Etiopía
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Trece de los 70 millones de habitantes de Etiopía dependían de la ayuda alimentaria a causa de la sequía.
Aún no se habían creado la comisión nacional de derechos humanos y la defensoría del pueblo previstas en las leyes promulgadas en 2000.
En septiembre, el gobierno de Yibuti devolvió a Etiopía con celeridad y dureza a unos 75.000 “inmigrantes ilegales” etíopes. Otros cerca de 3.000, entre los que había personas que habían solicitado asilo por temor a sufrir persecución a causa de sus ideas políticas o su presunto apoyo al grupo armado de oposición Frente de Liberación Oromo, fueron enviados a un campo de refugiados improvisado en una zona rural de Yibuti, y se les permitió acceder al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para que éste estudiara sus solicitudes de asilo.
Etiopía siguió haciendo frente a la oposición armada del Frente de Liberación Oromo en la región de Oromia, así como a la del Frente Nacional de Liberación de Ogadén, aliado del Frente de Liberación Oromo y de Al Ittihad Al Islamiya (Unidad Islámica), en la región de Somali. El Frente de Liberación Oromo negó las acusaciones del gobierno que lo señalaban como autor de un atentado con explosivos perpetrado en una conexión ferroviaria de Yibuti en septiembre.
Se registraron conflictos entre comunidades en varias zonas, relacionados en algunos casos con cambios administrativos federales de los límites territoriales, y que se saldaron con varias muertes.
Comenzaron los preparativos para las elecciones parlamentarias de 2005. En agosto se constituyeron en Estados Unidos las Fuerzas Democráticas Etíopes Unidas, nueva coalición de 15 grupos de dentro y fuera de Etiopía que se sumó a los partidos de oposición que pedían la adopción de medidas para garantizar la celebración de elecciones libres y limpias.
Secuelas de la guerra mantenida contra Eritrea entre 1998 y 2000
A finales de 2003 se cernía sobre el país la amenaza de una nueva guerra con Eritrea, que hacía temer la posible repetición del elevado número de bajas militares y de abusos contra los derechos humanos que acompañaron al conflicto de 1998-2000. Aunque los dos bandos manifestaron el carácter pacífico de sus intenciones, y pese a las presiones del Consejo de Seguridad de la ONU, Etiopía rechazó el fallo dictado en abril de 2002 por la Comisión de Fronteras de Eritrea y Etiopía, establecida en virtud del acuerdo de paz. La Comisión había determinado que la disputada localidad de Badme era territorio eritreo. Este rechazo retrasó indefinidamente la delimitación de la frontera. El Consejo de Seguridad volvió a prorrogar el mandato de la Misión de la ONU en Etiopía y Eritrea (MINUEE), que administraba una zona de seguridad entre los dos países.
En mayo, la Comisión de Reclamaciones de Eritrea y Etiopía concluyó que ambas partes eran susceptibles de ser demandadas en virtud de los Convenios de Ginebra por maltratar a prisioneros de guerra. Se comprobó que Etiopía había maltratado a prisioneros eritreos. La Comisión inició posteriormente investigaciones sobre reclamaciones relacionadas con el trato dispensado a la población civil y con cuestiones de propiedad.
En la agitada paz de la posguerra, Etiopía prestó apoyo al grupo armado de oposición Alianza Nacional Eritrea, mientras que Eritrea seguía albergando a grupos armados de oposición etíopes. En otro conflicto regional, Etiopía respaldó a facciones del Consejo de Reconciliación y Restauración de Somalia que se oponían al Gobierno Nacional de Transición somalí, apoyado por Eritrea.
Libertad de los medios de comunicación
La prensa privada, vigorosa y sumamente crítica, siguió sufriendo la represión del gobierno. Decenas de periodistas detenidos en los últimos años continuaban en libertad bajo fianza, pero ninguno fue juzgado durante 2003.
Un anteproyecto de ley de prensa amenazaba con someter a los medios de comunicación a restricciones aún mayores que las impuestas por la Ley de Prensa de 1993, que se había utilizado para encarcelar a centenares de periodistas. El anteproyecto se debatió públicamente y se celebraron seminarios en los que intervinieron el gobierno y medios de comunicación privados, además de asesores internacionales contratados por el gobierno y grupos internacionales de medios de comunicación.
