Eritrea
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
El partido gobernante, el Frente Popular para la Democracia y la Justicia, continuó siendo la única fuerza política autorizada. El gobierno no anunció ninguna medida para la celebración de las elecciones multipartidistas previstas en la Constitución de 1997. No se toleraron las actividades de la oposición ni las críticas contra el gobierno, ni se autorizó la existencia de organizaciones no gubernamentales independientes. Se hizo caso omiso de la salvaguardia constitucional contra las detenciones arbitrarias y de las garantías de “libertad de conciencia, de expresión, de movimiento, de reunión y de organización”. Siguieron prohibidos los medios de comunicación privados. Se volvieron a demorar las reformas jurídicas, y el Tribunal Especial, órgano creado para luchar contra la corrupción, formado por jueces militares, que no permite la prestación de asistencia letrada ni las apelaciones, continuó condenando en secreto a los acusados.
Una sequía puso en peligro a una tercera parte de la población del país.
Secuelas de la guerra mantenida contra Etiopía entre 1998 y 2000
A finales de 2003 aumentaron los temores de que estallara una nueva guerra con Etiopía, que con toda probabilidad volvería a acarrear un número enorme de bajas militares e infinidad de abusos contra los derechos humanos de la población civil. Aunque los dos bandos declararon que no serían los primeros en empezar la guerra, el acuerdo de paz se vio cuestionado al rechazar Etiopía la resolución dictada en abril de 2002 por la Comisión de Fronteras de Etiopía y Eritrea, órgano con sede en La Haya, Países Bajos, y el llamamiento del Consejo de Seguridad de la ONU exigiendo su aplicación. La Comisión había llegado a la conclusión de que la pequeña localidad fronteriza de Badme, desencadenante de la guerra mantenida entre 1998 y 2000, era territorio eritreo. Este hecho hizo que se aplazara de forma indefinida la prevista demarcación de la frontera. El Consejo de Seguridad de la ONU volvió a ampliar el mandato de la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea, encargada de administrar la zona temporal de seguridad entre los dos países.
En mayo, la Comisión de Reclamaciones de Etiopía y Eritrea dictó una resolución sobre varias reclamaciones presentadas por ambos bandos a propósito del tratamiento de los prisioneros de guerra durante el conflicto. La resolución indicaba que ambos bandos eran responsables de los actos que habían originado las reclamaciones al haber violado los Convenios de Ginebra. Daba cuenta también de que se había torturado a los prisioneros de guerra etíopes, obligándolos a hacer largas caminatas descalzos, forzándolos a realizar trabajos muy penosos y negándoles tratamiento médico. Al parecer, algunos prisioneros fueron ejecutados extrajudicialmente. Eritrea admitió que Bezabih Petros, coronel de las fuerzas aéreas etíopes, había muerto mientras se encontraba bajo custodia, pero se negó a aclarar las circunstancias y el momento en que había tenido lugar el hecho. La comisión inició después investigaciones sobre el trato a civiles y sobre la reclamación de bienes.
La participación de los dos bandos en otros conflictos agudizó las tensiones entre ambos. Eritrea siguió cobijando a grupos armados de oposición etíopes que luchan en Etiopía (en particular el Frente de Liberación Oromo y el Frente Nacional de Liberación de Ogadén), así como a la oposición armada sudanesa. Por su parte, Sudán y Etiopía proporcionaron apoyo a la Alianza Nacional de Eritrea (ANE), que englobaba al Frente de Liberación de Eritrea y a grupos islamistas. Se recibieron informes de actividad armada de grupos de la ANE, como la muerte violenta de dos trabajadores locales de ayuda humanitaria en agosto y la colocación de minas terrestres.
Presos de conciencia
Se produjeron decenas de detenciones de presuntos opositores al gobierno que habían apoyado los llamamientos efectuados por los disidentes a favor de reformas democráticas, y también de otras personas sospechosas de apoyar a los grupos armados de oposición. Todos ellos fueron detenidos y recluidos en un lugar secreto sin que las autoridades lo reconocieran y sin cargos ni juicio.
Once antiguos dirigentes del gobierno y del partido gobernante a quienes Amnistía Internacional consideraba presos de conciencia continuaron recluidos desde su detención en septiembre de 2001. No se tuvo noticia ni se informó de su paradero ni de su estado. Entre ellos se encontraban el ex vicepresidente Mahmoud Ahmed Sheriffo, el ex ministro de Asuntos Exteriores Haile Woldetensae y Petros Solomon, ex director del servicio de información del Frente Popular de Liberación de Eritrea. Decenas más de personas seguían también recluidas en régimen de incomunicación.
Periodistas
Quince periodistas de medios de comunicación privados y públicos continuaban detenidos al finalizar el año. La mayoría eran periodistas de medios independientes a quienes se había detenido durante la represión de septiembre de 2001, cuando se prohibieron todos los medios de comunicación privados, que habían informado sobre la exigencia de reformas.
- Aklilu Solomon, periodista de la emisora de radio estadounidense La Voz de América, fue detenido y alistado en el ejército en julio, después de haber informado sobre la reacción adversa de la población a la difusión por el gobierno de los nombres de los soldados muertos en el conflicto con Etiopía. El periodista había cumplido ya las obligaciones del servicio nacional y estaba exento de que lo volvieran a llamar a filas como reservista por razones de salud.
