República Dominicana
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Se convocaron elecciones presidenciales para mayo de 2004. El ex presidente Leonel Fernández ganó las primarias como representante del opositor Partido de la Liberación Dominicana.
En marzo, centenares de niños de origen haitiano nacidos en la República Dominicana realizaron una marcha hasta la Suprema Corte de Justicia para exigir la nacionalidad dominicana. El 16 de octubre, un tribunal de apelación rechazó el recurso presentado por el gobierno contra una decisión anterior en la que se reconocían los derechos de ciudadanía de dos niños que se encontraban en estas circunstancias. Tal decisión había abierto la puerta de hecho al reconocimiento de los derechos de ciudadanía, negados largo tiempo por las autoridades, a todos los niños en esta situación. Se ignoraba si el gobierno pensaba apelar a la Suprema Corte de Justicia.
En junio, el Departamento de Estado estadounidense citó a la República Dominicana entre los 15 países que no se habían esforzado lo suficiente por combatir la trata de seres humanos, y amenazó con cortarle la ayuda. En respuesta, la Policía Nacional creó una unidad especializada para combatir esta actividad, y en agosto se presentó al Parlamento un nuevo proyecto de ley contra la trata de personas.
Violencia durante las protestas contra los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional
En el mes de mayo, tras unas acusaciones de fraude, el poderoso Banco Intercontinental (BANINTER) se declaró en quiebra, lo cual le costó al gobierno, según los informes, 2.200 millones de dólares estadounidenses. Las autoridades empezaron a negociar créditos urgentes con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y en agosto firmaron un acuerdo. Estallaron protestas callejeras contra las conversaciones con el FMI y contra la subida de precios y los cortes de electricidad. Hubo frecuentes enfrentamientos entre manifestantes y policías; en algunos casos se acusó a los manifestantes de hacer explotar bombas de fabricación casera o de disparar contra las fuerzas de seguridad, mientras que la policía a menudo fue acusada de homicidios ilegítimos y de uso excesivo de la fuerza. Varias personas murieron por disparos y muchas otras resultaron heridas durante los disturbios.
- El 8 de julio, según los informes, en el barrio de Capotillo, Santo Domingo, Juan Lin, comerciante de 33 años, murió al ser alcanzado por los disparos efectuados por la policía contra un grupo de personas que se manifestaban contra la política económica del gobierno. Se cree que estaba cerrando su establecimiento para evitar que sufriera daños durante los disturbios.
- El 6 de agosto, la policía irrumpió en la oficina de la Central Nacional de Transportistas Unificados en Santo Domingo, donde se celebraba una reunión previa a una protesta, y disparó contra las personas que se encontraban en su interior. Al menos tres organizadores resultaron heridos, según los informes. El sindicato entabló una demanda judicial.
- Durante una huelga general celebrada el 11 de noviembre, al menos seis personas resultaron muertas y 30 sufrieron heridas en enfrentamientos entre manifestantes y policías en varias localidades, entre ellas Santo Domingo, Santiago, Bonao, San Francisco de Macoris y Moca. Las protestas eran contra la situación económica y la política del gobierno. En un intento de desanimar a los huelguistas, la policía había detenido con anterioridad a varios centenares de activistas.
Homicidios ilegítimos atribuidos a las fuerzas de seguridad
A pesar de que, tras el nombramiento en 2002 de un nuevo jefe de policía, se registró una reducción inicial en el número de denuncias de homicidios ilegítimos, tales denuncias se hicieron cada vez más frecuentes en el año 2003. En diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos anunció que, desde el mes de enero, más de 200 personas habían muerto en presuntos “intercambios de disparos” con la policía. En estos casos, las víctimas a menudo murieron en circunstancias controvertidas. Se hicieron progresos en el objetivo de garantizar el procesamiento de los agentes acusados de violaciones de derechos humanos ante tribunales ordinarios, a través de diversas modificaciones del Código de Procedimiento Penal, cuya entrada en vigor estaba prevista para 2004, y de un proyecto de ley de reforma de la policía aprobado por la cámara baja en marzo y debatido por el Senado en septiembre. No obstante, en la práctica, la mayoría de los presuntos homicidios ilegítimos continuaron sin castigo. En algunos casos de especial resonancia, las fuerzas de seguridad nombraron sus propias comisiones para realizar investigaciones iniciales, como resultado de las cuales varios agentes fueron apartados del servicio, si bien pocos fueron procesados.
