La construcción de un programa internacional
de derechos humanos
Acabar con la violencia contra las mujeres
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Amnistía Internacional se prepara para el lanzamiento en todo el mundo de su “Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres” actuando conjuntamente con las madres de las mujeres muertas en Ciudad Juárez y Chihuahua, México. Reunión bienal del Consejo Internacional de Amnistía Internacional, México, agosto de 2003. En el centro, en primera fila, la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan.
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En 2003 se incrementó el trabajo de Amnistía Internacional para hacer frente a las violaciones de los derechos de la mujer y examinar los efectos de la violencia por motivos de género en el hogar y en la comunidad cometida tanto por individuos particulares y grupos como por agentes del Estado. Amnistía Internacional siguió trabajando para poner de relieve sus motivos de preocupación en relación con la violencia de género en Estados tan distintos como Afganistán, Irak y la República Democrática del Congo.
Uno de los principales motivos de preocupación que se plantearon en los informes publicados y en la investigación efectuada en 2003 fue el hecho de que los episodios de violencia sexual, incluso las violaciones generalizadas y sistemáticas, no se conocen necesariamente en el periodo inmediatamente posterior a su comisión. En algunos casos, la revelación de los abusos tarda años en salir a la superficie.
Ciertos factores —como la discriminación, el estigma o incluso la amenaza de morir a manos de sus propias comunidades— pueden impedir que las mujeres hagan públicos sus motivos de queja. Los sistemas judiciales indiferentes o ineficaces, los gobiernos represivos y la falta de exigencia pública de rendición de cuentas pueden contribuir también a que pasen muchos años antes de que las mujeres exijan resarcimiento. El tiempo transcurrido puede suscitar graves temores en cuanto a la posibilidad de un juicio justo para los individuos acusados de tales abusos. Sin embargo, no puede existir tal preocupación cuando es el Estado el que está directamente implicado. El Estado japonés participó directamente en la esclavitud sexual de muchos miles de las llamadas “mujeres consoladoras” durante la Segunda Guerra Mundial, y en junio Amnistía Internacional expresó públicamente su apoyo al derecho de resarcimiento de las “mujeres consoladoras” sobrevivientes. Sin embargo, en abril, el Tribunal Supremo de Japón desestimó un recurso presentado por un grupo de “mujeres consoladoras” de Corea del Sur que exigían una indemnización al gobierno de Japón.
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En julio, Amnistía Internacional publicó un informe sobre las denuncias según las cuales soldados británicos habían violado a cientos de mujeres kenianas en las décadas de 1960 y 1970 en zonas del centro de Kenia que el ejército británico utilizaba como campos de adiestramiento. Amnistía Internacional solicitó una investigación judicial pública sobre lo que parecía una constante de indiferencia del Estado ante las persistentes denuncias contemporáneas.
Aun en los casos en que se han llevado a cabo peticiones de resarcimiento oportunas y persistentes, el Estado no ha actuado con eficacia. La magnitud de la violencia y la inacción sistemática del Estado a la hora de garantizar la seguridad y la protección de los derechos de las mujeres y las niñas en Ciudad Juárez y Chihuahua, en el norte de México, en los últimos 10 años fueron objeto de un importante informe de Amnistía Internacional publicado en agosto. El informe resaltaba asimismo el papel de la globalización. Las industrias manufactureras instaladas en la zona de libre comercio, donde está situada Ciudad Juárez, actuaron como un imán para las mujeres que buscaban trabajo y favorecieron una gran afluencia de migrantes procedentes de regiones más desfavorecidas de México. Sin embargo, el entorno creado se caracteriza por la falta de regulación y la ausencia del Estado de derecho en el que han perdido la vida cientos de mujeres. El movimiento de mujeres y las organizaciones de derechos humanos, y especialmente los familiares de las mujeres desaparecidas o asesinadas, han proseguido una lucha incansable para pedir investigaciones adecuadas y exigir responsabilidades al Estado por no haber prevenido ni castigado con eficacia esos crímenes. La intensa presión nacional e internacional —incluida la campaña de Amnistía Internacional a partir del informe y de la visita al país de la secretaria general de la organización, Irene Khan, para reunirse con altos cargos públicos y con el presidente de México, Vicente Fox— impulsó algunas iniciativas importantes para abordar la situación. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer antes de que a las mujeres de Ciudad Juárez y Chihuahua se les aseguren la justicia y la seguridad.
