República del Congo
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
En febrero se detuvo a un ex oficial de las fuerzas armadas ruandesas en la capital, Brazzaville, por su presunta participación en el genocidio perpetrado en Ruanda en 1994. El ex oficial fue entregado al Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
En marzo, el gobierno firmó un acuerdo de paz con el grupo armado de oposición Consejo Nacional de Resistencia (Conseil national de résistance, CNR), con lo que se puso fin al conflicto que desde hacía un año venía librándose en la región de Pool. La aplicación del acuerdo incluía el desarme de unos 2.300 combatientes del Consejo Nacional de Resistencia conocidos como “ninjas” y la puesta en libertad de 40 combatientes capturados. En agosto, la Asamblea Nacional aprobó una ley que concedía la amnistía a los combatientes del Consejo Nacional de Resistencia, miembros de las fuerzas gubernamentales, integrantes de milicias aliadas y mercenarios acusados de cualquier delito cometido a partir de enero de 2000.
En agosto se nombró al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, creada en virtud de la Constitución de 2002. La Comisión tenía como cometido trabajar en favor de la protección y promoción de esos derechos. Varios grupos no gubernamentales de derechos humanos pusieron en duda su independencia e imparcialidad.
El 12 de agosto, nuevos miembros del Tribunal Superior de Justicia tomaron posesión de su cargo. Dicho tribunal, formado por 17 jueces del Tribunal Supremo y 19 miembros del órgano legislativo, está facultado para juzgar a los funcionarios del gobierno, incluido el presidente, los ministros y los parlamentarios. La designación de nuevos miembros, que constituían la mayoría del Tribunal y entre los que había políticos, suscitó temor respecto a su independencia e imparcialidad y a los motivos que se escondían tras su designación.
El 1 de septiembre, el gobierno ratificó la Convención de la ONU contra la Tortura. El 22 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley para ratificar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Durante los tres últimos meses de 2003, el Comité Internacional de la Cruz Roja impartió formación sobre derecho internacional humanitario a unos 1.500 oficiales de las fuerzas armadas.
Impunidad: las “desapariciones” de mayo de 1999
En abril, el gobierno pidió a la Corte Internacional de Justicia de La Haya que dictaminara que los tribunales franceses carecían de jurisdicción para investigar o procesar a funcionarios del gobierno, incluido el presidente Sassou-Nguesso, o de las fuerzas de seguridad congoleñas. Los funcionarios fueron acusados en una demanda presentada en un tribunal francés a fines de 2001 de ser responsables de la “desaparición” en mayo de 1999 de al menos 353 refugiados que volvían de la vecina República Democrática del Congo. En junio, la Corte Internacional de Justicia desestimó los argumentos del gobierno. Sin embargo, ningún funcionario compareció ante los tribunales.
Las investigaciones llevadas a cabo en la República del Congo sobre las “desapariciones” de 1999 no habían concluido al terminar 2003. Se informó de que el juez instructor había entrevistado a ministros, responsables de seguridad y familiares de los “desaparecidos” y que había acusado a cuatro personas, cuyas identidades no se habían revelado, de delitos sin especificar. No se detuvo a nadie. A principios de noviembre, el juez manifestó que las investigaciones habían sido bloqueadas, pero no aportó más información. El juez falleció a mediados de noviembre debido a una enfermedad y no hay constancia de que haya sido sustituido.
En noviembre se informó de que el gobierno había solicitado que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) proporcionara documentos relativos al regreso de los refugiados en 1999. Según informes, en una carta dirigida a la Oficina del ACNUR, el ministro de Asuntos Exteriores dijo que las personas presuntamente “desaparecidas” en realidad habían permanecido en la República Democrática del Congo. Sin embargo, se ha informado de que el ministro de Comunicación afirmó que se había producido un ajuste de cuentas y errores desafortunados, pero que las autoridades “no tenían ningún plan” para secuestrar o matar a los refugiados.
Homicidios ilegítimos
El gobierno no tomó ninguna medida contra los homicidios ilegítimos. Al menos 13 personas, cinco de ellas civiles inermes, murieron el 15 de octubre en el curso de un tiroteo en Mindouli, en la región de Pool. Según las autoridades, el tiroteo se inició cuando unos empleados ferroviarios intentaron impedir que unos ex combatientes “ninja” introdujeran contenedores de combustible en un tren. No hay constancia de que se tomara ninguna medida contra los responsables.
En octubre, grupos de derechos humanos expresaron su preocupación por el homicidio de presuntos hechiceros acusados de ser responsables de muertes aparentemente naturales. Según informes, sólo en la región de Cuvette, entre 1999 y 2003 se dio muerte a unos 87 hechiceros. Las autoridades no tomaron medidas para impedir los homicidios o llevar a los responsables ante la justicia.
Desplazados internos
A principios de 2003, más de 230.000 personas habían quedado desplazadas como consecuencia del conflicto armado. Muchas de ellas no tenían acceso a suficientes alimentos o medicinas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU informó en septiembre de que en la región de Pool se padecía una intensa crisis humanitaria.
