Reino Unido
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Amnistía Internacional expresó su preocupación por las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometidas por el ejército británico durante la guerra de Irak y la ocupación del país, que continuaba al acabar el año (véase el apartado sobre Irak).
En junio, el Reino Unido ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la participación de niños en los conflictos armados, con una reserva, que Amnistía Internacional consideró “incompatible con el objeto y el propósito” del Protocolo, ya que permitía utilizar a menores de 18 años en hostilidades bajo determinadas circunstancias.
En octubre, el Reino Unido ratificó el Protocolo núm. 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias.
Reacción a los atentados del 11 de septiembre de 2001
Al acabar el año seguían detenidos, en aplicación de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad de 2001, 14 ciudadanos extranjeros que no podían ser expulsados. Se hallaban recluidos en centros de alta seguridad y sometidos a severas restricciones.
En febrero, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes publicó su informe sobre la visita realizada al Reino Unido en febrero de 2002 para examinar las condiciones de reclusión de las personas encarceladas en dos prisiones de alta seguridad en aplicación de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad. El Comité señalaba la existencia de denuncias por insultos, expresaba su preocupación por el acceso de los detenidos a la asistencia letrada y comentaba que el régimen y las condiciones de reclusión de las personas encarceladas en virtud de la mencionada ley debían tener en cuenta que no habían sido acusadas ni declaradas culpables de ningún delito y considerar el carácter indefinido de su detención. El Comité expresaba su preocupación por el hecho de que, en virtud de la Ley sobre Antiterrorismo, pudieran admitirse en las vistas pruebas secretas, y que los acusados y los representantes legales por ellos elegidos pudieran quedar excluidos de tales vistas.
En mayo, junio y julio se celebraron, a veces en sesión pública y a veces a puerta cerrada, las vistas de apelación sobre los casos de 10 individuos que habían sido incluidos en la categoría de “presuntos terroristas internacionales” en aplicación de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad. En octubre, todos los casos fueron desestimados. Los procesos judiciales celebrados en virtud de esta ley distaron mucho de cumplir las normas internacionales en cuestiones como el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a contar con asistencia letrada. También suscitaba honda preocupación la utilización de pruebas secretas y la disposición de los poderes ejecutivo y judicial a apoyarse en pruebas obtenidas bajo tortura. Amnistía Internacional consideraba que la Ley sobre Anti-terrorismo, Delincuencia y Seguridad era discriminatoria, puesto que sólo contemplaba la reclusión de ciudadanos no británicos.
En diciembre, el Comité de Consejeros Privados, al que se había encargado la revisión de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad, recomendó la revocación urgente de las disposiciones de esta ley que potencialmente permitían detener indefinidamente a ciudadanos no británicos.
- En octubre, la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración rechazó la apelación presentada por Mahmoud Abu Rideh, refugiado palestino y víctima de tortura, contra su detención en virtud de la Ley sobre Antiterrorismo. Al acabar el año, Mahmoud Abu Rideh seguía recluido en un hospital psiquiátrico de alta seguridad.
En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó su preocupación por el aumento de los prejuicios raciales contra las minorías étnicas, los solicitantes de asilo y los inmigrantes, y denunció la aparición de casos de “islamofobia” tras los atentados del 11 de septiembre, la discriminación sufrida por romaníes y grupos itinerantes y las agresiones contra solicitantes de asilo. El Comité también manifestó su honda preocupación por las disposiciones de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad que hacían objeto exclusivo de ésta a ciudadanos extranjeros.
A lo largo del año, nueve ciudadanos británicos, entre ellos Asif Iqbal, Shafiq Rasul, Moazzam Begg y Feroz Abbasi, que continuaban bajo custodia estadounidense en la bahía de Guantánamo, Cuba, en régimen de detención indefinida, sin cargos ni juicio y sin posibilidad de acceso a tribunales, abogados ni familiares, fueron “visitados” y entrevistados en varias ocasiones por funcionarios británicos, algunos de ellos miembros de los servicios de seguridad. Amnistía Internacional seguía muy preocupada por el hecho de que las autoridades británicas se estuvieran aprovechando del limbo legal y las rigurosas condiciones de reclusión en que el gobierno estadounidense mantenía a sus ciudadanos en la bahía de Guantánamo para interrogarlos y extraerles información de utilidad en los procedimientos judiciales abiertos en virtud de la Ley sobre Antiterrorismo, Delincuencia y Seguridad.
- Al acabar el año, Bisher al-Rawi, ciudadano iraquí con permiso de residencia en el Reino Unido, y Jamil Al-Banna, ciudadano jordano al que el Reino Unido había reconocido la condición de refugiado, seguían bajo custodia estadounidense en la bahía de Guantánamo. Amnistía Internacional expresó su preocupación por el posible papel desempeñado por el gobierno británico en su entrega ilegal a Estados Unidos, y por su negativa a intervenir en su favor ante las autoridades estadounidenses.
