Argentina
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Néstor Kirchner, candidato del peronista Partido Justicialista, fue investido presidente en mayo, tras retirarse el ex presidente Carlos Menem de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. El nuevo gobierno tuvo que hacer frente a la fragilidad de la economía y las instituciones democráticas del país. Entre las cuestiones urgentes estaban el nuevo acuerdo sobre la administración tributaria en las provincias, las reformas del poder judicial y de la policía y la grave crisis social desencadenada por los altos niveles de pobreza y desempleo.
Condiciones de reclusión
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, perteneciente a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, visitó Argentina entre septiembre y octubre respondiendo a una invitación del gobierno. La delegación visitó centros de detención en la capital federal y las provincias de Buenos Aires, Mendoza y Salta. En unas declaraciones públicas, la delegación afirmó que las condiciones de reclusión en prisiones y comisarías eran de extrema gravedad, crueldad e inhumanidad. También llamó la atención sobre la criminalización de la pobreza, y destacó el impacto directo que estaba teniendo la negativa situación económica sobre los derechos humanos.
Menores
Se recibieron informes sobre torturas y malos tratos infligidos a menores en comisarías de policía.
- En Santiago del Estero se denunciaron casos de niños menores de 12 años detenidos arbitrariamente por la policía que presentaban contusiones y lesiones coincidentes con acusaciones de malos tratos policiales.
- En La Plata, provincia de Buenos Aires, se informó de que muchos menores que habían estado detenidos en comisarías de policía habían tenido que ser atendidos por cortes y hematomas, pero no se habían atrevido a presentar denuncias por temor a las represalias.
- En enero, numerosos menores que mendigaban en la ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza, fueron detenidos por la policía provincial y recluidos en comisarías. En la Comisaría Tercera de la Policía de Mendoza se registró el ingreso de al menos 30 menores. Según los informes, dos niñas de 11 y 13 años afirmaron haber sido recluidas en un calabozo cerrado con candado, a oscuras y con una manta, junto a su hermano de seis años, que había tenido que orinar en la celda porque no lo llevaron al baño cuando lo pidió. El recurso de hábeas corpus presentado por unos abogados de derechos humanos fue inicialmente rechazado por el Primer Juzgado de Instrucción. Varias horas después, los niños fueron entregados a sus familias o trasladados a la Comisaría del Menor por orden de una jueza provincial.
Defensores de los derechos humanos
Familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos, defensores de estos derechos y periodistas que informaban sobre asuntos de esta índole siguieron sufriendo actos de acoso y recibiendo amenazas de muerte.
- En enero, Gustavo Melmann, su esposa, sus cuatro hijos y algunos de sus familiares y amigos recibieron amenazas de muerte cuando se aproximaba el segundo aniversario de la violación y asesinato de su hija Natalia, ante la insistencia de la familia en exigir que se juzgara a dos hombres presuntamente implicados en el asesinato. En septiembre de 2002, tres agentes de policía habían sido condenados a cadena perpetua por la violación y asesinato de Natalia.
- Marcelino Altamirano, coordinador de un hogar para niños de la calle de la ciudad de Mendoza, fue víctima de actos de acoso en varias ocasiones. En agosto, alguien prendió fuego a su automóvil, estacionado a escasos metros de un lugar donde dormían cinco niños. Un comunicante anónimo dejó un mensaje que decía: “Te hicimos la maldad”. Aunque las autoridades provinciales le ofrecieron apoyo y garantías para su seguridad, Marcelino Altamirano sufrió una nueva agresión en octubre cerca de una comisaría próxima a su casa, en la localidad de Guaymallén, provincia de Mendoza. Según los informes, un hombre no identificado lo abordó y le dijo: “Te llegó la hora”, y a continuación efectuó un disparo al aire y le arrebató una mochila en la que llevaba documentos legales relacionados con 12 niños de la calle.
Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
En mayo, dos jueces de la Cámara Federal de La Plata declararon que los crímenes contra la humanidad eran imprescriptibles. Los jueces revocaron el sobreseimiento de la causa contra un ex oficial de policía acusado de destruir documentos del depósito de cadáveres de la jefatura de policía de Buenos Aires relativos a las causas de la muerte de algunas personas “desaparecidas”. Los jueces afirmaron que los delitos cometidos durante el gobierno militar (1976-1983) que estuvieran vinculados a crímenes contra la humanidad podían ser investigados y castigados.
En junio, la Suprema Corte de Justicia de México confirmó la extradición a España del argentino Ricardo Miguel Cavallo, ex capitán de la Armada, para responder por cargos de violación de derechos humanos (véase el apartado sobre México).
En julio, el presidente Néstor Kirchner revocó el Decreto 1581/01, que prohibía la extradición de individuos presuntamente implicados en violaciones de derechos humanos cometidas bajo gobiernos militares.
En agosto, el Senado declaró nulas las leyes de Punto Final y de Obediencia Debida. Estas leyes habían bloqueado la investigación de miles de casos de abusos contra los derechos humanos cometidos durante el gobierno militar. En octubre, la Corte Suprema remitió la cuestión de la constitucionalidad de estas leyes a la Cámara de Casación. Al concluir el año se estaba a la espera de una resolución.
En diciembre, la fiscalía de Núremberg, Alemania, dictó una orden de detención internacional contra el ex presidente argentino Jorge Rafael Videla y dos ex miembros de las fuerzas armadas. Los tres hombres habían sido acusados de participación en el homicidio de los ciudadanos alemanes Klaus Zieschank y Elisabeth Kasemann en 1976 y 1977, respectivamente.
Organizaciones internacionales
En octubre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió que Argentina tenía que proseguir y completar la investigación del caso de Walter Bulacio, muerto tras ser detenido por la policía en abril de 1991, y procesar a los presuntos responsables. La sentencia establecía que las normas sobre prescripción de la acción penal no eran aplicables y ordenaba pagar una indemnización de 400.000 dólares estadounidenses a los familiares de Walter Bulacio. La resolución también pedía que se introdujeran cambios en las leyes y prácticas policiales, para evitar que ocurrieran casos similares en un futuro.