En diciembre, Amnistía Internacional publicó un informe sobre los efectos psicológicos, sociales y económicos sobre las mujeres de la “desaparición” de sus esposos después de ser detenidos por las fuerzas de seguridad en la región de Casamancia, Senegal. El estudio mostraba claramente cómo el hecho de que no se reconocieran estas muertes había supuesto para esas mujeres una falta de resarcimiento judicial y de seguridad económica, en forma de pensión o compensación, y la imposibilidad de superar la angustia emocional. El informe subrayaba asimismo los casos de mujeres que sobrevivieron a la violación y a las que se negó asistencia física y psicológica adecuada además de resarcimiento judicial.
A principios de 2003, Amnistía Internacional publicó un informe sobre la violencia sexual contra mujeres bajo custodia en Turquía. La organización centró también sus esfuerzos en detallar las consecuencias para las comunidades cuando los responsables de la violencia son funcionarios del Estado. Amnistía Internacional instó al gobierno, la policía y la judicatura de Turquía a actuar para hacer frente de forma efectiva a la violencia contra las mujeres bajo custodia.
Amnistía Internacional pretende asimismo dar a conocer a la opinión pública los efectos que tiene sobre las mujeres la detención y reclusión generalizada sin cargos ni juicio de cientos de hombres en muchos países de todo el mundo en el contexto de la “guerra contra el terror”.
El estado de inseguridad que siguió a las intervenciones militares en Afganistán e Irak ha tenido consecuencias especialmente graves para la seguridad de las mujeres y las niñas. Aunque las situaciones en estos dos países son muy diferentes, la desintegración de las instituciones del Estado ha entrañado la intensificación de la amenaza de violencia contra las mujeres en la comunidad, tanto a manos de grupos armados como de sus propias familias. En Afganistán, algunas mujeres en tales circunstancias corrían peligro asimismo de convertirse en víctimas de homicidio si quedaban en libertad. Amnistía Internacional pidió el desarrollo de la capacidad de protección y refugio como alternativa a la reclusión para las mujeres y las niñas acusadas de delitos de zina (relaciones sexuales extramatrimoniales) y que estén en peligro de sufrir actos de violencia a manos de sus familias.
Amnistía Internacional instó a las nuevas autoridades de Afganistán e Irak a asegurar la promulgación y el cumplimiento de leyes que protejan los derechos de todos los ciudadanos, y en particular de las mujeres y las niñas.
En África, Amnistía Internacional informó de abusos generalizados contra las mujeres, incluidos homicidios, tortura, violación y otras formas de violencia sexual. El conflicto de la República Democrática del Congo, en el que han perdido la vida más de tres millones de personas, fue el marco de uno de los más altos números de violaciones masivas que se han cometido en el mundo. Amnistía Internacional solicitó la investigación de los casos por las autoridades de la República Democrática del Congo y por el fiscal de la Corte Penal Internacional.
Un informe de Amnistía Internacional sobre los niños soldados en la República Democrática del Congo puso de relieve el terrible número de víctimas mortales que el conflicto se ha cobrado entre las mujeres y las niñas. Muchas niñas soldado testificaron que fueron secuestradas y obligadas a unirse a un grupo armado para combatir en los frentes, y la mayoría de las niñas denunciaron haber sido violadas y explotadas sexualmente por sus jefes y por otros soldados de sus unidades.
En los Territorios Ocupados y la República Democrática del Congo existen algunos datos que sugieren que en situaciones de conflicto las mujeres no sólo deben hacer frente a niveles crecientes de violencia por parte del Estado o a manos de combatientes, sino que también se enfrentan a un aumento de la violencia en el seno de la familia.