Irlanda del Norte
Al acabar el año, la Asamblea de Irlanda del Norte seguía suspendida y continuaba el gobierno directo.
Connivencia y homicidios políticos
En abril, el director de la Policía Metropolitana, John Stevens, entregó su informe, largo tiempo esperado, sobre el problema de la connivencia en Irlanda del Norte, del que sólo se hizo público un breve resumen. Entre otras cosas, confirmaba el clima de complicidad reinante entre agentes estatales y paramilitares unionistas, que incluía, por ejemplo, la participación de agentes estatales en asesinatos como el del abogado de derechos humanos Patrick Finucane en 1989. También confirmaba la existencia de una unidad secreta del servicio de información del ejército británico, llamada Unidad de Investigación, que había sido cómplice activa de los paramilitares unionistas en asesinatos selectivos, como el de Patrick Finucane.
En mayo, una persona fue acusada del homicidio de Patrick Finucane. Al acabar el año se aguardaba una decisión sobre la posible apertura de procedimientos penales en torno a más de 50 expedientes individuales que habían sido preparados por el equipo de John Stevens y que afectaban a agentes de policía y miembros del ejército tanto retirados como en activo.
En julio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos concluyó que las autoridades británicas habían vulnerado el derecho a la vida de Patrick Finucane, entre otros motivos por no emprender una investigación pronta y eficaz sobre las denuncias de connivencia de miembros de las fuerzas de seguridad en su asesinato.
Al acabar el año, las autoridades británicas seguían sin hacer públicos los informes presentados en octubre por el magistrado Peter Cory, juez retirado del Tribunal Supremo de Canadá, sobre la presunta complicidad de las fuerzas de seguridad en los homicidios de Patrick Finucane, Rosemary Nelson, Robert Hamill y Billy Wright.
En octubre, durante una investigación sobre varios casos, incluido el de Roseanne Mallon, en los que se habían formulado graves acusaciones de complicidad en homicidios entre las fuerzas estatales y los unionistas, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte y el Ministerio de Defensa se negaron a cumplir una orden del pesquisidor (coroner) para desvelar el contenido de un documento.
En diciembre se autorizó la solicitud de la familia de Peter McBride para efectuar una revisión judicial completa de la decisión del Ministerio de Defensa de permitir que los dos miembros de la Guardia Escocesa declarados culpables de su asesinato en 1992 siguieran sirviendo en el ejército.
Abusos cometidos por “agentes no estatales”
A lo largo del año hubo 10 homicidios cometidos por miembros de grupos armados, de los que 8 se atribuyeron a unionistas y 2 a disidentes republicanos. La mayoría de las muertes se debieron, según los informes, a enfrentamientos entre organizaciones paramilitares unionistas y dentro de éstas.
- En noviembre, James McMahon, católico de 21 años, fue agredido cuando iba hacia su casa con unos amigos y murió en el hospital al día siguiente. Según los informes, la agresión fue obra de un grupo de unionistas armados con bates de béisbol.
- Ningún grupo armado asumió la responsabilidad del homicidio de Keith Rogers, ocurrido en marzo. Según los informes, el Servicio de Policía de Irlanda del Norte atribuyó su muerte a una pelea entre dos facciones del Ejército Republicano Irlandés (IRA).
Según cifras policiales, hubo 203 incidentes de disparos y agresiones protagonizados por paramilitares unionistas, y 101 atribuidos a paramilitares republicanos. Muchas de las víctimas eran menores; algunos informes indicaban que las agresiones contra niños se habían casi quintuplicado desde la firma en 1998 del Acuerdo del Viernes Santo.
- En abril, dos muchachos de 14 y 15 años fueron encadenados a una farola con el cuerpo cubierto de alquitrán. Este “castigo” se atribuyó, según los informes, a miembros del Ejército Irlandés de Liberación Nacional, grupo disidente republicano.
Muertes bajo custodia
- En junio, la familia de Christopher Alder anunció que iba a presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con el resultado de una investigación disciplinaria que había absuelto a cinco agentes de policía de toda responsabilidad en su muerte, ocurrida en la comisaría de Hull en 1998.
- En octubre, un jurado pesquisidor emitió un veredicto unánime de homicidio ilegítimo en el caso de Roger Sylvester, muerto en enero de 1999 tras ser inmovilizado por agentes de policía. Al acabar el año se aguardaba la decisión de la Fiscalía General de la Corona sobre el posible procesamiento de los agentes implicados.
Disparos policiales
En abril se anuló el veredicto de “causa de muerte desconocida” emitido por un jurado pesquisidor en junio de 2002 a partir de las conclusiones de la investigación sobre el caso de Harry Stanley, muerto por disparos de la policía, y se ordenó una nueva investigación.
Cárceles
El número de suicidios en prisión fue en aumento, y al acabar el año ascendían a 94. Tras visitar varios centros, el inspector jefe de Instituciones Penitenciarias para Inglaterra y Gales hizo públicos unos informes muy críticos en los que manifestaba su preocupación por los abusos de que eran objeto los reclusos, por la existencia de graves riesgos para su seguridad y por el carácter inhumano y degradante de las condiciones de reclusión.
