Bahamas
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Pena cruel, inhumana y degradante
Al terminar 2003 había al menos 27 personas condenadas a muerte. Los tribunales siguieron imponiendo condenas de muerte, pero no se llevó a cabo ninguna ejecución.
Al concluir el año, la Corte de Apelaciones seguía sin pronunciarse sobre si, para ejecutar las condenas de flagelación, debía utilizarse el látigo de nueve colas (un látigo compuesto por varias cuerdas con nudos) o la vara.
Condiciones de reclusión
En noviembre, el gobierno anunció reformas, entre las que se encontraban programas de empleo y la clasificación de los presos por categorías, en respuesta al informe hecho público en febrero por la Comisión de Reforma Penitenciaria. Entre las cuestiones que se destacaban como necesitadas de una reforma urgente se encontraban el hacinamiento, la formación, las condiciones de salubridad y la rehabilitación. Según el informe, en 2003 se encontraban encarceladas 478 de cada 100.000 personas: uno de cada 200 habitantes de Bahamas.
Las condiciones en algunos centros penitenciarios constituían trato cruel, inhumano o degradante. Entre los motivos de preocupación relativos a la prisión de Fox Hill se encontraban el grave hacinamiento, la falta de atención médica, la ausencia de un ejercicio adecuado y la práctica que obligaba a los detenidos a vaciar ellos mismos los cubos que se utilizaban como retrete. Muchos detenidos en espera de juicio siguieron viéndose privados de libertad durante largos periodos: en muchos casos, más de 24 meses. En noviembre, el fiscal general anunció una revisión de la Ley de Fianzas y otras medidas para reducir las demoras de los enjuiciamientos.
Según los informes, se detuvo arbitrariamente a inmigrantes y se les proporcionó una asistencia médica inadecuada. También se recibieron denuncias de palizas y abusos sexuales en el Centro de Detención para Inmigrantes Carmichael. A los niños recluidos en este centro se les negó el acceso a la educación, a la posibilidad de hacer ejercicio y a un contacto familiar adecuado. El gobierno declaró que estudiaría las recomendaciones formuladas por Amnistía Internacional en el informe que la organización había hecho público en noviembre, en el que exponía estos motivos de preocupación.
- No hubo nuevos progresos en la investigación de la muerte bajo custodia de un ciudadano polaco, ocurrida en agosto de 2002, según los informes a consecuencia de la falta de atención médica.
- Se recibieron informes que indicaban que dos detenidas de 14 y 15 años murieron el 2 de noviembre en el Centro Willamae Pratt para Niñas. Según los informes, las niñas estaban encerradas en sus celdas y encadenadas a sus camas cuando se declaró un incendio en el centro. Una investigación dirigida por el arzobispo Drexel Gomez no había hecho públicas sus conclusiones al terminar el año. Se ordenó la instrucción de una investigación judicial sobre estas muertes.
Solicitantes de asilo
Continuó la devolución de solicitantes de asilo procedentes de países como Haití y Cuba a sus países de origen sin que se les permitiera acceder a un procedimiento justo y completo para evaluar su solicitud, en contra de lo estipulado por el derecho internacional.
Malos tratos policiales y disparos
Se recibieron informes constantes sobre malos tratos a detenidos infligidos por agentes de policía, y sobre varios disparos con consecuencias mortales.
- El 6 de agosto, la policía disparó contra Giselle Glinton en circunstancias controvertidas. La policía alegó que los agentes estaban siendo blanco de disparos cuando efectuaron el tiro mortal. Sin embargo, los testigos afirmaban que la policía había abierto fuego sin que mediara provocación cuando Giselle Glinton viajaba como pasajera en una motocicleta. Al concluir el año, una investigación interna aún no había presentado sus resultados.
- En octubre comenzó la investigación sobre la muerte de Jermaine Alexander Mackey por disparos de la policía, ocurrida el 5 de diciembre de 2002. Los testigos afirmaban que la policía había dado el alto a Jermaine Mackey y que, cuando éste había echado a correr, le habían disparado varias veces en la cabeza y el tórax. La investigación aún no había concluido al terminar el año.
Reforma legislativa y constitucional
Suscitaba preocupación el proyecto de Ley contra el Terrorismo de 2003, que proponía una ampliación radical del ámbito de aplicación de la pena de muerte para incluir los “actos terroristas” con resultado de muerte. Abogados y otras personas manifestaron su preocupación por el hecho de que la definición, extremadamente amplia, del nuevo delito de “acto terrorista” amenazaba seriamente con minar derechos fundamentales como la libertad de expresión, de asociación y de reunión, y porque, a pesar de una disposición que protegía el derecho de manifestación y de huelga, era posible que se castigaran actividades legítimas y pacíficas de individuos u organizaciones. El proyecto de ley proponía asimismo introducir el delito de “pedir y dar apoyo a grupos terroristas”, punible con 20 años de prisión.
