La construcción de un programa internacional
de derechos humanos
Reforma y consolidación del sector de la justicia
 |
| Mujeres utilizando los servicios de un “escribano” oficial para que las ayude a redactar su petición a un tribunal de Kabul, Afganistán. A las mujeres que son víctimas de la delincuencia se les suele negar el acceso a la justicia en Afganistán. Amnistía Internacional subrayó la necesidad de que las medidas para proteger los derechos de las mujeres se incorporen a la reforma judicial
y constitucional. © AI |
El Estado de derecho es la piedra angular de la protección de los derechos humanos y de los sistemas de gobierno basados en los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Pero las instituciones nacionales que deberían hacer respetar el Estado de derecho adolecen en algunos casos de graves deficiencias. En muchos países, por ejemplo, la discriminación institucionalizada, la falta de recursos y la corrupción desvirtúan los sistemas de justicia penal. En otros, la administración de la justicia es manipulada para perpetuar la dominación de élites políticas o de grupos étnicos o religiosos. El resultado es la persistencia de violaciones generalizadas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.
El sector de la justicia debería proporcionar los mecanismos para garantizar el resarcimiento de abusos contra los derechos humanos cometidos por agentes del Estado o por individuos particulares. Sin embargo, la historia de las violaciones de los derechos humanos es también la historia de los fracasos y las deficiencias de la administración de justicia.
La reforma del sistema de justicia supone sacar a la luz las lagunas y los resquicios de las leyes nacionales que permiten que se cometan con impunidad abusos contra los derechos humanos, así como actuar para eliminar la legislación o los procedimientos que contribuyen de forma decisiva a la comisión de abusos. Supone la creación de instituciones judiciales realmente independientes e imparciales y la promoción de una visión del mantenimiento del orden que considere la protección de los derechos humanos como parte esencial de la seguridad pública.
|
El mayor desafío de la administración de justicia en el ámbito nacional es quizás poner fin a la impunidad. La impunidad es algo más que no hacer justicia en casos concretos. Es un cáncer que debilita el marco mismo del Estado de derecho. La lucha permanente de Amnistía Internacional contra la impunidad en países de todo el mundo deberá ocuparse del papel que desempeñan la pobreza, el estigma y la marginación en la denegación del acceso a la justicia a sectores concretos de la sociedad.
En 2003 se presentaron nuevas oportunidades de combatir la impunidad y restablecer la fe en el Estado de derecho en países inmersos en procesos de transición democrática. En toda América, por ejemplo, una oleada de iniciativas contra la impunidad a lo largo del año constituyó un paso importante hacia una mayor rendición de cuentas de las instituciones democráticas.
Las situaciones de posconflicto brindan la oportunidad de que se redacten y adopten constituciones nuevas, de que se revoquen leyes que no están en consonancia con las normas internacionales y de que se introduzcan en la legislación nacional derechos consagrados en los tratados de derechos humanos. Amnistía Internacional cree que los procesos constituyentes ofrecen oportunidades para la promoción los derechos de las mujeres, de la infancia, de los pueblos indígenas y de otros grupos que corren peligro de sufrir abusos. En Afganistán, Amnistía Internacional centró su atención en la legislación y las prácticas que afectaban a los presos, la administración de justicia, la reconstrucción de la fuerza de policía y los derechos y la condición de la mujer. En el informe Afganistán: “Nadie nos escucha y nadie nos trata como a seres humanos”. La justicia, negada a las mujeres, publicado en 2003, Amnistía Internacional hacía hincapié en la necesidad de que las medidas para la protección de los derechos de la mujer se incorporasen a las reformas legales y constitucionales y se integrasen en los procesos de mantenimiento del orden y de justicia penal. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Afganistán en diciembre, coincidiendo con la reunión de la Loya Jirga (Gran Asamblea) constituyente, a fin de presionar a los delegados de este organismo por una constitución plenamente acorde con las normas internacionales de derechos humanos. Amnistía Internacional remitió una carta abierta al presidente Karzai planteándole diversos motivos de preocupación relativos al proyecto de Constitución, entre otros, en lo referente a los derechos de la mujer.
