Jamaica
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
La situación económica seguía siendo desesperada y un gran número de personas vivían por debajo del umbral de la pobreza. La sociedad jamaicana continuó padeciendo un altísimo grado de violencia: según los informes, al menos 975 personas fueron asesinadas, entre ellas 13 agentes de policía.
Brutalidad policial
La policía mató al menos a 113 personas durante el año, un descenso notable con respecto a años anteriores. Muchos de estos homicidios parecían ser ejecuciones extrajudiciales. Siguieron recibiéndose informes sobre malos tratos bajo custodia policial que posiblemente constituían tortura.
En febrero, la relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias visitó Jamaica para dialogar con el gobierno e investigar presuntos homicidios ilegítimos. Las autoridades no pudieron proporcionarle datos sobre ningún policía declarado culpable de homicidio ilegítimo entre 1999 y enero de 2003. La relatora especial concluyó que el sistema de investigación de posibles ejecuciones extrajudiciales a manos de la policía parecía “ser totalmente inadecuado y estar lastrado por una serie de obstáculos institucionales y por una falta de recursos”, y que parecían haberse cometido ejecuciones extrajudiciales.
- En enero, unos policías agredieron y dispararon a miembros de una multitud durante un acto en una sala de baile de Portmore. Según los organizadores del acto, los policías habían exigido dinero a cambio de permitir que continuara el baile, pero no les satisfizo la suma que les ofrecieron. Una grabación de vídeo que mostraba a los policías disparando contra la multitud y por encima de ella respaldó las denuncias de brutalidad policial.
- El 7 de mayo, dos mujeres —Angela Richards y Lewena Thompson— y dos hombres —Kirk Gordon y Matthew James— murieron en Crawle por disparos de agentes de la Unidad para la Gestión del Crimen en circunstancias controvertidas. Según la policía, las cuatro víctimas murieron en un intercambio de disparos cuando los agentes se acercaron a una casa. Unos residentes locales que dijeron haber presenciado el incidente declararon que los dos hombres murieron inmediatamente, cuando la policía abrió fuego contra la casa sin que mediara provocación, y que a las dos mujeres las mataron más tarde en el interior de la edificación. Según los informes, los policías sacaron de la casa a la hija de una de las mujeres, de ocho años de edad, antes de matar a su madre. Los miembros de la comunidad local denunciaron haber sido amenazados por policías después de los homicidios. El gobierno pidió, y recibió, ayuda para la investigación a las fuerzas de policía de Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Los agentes implicados fueron apartados del servicio activo, según indicaban los informes.
- El 25 de julio, la pequeña Renee Lyons, de 10 años, murió por disparos en Majesty Gardens, Kingston. El policía implicado declaró que él había disparado contra un joven desarmado que se daba a la fuga al sospechar que había estado fumando un cigarrillo de marihuana. El suceso provocó manifestaciones locales. Al concluir el año no se había acusado a nadie en relación con este homicidio.
- En diciembre, el jurado de un tribunal del pesquisidor dictaminó que los policías responsables de la muerte por disparos de Jason Smith, de 15 años, ocurrida en julio de 2002, debían rendir cuentas ante los tribunales y ser acusados de asesinato. Al finalizar el año el director de la Fiscalía aún no había decidido si acusar a los agentes.
Impunidad
El Estado jamaicano seguía sin obligar a los autores de violaciones de derechos humanos a responder penalmente de sus actos y sin procurar resarcimiento a las víctimas. Las investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos fueron defectuosas. Parece ser que en muchos casos la policía no protegió los lugares donde se habían cometido los homicidios y los encargados de la investigación tardaron en presentarse en ellos o no los examinaron de forma exhaustiva. Aunque en ocasiones se acusó a policías de delitos relacionados con violaciones de derechos humanos, no se supo de ningún agente de policía que hubiera sido condenado por esos delitos.
No obstante, el director de la Fiscalía anunció en noviembre que se presentarían cargos contra seis de los policías implicados en el homicidio de siete jóvenes en Braeton en 2001. En marzo de 2003, Amnistía Internacional publicó un informe en el que examinaba estos homicidios y su posterior investigación. El informe concluía que las pruebas indicaban abrumadoramente que los siete jóvenes habían sido ejecutados extrajudicialmente. El gobierno calificó el informe de “dañino, ofensivo y un ataque contra todo lo que significa Jamaica”, y declaró que Amnistía Internacional había “intentado sistemáticamente poner en entredicho en sus informes al gobierno y a la policía”. Una delegación de Amnistía Internacional, entre cuyos miembros se encontraba un experto en investigar lugares donde se han cometido delitos con armas de fuego, halló posibles nuevas pruebas en el lugar de los hechos, y presentó una relación de dichas pruebas al gobierno.
En mayo, las autoridades anunciaron la disolución de la Unidad para la Gestión del Crimen, unidad de la policía que había estado implicada en numerosas presuntas ejecuciones extrajudiciales, incluidos los homicidios de los “Siete de Braeton” y de las cuatro personas de Crawle.
