La construcción de un programa internacional
de derechos humanos
Defensa de los derechos de refugiados y migrantes
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La migración ha sido siempre una parte esencial de la condición humana. Se ha caracterizado por una mezcla de motivos, unos relacionados con los derechos sociales y económicos, y otros asociados a la huida forzada de conflictos armados y abusos contra los derechos humanos. De una población mundial de 6.300 millones de personas, se calcula que hay unos 175 millones de migrantes, incluidos más de 14 millones de refugiados y poco más de un millón de solicitantes de asilo. Hay también unos 25 millones de desplazados internos en todo el mundo.
En algunos aspectos, la libre circulación es más accesible hoy para muchas personas. Para las favorecidas por la economía global, se han abierto amplias posibilidades. Las opciones de migración legal para otras, sin embargo, se han vuelto aún más restrictivas, y las alternativas —como el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas— siguen siendo sumamente peligrosas. Aunque sólo el 3 por ciento, aproximadamente, de la población mundial vive fuera de su país de origen, la dinámica de la migración global se ha convertido en poco tiempo en uno de los rasgos más visibles del mundo actual.
El debate relativo a los derechos de los refugiados, los migrantes y los desplazados se ha vuelto cada vez más polémico y polarizado en los últimos años y ha merecido una cantidad desproporcionada e injustificada de cobertura negativa en los medios de comunicación. La voluntad política de proteger a los refugiados ha registrado un brusco descenso en el último decenio, y el año 2003 no fue una excepción.
Muchos políticos no han tenido inconveniente en avivar la preocupación popular por las presuntas amenazas contra la identidad o la forma de vida ante el aumento de la inmigración. Han aparecido sentimientos xenófobos y racistas en las respuestas a la migración y a los movimientos de refugiados tanto en países desarrollados como en países en desarrollo.
Al margen de las decisiones de los políticos, la realidad es que los migrantes seguirán cruzando las fronteras, con autorización o sin ella. Algunos tratarán de acogerse a los procedimientos de asilo. Las medidas restrictivas sobre el control de la migración y las medidas de seguridad destinadas a los ciudadanos extranjeros corren el riesgo de obligar a un número aún mayor de personas a “pasar a la clandestinidad” y de privarlas de protección legal. Es probable que las personas “desarraigadas” de sus hogares experimenten una mayor vulnerabilidad ante una amplia variedad de abusos contra los derechos humanos. Entre las especialmente vulnerables estarán las que se vean obligadas, en ausencia de cauces legales, a recurrir a personas dedicadas al tráfico ilícito de migrantes y a la trata de personas.
Para hacer frente a los desafíos que tenemos planteados para el futuro, y en un intento de sentar las bases del trabajo para la defensa eficaz del cambio en el decenio próximo, la labor de Amnistía Internacional en 2003 trató de identificar y poner de relieve algunas áreas fundamentales del derecho y la política que siguen repercutiendo negativamente en los derechos de las personas que se desplazan, ya sean refugiados, solicitantes de asilo o migrantes.
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Por ejemplo, después de los recientes cambios de autoridades en Afganistán e Irak, algunos Estados intentaron preparar el terreno para el regreso prematuro de refugiados y solicitantes de asilo afganos e iraquíes, aun cuando las condiciones de seguridad y de derechos humanos estaban lejos de ser propicias para ello. Amnistía Internacional expresó preocupación por el calendario de los regresos y puso en tela de juicio su carácter voluntario y sostenible. Amnistía Internacional hizo hincapié especialmente en que cuando las condiciones en un país cambien como consecuencia del derrocamiento violento de un régimen, deben evaluarse con máxima cautela las condiciones de seguridad y la situación de los derechos humanos, precisamente por la dificultad que entraña la evaluación precisa de la durabilidad del cambio.
En Costa de Marfil, los sentimientos xenófobos fueron una de las causas principales del conflicto en el que durante todo el año se vieron inmersos no sólo refugiados liberianos y de otros lugares, sino también trabajadores migratorios procedentes de países vecinos, como Burkina Faso. Muchos de estos últimos residían en Costa de Marfil desde hacía generaciones. Desde el comienzo de la crisis, en septiembre de 2002, muchos se vieron obligados a abandonar sus hogares y algunos huyeron de Costa de Marfil con destino al país de origen de sus familias, donde carecían de vínculos sociales y económicos significativos. Trasladados a un país en el que muchos ni siquiera habían estado antes, se vieron en la insólita circunstancia de hallarse en una situación semejante a la de los refugiados, pero en su país de origen. Amnistía Internacional documentó los riesgos para los ciudadanos extranjeros en el contexto de un conflicto alimentado por la xenofobia, y planteó graves cuestiones acerca de las lagunas existentes en la protección jurídica, política y práctica para refugiados y trabajadores migratorios desplazados a causa del conflicto.
