieron en que uno de los objetivos clave era mejorar el respeto por los derechos humanos.
En febrero se abrieron en Luanda oficinas de reclamaciones donde se podían denunciar abusos policiales, y posteriormente se hizo lo mismo en otras provincias. Según informes, las oficinas elaboraban informes trimestrales, si bien esos informes no tuvieron una difusión muy amplia.
A pesar de disponer de mayores recursos, la policía no pudo responder adecuadamente a los elevados índices de delincuencia violenta. Las autoridades policiales, que calculaban que una tercera parte de los angoleños poseían armas de fuego, anunciaron que estaban elaborando un plan para recoger las armas ilegales. Las organizaciones no gubernamentales informaron de que la policía estaba cooperando en el trabajo que las ONG llevaban a cabo con las comunidades locales para preparar la entrega de armas.
Libertad de expresión y de asociación
Defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas políticos ejercitaron su derecho a vigilar y criticar al gobierno. Sin embargo, algunos fueron amenazados con sufrir actos de violencia. Algunos fueron detenidos por motivos relacionados con su trabajo, pero por lo general quedaron en libertad sin cargos o resultaron absueltos en el juicio.
UNITA afirmó que miembros del MPLA habían atacado sus oficinas en la provincia de Huambo en agosto, e informó también de actos de agresión e intimidación en otras zonas.
- En junio, la policía antidisturbios detuvo a seis miembros del Partido para el Apoyo Democrático y el Progreso de Angola (Partido de Apoio Democrático e Progresso de Angola, PADEPA) en el curso de una manifestación pacífica en Luanda. Los seis fueron juzgados al cabo de tres días, acusados de celebrar una manifestación ilegal, y resultaron absueltos. Los jueces consideraron que se hallaban privados de libertad ilegalmente, ya que no habían comparecido con prontitud ante un magistrado, y que la decisión de las autoridades provinciales de prohibir la manifestación también había sido ilegal.
Tortura y ejecuciones extrajudiciales
Los informes sobre tortura y ejecuciones extrajudiciales procedían principalmente de Luanda, donde estaban la mayor parte de los medios de comunicación y de las organizaciones de derechos humanos. La limitada información disponible sugería que pocos presuntos responsables habían sido llevados a juicio.
A principios de 2003 se recibieron numerosas denuncias sobre agentes del fisco provincial de Luanda que, en ocasiones con la ayuda de la policía, golpeaban y acosaban a los vendedores callejeros y a los cambistas para quedarse con sus mercancías.
- En marzo, unos agentes de policía golpearon y mantuvieron recluido brevemente a un cámara de la televisión que intentó filmarlos cuando maltrataban a los espectadores en un estadio de fútbol de Luanda. Días después, unos agentes del fisco golpearon a dos periodistas que les vieron robar las mercancías a un vendedor callejero.
Se recibieron informes sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas de seguridad.
- Manuel Mateus, trabajador de telecomunicaciones de 32 años, fue ejecutado extrajudicialmente en marzo. Dos agentes de la policía paramilitar le dijeron que tenía que pagarles una suma al averiarse su automóvil una noche. Su novia dijo que, antes de huir, vio a un agente golpear a Manuel con una llave inglesa y dispararle en un pie. Posteriormente, los familiares de Manuel encontraron el cuerpo de éste sin identificar en el depósito de cadáveres. La policía les dijo que un agente le había disparado en defensa propia, pero, según informes, la autopsia demostraba que la bala que lo había matado había sido disparada mientras estaba tumbado. Posteriormente se detuvo a un agente de policía, aunque al finalizar 2003 continuaba pendiente de juicio.
- En noviembre, miembros de la Unidad de la Guardia Presidencial mataron a Arsénio Sebastião en una playa de Luanda porque había interpretado una canción rap sumamente crítica con el gobierno. Algunos testigos intentaron intervenir infructuosamente mientras era golpeado, atado, apuñalado y ahogado en el mar por los soldados. Se detuvo a los responsables.
Desalojos forzados
La presión comercial sobre la tierra y la falta de garantías con respecto a su propiedad provocaron desalojos forzados en Luanda y otros abusos en zonas rurales. Los anteproyectos de ley agraria y de ley de desarrollo urbano existentes no concedían derechos de ocupación a las personas que vivían en situación irregular en las ciudades. Estas personas no tenían modo efectivo de obtener u ocupar la tierra legalmente.
En varias zonas de Luanda se llevaron a cabo desalojos forzados —realizados sin respetar el debido proceso, que incluye consulta y resarcimiento— en gran escala. En febrero, la policía desalojó a varias familias de Soba Kapassa disparando al aire y golpeando a algunas personas. Ni éstas ni centenares de familias más desalojadas de Soba Kapassa en años anteriores recibieron ningún tipo de indemnización. En Benfica se desalojó a 57 familias en marzo y a otra más el 15 de abril. Fueron realojadas en las afueras de Luanda, pero muchas perdieron sus bienes, su empleo o el acceso a los colegios.
- Emilia André Zunza, de 38 años de edad y madre de cuatro niños de entre 1 y 12 años, se quedó sin techo al quitarle la policía las placas de zinc con las que había construido su vivienda en Benfica y ofrecerle revendérselas. Encontró alojamiento con unos familiares al cabo de dos semanas.
A finales de 2003, más de 1.400 familias desalojadas de Boavista, en el centro de Luanda, en 2001, seguían viviendo en tiendas de campaña. En julio, la mitad de las más de 4.000 familias que vivían en tiendas en Zango, municipio de Viana, fueron realojadas en casas nuevas. Otras fueron realojadas posteriormente.
- En junio, enojados por el hecho de que las autoridades no les hubieran proporcionado otra vivienda, algunos de los antiguos habitantes de Boavista, según informes, quemaron 121 tiendas y ocuparon unas 300 casas en construcción en Viana. Fueron desalojados por agentes de policía y funcionarios del gobierno provincial, que golpearon a algunos de ellos.
- José Rasgadinho, coordinador de la comisión de residentes de Boavista, que ya había sido privado de libertad sin cargos en varias ocasiones, fue detenido en septiembre en Viana como sospechoso de haber planeado el incendio de tiendas de junio. A pesar de que el fiscal no encontró motivos para acusarlo y ordenó su puesta en libertad, permaneció detenido otros tres días por haberse extraviado, según dijo la policía, la orden. Según informes, la policía también se negó a facilitarle medicamentos para la hipertensión.
Los administradores de grandes fincas vulneraban los derechos de las personas cuyas familias habían construido pueblos o casas en ellas antes de que fueran privatizadas. Según informes, en una finca de la provincia de Huila, dos personas detenidas como sospechosas de haber robado ganado fueron torturadas con picanas. Dos de los presuntos torturadores fueron detenidos posteriormente, pero seguían sin haber sido juzgados al finalizar 2003. El administrador de otra finca de la provincia de Huila valló una granja, privando a la familia que la habitaba del acceso directo al agua y los pastos.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Luanda y Cabinda en abril y mayo para realizar labores de investigación.