También en mayo, una revisión judicial de la decisión del director de la Fiscalía de no procesar a los policías implicados en el homicidio, cometido en 1999, de Patrick Genius resolvió que no había fundamentos para revocarla. Anteriormente, un tribunal del pesquisidor había concluido que la policía debía ser considerada judicialmente responsable del homicidio. La familia de Patrick Genius apeló contra la decisión de la revisión judicial.
El gobierno anunció varias medidas destinadas a reforzar las investigaciones sobre los homicidios cometidos por la policía, como el compromiso de mejorar las autopsias de personas muertas a manos de la policía y de reducir el volumen atrasado de trabajo de los tribunales del pesquisidor sobre este tipo de homicidios. Según la información de que disponía Amnistía Internacional, al terminar el año estas propuestas aún no se habían puesto en práctica.
En julio, Amnistía Internacional publicó un informe en el que pedía una nueva investigación, conforme a las normas internacionales, sobre el homicidio de 27 personas durante una operación encabezada por la Unidad para la Gestión del Crimen en Tivoli Gardens en julio de 2001. El gobierno declaró que el informe ofrecería “socorro y consuelo” a los delincuentes y que el hecho de que no se hubiera presentado ningún testigo presencial para declarar en la investigación sugería que éstos no tenían una historia creíble que contar.
En diciembre, la policía introdujo una nueva normativa para aumentar la rendición de cuentas de los oficiales superiores respecto a las acciones de las personas bajo su mando y para mejorar la investigación de las muertes a consecuencia de disparos. Esta medida había venido precedida, en septiembre, del anuncio de nuevas normas sobre el uso de fuerza letal.
Detención sin juicio
Muchos detenidos continuaron recluidos sin juicio durante largos periodos. Entre ellos había algunos que llevaban recluidos hasta 28 años y que habían sido declarados no aptos para ser procesados por razón de incapacidad mental.
Tres detenidos que habían sido declarados no aptos para ser procesados y habían permanecido muchos años recluidos sin ser juzgados quedaron en libertad en octubre. Se trataba de Errol Campbell, recluido durante 24 años por un cargo de disparos intencionados, Roy Williams, recluido durante 11 años por un cargo de lesiones intencionadas, y Gladstone Ricketts, recluido durante 28 años por un cargo de asesinato. El Consejo Jamaicano Independiente de Derechos Humanos, organización no gubernamental que apeló ante los tribunales para que se pusiera en libertad a los tres hombres, estimaba que había centenares de casos similares que, en la práctica, se perdían dentro del sistema. Tras la excarcelación de estos tres hombres, las autoridades penitenciarias anunciaron una revisión de los casos de todos los presos que habían sido declarados no aptos para ser procesados y, al concluir el año, habían identificado 49 casos.
Tortura y malos tratos bajo custodia
Las condiciones de reclusión en las cárceles y otros lugares de detención eran muy duras y en muchos casos constituían trato cruel, inhumano y degradante. El hacinamiento extremo era habitual. Según los informes, el Centro Correccional para Adultos de Tower Street y el Centro Correccional para Adultos de St. Catherine albergaban al menos al doble de presos de su capacidad. Muchos reclusos se veían obligados a compartir celdas pequeñas y a defecar y orinar en cubos dentro de su celda.
Al menos en una prisión, la Prisión de Tamarind, hubo algún caso de tuberculosis, lo que obligó a no admitir nuevos presos durante varios meses.
En septiembre, dos guardias de prisiones fueron despedidos tras ser hallados culpables de golpear a presos en el Centro de Detención Provisional de Horizon. Según la información de que disponía Amnistía Internacional, no se habían presentado cargos penales contra los guardias en cuestión.
Pena de muerte
Al menos tres personas fueron condenadas a muerte, lo que elevó a un mínimo de 40 el número de presos en espera de ejecución. No hubo ejecuciones. Desde diversos sectores de la sociedad se recibieron numerosos llamamientos para que se reinstauraran los ahorcamientos.
- En junio, el Tribunal de Apelación puso en libertad a Dwight Denton, condenado a muerte en 2001 por asesinato. Los registros de su empleador demostraban que el día del crimen Dwight Denton estaba trabajando, como él siempre había mantenido, por lo que no podía haber participado en el asesinato. El tribunal ordenó que se juzgara de nuevo a los otros dos acusados del mismo delito, que también habían sido condenados a muerte.
- En septiembre, el Tribunal de Apelación puso en libertad a Randall Dixon, condenado a muerte en 1998 por el asesinato de un policía durante un robo a un banco. El tribunal supo que la fiscalía había ocultado una grabación en vídeo de los ladrones escapando del banco, que demostraba que Randall Dixon no era uno de ellos. El otro acusado junto con Dixon también fue puesto en libertad.
Visitas de Amnistía Internacional
En marzo, una delegación de Amnistía Internacional visitó Jamaica y se reunió con el fiscal general, el ministro de Seguridad Nacional y el ministro de Asuntos Exteriores para hablar sobre los motivos de preocupación de la organización en torno a la impunidad policial.
En mayo, Amnistía Internacional envió un perito en patología forense para observar la autopsia de las cuatro personas muertas en Crawle el 7 de mayo.
