Ecuador
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Lucio Gutiérrez Borbúa, coronel retirado del ejército, asumió el cargo de presidente en enero con el apoyo del Movimiento Pachakutic, partido político respaldado por las comunidades indígenas. No obstante, antes de concluir agosto, el Movimiento Pachakutic rompió filas con el gobierno acusándolo de mantener una política económica que no servía a los intereses de la mayoría de la población.
Durante todo el año, los sindicatos y las organizaciones populares, incluidas aquellas con raíces en las comunidades indígenas, estuvieron organizando manifestaciones contra la creciente pobreza y la política económica del gobierno.
En noviembre, el presidente declaró el estado de emergencia en la ciudad de Cuenca y la provincia de Azuay. Según el decreto, la medida obedecía a una “ola delictiva que ha dejado una secuela de pérdidas humanas y materiales incuantificables”.
Persistía la preocupación por el efecto que el conflicto —cada vez más intenso— de Colombia (véase el apartado sobre Colombia) estaba teniendo sobre Ecuador, sobre todo en las áreas fronterizas. Parecía que la población nativa de Ecuador culpaba del aumento de la delincuencia al creciente número de inmigrantes colombianos en el país.
Impunidad y utilización de tribunales de la policía
La utilización de tribunales de la policía para juzgar a miembros de las fuerzas de seguridad presuntamente responsables de violaciones de derechos humanos siguió constituyendo un motivo de preocupación. Los agentes de policía juzgados ante estos tribunales por delitos como torturas y malos tratos solían quedar sin castigo. En octubre, Amnistía Internacional presentó en Quito, la capital, un informe dedicado especialmente a este asunto. La organización acogió con satisfacción el compromiso de las autoridades de introducir los cambios necesarios para evitar que los tribunales de la policía se encargaran de casos de violación de derechos humanos. No obstante, el comandante general de la Policía Nacional dijo no compartir los motivos de preocupación de Amnistía Internacional e insistió en que las violaciones de derechos humanos cometidas por la policía eran “cosa del pasado”.
Tortura y malos tratos
La tortura y los malos tratos a detenidos y presos siguieron siendo prácticas generalizadas. Hubo casos de víctimas y familiares de víctimas que fueron intimidados y amenazados tras presentar denuncias de abusos.
- En octubre, Wilmer Lucio León Murillo informó a Amnistía Internacional de que había sido amenazado de muerte tras presentar en julio una denuncia por tortura y malos tratos contra cinco agentes de policía en la localidad de Quevedo, provincia de Los Ríos. Wilmer Lucio León y otros tres individuos fueron detenidos en julio en las afueras de Quevedo como sospechosos de pertenecer a una conocida banda armada, y fueron llevados a un espacio abierto en las afueras de la localidad. Wilmer Lucio León declaró que lo habían atado y obligado a echarse sobre un suelo de cemento, donde dos agentes lo sujetaron mientras un tercero le tapaba la boca y le metía agua por la nariz con una manguera hasta dejarlo inconsciente. La acusación dijo posteriormente que no había motivos para formular cargos contra Wilmer Lucio León, y éste quedó en libertad.
Abusos en el ejército
Se recibieron informes de torturas y malos tratos a oficiales subalternos del ejército y reclutas en instalaciones militares.
- En febrero, Carlos Javier Paredes Rosero informó a Amnistía Internacional de que había sido torturado y maltratado mientras cumplía el servicio militar. En septiembre de 2002, según los informes, lo habían obligado a llevar un neumático colgado del cuello durante 12 días, y a luchar contra otros reclutas hasta que quedó inconsciente. Cuando su familia presentó una denuncia, Carlos Javier Paredes recibió, según los informes, amenazas de muerte e insultos de miembros del ejército en el hospital donde estaba siendo tratado.
Amenazas contra activistas indígenas en zonas petrolíferas
En febrero, dos dirigentes de la comunidad indígena de Sarayaku, en la provincia de Pastaza, recibieron amenazas de muerte. Ambos hombres se habían opuesto con firmeza a la extracción de petróleo en la región, cuya explotación había sido cedida por contrato a una empresa petrolera argentina. En noviembre de 2002, la comunidad declaró el “estado de alerta” para lograr la movilización contra la incursión de la compañía petrolera en su territorio. Desde entonces, la comunidad ha tenido que hacer frente, según los informes, a una campaña de intimidación y difamación. Otras comunidades vecinas fueron persuadidas, según se dijo, para que entregaran parte de sus tierras a cambio de beneficios económicos y de otro tipo, como trabajo y escuelas. A algunos miembros de la comunidad de Sarayaku también les habían hecho ofertas, y eso, al parecer, había creado divisiones dentro de la comunidad.
Visitas de Amnistía Internacional
En febrero, una delegación de Amnistía Internacional llevó a cabo labores de investigación en Ecuador. En octubre, otra delegación visitó el país para presentar el informe antes citado y entrevistarse con diversas autoridades, entre las que se incluían representantes del presidente y el ministro de Gobierno y Policía, el presidente y magistrados de la Corte Policial Nacional, la ministra fiscal general del Estado y miembros del Congreso.
