Paraguay
 |
|||
| Paraguay | |||
|
Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Los intentos de someter a un juicio político al presidente saliente, Luis Ángel González Macchi, acusado de corrupción, fracasaron cuando el Congreso votó en contra de esta medida. El gobierno del presidente Nicanor Duarte Frutos tomó posesión en agosto.
En abril, el ex vicepresidente Ángel Roberto Seifart y otras 18 personas quedaron libres del cargo de participación en la muerte de al menos siete estudiantes durante las manifestaciones antigubernamentales de marzo de 1999; otros ocho acusados, entre ellos dos senadores, fueron condenados a penas de cárcel que oscilaban entre los seis meses y los cinco años. En octubre se retiraron, según los informes, los cargos contra 68 miembros de las fuerzas armadas acusados de participar en los homicidios de marzo de 1999 y en el intento de golpe de Estado de mayo de 2000, tras vencer el plazo estipulado en el estatuto de prescripción.
Uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad
Según los informes, la policía siguió haciendo uso de fuerza excesiva en manifestaciones de campesinos y sindicalistas.
- En agosto, según los informes, Cástulo Manuel Riveros Garay murió por disparos de agentes de la policía durante una huelga de trabajadores municipales en el barrio Zeballos Cué de Asunción. La policía negó toda responsabilidad en el homicidio.
- En octubre, el campesino sin tierra Miguel Peralta resultó muerto y varios campesinos más sufrieron heridas, según los informes a manos de las fuerzas de seguridad, durante un intento de desalojo de un grupo de campesinos sin tierra de la hacienda de Santa Bárbara, en Hernandarias. En la operación también resultaron heridos varios miembros de las fuerzas de seguridad.
Tortura y malos tratos
Se recibieron numerosos informes de tortura y malos tratos a presuntos delincuentes.
- En mayo, según los informes, en Santa Lucía de Villarica, departamento de Guairá, agentes de policía entraron a la fuerza en el domicilio de Pascual Trinidad, lo acusaron de robo, le cubrieron la cabeza con una bolsa de plástico y lo golpearon. Al acabar el año no se había recibido información sobre las investigaciones criminales en torno al caso.
- En julio, dos agentes de policía que denunciaron haber sido torturados tras el intento de golpe de Estado de mayo de 2000 acusaron al ex ministro del Interior Walter Bower, a los comisarios de policía Humberto Núñez Agüero y Merardo Palacios y al agente de policía Osvaldo Vera de participación en tales torturas. En noviembre, los procedimientos penales contra los acusados quedaron paralizados, según indicaban los informes.
Prisiones
Las condiciones de reclusión y los graves problemas de hacinamiento siguieron constituyendo un motivo de preocupación. En septiembre, el ministro de Justicia y Trabajo, Juan Darío Monges, se comprometió a reformar el sistema penitenciario. Varios detenidos murieron debido, según los informes, al uso de fuerza excesiva por parte de guardias penitenciarios.
- El 26 de abril, Víctor Javier Lugo, de 18 años, murió y otro joven resultó herido cuando los guardias del Centro Educativo de Itaguá (un establecimiento de detención para menores) abrieron fuego, según parece, contra los jóvenes cuando trataban de huir. Al concluir el año no se había recibido información sobre las investigaciones en torno a este homicidio.
Tortura y malos tratos a reclutas
Se recibieron informes constantes de malos tratos a reclutas del ejército.
- En mayo, cuatro reclutas pertenecientes a la Primera División de Caballería de Pozo Colorado, departamento de Chaco, denunciaron haber sufrido malos tratos. Otro soldado perteneciente al I Cuerpo del Ejército de Cuguaty declaró ante un juez que había sido torturado y violado por un oficial. Al acabar el año, las autoridades judiciales estaban investigando ambos casos, según los informes.
No se registraron avances significativos en las investigaciones sobre los casos de los más de 100 jóvenes reclutas muertos desde 1989. En octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una solicitud para que se investigara la “desaparición” de dos reclutas menores de edad, Marcelino Gómez y Cristian Ariel Núñez, ocurrida en 1998 en el departamento de Chaco.
Impunidad
La Fiscalía General del Estado no presentó cargos contra los miembros de las fuerzas armadas presuntamente implicados en el homicidio de José “Coco” Villar, ocurrido el 2 de julio de 1999. Se alegó falta de pruebas, aunque el oficial al mando de la operación de seguridad en la que murió José Villar era conocido por las autoridades y había estado implicado en el homicidio del vicepresidente Luis María Argaña ese mismo año.
Las investigaciones criminales sobre la presunta tortura, en 2002, de Anuncio Martí y Juan Arrom apenas avanzaron. En noviembre se suspendieron los procedimientos judiciales contra dos agentes de policía y un investigador judicial.
El 16 de octubre, un tribunal de Asunción volvió a dictar una orden de detención contra el general Stroessner, ex presidente exiliado en Brasil, y Sabino Augusto Montanaro, ex ministro del Interior exiliado en Honduras, para que respondieran por su presunta participación en la tortura y muerte, en 1974, de Celestina Pérez mientras se hallaba bajo detención policial.
En octubre se aprobó una ley por la que se creaba una Comisión de Verdad y Justicia para examinar los casos de violación de derechos humanos ocurridos bajo el gobierno del general Stroessner. Al acabar el año, la Comisión aún no se había creado.
También en octubre, el gobierno informó a las autoridades estadounidenses de que no firmaría un acuerdo de impunidad por el que se habría comprometido a negarse a entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Los acuerdos de esa naturaleza son contrarios a las obligaciones contraídas por los Estados en virtud del derecho internacional.
Continuaron las manifestaciones de preocupación por el hecho de que el Estado no hubiera indemnizado a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas bajo el gobierno del general Stroessner. En agosto, el nuevo procurador general de la Nación declaró que apelaría a la Corte Suprema de Justicia para que hiciera posibles estos pagos.
