Kenia
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Tras las elecciones presidenciales y parlamentarias celebradas en diciembre de 2002, el presidente Kibaki formó gobierno con los partidos políticos que integraban la Coalición Nacional Arco Iris (National Rainbow Coalition), que había logrado la mayoría de los escaños del Parlamento. Los desacuerdos existentes en el seno de la Coalición respecto a la aplicación del acuerdo de reparto de poder alcanzado antes de las elecciones se reflejaron en los debates sobre reformas constitucionales registrados en el seno de la Conferencia Constitucional Nacional.
En marzo se creó por ley la Comisión Nacional Keniana de Derechos Humanos, cuyo cometido era promover y proteger esos derechos y garantizar que Kenia cumplía las normas internacionales pertinentes. En julio se nombraron 10 miembros de la comisión.
En abril, el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales, al frente de un ministerio de nueva creación con un mandato claro en materia de derechos humanos, designó un grupo especial encargado de estudiar la posibilidad de crear un mecanismo de justicia transitorio. En agosto, el grupo especial, tras realizar consultas públicas, recomendó la creación mediante decreto presidencial de una Comisión de la Verdad, Justicia y Reconciliación.
La situación en materia de seguridad siguió deteriorándose. En las zonas urbanas, los delincuentes armados causaron muertes y destrucción de propiedades. Las fuerzas de seguridad se enfrentaron con miembros del proscrito grupo Mungiki, que afirma representar los valores tradicionales africanos. Más de 20 personas resultaron gravemente heridas en octubre cuando la policía disolvió mediante gas lacrimógeno una manifestación del grupo celebrada en la capital, Nairobi.
Investigación de la judicatura
Tras la dimisión en febrero del presidente del poder judicial, su sucesor inició la reforma de la judicatura mediante la designación de un comité encargado de investigar la corrupción, a cuyo frente estaba el juez del Tribunal de Apelaciones Aaron Ringera. El informe del comité, publicado en septiembre, contenía pruebas sobre corrupción, conducta inmoral y otros delitos en los niveles más altos. En él se afirmaba que 5 de los 9 jueces del Tribunal de Apelaciones, 18 de los 36 jueces del Tribunal Superior y 82 de los 254 jueces y 43 de los funcionarios judiciales eran corruptos.
Revisión de la Constitución
En mayo comenzó su trabajo la conferencia constitucional que había sido convocada por la Comisión de Revisión de la Constitución de Kenia. Surgieron dificultades a la hora de acordar un borrador de revisión de la Constitución, y las esperanzas de que fuera definitivamente aprobada en 2003 se vieron frustradas cuando el proceso de revisión se estancó. El 17 de noviembre, el día en que la conferencia debía reunirse de nuevo, la policía antidisturbios impidió el acceso al presidente y a 25 delegados al lugar de reunión. La Comisión, en ausencia del presidente, decidió, junto con el Comité Especial del Parlamento sobre Asuntos Constitucionales y el Comité de Asuntos Internos de la Cámara, aplazar la conferencia hasta enero de 2004. Al concluir 2003 seguía sin haber ningún fallo sobre el recurso judicial presentado contra esta decisión.
Violencia contra las mujeres
La violencia contra las mujeres a manos de funcionarios públicos y de particulares, especialmente la violencia en el ámbito familiar y la violencia de naturaleza sexual, continuó siendo generalizada. Muchos casos no llegaban a los tribunales debido a la respuesta indiferente e insensible que la policía y los tribunales dispensaban a las denuncias de las mujeres. Seguía sin entrar en vigor el proyecto de Ley sobre Violencia Doméstica (Protección Familiar) de 2001, que habría mejorado el acceso a la justicia de las víctimas.
El gobierno y las organizaciones no gubernamentales siguieron tomando medidas para acabar con la mutilación genital femenina, pero la práctica siguió siendo generalizada.
- En noviembre, un tribunal de Kilgoris condenó a tres encausados a dos años de libertad vigilada por someter a una niña de 15 años a esa práctica. La declaración de culpabilidad se fundamentó en aplicación de la Ley del Menor.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, responsable de vigilar la aplicación de la Convención sobre la Mujer por parte de los Estados, examinó en enero el tercer y el cuarto informe de Kenia sobre su cumplimiento de la Convención. El Comité expresó su preocupación por el hecho de que los informes sobre la violencia contra las mujeres no contuvieran suficiente información.
