Ruanda
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Los gobiernos de la República Democrática del Congo y de Ruanda se acusaron mutuamente de no respetar el acuerdo bilateral firmado en julio de 2002, por el que el segundo se comprometió a retirar sus tropas del este de la República Democrática del Congo y el primero a desarmar y devolver a su país a los grupos de oposición ruandeses. El gobierno ruandés negó los informes que indicaban que seguía habiendo presencia ruandesa en el este de la República Democrática del Congo tras la retirada oficial de sus fuerzas. Los gobiernos ruandés y ugandés se acusaron mutuamente de estar cobijando, patrocinando y adiestrando a movimientos armados de oposición.
El final del programa de transición del gobierno tras el genocidio vino marcado por la aprobación de una nueva Constitución, la quinta desde la independencia en 1960. El proyecto de Constitución contenía disposiciones que podrían restringir los derechos civiles y políticos fundamentales. La información facilitada por los medios de comunicación controlados por el gobierno sobre las disposiciones clave del proyecto de Constitución era limitada. La nueva Constitución resultó aprobada por mayoría abrumadora en el referéndum celebrado en mayo.
Las elecciones presidenciales se celebraron el 25 de agosto y las parlamentarias entre el 29 de septiembre y el 2 octubre. El titular del cargo, Paul Kagame, ganó las elecciones presidenciales con el 95 por ciento de los sufragios, mientras que su partido, el Frente Patriótico Ruandés (Front Patriotique Rwandais, FPR), logró el 74 por ciento de los votos en las elecciones parlamentarias. Los candidatos y simpatizantes de la oposición fueron objeto de una fuerte intimidación durante las campañas electorales y después de éstas. Se recibieron informes reiterados sobre casos de intimidación a los votantes por parte del partido del gobierno antes de la jornada electoral y durante ésta.
El elevado número de mujeres elegidas para el Parlamento se debió en parte a las leyes aprobadas por el gobierno y a las prácticas administrativas destinadas a hacer progresar la situación de la mujer.
“Desapariciones”
Se recibieron informes sobre varias “desapariciones”, en muchos casos relacionadas con actuaciones del gobierno contra el Movimiento Democrático Republicano (Mouvement Démocratique Républicain, MDR). Otras personas que “desaparecieron” fueron víctimas, según informes, de las actividades delictivas de miembros de las fuerzas de seguridad ruandesas.
- Según informes, varias personas “desaparecieron” en abril, al parecer, por oponerse al gobierno. Entre ellos estaban el Dr. Léonard Hitimana, diputado del Movimiento Democrático Republicano, el teniente coronel Augustin Cyiza, ex presidente del Tribunal de Casación y vicepresidente del Tribunal Supremo, y Eliezer Runyaruka, estudiante universitario y juez cantonal de Nyamata. Según testigos, los vehículos en los que “desaparecieron” o que eran de su propiedad fueron vistos por última vez en un centro de detención militar o conducidos y abandonados posteriormente por miembros de las fuerzas de seguridad.
- Burundi devolvió a Ruanda a Charles Muyenzi y Aimable Nkurunziza, ex oficiales de las fuerzas armadas. Según informes, el 9 de noviembre fueron entregados a las fuerzas de seguridad ruandesas y los esfuerzos posteriores por localizarlos no recibieron ninguna respuesta de las autoridades. Anteriormente, Aimable Nkurunziza había sido reconocido como refugiado en Uganda.
Represión de la oposición
Se intimidó a los miembros y dirigentes de partidos de la oposición mediante reiterados interrogatorios en las comisarías, detenciones ilegítimas y amenazas de muerte. Varios huyeron del país. Al parecer, los organizadores de partidos de oposición fueron amenazados y sobornados para que se pasaran al Frente Patriótico Ruandés o hicieran acusaciones falsas contra los candidatos de su partido. A muchos votantes se los obligó o presionó para que se unieran al Frente Patriótico Ruandés y acudieran a sus reuniones políticas. Se denunció a las organizaciones de la sociedad civil como “divisionistas” o “sectarias”. En abril, una comisión parlamentaria acusó a los miembros del Movimiento Democrático Republicano y a 46 personas específicas de fomentar la “división”. Se acusó a la principal organización independiente de derechos humanos de apoyar económicamente al Movimiento Democrático Republicano.