Los mecanismos internacionales que regulan el derecho a obtener resarcimiento por fallos de los sistemas de justicia nacionales han experimentado una rápida evolución en el último decenio. Sin embargo, siguen siendo embrionarios y discutidos. Los sistemas internacionales y regionales que regulan la vigilancia del cumplimiento de las normas de derechos humanos por los Estados también han crecido de manera importante, pero afrontan una crisis de capacidad y credibilidad. El fortalecimiento de la justicia internacional y de los mecanismos de vigilancia constituiría una red de seguridad en la lucha contra la impunidad y una plataforma internacional para la rendición de cuentas. Asimismo, tendrían el efecto de mejorar los sistemas nacionales a medio y largo plazo.
Amnistía Internacional ha luchado de forma incansable por la adopción del Estatuto de Roma por el que se estableció la Corte Penal Internacional. En el año 2003, Amnistía Internacional instó a los Estados a adoptar medidas legislativas efectivas para la aplicación del Estatuto de Roma, incluidas disposiciones que otorguen a los tribunales nacionales la jurisdicción universal sobre los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, tortura, ejecuciones extrajudiciales y “desapariciones”. Amnistía Internacional actuó también vigorosamente contra las iniciativas del gobierno de Estados Unidos encaminadas a firmar acuerdos bilaterales con otros países en los que se contemple la impunidad para los ciudadanos estadounidenses acusados ante la Corte Penal Internacional. También en este año se pusieron en práctica nuevas iniciativas pioneras para exigir responsabilidades a los autores de tales delitos mediante la cooperación judicial transnacional. Por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de México sentó un precedente importante para la jurisdicción extraterritorial al confirmar la extradición a España de un ex capitán de la Armada Argentina para que respondiera por cargos de genocidio y terrorismo.
Las normas internacionales de derechos humanos y humanitarias constituyen un marco completo para promover las demandas de justicia global. Aunque en los próximos años se hará especial hincapié en la aplicación de las normas vigentes, Amnistía Internacional seguirá apoyando las iniciativas para elaborar nuevas normas, sobre todo en áreas en que la rendición de cuentas es más necesaria. Así, por ejemplo, Amnistía Internacional contribuye a las iniciativas para crear un procedimiento para la presentación de quejas en virtud del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. La organización promueve asimismo el conocimiento y la aplicación de las Normas sobre las Responsabilidades de las Empresas Transnacionales y Otras Empresas Comerciales en la Esfera de los Derechos Humanos, adoptadas por la Subcomisión para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de la ONU en agosto de 2003, en el marco de las iniciativas para asegurar que las empresas, en su condición de agentes no gubernamentales poderosos e influyentes, quedan incluidas dentro del marco de los tratados internacionales de derechos humanos.
En 2003 se observaron señales inequívocas del surgimiento de un movimiento por la justicia global para responder de forma transnacional a la injusticia mundial. Los millones de ciudadanos de todo el mundo que se congregaron con motivo de la celebración del Foro Social Mundial de Porto Alegre, Brasil, que simultáneamente se echaron a la calle en solidaridad con el pueblo iraquí o alzaron su voz a través de Internet en contra de la injusticia de las reglas del comercio global forman parte de un clamor diverso pero universal por la justicia, tanto en la esfera jurídica como en la económica o social. La era de la globalización puede depararnos muchas amenazas, pero también trae consigo oportunidades sin precedentes de globalizar la lucha por la justicia en todas sus formas. Si examinamos su alcance universal, su ámbito expansivo y su potencial transformador, los derechos humanos pueden ser una poderosa fuerza que impulse el programa global por el cambio.
Anterior | Próximo
