Brasil
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
En enero tomó posesión el equipo de gobierno del recién elegido presidente Luiz Inácio Lula da Silva, primer gobierno federal en Brasil del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT). Aunque el nuevo gobierno presentó varias propuestas de inversión en asuntos sociales, especialmente en la lucha contra el hambre, las presiones económicas lo llevaron a adoptar una política fiscal restrictiva que limitaba el gasto social, mientras que su programa en el Congreso estaba dominado por planes para introducir reformas políticas. En el ámbito internacional, el gobierno se pronunció claramente en favor del multilateralismo, el Estado de derecho y los derechos humanos internacionales, en un momento en el que estas cuestiones corrían grave peligro. Por ejemplo, Brasil se negó a firmar un acuerdo de impunidad con Estados Unidos relativo a la Corte Penal Internacional que habría supuesto un incumplimiento de las obligaciones que el país ha contraído en virtud del derecho internacional. Sin embargo, el proceso de adaptación de las propias leyes brasileñas a las exigencias del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional seguía sometido a examen.
En la conferencia de la Organización Mundial del Comercio celebrada en Cancún, México, en septiembre, Brasil fue una de las principales fuerzas que promovieron la creación de un bloque de países para hacer frente al tradicional poder económico de Estados Unidos y la Unión Europea.
En noviembre, el presidente Lula aseguró a la secretaria general de Amnistía Internacional que apoyaría la campaña mundial en favor de la introducción de un tratado internacional sobre el comercio de armas. Amnistía Internacional tomó nota con interés del “estatuto de desarme” del gobierno, cuyo objetivo era controlar la posesión y venta de armas pequeñas, como un primer paso para combatir la violencia.
Homicidios cometidos por la policía, ejecuciones extrajudiciales y “escuadrones de la muerte”
El elevado índice de delitos y violencia urbana siguió provocando protestas generalizadas en favor de una actuación policial más enérgica y nuevas medidas judiciales punitivas. El gobierno federal propuso, en su Sistema Único de Seguridad Pública, un plan a largo plazo para reformar la seguridad pública, que incluía la aplicación de normas de derechos humanos y que debía ser adoptado por los gobiernos de todos los estados. Sin embargo, algunos gobiernos estatales, como los de São Paulo y Río de Janeiro, siguieron defendiendo el uso de métodos policiales represivos. Ambos estados registraron un espectacular aumento del número de civiles muertos en conflictos con la policía. Según cifras oficiales, la policía mató a 915 personas en São Paulo, un incremento de casi el 11 por ciento con respecto al año anterior. En Río de Janeiro, entre enero y noviembre, las fuerzas de policía estatales mataron a 1.195 personas, un incremento del 32,7 por ciento. Los gobiernos de ambos estados informaron a Amnistía Internacional de que el aumento de los homicidios era consecuencia de un endurecimiento de la actuación policial. Sin embargo, según los informes, muchas de estas muertes ocurrieron en circunstancias que hacían pensar en un uso excesivo de la fuerza o en ejecuciones extrajudiciales. Los homicidios rara vez se investigaron, ya que solían clasificarse como “resistencia seguida de muerte”. En São Paulo murieron numerosos agentes de policía en una serie de ataques contra comisarías, perpetrados, según los informes, por bandas criminales.
- El 16 de abril, cuatro jóvenes desarmados murieron abatidos a tiros en la comunidad de Borel, Río de Janeiro, durante una operación de la Policía Militar. Las circunstancias exactas de las muertes no estaban claras, pero los testimonios y las pruebas técnicas indicaban que los jóvenes habían sido ejecutados sumariamente. La Policía Civil no inició una investigación hasta dos meses después de los homicidios, a raíz de las protestas de los vecinos de la comunidad y la presión del gobierno federal. Cinco agentes de la Policía Militar fueron acusados del homicidio de los jóvenes y apartados del servicio. Amnistía Internacional, no obstante, albergaba inquietudes respecto a la investigación.