El inspector jefe de Instituciones Penitenciarias para Escocia siguió poniendo de relieve las condiciones inhumanas y degradantes de algunos centros de detención, agravadas por problemas de hacinamiento.
En diciembre se alcanzaron acuerdos de indemnización en algunos casos de víctimas que alegaban haber sufrido malos tratos —como torturas (violaciones incluidas), simulacros de ejecución y fuertes palizas— durante su reclusión en la prisión de Wormwood Scrubs, en Londres, entre mediados y finales de los noventa.
- En octubre, la Cámara de los Lores resolvió, en una sentencia histórica, que debía abrirse una investigación pública sobre las circunstancias del homicidio de Zahid Mubarek, muerto en marzo de 2000 a manos de su compañero de celda en el Correccional de Menores y Centro de Prisión Preventiva de Feltham. Las autoridades de la prisión conocían de antemano el comportamiento violento y los fuertes prejuicios raciales del autor del homicidio, y aun así pusieron a los dos hombres juntos en la misma celda.
Violencia contra las mujeres
Según estadísticas oficiales, cada semana morían dos mujeres a manos de sus compañeros o ex compañeros. Se presentó un proyecto de ley para hacer frente a esta forma de abuso contra los derechos humanos, a menudo oculta pero omnipresente. Amnistía Internacional instó a complementar la ley sobre violencia en el entorno familiar con una estrategia nacional amplia, integral y dotada de recursos suficientes, dirigida a eliminar cualquier forma de violencia contra las mujeres.
A lo largo del año surgieron denuncias relativas a la violación de centenares de mujeres kenianas por personal del ejército británico destinado en Kenia para su instrucción. Las denuncias abarcaban un periodo de más de 35 años. Más de la mitad de los casos eran, según los informes, denuncias de violaciones en grupo. Varios casos de violación, al parecer, habían sido denunciados simultáneamente ante las autoridades británicas y kenianas —bien juntas o por separado—, que no habían tomado medidas eficaces. En abril se puso en marcha una investigación de la Real Policía Militar británica, que continuaba al acabar el año.
Muertes en el seno del ejército en circunstancias controvertidas
Persistía la preocupación por las muertes de miembros del ejército, algunos de ellos menores de 18 años. Las muertes no ocurrieron en situación de combate, sino en el interior o las proximidades de cuarteles del ejército en el Reino Unido. Se denunció que algunas de estas muertes podrían haber sido homicidios ilegítimos, bien intencionales o bien por negligencia, debidos, entre otras cosas, al uso indebido de armas letales, a ejercicios de entrenamiento extenuantes o a suicidios ocurridos, en ocasiones, tras actos de intimidación u otro tipo de malos tratos —acoso sexual incluido— infligidos por otros soldados u oficiales superiores.
Se plantearon serias dudas en torno al hecho de que las autoridades hubiesen eludido de forma sistemática abordar diversos asuntos.
Libertad de expresión
En marzo, Amnistía Internacional expresó su preocupación por el hecho de que los poderes especiales concedidos a la policía en virtud de la legislación “antiterrorista” para interceptar, registrar y detener a personas en el contexto de manifestaciones pacíficas contra la guerra estuvieran obstaculizando el ejercicio legítimo de estas personas del derecho a la libertad de expresión y de reunión.
Al acabar el año continuaban los procedimientos penales contra Katharine Gun, ex funcionaria, procesada en aplicación de la Ley sobre Secretos de Estado de 1989 por filtrar un mensaje de correo electrónico que, según los informes, exponía un plan estadounidense para poner escuchas clandestinas a miembros del Consejo de Seguridad de la ONU durante las negociaciones intensivas previas a la guerra de Irak. Katharine Gun alegó que había tenido que actuar así para impedir lo que ella consideraba que era una guerra ilegítima y salvar las vidas de soldados británicos y civiles iraquíes. Amnistía Internacional reiteró su preocupación por el hecho de que la Ley sobre Secretos de Estado no permitiera alegar como defensa el interés público.
Refugiados y solicitantes de asilo
Un importante número de solicitantes de asilo corría el riesgo de caer en la miseria a causa del artículo 55 de la Ley sobre Nacionalidad, Inmigración y Asilo de 2002 , que retira el derecho a recibir ayudas sociales a quienes no soliciten asilo tan pronto como sea razonablemente posible tras su llegada al Reino Unido.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Kenia en junio para investigar las denuncias de violación de mujeres kenianas por personal del ejército británico. Un delegado de Amnistía Internacional asistió como observador a las vistas judiciales correspondientes a procedimientos de internamiento en virtud de la Ley sobre Anti-terrorismo, Delincuencia y Seguridad, y a las vistas del proceso de Katharine Gun. Un delegado de Amnistía Internacional visitó Irlanda del Norte en junio.
