La construcción de un programa internacional
de derechos humanos
Defensa de los derechos humanos en situaciones de conflicto armado
![]() |
| La madre de Hassan Nasser, víctima de un ataque con bombas, llora junto a su cama en un hospital de Basora, 9 de abril de 2003. © Odd Anderson/AFP/Getty Images |
En muchos países del mundo, los conflictos armados, y en particular los conflictos internos, son el caldo de cultivo para violaciones masivas de los derechos humanos. Sea cual sea el lugar donde estallan los conflictos armados, siempre se caracterizan por graves y masivos abusos, incluidos homicidios ilegítimos, violación y otros actos de violencia sexual, tortura y negación de los derechos económicos y sociales más básicos.
Muchos conflictos internos persisten desde hace decenios, pese a las importantes iniciativas internacionales para hallar soluciones, y en ciertas regiones del mundo el conflicto parece endémico. Las cuestiones relativas a la identidad pueden desencadenar conflictos, pero la pobreza y, paradójicamente, la riqueza mineral son con más frecuencia precursoras del conflicto interno. Continúan los conflictos relacionados con los recursos, avivados por la discriminación, sobre todo en los países más pobres, y puede aumentar el número de situaciones en que Estados débiles deban hacer frente a grupos armados con gran poder económico.
|
Continúan los abusos masivos contra la población civil, y a pesar de importantes novedades legales, tanto de ámbito internacional como nacional, la impunidad sigue reinando en la mayoría de las situaciones. Organizaciones internacionales como la ONU han potenciado de forma notable su capacidad para vigilar e informar sobre el estado de los derechos humanos en situaciones de conflicto, pero la protección parece depender con excesiva frecuencia de la presencia de tropas extranjeras.
La reaparición del conflicto internacional, y el papel desempeñado por Estados Unidos en particular, plantean nuevos desafíos para la legitimidad de la ONU. La doctrina de la “autodefensa preventiva” podría llevar a la intensificación de los conflictos internacionales al sentirse los gobiernos, siguiendo el precedente de la guerra contra Irak liderada por Estados Unidos, menos constreñidos a la hora de anticiparse a presuntas amenazas de otros Estados.
En el año 2003, Amnistía Internacional participó a fondo en el intento de defender los derechos humanos en situaciones de conflicto y de proteger a la población civil en muchos frentes. Conflictos antiguos que han generado algunas de las crisis de derechos humanos más graves del último decenio, como los de Burundi, Liberia, la República Democrática del Congo y Sudán, mostraron signos de posibles avances. En otros lugares, por ejemplo en Colombia, Israel y los Territorios Ocupados y Nepal, los viejos conflictos parecieron intensificarse. Además, nuevos conflictos armados, como el de Irak, hicieron saltar al primer plano nuevos desafíos para el marco de los derechos humanos y el derecho internacional.
![]() |
|
Miembros de Amnistía Internacional en Senegal (arriba) e Italia hacen campaña por los derechos humanos en el periodo previo a la invasión de Irak liderada por Estados Unidos en marzo.
© AI |
Mientras los medios de comunicación mundiales se centraban en Irak, apenas se prestaba atención a la República Democrática del Congo, en cuyo conflicto intervenían ejércitos y grupos armados de la propia República Democrática del Congo y de varios Estados vecinos. A pesar de los avances formales hacia una solución política y de la retirada de los ejércitos extranjeros, continuaron los graves abusos, sobre todo en el este del país. La actividad de Amnistía Internacional se centró en las relaciones entre la explotación de la riqueza mineral de la región y los graves abusos cometidos por todas las partes en conflicto. En el distrito de Ituri, donde la feroz manipulación de las tensiones étnicas por dirigentes políticos tuvo como consecuencia homicidios masivos de civiles debido a su identidad étnica, Amnistía Internacional hizo campaña con éxito por la introducción de una fuerza de despliegue rápido bajo mandato de la ONU para proteger a la población civil y después por el fortalecimiento del mandato de protección de la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC). En octubre, una delegación de Amnistía Internacional visitó la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda. La secretaria general de la organización, Irene Khan, se entrevistó con los jefes de Estado de Uganda y Ruanda y con miembros del gobierno de transición de la República Democrática del Congo en Kinshasa. Contrastando el optimismo de Kinshasa con el horrendo ciclo de abusos cometidos en la República Democrática del Congo y condenando la complicidad de los Estados vecinos y de diversas facciones de la República Democrática del Congo, Irene Khan presionó por el fin inmediato de los abusos e instó a que se investigara y se pusiera a disposición judicial a todos los sospechosos de haber perpetrado crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio.
En Israel y los Territorios Ocupados, el plan de paz patrocinado por la comunidad internacional, denominado “hoja de ruta”, no incluía disposiciones que permitieran asegurar el cumplimiento de las normas de derecho internacional por las partes y no produjo mejora alguna de la situación. Mientras tanto, siguió en aumento el número de víctimas mortales de un conflicto cada vez más enconado. Al menos 600 palestinos, más de 100 de ellos niños, murieron a manos del ejército israelí. Grupos armados palestinos mataron aproximadamente a 130 civiles israelíes, incluidos 21 niños, y a unos 70 soldados israelíes. La población palestina de los Territorios Ocupados estuvo sometida a crecientes medidas de castigo colectivo, incluida la destrucción de cientos de viviendas, extensas zonas de tierras de cultivo y propiedades comerciales, así como a restricciones sin precedentes a la libertad de circulación. La construcción por parte de Israel de una valla/muro en Cisjordania confinó a miles de palestinos en enclaves aislados de sus tierras y su trabajo, de la educación, la salud y otros servicios esenciales radicados en ciudades o poblaciones cercanas. Estas medidas causaron un aumento del desempleo y de la pobreza y la aparición de la desnutrición. Los soldados israelíes demoraron o negaron con frecuencia el paso de palestinos en los puntos de control, incluso a pacientes y personal médico, y varias mujeres se vieron obligadas a dar a luz en los controles; algunas personas murieron debido a estas trabas. Durante el año, decenas de israelíes fueron encarcelados por negarse a cumplir el servicio militar debido a su oposición a las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército israelí en los Territorios Ocupados.
