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Discriminación contra los romaníes

Las personas de etnia romaní siguieron viéndose discriminadas en diversos ámbitos de la vida, a pesar de que el gobierno tomó algunas medidas positivas. En enero, el Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, lamentó que algunas de sus recomendaciones no hubieran sido suficientemente atendidas. Éstas incluían el desarrollo de campañas de sensibilización para reducir las prácticas discriminatorias contra los romaníes y la puesta en marcha de programas especiales para mejorar el nivel de vida, la educación y la salud de los niños romaníes. El Comité se mostró asimismo preocupado por el excesivo número de niños romaníes que seguían asistiendo a escuelas para niños con dificultades de aprendizaje, las llamadas “escuelas especiales”, y por la discriminación sufrida por los inmigrantes ilegales y algunos refugiados en el acceso a la educación.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por “la persistencia de actos de violencia por motivos raciales y de actos de incitación al odio, así como por la persistencia de la intolerancia y la discriminación de hecho, en particular respecto de la minoría romaní”, y por el índice desproporcionadamente alto de desempleo existente entre los romaníes. El Comité recomendó que se aplicara la legislación vigente de un modo más efectivo.

Hubo varios informes de malos tratos a romaníes por parte de la policía. Muy pocos de estos incidentes se investigaron de forma independiente e imparcial. El sistema para investigar las denuncias contra agentes de policía no cumplía los requisitos de independencia e imparcialidad previstos en las normas internacionales de derechos humanos, ni tampoco las recomendaciones del Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Incluso en los casos en los que los agentes eran declarados culpables de delitos graves, se les imponían penas leves.
  • En junio, un tribunal de Cheb, localidad del oeste de Bohemia, impuso a tres agentes de policía una pena condicional de prisión por golpear brutalmente a Karel Billy, hombre de etnia romaní. Otros dos agentes fueron absueltos. Los policías, según los informes, le hicieron detenerse para comprobar su identidad y, a continuación, lo llevaron a un bosque cercano, donde le dieron una paliza brutal, le orinaron encima y le dirigieron insultos racistas. Sólo al intervenir los médicos que lo atendieron decidió el Servicio de Inspección Policial llevar a cabo una investigación. Incluso entonces, los agentes fueron acusados en un primer momento sólo de “abuso de autoridad por parte de un funcionario público”. Según los informes, el comisionado gubernamental para los Derechos Humanos calificó la sentencia del tribunal de “realmente triste”, sobre todo porque el delito había sido cometido por agentes de policía.
  • El 12 de mayo, en Popovice u Jičin, nordeste de Bohemia, cinco agentes de la policía especial antidisturbios irrumpieron, según parece, en la vivienda de la familia Daniš, de etnia romaní, profiriendo insultos racistas. Los agentes, según los informes, golpearon a Lubica Danišova, a su hijo Marcel, de 17 años, y a su hija, que estaba embarazada, y acusaron a la familia de robar en un restaurante propiedad de uno de los agentes. El 20 de mayo, el Servicio de Inspección Policial abrió una investigación sobre la “violación de la libertad del domicilio”, sin referirse en absoluto a la motivación racista del delito.

Utilización de “camas jaula” como método de inmovilización

En algunos hospitales psiquiátricos y centros de asistencia social se utilizaron “camas jaula” como método de inmovilización, según informes de organizaciones no gubernamentales locales. El Centro para el Desarrollo de la Atención de la Salud Mental averiguó que, de las 600 camas del Hospital Psiquiátrico de Jihlava, 60 eran “camas jaula”, y que 416 pacientes habían sido inmovilizados en ellas durante 2002. Por otra parte, el Centro de Apoyo de la Discapacidad Mental encontró en otra institución unas 17 “camas jaula” y dos cunas “con red, para evitar que los niños se caigan”. En una cuna con barrotes metálicos y candado había un niño de siete u ocho años aquejado de grave discapacidad intelectual y física; no parecía estar vigilado ni recibir tratamiento alguno.

La utilización de “camas jaula” y la negación de rehabilitación y asistencia adecuadas a niños con discapacidad constituyen trato cruel, inhumano y degradante, y suponen una infracción del derecho internacional y de los principios de buena práctica profesional. El Ministerio de Asuntos Sociales checo reconoció que se usaban “camas jaula”, pero también señaló que no había ninguna ley que prohibiera explícitamente este método de inmovilización, y mencionó la existencia de limitaciones presupuestarias para la contratación de suficiente personal preparado.




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