Los “escuadrones de la muerte” respaldados por la policía o por ex agentes de este cuerpo fueron responsables, según los informes, de operaciones de “limpieza social” y actividades relacionadas con la delincuencia organizada. Durante una visita realizada a Brasil en septiembre, el gobierno federal informó a la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Asma Jahangir, de la existencia de “escuadrones de la muerte” activos en 15 de los 26 estados del país. Las dificultades para proteger a los testigos y, por tanto, para garantizar procesamientos en tales casos, quedaron de manifiesto con el homicidio, en los estados de Bahía y Paraíba, de dos testigos que habían prestado testimonio ante Asma Jahangir. En el estado de São Paulo, miembros de la sociedad civil, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo para Asuntos Policiales denunciaron la existencia, en las localidades de Guarulhos y Ribeirão Preto, de “escuadrones de la muerte” responsables, según los informes, de numerosos homicidios de jóvenes en circunstancias que apuntaban a ejecuciones sumarias. El 16 de abril, un policía militar de Guarulhos declaró en Globo TV que había participado en la muerte de unas 115 personas, y que aproximadamente el 90 por ciento de los presuntos tiroteos policiales se organizaban para encubrir ejecuciones.
Hubo varios juicios relacionados con las matanzas de 1993 en Vigário Geral y Candelária, en las que 21 vecinos de barrios marginales y 8 niños de la calle murieron a manos de “escuadrones de la muerte” de la Policía Militar. En febrero, un agente de policía fue condenado a 300 años de cárcel por la matanza de Candelária, y en septiembre otro agente fue condenado a 59 años de cárcel por participar en la matanza de Vigário Geral. En otras dos vistas, 18 policías fueron absueltos de su presunta participación en la matanza de Vigário Geral. El Ministerio Público presentó un recurso contra la absolución de nueve de estos hombres. Del total de 40 agentes —como mínimo— acusados inicialmente de implicación en la matanza de Vigário Geral, sólo se sabía de dos que estuvieran cumpliendo penas de cárcel.
Se llevaron a cabo importantes investigaciones sobre homicidios cometidos por la policía y sobre corrupción policial.
- En noviembre, autoridades federales de São Paulo acusaron a dos miembros de la Policía Federal y a un juez federal de participar en actividades de la delincuencia organizada y en la venta de sentencias judiciales. Los procesamientos se consideraron un paso importante en la lucha contra la corrupción dentro del sistema de justicia penal, que durante mucho tiempo había favorecido la impunidad que rodeaba a las actividades de la delincuencia organizada y a las violaciones de derechos humanos.
- El 4 de diciembre, el Ministerio Público del estado de São Paulo anunció que iba a acusar a 53 miembros de la Policía Militar de tres cargos de homicidio. Los policías militares, en su mayoría miembros del Grupo de Represión y Análisis de los Delitos de Intolerancia (Grupo de Repressão e Analise dos Delitos de Intolerãncia, GRADI) —unidad especial creada inicialmente para investigar los crímenes basados en el odio—, fueron acusados de ejecutar sumariamente a 12 presuntos miembros de una banda de delincuentes en la autopista de Castelinho el 5 de marzo de 2002. El Tribunal Supremo del estado siguió investigando la implicación en el caso del secretario de Seguridad Pública estatal y de dos jueces.
Tortura y malos tratos
La tortura siguió siendo una práctica generalizada y sistemática en la mayoría de los centros penitenciarios y comisarías de policía, y también se recurría a ella en el momento de la detención. Tras la muerte de Chan Kim Chang —hombre de negocios chino que, en agosto, según los informes, había sido torturado hasta morir por guardias de la prisión Ary Franco, en Río de Janeiro—, el ministro de la Casa Civil del presidente Lula y el secretario de Seguridad Pública del estado de Río de Janeiro reconocieron públicamente que la tortura seguía estando muy extendida en Brasil. No obstante, según los informes, no se produjo un aumento significativo del número de acusaciones y condenas en aplicación de la ley contra la tortura de 1997. El 26 de junio, el gobierno emprendió una segunda campaña contra la tortura que incluía programas de formación para fiscales y jueces.