Otro aspecto en desarrollo del trabajo de Amnistía Internacional es poner de relieve las consecuencias para la salud de la violencia contra las mujeres, sobre todo en el contexto de la pandemia de VIH/sida en África austral y oriental, y para presionar a fin de que mejore el acceso a cuidados y tratamientos adecuados así como a la justicia. Las campañas de ámbito internacional y local de otras organizaciones se han centrado con creciente éxito en la dispensación no discriminatoria de medicinas y servicios médicos cruciales. Amnistía Internacional seguirá vigilando la restricción de los derechos civiles y políticos y los ataques contra los defensores de los derechos humanos, incluidos los que prestan asistencia, que intentan difundir información sobre prácticas de sexo seguro o asegurar el acceso a la asistencia sanitaria necesaria.
Amnistía Internacional cree que la criminalización de las relaciones sexuales de mutuo acuerdo entre adultos está totalmente injustificada y adopta como presos de conciencia a las personas encarceladas por ese motivo. El trabajo de Amnistía Internacional ha puesto de relieve la aplicación de la pena de muerte en Nigeria, donde las mujeres que se quedaban embarazadas fuera del matrimonio podían ser condenadas a muerte en virtud de ciertas leyes promulgadas en algunas zonas del país. En el periodo de sesiones de 2003 de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional presionó a los gobiernos para que apoyasen una resolución patrocinada por el gobierno de Brasil que afirmaba que la orientación sexual no debe ser motivo de discriminación. La resolución se aplazó y Amnistía Internacional se comprometió a apoyar esta iniciativa u otra semejante en 2004.
Amnistía Internacional sigue actuando para exigir responsabilidades a los Estados por los abusos cometidos por individuos particulares cuando el Estado no ha tomado las medidas adecuadas para poner a disposición judicial a los responsables ni para proteger a las víctimas. En 2003, la Sección Española de Amnistía Internacional publicó un informe —No hay excusa: Violencia de género en el ámbito familiar y protección de los derechos humanos de las mujeres en España— que analizaba las lagunas y los fallos en la legislación y las medidas adoptadas por el Estado para las mujeres que sufren la violencia de sus parejas.
En el Reino Unido, activistas de Amnistía Internacional examinaron la denegación de recursos del Estado a las mujeres refugiadas que hacen frente a la violencia intrafamiliar y a las mujeres cuyo estatuto de ciudadanía es incierto y depende de un matrimonio previo.
Amnistía Internacional continúa vigilando la legislación de muchos países en materia de violencia doméstica y delitos sexuales. Ha formulado ya comentarios sobre las normas necesarias para proteger y defender los derechos humanos de la mujer en las nuevas disposiciones legales o en los proyectos de Constitución redactados en Afganistán e Irak después del conflicto, así como en Suazilandia, Sudáfrica y Turquía. Amnistía Internacional difundirá la definición de violación de la Corte Penal Internacional y trabajará para conseguir su incorporación a las legislaciones nacionales. La organización seguirá actuando asimismo para que los Estados ratifiquen los tratados internacionales pertinentes, como el Protocolo Facultativo de la Convención de la ONU sobre la Mujer.
En 2004, Amnistía Internacional lanzará la Campaña para Combatir la Violencia contra las Mujeres, de ámbito mundial. Esta campaña se concentrará en la violencia en el seno de la familia y en situaciones de conflicto y posconflicto. Permitirá a la membresía de Amnistía Internacional trabajar sobre una serie de temas interrelacionados, potenciar las dimensiones de género del trabajo que ya está en curso y examinar y cuestionar las múltiples formas de discriminación a las que se enfrentan las mujeres que experimentan violencia basada en el género.
La campaña “Armas bajo Control”, lanzada en octubre en 63 países de todo el mundo por Amnistía Internacional, Oxfam y la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas, ofrece también la oportunidad de vincular la creciente militarización y la propagación de las armas pequeñas y otras armas convencionales a comunidades en las que se cometen abusos contra los derechos humanos y en particular violencia contra las mujeres.
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