Guinea-Bissau
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
El impago de sueldos provocó numerosas huelgas en el sector público, como las que llevaron a cabo los maestros y los trabajadores de los hospitales. El descontento entre los militares que no habían recibido su sueldo se vio agravado por la destitución y posterior detención en abril del ministro de Defensa. En mayo, la jerarquía militar advirtió al presidente Ialá sobre los peligros del descontento militar y algunos soldados recibieron sus salarios.
Los reiterados aplazamientos de las elecciones legislativas incrementaron la tensión. La comunidad internacional decidió retener los fondos para las elecciones hasta que se produjera la elección del Tribunal Supremo y la promulgación de la Constitución, que había sido aprobada por la Asamblea Nacional en 2001. Las elecciones se fijaron finalmente para el 12 de octubre. Sin embargo, en septiembre volvieron a aplazarse. Se recibieron numerosas denuncias de que el Partido de Renovación Social (Partido da Renovação Social, PRS), en el poder, había intentado manipular el censo electoral.
En septiembre, un golpe de Estado militar incruento derrocó al presidente Kumba Ialá. Aunque fue bien recibido por la mayoría de los ciudadanos de Guinea-Bissau, fue condenado por la comunidad internacional. Se constituyó un gobierno civil provisional encargado de organizar elecciones legislativas y presidenciales en el plazo de 6 y 18 meses, respectivamente. No obstante, la elección del primer ministro provocó descontento y las manifestaciones de protesta fueron prohibidas por las autoridades militares. Se constituyó un Consejo Nacional de Transición formado por civiles y militares, presidido por el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, para supervisar al jefe del Estado y al jefe del gobierno.
El poder judicial no era independiente y se castigaron los intentos llevados a cabo por los jueces para actuar con independencia. Por ejemplo, los jueces que desagradaban al gobierno a menudo eran expulsados o trasladados a zonas remotas del país. Las autoridades políticas solían hacer caso omiso de las decisiones judiciales y se negaban a excarcelar a los detenidos u ordenaban la puesta en libertad de otras personas.
En diciembre se prorrogó, hasta el 31 de diciembre de 2004, el mandato de la Oficina de Apoyo a la Consolidación de la Paz en Guinea-Bissau (UNOGBIS), de las Naciones Unidas.
Detención de defensores de los derechos humanos
Las autoridades detuvieron y amenazaron a activistas de los derechos humanos, entre ellos sindicalistas, por criticar la política del gobierno.
- João Vaz Mané, vicepresidente de la Liga de Derechos Humanos de Guinea-Bissau (Liga Guineense dos Direitos Humanos, LGDH), fue detenido en enero y permaneció recluido 21 días en régimen de incomunicación en la principal comisaría de Bissau, la capital, conocida como Segunda Esquadra, y posteriormente fue puesto en libertad sin cargos. João Vaz Mané había criticado al presidente Ialá en un programa de radio por proporcionar fondos a los musulmanes para poder viajar a La Meca sin que los trabajadores hubieran recibido sus retribuciones. Tras su puesta en libertad, João Vaz Mané presentó una demanda contra las autoridades por aprehensión y reclusión ilegales. Al final del año, la causa no había sido vista.
Libertad de expresión y medios de comunicación
Hubo nuevos intentos de reducir la libertad de expresión. Se acosó y detuvo por breves periodos de tiempo a trabajadores de los medios de comunicación por informar sobre las actividades de los activistas políticos de la oposición. En febrero, las autoridades retiraron la licencia a la emisora de radio independiente Rádio Bombolom fundándose en que había sido otorgada por el gobierno anterior. La emisora reanudó sus actividades en mayo tras resolverse a su favor el recurso judicial que presentó contra la medida de las autoridades. Ensa Seidi perdió su trabajo en la emisora pública nacional tras informar sobre la visita que había realizado en marzo a Guinea-Bissau el presidente del Partido Unido Social Demócrata, que vive en el extranjero. En septiembre, cuatro empleados de Rádio Sintchan Occô, de la ciudad oriental de Gabú, permanecieron detenidos 24 horas tras emitir unos comentarios de un político de la oposición en los que se criticaba al presidente Ialá.
Detención y acoso por motivos políticos
Se detuvo y acosó por motivos políticos a destacados miembros de partidos políticos y a otras personas. Se seleccionó especialmente a miembros de Resistencia de Guinea-Bissau-Movimiento Bafatá (Movimento Bafatá-Resistência da Guiné-Bissau, MB-RGB), del Partido Unido Social Demócrata y del Partido Africano por la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde (Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC).
- Zinha Vaz, parlamentaria de Resistencia de Guinea-Bissau-Movimiento Bafatá, estuvo detenida brevemente en febrero por contestar a los comentarios que el presidente Ialá había hecho sobre su padre. Quedó en libertad sin cargos a los dos días. En julio se levantó la prohibición de viajar que le habían impuesto.