El sistema de reclusión de menores de la Fundación Estatal para el Bienestar del Menor (Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, FEBEM) de São Paulo siguió generando informes de tortura, rebelión, violencia entre detenidos, fugas y conflictos laborales. En junio, delegados de Amnistía Internacional y grupos locales de derechos humanos visitaron la unidad 30 del complejo de la FEBEM en Franco da Rocha. Los delegados documentaron decenas de casos de palizas y otras formas de tortura utilizadas por los cuidadores. Algunos menores declararon que, a su llegada, los habían obligado a correr descalzos por pasillos sembrados de cristales rotos. Los detenidos dijeron que la tortura era utilizada por un pequeño grupo de cuidadores que gozaban de impunidad. Las unidades 30 y 31 del complejo Franco da Rocha estaban cerradas al acabar el año.
Condiciones de reclusión y muertes bajo custodia
En comisarías de policía, prisiones y centros de reclusión de menores, los detenidos seguían padeciendo condiciones crueles, inhumanas o degradantes. Hubo frecuentes informes sobre problemas de hacinamiento, malas condiciones higiénicas, restricciones en el acceso a los servicios de salud, uso constante de la tortura, motines y actos de violencia entre presos. El sistema penitenciario albergaba al menos a 285.000 internos en instalaciones concebidas para 180.000.
Amnistía Internacional siguió manifestando su preocupación por la propuesta de Régimen Disciplinario Diferenciado, sistema que permitiría someter a régimen de aislamiento durante un periodo de hasta un año a los “presos peligrosos” recluidos en prisiones de alta seguridad. El Congreso aprobó formalmente la propuesta, pero ésta fue condenada por numerosos sectores que la consideraron inconstitucional y un abuso contra los derechos humanos.
En la Comisaría de la División de Robos y Hurtos de Belo Horizonte, más de 20 detenidos murieron a manos de otros reclusos durante el año. Había aproximadamente 530 detenidos recluidos en 22 celdas concebidas para un total de 67 personas. Fiscales estatales dijeron a Amnistía Internacional que seguían recibiendo denuncias procedentes de detenidos de ésta y otras comisarías de policía de la ciudad.
Defensores de los derechos humanos
Los defensores de los derechos humanos, señalados por algunos dirigentes estatales y elementos de los medios de comunicación como “defensores de bandidos”, tuvieron que hacer frente a amenazas constantes contra su vida. En junio, la Secretaría Especial para los Derechos Humanos, dependiente de la Presidencia, creó un grupo especial de trabajo, en el que había autoridades federales y estatales y miembros de la sociedad civil, que se encargaría de elaborar un plan nacional para la protección de los defensores de los derechos humanos.
En Espírito Santo, la “misión especial” establecida por el gobierno federal para investigar las actividades de la delincuencia organizada y los “escuadrones de la muerte” en el estado efectuó varias detenciones de gran importancia, entre ellas la del ex presidente de la Asamblea Legislativa estatal y la de un ex coronel de la Policía Militar. En marzo, un juez relacionado con el caso, Alexandre Martins, murió por disparos de un individuo. El secretario de Seguridad Pública del estado dijo que creía que el homicidio guardaba relación con el encarcelamiento del ex coronel de la Policía Militar.
Violencia contra grupos indígenas
Aumentaron los homicidios y los actos de intimidación y acoso contra las comunidades indígenas. Entre enero y octubre hubo 23 homicidios de dirigentes indígenas. Los procedimientos de demarcación de los territorios indígenas quedaron paralizados en muchas zonas —en algunos casos, según los informes, a causa de negociaciones políticas—, hecho que elevó enormemente la tensión. Los dirigentes indígenas a menudo fueron criminalizados por sus actividades, y las autoridades frecuentemente restaron importancia a las agresiones contra ellos atribuyéndolas a disputas tribales internas. El ministro de Justicia le dijo a Amnistía Internacional que todos los homicidios de miembros de comunidades indígenas ocurridos durante el año habían sido consecuencia de conflictos internos.