Personas largamente encarceladas por motivos políticos
Al parecer, centenares de opositores o detractores del gobierno, posiblemente miles, a quienes se había detenido durante la década que siguió a la independencia en 1991 y sobre quienes era difícil obtener información, seguían recluidos en centros de detención secretos de las fuerzas armadas y los servicios de seguridad de todo el país, aunque algunos habían “desaparecido” y se temía que hubieran sido objeto de ejecuciones extrajudiciales.
- El general Bitweded Abaha, uno de los fundadores del Frente Popular de Liberación de Eritrea, recluido de 1992 a 1997 y vuelto a detener pocas semanas después de su liberación, estaba internado en una cárcel secreta de seguridad de Asmara y, según los informes recibidos, tenía una enfermedad mental y no se le facilitaba tratamiento psiquiátrico.
Reclutamiento
Continuó el reclutamiento para el servicio militar nacional, mientras que el número de desmovilizaciones siguió siendo muy bajo desde que comenzaron en 1994. Las normas que rigen el servicio militar obligan a todos los hombres y mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años a realizar 6 meses de adiestramiento militar y 18 meses de servicio de desarrollo, que consiste a menudo en efectuar obras de construcción junto con otras tareas como reservistas. El servicio militar se amplió indefinidamente durante la guerra con Etiopía y tras su conclusión, y se volvió a llamar a filas a muchos reservistas. Las autoridades no reconocen el derecho a la objeción de conciencia.
Se castigó con torturas (véase infra) y con reclusiones arbitrarias indefinidas a los reclutas acusados de delitos militares.
- Paulos Iyassu, Isaac Moges y Negede Teklemariam, miembros del grupo religioso Testigos de Jehová, que se opone a la guerra y a portar armas, permanecían recluidos desde 1994 en el cuartel militar de Sawa sin cargos ni juicio.
Persecución religiosa
Entre febrero y mayo, la policía aplicó medidas enérgicas contra las iglesias cristianas minoritarias, irrumpiendo en los servicios religiosos y en los locales de las iglesias, deteniendo y golpeando a algunos de sus miembros y torturándolos en centros de detención militares. Se reclutó a las personas obligadas a cumplir el servicio militar, mientras que otras fueron liberadas provisionalmente después de semanas de detención, con amenazas de graves represalias si continuaban sus actividades religiosas. En mayo de 2002 se prohibieron todas las religiones, excepto la iglesia ortodoxa de Eritrea, las iglesias católica y luterana y el Islam, y se ordenó su registro en el nuevo Departamento de Asuntos Religiosos, aunque se las siguió tolerando de una manera informal.
En agosto, en el cuartel militar de Sawa, durante un cursillo obligatorio de preparación para el reclutamiento, se detuvo a más de 200 jóvenes estudiantes por llevar biblias. Se recluyó a 27 mujeres y a 30 varones en contenedores de metal en condiciones muy penosas. Se presionó a los jóvenes para que renegaran de su fe. Según informes recibidos, al menos 330 miembros de iglesias, entre ellos más de 80 reclutas, seguían detenidos en lugar secreto al finalizar 2003.
También fueron blanco de la represión los musulmanes sospechosos de tener vínculos con grupos armados islamistas radicados en Sudán. Decenas de maestros coránicos y nacionales, detenidos en Keren y otras ciudades en 1994, seguían recluidos en lugar secreto y eran posibles presos de conciencia.
Tortura y malos tratos
La tortura se siguió utilizando contra algunos presos políticos y como un castigo habitual en el ejército. Se torturó bajo custodia militar a los desertores del ejército y a las personas que habían eludido el reclutamiento. Los ataron de pies y manos en posturas dolorosas y los dejaron al sol durante largos periodos de tiempo (método de tortura denominado “el helicóptero”), los golpearon y los colgaron con cuerdas del techo. A los presos religiosos los internaron en Sawa y en otros cuarteles militares, donde los golpearon y los obligaron a arrastrarse sobre piedras afiladas. Los recluyeron en contenedores llenos a rebosar, sin ventilación, sometidos a altas temperaturas, en condiciones antihigiénicas y sin una alimentación y un tratamiento médico adecuados.
Violencia contra las mujeres
A pesar de los programas de educación del gobierno y de la ONU, la mutilación genital femenina era una práctica muy extendida. Según informes, la violencia doméstica contra las mujeres era un problema muy común. Los informes también indicaban que oficiales del ejército violaron a algunas mujeres reclutas y las sometieron a otros abusos sexuales.
Refugiados
La mayoría de los 100.000 o más refugiados eritreos residentes en Sudán, en algunos casos desde hacía 30 años, apelaron contra la pérdida de su condición de refugiado como consecuencia de la decisión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados de declarar la cesación de la condición de refugiado en 2002 para los refugiados de guerra que la habían adquirido antes de 1991 y entre 1998 y 2000. En 2003, varios centenares de eritreos huyeron a Sudán y a otros países, sobre todo desertores del ejército y personas que querían eludir el reclutamiento.
Algunos de los 232 eritreos deportados por Malta en septiembre y octubre de 2002 fueron detenidos a su llegada a Eritrea. Según los informes, las mujeres, los niños y los ancianos fueron liberados, pero los demás fueron torturados y recluidos sin cargos ni juicio, primero en el cuartel militar de Adi Abeto, cerca de Asmara, después en la principal de las islas Dahlak, en el mar Rojo, y finalmente en otros centros de detención militares de carácter secreto.
