Honduras
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Se celebraron manifestaciones populares masivas de protesta contra las malas condiciones de vida, las amenazas a algunos servicios públicos básicos y algunas políticas del gobierno y nuevas leyes. Diversos estudios demostraron que más del 60 por ciento de la población vivía en la pobreza, y que el 36 por ciento de los niños padecía malnutrición.
El Congreso Nacional aprobó una reforma del Código Penal cuyo propósito era abordar los delitos cometidos por las “maras” (bandas criminales), pero que en la práctica restringía seriamente la libertad de asociación, en contra de lo dispuesto en la Constitución y en los instrumentos internacionales en los que Honduras es Estado Parte.
Niños y jóvenes
Continuaron los homicidios y las posibles ejecuciones extrajudiciales de niños y jóvenes; a lo largo del año se denunciaron más de 500 nuevos casos. Las iniciativas, ampliamente divulgadas, sobre la investigación de estas muertes no resultaron tan eficaces como se esperaba, y sólo unos cuantos responsables de homicidios cometidos en el pasado fueron puestos a disposición judicial. No obstante, parecía que la policía estaba tomando medidas preliminares en al menos algunos de los casos más recientes. Como hecho positivo, hacia el final del año se dieron algunos pasos hacia la creación de un programa nacional de protección de testigos.
En abril, 69 personas murieron en la prisión de El Porvenir, en La Ceiba, departamento de Atlántida. Entre las víctimas había 29 jóvenes y 3 visitantes; además hubo numerosos heridos. En un primer momento, las autoridades atribuyeron los hechos a un motín y a una lucha entre miembros de bandas y otros reclusos. Sin embargo, 61 de las 69 personas muertas pertenecían, según los informes, a una misma banda. Algunas de las víctimas habían sido decapitadas, y muchas aparecieron en una celda cerrada, donde habían muerto abrasadas. A pesar del aluvión de promesas e investigaciones de organismos oficiales, al acabar el año nadie había sido detenido ni procesado por estas muertes.
Defensores de los derechos humanos
Hubo un homicidio de un defensor de los derechos humanos y amenazas y actos de acoso contra otros muchos. Entre las víctimas de abusos había miembros del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares que estaban investigando las muertes ocurridas en la prisión de El Porvenir, así como miembros del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras que se habían opuesto a la Ley Antimaras; los abusos alcanzaron a la hija del coordinador general del Comité, que tenía nueve años.
En julio, Carlos Arturo Reyes, activista medioambiental de 23 años, murió abatido a tiros en el patio trasero de su casa, en el municipio de El Rosario. Tres hombres fuertemente armados fueron vistos huyendo del lugar del crimen. La organización Pastoral Social, para la que trabajaba, lo había trasladado hacía poco porque estaba amenazado de muerte. También hubo actos de acoso y amenazas contra otras personas que participaban en actividades de protección del medio ambiente en el departamento de Olancho, como Gilberto Flores, Orlando Nájera y el sacerdote Osmín Flores. El sacerdote José Andrés Tamayo había recibido advertencias para que abandonara el país, procedentes, al parecer, de un grupo de poderosos personajes de la industria maderera.
- En noviembre, el periodista Germán Antonio Rivas murió en Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, a manos de un hombre no identificado que le disparó en la cabeza frente a su oficina. Germán Antonio Rivas era director gerente del Canal 7 de la Corporación Maya Visión. Había investigado y criticado públicamente a una compañía minera que estaba contaminando el medio ambiente y los recursos hídricos de la población de Santa Rosa de Copán con emisiones de cianuro de su planta. La Secretaría de Recursos Naturales impuso una multa a la compañía. En febrero, Germán Antonio Rivas había sobrevivido a otro atentado contra su vida.
Violencia contra las mujeres
Varias mujeres, en su mayoría jóvenes, fueron asesinadas, decapitadas y descuartizadas, sobre todo en San Pedro Sula, en el norte de Honduras. En algunos casos, las víctimas recibieron disparos en la cabeza, y en otros fueron apuñaladas con cuchillos u otras armas blancas. La policía puso en marcha algunas investigaciones, pero éstas no progresaron, y nadie compareció ante la justicia por tales muertes.
La violencia en el ámbito familiar afectó a cientos de mujeres, y a más de un centenar le costó la vida. Sin embargo, las autoridades no investigaron de forma adecuada ni llevaron ante la justicia a los responsables de estos abusos.
Se recibieron informes sobre actividades de trata de mujeres y niños para su explotación sexual tanto dentro del país como con destino a otros países centroamericanos, Estados Unidos y Canadá.
Pueblos indígenas
Los pueblos indígenas sufrieron violaciones de derechos humanos, torturas incluidas.
- En enero, un grupo de agentes de policía y civiles armados se llevaron de la comunidad de Lenca, en Montaña Verde, departamento de Lempira, a los hermanos Marcelino y Leonardo Miranda, dirigentes indígenas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, tras emplear gas lacrimógeno y efectuar varios disparos al aire y contra la vivienda de Marcelino Miranda. Según los informes, mientras efectuaban la detención los captores amenazaron con armas de fuego a los familiares de ambos hombres, entre los que había una niña. Los informes también indican que, durante su traslado a la prisión de Gracias, los hermanos fueron golpeados. Leonardo Miranda recibió una cuchillada en la cabeza, y a ambos les apagaron cigarrillos en las orejas. Los agentes, según los informes, los amenazaron con matarlos. A Leonardo Miranda, posteriormente, le sumergieron la cabeza en agua repetidas veces. En abril, volvieron a ser torturados por tres agentes de la unidad “Cobra”, una unidad de élite de la Policía Nacional. En junio, según los informes, un agente de policía le puso una pistola en la cabeza a Leonardo Miranda, al tiempo que lo amenazaba con matarlo si no admitía los cargos que había contra él y le ponía delante un papel en blanco, que Leonardo Miranda se negó a firmar. En septiembre se desestimaron los cargos por tortura, abuso de autoridad y daños contra 21 agentes de policía, pese a los datos médicos que confirmaban la existencia de abusos físicos. El 16 de diciembre, los dos hermanos fueron condenados a 25 años de prisión. Amnistía Internacional teme que el juicio al que fueron sometidos no fue justo. Entre febrero y septiembre, el abogado de ambos hermanos, Marcelino Martínez Espinal, sufrió actos de intimidación.
Lesbianas, gays, bisexuales y transexuales
Los grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales fueron víctimas de actos de discriminación y violaciones de derechos humanos.
- Elkyn Suárez Mejía (también conocida como China), transexual perteneciente a la Comunidad Gay Sampedrana y defensora de los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, fue amenazada de muerte por dos agentes de policía implicados en el homicidio, en julio, de Erick David Yáñez (también conocida como Ericka). La información sobre el homicidio proporcionada por China llevó a la detención, a finales de julio, de dos agentes, que fueron acusados de homicidio y complicidad en asesinato. China fue puesta bajo protección policial. No obstante, a mediados de agosto uno de los agentes acusados se fugó del centro de detención, con el consiguiente riesgo para la seguridad de China. Posteriormente se le retiró toda protección, y China, temiendo por su seguridad, abandonó el país. El juicio de los dos agentes acusados de participar en el homicidio de Ericka no había empezado al acabar el año.
Corte Penal Internacional
En mayo, el gobierno ratificó un acuerdo de impunidad con Estados Unidos por el que se comprometía a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad o crímenes de guerra. Este tipo de acuerdos conculcan las obligaciones que los Estados tienen contraídas en virtud del derecho internacional.