En 2003 continuaron los abusos de todas las partes en el ya antiguo conflicto de Colombia, que se ha cobrado más de 60.000 vidas y ha provocado el desplazamiento de más de 2,5 millones de personas desde 1985. Paramilitares apoyados por el ejército llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones” y cometieron actos de tortura con total impunidad. Grupos rebeldes perpetraron abusos generalizados, incluidos atentados con explosivos en los que murieron civiles. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia también ejecutaron a civiles y soldados capturados. Amnistía Internacional presionó a los gobiernos de Estados Unidos y otros países para que suspendiesen las transferencias militares y de seguridad a las fuerzas de seguridad colombianas, que son responsables de graves violaciones de derechos humanos tanto de forma directa como en colaboración con fuerzas paramilitares. En Nepal, el alto el fuego entre las fuerzas gubernamentales y los insurgentes del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) se rompió en agosto y los abusos generalizados continuaron. Las fuerzas de seguridad del Estado fueron responsables de ejecuciones extrajudiciales, “desapariciones”, tortura y detención arbitraria. Fuerzas del Partido Comunista de Nepal (Maoísta) perpetraron homicidios ilegítimos de civiles, ejecutaron sumariamente a soldados capturados y llevaron a cabo secuestros. Amnistía Internacional centró su atención en poner fin a la impunidad por los abusos, incluidos “desapariciones” y secuestros, e instó al gobierno a invitar al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU a visitar Nepal.
La persistencia, la magnitud y la gravedad de los abusos cometidos en conflictos en todo el mundo pusieron en duda la eficacia del trabajo de Amnistía Internacional y otros grupos de derechos humanos a la hora de hacer frente a estas situaciones. Parece que el movimiento de derechos humanos tiene poca repercusión en algunos de los más graves conflictos en curso. En muchos casos, a Amnistía Internacional le resulta difícil influir en las partes en conflicto, sobre todo en los Estados débiles. Pero los conflictos son sostenidos o apoyados por gobiernos extranjeros, empresas privadas, organizaciones internacionales y comunidades exiliadas. Amnistía Internacional cree que concentrar ahora sus esfuerzos en ejercer presión sobre estos agentes externos tendrá como consecuencia intervenciones más eficaces que redundarán en mejoras reales en los derechos humanos para las personas atrapadas en el conflicto armado.
Amnistía Internacional redoblará sus esfuerzos para exigir responsabilidades a los agentes económicos y a los Estados por los abusos cometidos en conflictos armados. Amnistía Internacional seguirá examinando la actuación de las empresas transnacionales en Sudán y en la República Democrática del Congo, la de las industrias extractoras y otros intereses internacionales en Colombia y el papel de la ayuda militar en la perpetuación de las violaciones de derechos humanos en muchos otros conflictos. Basándose en su trabajo sobre el Proceso de Kimberley —un programa internacional de certificación de los diamantes para erradicar el comercio de diamantes extraídos en zonas de conflicto—, Amnistía Internacional colaborará en el desarrollo de normas claras sobre rendición de cuentas de empresas y otros agentes externos en zonas de conflicto.
![]() |
|
© Giovanni Diffidenti/Oxfam
|
La proliferación de armas pequeñas ha contribuido a ahondar y prolongar los conflictos, cobrándose un enorme precio sobre los derechos humanos en todo el mundo. En 2003, Amnistía Internacional, junto con Oxfam y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (IANSA), lanzó la campaña “Armas bajo Control”, que tiene como objetivo que los gobiernos acuerden un tratado internacional sobre el comercio de armas. El tratado prohibiría la transferencia de armas a destinos donde exista la posibilidad de que sean utilizadas para cometer graves violaciones de derechos humanos o del derecho internacional humanitario. Amnistía Internacional ampliará sus actividades en pro de la imposición de embargos de armas y por el desarrollo y la potenciación de acuerdos regionales sobre el control de armas para hacer cumplir las normas de derechos humanos y el derecho humanitario. Amnistía Internacional se ha unido también a una coalición que lucha contra el uso de las armas de racimo para presionar por la suspensión del uso de estas armas.
Amnistía Internacional seguirá trabajando activamente para poner fin al reclutamiento de niños soldados y conseguir su desmovilización y reintegración en la sociedad. Amnistía Internacional presionará en la ONU por el fortalecimiento de la protección de la población civil, incluido el estricto cumplimiento de las normas del derecho humanitario y de derechos humanos en las iniciativas de mantenimiento de la paz. Además, Amnistía Internacional intentará que el respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de la mujer, ocupe un lugar central en los procesos de paz, los acuerdos finales y las situaciones de posconflicto.
Por último, Amnistía Internacional participará en actividades relacionadas con el proceso de prevención de conflictos y consolidación de la paz. Si las violaciones masivas de los derechos humanos y las crisis humanitarias son una consecuencia inevitable del conflicto armado, ese trabajo preventivo debe considerarse una actividad necesaria para una organización de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Anterior | Próximo