En noviembre, el Ministerio de Justicia cerró la Asociación de Periodistas de la Prensa Libre de Etiopía alegando que no había solicitado la renovación de su licencia ni había presentado cuentas auditadas. La Asociación afirmó que le habían aplicado esta medida por encabezar la oposición contra el anteproyecto de ley de prensa.
- En octubre, unos individuos que vestían uniformes de la policía propinaron una paliza brutal a Araya Tesfamariam, del periódico The Reporter, y lo abandonaron dándolo por muerto. Según los informes, Araya Tesfamariam había recibido avisos de agentes de seguridad y había sido acusado de escribir artículos que criticaban al gobierno.
La justicia y el Estado de derecho
Siguieron recibiéndose informes sobre detenciones de opositores al gobierno, detenciones arbitrarias y por tiempo indefinido sin cargos ni juicio, disparos policiales contra presuntos delincuentes efectuados con impunidad, torturas y malos tratos a presos, detenciones de opositores al gobierno sospechosos de estar vinculados a grupos armados de oposición y “desapariciones” de detenidos que, al parecer, corrían el riesgo de ser torturados en centros secretos de detención.
El gobierno puso en marcha, con ayuda internacional, una serie de reformas legislativas y de otros tipos dirigidas a mejorar la administración de justicia. Entre los problemas se incluían las largas demoras judiciales, la falta de formación y capacidad de los jueces, la escasa independencia del poder judicial, la ausencia de un colegio de abogados independiente y eficaz y las dificultades para acceder a la justicia, especialmente en el caso de las mujeres.
- A principios de enero quedaron en libertad bajo fianza decenas de feligreses de la iglesia de Lideta de Addis Abeba, capital del país, que habían sido detenidos por oponerse a la dirección designada para su parroquia por la jerarquía de la iglesia ortodoxa etíope. Figuraban entre varios centenares de personas que habían sido detenidas a finales de diciembre de 2002 y sufrido torturas en el campo de instrucción de la policía de Kolfe. La mayoría habían sido puestas en libertad con una amonestación. En febrero, al menos 100 disidentes más de la iglesia fueron llevados al campo de instrucción de Kolfe, donde fueron golpeados y obligados a arrastrarse sobre piedras, y tuvieron que dormir al aire libre y hacer ejercicios físicos muy duros. Al cabo de dos días comparecieron ante un tribunal y quedaron en libertad bajo fianza. Ninguno de ellos fue sometido a juicio.
- No se anunciaron resultados en las investigaciones gubernamentales sobre la muerte de más de 200 manifestantes a manos de la policía durante las protestas que habían tenido lugar en 2002 en distintos puntos del país. Personas que habían sido detenidas en Teppi y Awassa por oponerse al gobierno continuaban privadas de libertad sin cargos ni juicio, según los informes, mientras que policías, soldados y funcionarios administrativos locales presuntamente responsables de homicidios ilegítimos parecían gozar de impunidad.
- El 12 de diciembre, centenares de miembros del grupo étnico anywa (o anuak) murieron a manos de multitudes en la localidad de Gambela y sus alrededores, en el sudeste del país. Funcionarios civiles, estudiantes, niños y agricultores fueron objeto de ataques indiscriminados a causa de su etnia, en represalia por el asesinato de ocho hombres (tres funcionarios gubernamentales que se ocupaban de la cuestión de los refugiados, un agente de policía y cuatro civiles) que viajaban en un vehículo de la ONU por las cercanías. Al parecer, estos ocho hombres murieron a manos de un grupo anywa resentido con las autoridades. Según los informes, sus cadáveres fueron exhibidos en Gambela, y eso dio lugar a disturbios protagonizados por miembros de los grupos amhara, tigray y oromo, entre otros, que mataron a centenares de anywa y quemaron casas. Más de 15.000 supervivientes huyeron a través de la frontera con Sudán. Según los informes, la policía y el ejército no actuaron con prontitud para detener los homicidios, y algunos de sus miembros incluso participaron presuntamente en la matanza. Al terminar el año, el gobierno no había llevado a cabo una investigación independiente. Según datos gubernamentales, habían muerto unas 60 personas, mientras que otras fuentes establecían la cifra en al menos 300.