- El 27 de mayo, Jacobo Abel Grullar Ortega, de 16 años, murió al ser alcanzado en la parte posterior de la cabeza por disparos de una patrulla de policía en la zona de Los Frailes, Santo Domingo. Los agentes, según los informes, estaban persiguiendo a dos sospechosos y dispararon por error contra Jacobo Abel Grullar Ortega. Sus familiares presentaron una denuncia formal contra la patrulla y, de acuerdo con los informes, los agentes implicados fueron detenidos. El cuerpo de policía nombró una comisión para investigar los hechos, pero no se facilitó más información.
- El 22 de septiembre, en Sabana Perdida, un agente de policía mató, según los informes, a José Francisco Nolasco López, estudiante de 22 años, delante de numerosos testigos, incluido el padre de la víctima, tras confundirlo con un presunto delincuente. Según los testigos, los policías impidieron que un médico atendiera a Francisco Nolasco López y le pusieron un arma en el cinturón para tratar de justificar el homicidio. Una comisión de investigación creada por la policía recomendó que el agente responsable fuera juzgado ante un tribunal ordinario. El agente fue puesto bajo custodia, pero posteriormente quedó en libertad por orden del juez de instrucción, decisión que originó protestas callejeras. En noviembre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia dijo que el juez de instrucción había sido suspendido de sus funciones en espera de que se revisara la orden de libertad.
Restricciones a la libertad de expresión
En mayo, el Ministerio Público asumió el control del grupo de medios de comunicación Listín Diario, tras ser detenido su propietario por cargos de corrupción relacionados con el escándalo de BANINTER. Los directores y algunos periodistas dimitieron, por temor a ver recortada su libertad de expresión. En julio, un juez ordenó que Listín Diario fuera devuelto a sus propietarios; esta orden fue recurrida. Algunos periodistas de otros medios sufrieron detenciones breves, y varios programas que habían difundido críticas al presidente Mejía vieron temporalmente suspendidas sus emisiones.
Condiciones de reclusión
Las prisiones seguían padeciendo problemas endémicos, entre ellos un grave problema de hacinamiento. Al menos dos presos murieron y más de 20 resultaron heridos en dos motines ocurridos en la prisión de Najayo, San Cristóbal; uno de los motines tuvo lugar en el centro de detención de menores. En octubre estalló un motín en la prisión de Moca, tras la muerte de uno de los presos por falta, según parece, de atención médica adecuada.
Las autoridades anunciaron que la primera promoción de la nueva Escuela Penitenciaria Nacional para la formación de un cuerpo especializado de guardias penitenciarios se graduaría en diciembre. Mientras tanto, la mayoría de los presos seguían bajo la vigilancia de miembros de las fuerzas de seguridad que carecían de formación o de responsabilidades específicas sobre su custodia.
Impunidad
En enero, un tribunal de apelación resolvió que no existían pruebas suficientes para proceder contra los acusados de la “desaparición”, en 1994, del periodista y profesor universitario Narciso González, que fue detenido, según los informes, por miembros del ejército en las calles de Santo Domingo.
Con respecto al homicidio, en 1975, del periodista Orlando Martínez Howley, a finales de 2002 sus familiares elevaron una petición a la Suprema Corte de Justicia para que declarara incompetentes a los jueces del tribunal de apelación que habían revocado el fallo condenatorio contra los cuatro acusados. Éstos permanecieron en prisión mientras se examinaba la petición de los familiares de Orlando Martínez. Finalmente, la Suprema Corte rechazó la petición y ordenó a un tribunal de apelación que prosiguiera las vistas del caso; los cuatro hombres siguieron encarcelados. Al concluir las vistas, el tribunal resolvió que las penas a las que habían sido condenados eran excesivas y las redujo al menos a la mitad. Los familiares de la víctima presentaron una apelación contra esta decisión ante la Suprema Corte.
Violencia contra las mujeres
En febrero, la Suprema Corte de Justicia anunció el inicio de las actividades de un tribunal especial ubicado en Santo Domingo que se encargaría de juzgar casos de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar.