- Cinco miembros del Partido Africano por la Independencia de Guinea-Bissau y Cabo Verde y ex altos cargos públicos —Carlos Correia, Mário Mendes, Filinto Barros, José Pereira y Francisca Pereira— permanecieron detenidos cuatro días en febrero en relación con la decisión tomada en 1986 por el Consejo de Estado, del que eran miembros, de ejecutar a seis miembros del grupo étnico balanta a los que se había declarado culpables de intentar derrocar al gobierno a la sazón en el poder, a cuyo frente estaba el presidente João Bernardo Vieira. Los cuatro hombres y la mujer quedaron en libertad sin cargos, pero durante varios meses estuvieron sometidos a severas condiciones restrictivas.
- Marcelino Lopes Cabral fue detenido en abril, una semana después de su destitución como ministro de Defensa, por realizar unos comentarios presuntamente difamatorios. Dos días después, José de Pina, ex asesor presidencial, fue destituido de su puesto y detenido por pasar presuntamente a Marcelino Lopes Cabral información que las autoridades consideraban difamatoria. Ambos permanecieron recluidos en la Segunda Esquadra hasta que los dejaron en libertad bajo fianza a finales de junio. No se presentaron cargos contra ellos.
Amenazas contra opositores del gobierno
Algunos opositores políticos del gobierno fueron amenazados con actos de violencia física, incluso con la muerte. Se seleccionó especialmente a miembros del Partido Unido Social Demócrata.
- Carlos Silva Schwarz, miembro del Partido Unido Social Demócrata, escapó ileso de los disparos realizados contra su casa la noche del 28 de marzo por un grupo de hombres que llevaban el uniforme de la Policía de Intervención Rápida. El día anterior había recibido una carta anónima amenazándolos de muerte a él y a varios otros políticos.
Detención de presuntos conspiradores
Once oficiales militares continuaban recluidos sin cargos al final del año. Formaban parte de un grupo de más de 30 soldados detenidos en diciembre de 2002 acusados de conspirar para dar un golpe de Estado. La mayoría habían sido detenidos con anterioridad, entre ellos el comandante Almane Alam Camará, que había estado encarcelado en 2000 y 2001, tras ser acusado en ambas ocasiones, sin que se hubieran probado los cargos, de intento de golpe de Estado. Los 11 permanecieron recluidos hasta mayo en régimen de incomunicación y en duras condiciones. Según los informes, varios fueron torturados y algunos necesitaron tratamiento hospitalario. Uno de ellos murió (véase infra). En diciembre de 2002 también fueron detenidos tres civiles, entre ellos Ernesto Carvalho, vicepresidente del partido Unidad Nacional (Unidade Nacional), al parecer en relación con las mismas denuncias de golpe de Estado. Permanecieron recluidos en régimen de incomunicación en la principal comisaría de Bissau, sometidos a duras condiciones, hasta que en mayo quedaron en libertad sin cargos.
- El subteniente Mussá Cassamá, al que se había detenido en diciembre de 2002, murió bajo custodia en el cuartel de Cumeré en febrero, al parecer, como resultado de torturas. Según se afirmó, lo habían atado y golpeado. Su cuerpo mostraba señales que concordaban con las torturas. Las autoridades no investigaron su muerte.
Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía
La policía cometió violaciones de derechos humanos.
- En junio, un agente de policía de Pixce, en el sur del país, mató a tiros a Rui António Mendes. El agente lo acusó de comprar ilegalmente frutos secos y lo llevó a la comisaría local. Según los informes, el agente le disparó durante el interrogatorio. Informes sin confirmar indicaban que el agente fue detenido. Al finalizar el año no había sido juzgado.
- En mayo, una mujer fue violada bajo custodia en la comisaría conocida como Segunda Esquadra. Unos agentes de policía habían acudido a su casa por la noche para detener a su esposo. Al no encontrarlo allí, los agentes detuvieron en su lugar a la mujer y la llevaron a la comisaría, donde fue violada por tres policías. La mujer consiguió escapar y acudió a pedir ayuda a la oficina de las Naciones Unidas. Los agentes de policía fueron detenidos. Sin embargo, fueron puestos en libertad al día siguiente por el jefe nacional de policía, que seguidamente ordenó la detención del juez que había ordenado la detención de los agentes.
- En abril, según informes, la Policía de Intervención Rápida hizo uso de fuerza excesiva para dispersar una manifestación estudiantil en Bissau. Los agentes golpearon a los estudiantes y abrieron fuego contra ellos. Los informes indicaban que varios manifestantes resultaron heridos y que al menos 10 estuvieron detenidos durante un periodo breve.