En las zonas de conflicto armado, así como en las áreas urbanas, se denunciaron numerosos abusos, difíciles de verificar, contra los derechos humanos de civiles sospechosos de estar relacionados con los rebeldes. En el conflicto de la región de Oromia, las personas pertenecientes al grupo étnico oromo corrían el riesgo de sufrir detención secreta y torturas. Hubo informes sobre detenciones ilegales y malos tratos de simpatizantes de la oposición en la región de Amhara y en las regiones del sur, sobre todo de miembros del Partido de la Unidad Pan-Etíope (la anterior Organización Popular Pan-Amhara) y de la Coalición Democrática Popular Etíope Meridional.
Según se creía, los presos políticos sumaban varios miles, y en algunos casos llevaban años recluidos sin cargos ni juicio, aunque a lo largo de 2003 se recibieron informes sobre excarcelaciones efectuadas en virtud de revisiones judiciales. En muchos casos, los presos, que estaban recluidos en muchas regiones y prisiones distintas, tuvieron acceso al Comité Internacional de la Cruz Roja.
- Seguía sin saberse nada de Amanti Abdissa, ex trabajador de una agencia de ayuda humanitaria que fue detenido en Addis Abeba en agosto de 2000, acusado, según los informes, de estar vinculado al Frente de Liberación Oromo, y que posteriormente “desapareció” mientras se hallaba aún bajo custodia.
- Continuó el juicio colectivo contra 19 oromos detenidos en 1997 por presunta conspiración con el Frente de Liberación Oromo. Dinkenesh Deressa Kitila, gerente de la empresa Total Oil, detenido en junio de 2002, se sumó a los acusados.
Defensores de los derechos humanos
El juicio de los defensores de los derechos humanos Mesfin Woldemariam, presidente del Consejo Etíope de Derechos Humanos, y Berhanu Nega, presidente de la Asociación Económica Etíope, volvió a aplazarse. Tras ser injustamente acusados de incitar a la violencia durante unas manifestaciones celebradas en la Universidad de Addis Abeba en abril de 2001, habían quedado en libertad provisional bajo fianza.
Juicios de miembros del Dergue
Continuó el juicio de unos 33 altos cargos del ex gobierno de Mengistu Haile-Mariam por “genocidio”, asesinato, tortura y otros delitos. El gobierno de Zimbabue siguió negándose a extraditar al ex presidente Mengistu para que fuera juzgado. También prosiguieron los juicios de al menos 1.000 cargos menores acusados de matar a miembros del gobierno del ex emperador Haile-Selassie y a millares de “antirrevolucionarios” durante el “Terror Rojo”, campaña de atrocidades llevada a cabo por el gobierno en 1977 y 1978. Según cifras oficiales de mediados de 2003, desde 1994, fecha de comienzo de los juicios, se había juzgado a 1.017 acusados, 552 habían sido condenados y 3.426 seguían en espera de juicio. Durante 2003, seis personas fueron condenadas a muerte y el resto a prisión.
Violencia contra las mujeres
La mutilación genital femenina siguió practicándose de forma generalizada a mujeres y niñas de numerosas regiones, a pesar de los programas de educación pública del gobierno y las organizaciones no gubernamentales. Las organizaciones de mujeres trabajaron para mejorar el acceso de las mujeres a la justicia y lucharon contra la violencia doméstica, la violación y el matrimonio forzoso de niñas, que permitía a los violadores librarse legalmente del castigo casándose con su víctima.
Pena de muerte
Durante 2003 se condenó a muerte en distintos juicios de ex miembros del Dergue a seis acusados. Fueron declarados culpables de homicidios cometidos durante el gobierno del ex presidente Mengistu, entre ellos el del “desaparecido” patriarca de la iglesia ortodoxa etíope Abune Tewoflos, cometido en 1978. Al acabar el año no se había celebrado ninguna vista de apelación. Las únicas condenas de muerte impuestas con anterioridad en estos juicios se habían dictado in absentia. Casi todos los acusados estaban expuestos a ser condenados a muerte.
Los tribunales penales ordinarios también dictaron varias condenas de muerte. No hubo noticias de que se hubieran llevado a cabo ejecuciones.
El Consejo Etíope de Derechos Humanos lanzó una campaña contra la pena de muerte.
