Mauritania
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información
En junio, miembros de las fuerzas armadas intentaron derrocar al presidente Taya, que había llegado al poder tras un golpe de Estado en 1984. Los soldados disidentes se apoderaron de parte de Nuakchot, la capital, y atacaron el palacio presidencial antes de que las fuerzas gubernamentales recuperaran el control. Posteriormente, las autoridades anunciaron que había habido 15 víctimas mortales, entre ellas civiles, y 68 heridos.
El presidente Taya fue reelegido el 7 de noviembre. Los comicios no contaron con la presencia de observadores independientes y una coalición de fuerzas de la oposición denunció que se había producido un fraude en gran escala en todo el país.
Nueva legislación
En julio, el Parlamento aprobó una ley contra la trata de personas que establecía una pena de hasta 10 años de trabajos forzados para las personas que, mediante el uso de la fuerza, el fraude o de incentivos indebidos, traficasen con alguien con fines de explotación.
En julio, una nueva ley restringió en la práctica la libertad de expresión al convertir todas las mezquitas en instituciones públicas y ponerlas bajo el control del ministro encargado de la orientación islámica. La ley establecía sanciones para cualquiera que utilizara las mezquitas para fines políticos o sectarios o para cualquier otra actividad incompatible con la “quietud y el respeto”. Esta medida formó parte de la campaña gubernamental contra los grupos islamistas de oposición.
Excarcelación de presos de conciencia
El 24 de agosto, Mohammed Lemine Chbih Ould Cheikh Melaïnine, presidente del Frente Popular Mauritano (Front populaire mauritanien), y otros dos presos, Mokhtar Ould Haibetna y Bouba Ould Hassenan, fueron excarcelados en virtud de un indulto presidencial. Habían sido condenados a cinco años de cárcel tras ser declarados culpables de “conspirar para cometer actos de sabotaje y terrorismo” en un juicio carente de las debidas garantías celebrado en junio de 2001.
Detenciones y juicios injustos
En abril, mayo y junio decenas de simpatizantes de partidos de la oposición e imanes fueron detenidos en Nuakchot y en la ciudad septentrional de Nouadhibou. Todos permanecieron encarcelados en régimen de incomunicación durante varias semanas. Algunos eran miembros del Partido del Renacimiento Nacional (Parti de la renaissance nationale), que seguidamente fue prohibido por las autoridades mediante el precinto de su sede en Nuakchot el 3 de mayo. El 29 de mayo, nueve miembros del partido fueron declarados culpables del cargo de “formar una asociación no autorizada y reorganizar un partido después de haber sido disuelto” a pesar de que, en el momento de su detención, el partido todavía no había sido prohibido. A algunos de ellos no les permitieron contar con abogados de su propia elección. Fueron condenados a penas condicionales de hasta seis meses.
En junio, más de 30 detenidos, en su mayoría dirigentes religiosos, fueron acusados de “conspirar contra el régimen constitucional e incitar a socavar el orden interno y externo del Estado”. En agosto quedaron en libertad provisional. Su juicio no había comenzado al acabar el año. Los restantes detenidos quedaron en libertad sin cargos.
En noviembre, el candidato presidencial Mohamed Khouna Ould Haidalla, dos de sus hijos y al menos otras 13 personas, fueron detenidas en el periodo anterior y posterior a la elección presidencial. Tras pasar varias semanas en régimen de incomunicación, el 28 de diciembre se declaró culpables a nueve de esos detenidos de delitos relacionados con la seguridad del Estado: Mohamed Khouna Ould Haidalla y otros cuatro fueron condenados a penas condicionales de cinco años de prisión, a multas de diversa cuantía y a la privación de sus derechos civiles y políticos; a los otros cuatro se les impusieron penas condicionales de dos años de prisión y a multas de diversa cuantía. El resto de detenidos fueron absueltos de cargos similares. Al acabar el año no se había dictado sentencia en el juicio del hijo menor de Mohamed Khouna Ould Haidalla. Observadores independientes informaron sobre irregularidades procesales.
Intento de golpe de Estado
Decenas de oficiales de las fuerzas armadas fueron detenidos a raíz del intento de golpe de Estado de junio. En septiembre, al cabo de tres meses de detención en régimen de incomunicación, al menos 128 oficiales y soldados comparecieron ante un juez acusados de traición, delito punible con la muerte. Según informes, permanecieron recluidos en una base naval de Nuakchot, que en septiembre se convirtió en una prisión oficial en virtud de una orden del ministro de Justicia. El juicio no había comenzado al concluir 2003.
Asimismo se detuvo a decenas de personas sospechosas de mantener vínculos con los conspiradores, incluso familiares. Algunas permanecieron encarceladas en centros secretos durante semanas. Posteriormente todas quedaron en libertad sin cargos ni juicio.
En julio, Senegal extraditó a Mauritania a Didi Ould M’Hamed, teniente de las fuerzas armadas mauritanas, por su presunta participación en la conspiración golpista, a pesar de la obligación contraída por Senegal, en virtud de la legislación internacional de derechos humanos, de no extraditar a ningún individuo a un país donde corra peligro de sufrir violaciones graves de los derechos humanos (véase el apartado sobre Senegal).
Tortura y malos tratos
Según informes, algunas de las personas detenidas a raíz del fallido intento de golpe de Estado fueron torturadas o maltratadas. Al parecer, los presos militares permanecieron esposados 24 horas al día y fueron golpeados con culatas de armas. A algunos, según parece, los obligaron a tumbarse sobre el suelo, con las manos atadas, mientras unos soldados les pisoteaban las espaldas.
Libertad de expresión
Varios periódicos fueron suspendidos o clausurados. En junio se clausuró el semanario Erraya; al parecer, la medida obedeció a que Erraya había publicado un artículo crítico con el gobierno.
Independencia del poder judicial
En julio, Mahfoudh Ould Bettah fue suspendido tres años del ejercicio de su profesión por atribuírsele usurpar el cargo de presidente del Colegio de Abogados e incurrir en insubordinación. La decisión se distribuyó a toda la judicatura antes de serle notificada oficialmente. Se temía que el gobierno hubiera tramado su destitución a raíz de su elección como presidente del Colegio en junio de 2002. La presencia de la policía durante la votación, la impugnación de los resultados anunciados y la nueva votación celebrada a los dos días, que dio como resultado la elección de un candidato del partido gobernante, contribuyeron a que se sospechara que se había producido una intromisión de las autoridades.