- El 7 de febrero, en Pesqueira, estado de Pernambuco, Marcos Luidson de Araújo, cacique de la tribu xucuru, y su sobrino de 12 años, escaparon de una aparente emboscada en la que murieron otros dos indígenas, Adenílson Barbosa da Silva y Joséilton José dos Santos. En octubre de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido a las autoridades brasileñas que dieran protección a Marcos Luidson, cosa que no hicieron. Un hombre fue acusado de participar en el ataque. Según los informes, los agentes de la Policía Federal que investigaban el ataque trataron reiteradamente de acusar a Marcos Luidson de provocar la agresión. En 1992 se había demarcado un área de 27.000 hectáreas en favor de la tribu xucuru, territorio que desde entonces le disputan algunos terratenientes. Desde 1998, otros dos dirigentes xucurus han muerto abatidos a tiros.
Violencia y conflictos territoriales
La violencia, las amenazas, la intimidación y el hostigamiento político contra los activistas campesinos siguieron constituyendo problemas endémicos. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, entre enero y septiembre hubo 53 homicidios de activistas campesinos. Tan sólo cinco personas estaban cumpliendo penas de cárcel por los 976 homicidios de activistas campesinos cometidos entre 1985 y 1996. Uno de los lugares críticos del conflicto rural volvió a ser el sur del estado de Pará, una zona caracterizada por el trabajo forzoso, las actividades madereras ilegales, el tráfico de drogas y las disputas territoriales. Hasta el mes de septiembre se registraron en el estado 31 homicidios, la mayoría de ellos en el sur.
- El 12 de septiembre, siete trabajadores rurales y un campesino murieron por disparos de unos hombres en São Felix do Xingu, un día después de haber sido amenazados por los guardias de seguridad de un terrateniente local con el que mantenían un litigio.
- El 4 de agosto, en el estado de Paraná, Francisco Nascimento de Souza, dirigente del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST), fue hallado muerto en Mariluz. Francisco Nascimento era uno de los siete dirigentes del MST cuyos nombres, según los informes, figuraban en una “lista negra” de personas amenazadas de muerte que circulaba por el estado.
Hubo encarcelamientos de activistas campesinos por cargos aparentemente de motivación política. En la región de Pontal do Parapanema, São Paulo, José Rainha Júnior, dirigente nacional del MST en el estado, fue condenado a dos años y ocho meses de prisión por posesión ilegal de armas. Según los informes, el secretario especial para los Derechos Humanos del gobierno federal calificó la sentencia de “absurda”. En noviembre, el Supremo Tribunal Federal apoyó el recurso de hábeas corpus de José Rainha Júnior, y éste quedó en libertad en espera de que se resolviera la apelación. Según los informes, entre septiembre de 2002 y septiembre de 2003, un juez de la región dictó 11 órdenes de detención contra 40 activistas del MST. Las órdenes, anuladas en todos los casos, calificaban a la organización de banda criminal, acusación que mereció la condena de Amnistía Internacional y de otros grupos.
En la zona nordeste, defensores de los derechos humanos informaron sobre otros ocho trabajadores rurales detenidos en el estado de Paraíba, cuya detención también parecía debida a motivos políticos y que habían sido torturados mientras se hallaban bajo custodia.
Las condenas dictadas en dos casos distintos contra los responsables de ordenar la muerte de activistas campesinos constituyeron una importante victoria en la lucha contra la impunidad. El 25 de mayo, en el estado de Pará, Vantuir Gonçalves de Paula y Adilson Carvalho Laranjeira, ex alcalde, fueron condenados a sendas penas de 19 años y 10 meses de prisión por ordenar el asesinato del sindicalista João Canuto, ocurrido en Rio Maria en 1985. En Maranhão, el terrateniente Osmar Teodoro da Silva fue condenado a 19 años de prisión por ordenar la muerte del padre Josimo Moraes Tavares, sacerdote y colaborador de la Comisión Pastoral de la Tierra muerto por disparos de un individuo en 1986.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Brasil en marzo y junio para llevar a cabo labores de investigación. En noviembre, la secretaria general de Amnistía Internacional y delegados de la organización se entrevistaron con el presidente y otras altas autoridades del gobierno, los gobernadores de Río de Janeiro y São Paulo, miembros de la sociedad civil y víctimas de violaciones de derechos humanos. En mayo, un delegado de Amnistía Internacional asistió como observador al juicio de Vantuir Gonçalves de Paula y Adilson Carvalho Laranjeira.