A principios de 2003, el Reino Unido, la Unión Europea y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) presentaron propuestas diferentes pero relacionadas sobre la creación de mecanismos extraterritoriales para tramitar las peticiones de los solicitantes de asilo que llegaban a países pertenecientes a la Unión Europea. Se trataría de centros cerrados a los que se trasladaría a ciertos solicitantes de asilo mientras se estudiaban sus peticiones. La propuesta del Reino Unido —la más controvertida de las tres— consistía en situar los centros fuera de la Unión Europea y tenía la clara intención de burlar las obligaciones legales internacionales de dar protección a los refugiados. Profundamente preocupada ante la posibilidad de que en la Unión Europea finalmente se adoptara una medida similar a la polémica “Solución Pacífico” de Australia, y por el hecho de que las propuestas de compromiso no mitigarían en grado suficiente la clara amenaza para la institución del asilo, Amnistía Internacional publicó en junio un informe que ponía de manifiesto los temores de la organización en vísperas de la celebración de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea en Salónica, Grecia, y de una importante reunión convocada por el ACNUR (el Foro del Alto Comisionado). Había claros indicios de que la intervención de Amnistía Internacional influyó en las decisiones adoptadas por algunos Estados en cuanto al modo de proceder ante tales “nuevos enfoques”.
Al mismo tiempo que siguen buscando formas nuevas e imaginativas de eludir sus obligaciones para con los refugiados, los países industrializados conceden una creciente importancia a la idea de que la protección puede negarse en tales países porque, según se afirma, esas personas podrían haber encontrado “protección efectiva” en otros. Partiendo de esta base, algunos Estados intentan formular un concepto de “protección efectiva” que les permita devolver a los solicitantes de asilo a los países que fueron su primer destino tras la huida o a aquellos por los que pasaron. Amnistía Internacional cree que sigue existiendo la necesidad de transparencia tanto en la doctrina como en la realidad de la “protección efectiva” de los refugiados y de asegurar que la doctrina no se “rebaja” para adecuarse a la realidad. Amnistía Internacional seguirá propugnando un enfoque que esté en consonancia con los principios de derechos humanos.
Es cada vez más evidente que existe la apremiante necesidad de ampliar el enfoque del trabajo de Amnistía Internacional para abarcar la promoción y protección de los derechos de los migrantes a fin de cuestionar la forma en que muchos Estados catalogan a las personas en un intento de excluir el reconocimiento —tanto político como jurídico— de sus derechos humanos básicos.
Refugiados, solicitantes de asilo y migrantes siguen siendo objeto de abusos contra los derechos humanos en los puntos de partida, tránsito, llegada, estancia o regreso. Los abusos más habituales son la discriminación, en particular la basada en el racismo y la xenofobia, la detención arbitraria y diversas formas de explotación.
Desde el final de la Guerra Fría, se ha vuelto cada vez más evidente el papel de los factores económicos, sociales y culturales como causas que contribuyen al conflicto y a la huida. Estos derechos se están convirtiendo con creciente frecuencia en problemas en países de asilo y tránsito. Por ejemplo, países como Australia, Dinamarca y el Reino Unido han desvirtuado el derecho a un nivel de vida adecuado para los solicitantes de asilo y migrantes mediante la adopción de políticas deliberadamente severas en nombre de la disuasión.
El rápido deterioro de la voluntad política de proteger a los refugiados, agravado en algunos Estados importantes por el deterioro de la voluntad de proteger los derechos humanos en general y los de los ciudadanos extranjeros en particular, representa un enorme desafío para el movimiento de derechos humanos.
La tarea que Amnistía Internacional y otras organizaciones tienen ante sí es persuadir a los políticos, a los responsables de la formulación de políticas y al público en general de la urgente necesidad de defender la institución del asilo; combatir la discriminación contra los refugiados y los migrantes y promover sus derechos, incluidos los derechos económicos, sociales y culturales; y asegurar que la comunidad internacional identifica y aplica mecanismos efectivos para garantizar la protección de los derechos de los refugiados y los migrantes y para que se establezcan reparaciones cuando se produzcan abusos contra tales derechos.
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