Centenares de mujeres kenianas realizaron denuncias de violación, que abarcaban un periodo de casi 30 años, contra soldados británicos destacados en Kenia para realizar ejercicios militares. A raíz de la publicidad que recibieron las denuncias, éstas se debatieron en octubre en el Parlamento. La Real Policía Militar británica inició investigaciones penales. (Véase el apartado sobre el Reino Unido.)
“Guerra contra el terror”
En marzo, las autoridades dijeron que Suleiman Abdallah, que estaba bajo custodia en Kenia después de haber sido detenido en Somalia, era sospechoso de ser miembro de Al Qaeda y de haber intervenido en los atentados con explosivos llevados a cabo contra las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania en 1998 y en un hotel de propiedad israelí en Mombasa, Kenia, en noviembre de 2002. Según informes, Suleiman Abdallah fue entregado a las autoridades estadounidenses sin que se cumplieran las normas internacionales sobre extradición de sospechosos.
En mayo, el gobierno publicó el proyecto de Ley de Represión del Terrorismo que, en caso de promulgarse, permitiría a la policía detener a individuos sospechosos y registrar propiedades sin la autorización de los tribunales. El proyecto de ley permitía la detención en régimen de incomunicación de los presuntos “terroristas” hasta 36 horas y la extradición de los sospechosos obviando las garantías internacionales. También confería a los miembros de las fuerzas de seguridad inmunidad procesal por el uso de “fuerza razonable” en el ejercicio de su deber en la lucha contra el “terrorismo”.
A raíz de algunos informes sobre amenazas contra la seguridad, y de la suspensión de algunos vuelos internacionales con destino y salida de Kenia en mayo y junio, la policía llevó a cabo numerosas detenciones en Mombasa y Nairobi en el curso de una ofensiva “antiterrorista”. En varias ocasiones se detuvo, interrogó y liberó sin cargos a decenas de personas.
- El 28 de junio un contingente de oficiales de seguridad asaltaron los jardines del Asilo Infantil Musulmán Garissa en una operación estilo comando, y detuvieron a Naveed Anwar Mohamed, de 24 años, que residía en el asilo desde su regreso de Pakistán en 2002. Fue trasladado a Nairobi, donde lo mantuvieron recluido en régimen de incomunicación, lo interrogaron exhaustivamente durante tres días y lo dejaron en libertad sin cargos al cabo de nueve días.
En noviembre comenzó el juicio de seis hombres acusados del asesinato de 15 personas —12 ciudadanos kenianos y 3 israelíes— en el atentado con explosivos contra el hotel de Mombasa. El juicio continuaba al concluir 2003.
Tortura y muerte bajo custodia
La Ley de Enmienda de la Legislación Penal, promulgada en julio, enmendó el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y la Ley sobre Pruebas para prohibir el uso de confesiones o de cualquier admisión de culpabilidad como pruebas de cargo en los procesos penales en caso de que se hubieran obtenido mediante coacción. La ley también abolía los castigos corporales.
Siguieron recibiéndose informes que indicaban que el uso de la tortura y los malos tratos contra los sospechosos y detenidos seguía siendo generalizado, principalmente en las prisiones y comisarías.
- El 6 de enero se detuvo a Samuel Sirare Wanyonyi, que murió dos días después bajo custodia en la comisaría de policía de Malakisi, en el oeste de Kenia, según informes, debido a torturas. Al concluir 2003, no se había tomado ninguna medida para llevar a los responsables ante los tribunales.
- En octubre, tres detenidos en relación con el asesinato en septiembre del Dr. Crispin Mbai, funcionario de uno de los comités de la conferencia constitucional, denunciaron que unos agentes de policía los habían torturado para obtener una confesión. La Fiscalía General anunció que 22 agentes iban a ser acusados, pero al finalizar 2003 no se habían presentado los cargos.
Pena de muerte
Al menos 3.200 presos continuaban condenados a la pena capital. No se había llevado a cabo ninguna ejecución desde mediados de la década de 1980. El 25 de febrero, el presidente Kibaki ordenó la excarcelación de 28 presos condenados a muerte y conmutó 195 sentencias de muerte por penas de cadena perpetua.
El 10 de febrero, el ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales declaró que la pena de muerte iba a ser abolida para que se respetara el derecho fundamental a la vida. A lo largo del año, otros miembros del gobierno se pronunciaron a favor de la abolición.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Kenia en julio, octubre y noviembre para llevar a cabo labores de investigación.