Abusos en el sistema de justicia penal
La confianza de la opinión pública en el sistema de justicia penal siguió erosionándose. La policía mantenía a menudo privados de libertad ilegalmente a los sospechosos durante periodos prolongados sin juicio. Las fiscalías no siempre respetaban las decisiones de los tribunales y, en ocasiones, los acusados absueltos por los tribunales continuaban encarcelados. Se calculaba que una tercera parte de todas las detenciones y privaciones de libertad preventivas incumplían el Código de Procedimiento Penal. Muchos de los funcionarios del sistema de justicia penal carecían de la formación o experiencia necesarias. Varios proyectos de ley presentados ante el Parlamento proponían reestructurar el sistema judicial y simplificar los procedimientos civiles y penales para afrontar algunas de estas cuestiones.
Juicios por genocidio
Fueron juzgadas más de 450 personas sospechosas de haber participado en el genocidio, una cifra notablemente inferior a la de 2002. Al concluir 2003, las salas especializadas habían juzgado a algo más de 8.000 sospechosos desde que empezaron a funcionar en 1996. En muchos casos, los juicios no se atuvieron a las normas internacionales de justicia procesal. Dieciocho acusados fueron condenados a la pena capital. Las condenas no se ejecutaron.
En un intento de hacer frente al grave hacinamiento padecido en las prisiones, el gobierno excarceló provisionalmente a más de 20.000 detenidos. La mayoría habían confesado su participación en el genocidio. Sin embargo, entre los presos que no se beneficiaron de la medida de libertad provisional había personas cuyos expedientes no contenían suficientes pruebas para justificar su detención.
Gacaca
Los largamente esperados juicios del sistema de justicia comunitaria conocido como gacaca no comenzaron según estaba previsto. Los miembros comunitarios y los magistrados locales elegidos para esta labor continuaron el trabajo presumarial en 746 tribunales, que comenzaron a funcionar en 2002. Elaboraron una lista de víctimas y de presuntos responsables, así como un inventario de las reclamaciones por daños civiles. Estaba previsto que los restantes 8.258 tribunales comenzaran a funcionar en 2004.
Los tribunales se vieron lastrados por la inactividad de los magistrados y de los miembros comunitarios, por la renuencia de las comunidades a proporcionar información y por el descontento que provocó el que se excluyeran de su examen los abusos contra los derechos humanos cometidos por los miembros del ex grupo armado de oposición, Frente Patriótico Ruandés. Tras la caída del gobierno en 1994, el ala política del Frente Patriótico Ruandés pasó a ser el partido gobernante, y su brazo armado, el Ejército Patriótico Ruandés (Armée Patriotique Rwandaise, APR), se convirtió en las fuerzas armadas del país, que en junio de 2002 pasaron a denominarse Fuerzas de Defensa Ruandesas (Forces de Défense Rwandaises, FDR).
Tribunal Penal Internacional para Ruanda
Prosiguieron los juicios ante el Tribunal Penal Internacional para Ruanda de las personas a las que se imputaba haber desempeñado un papel destacado en el genocidio. Al acabar el año, había 56 detenidos en el tribunal. Continuaron cinco juicios en los que se procesaba a 20 acusados, 3 de los cuales se iniciaron en 2003. En noviembre comenzaron los juicios de 7 ex ministros. Se dictó sentencia en cinco juicios de 8 detenidos. Al concluir el año, el Tribunal Penal Internacional había dictado 17 sentencias desde su primer auto de acusación en 1995.
Se detuvo a dos sospechosos en la República Democrática del Congo y en Uganda a los que se entregó al Tribunal Penal Internacional para Ruanda para que los juzgase. Dicho tribunal presentó cargos contra otras 16 personas que no fueron detenidas. El Congreso de Estados Unidos renovó su Programa de Recompensas para la Justicia para ayudar a detener a los acusados.
El Tribunal Penal Internacional había acusado al gobierno ruandés de frustrar las investigaciones sobre las denuncias por crímenes de guerra presentadas contra miembros del ex Ejército Patriótico Ruandés. En agosto, grupos de derechos humanos instaron al Consejo de Seguridad de la ONU a que garantizara la independencia e imparcialidad del Tribunal, a pesar de la presión ejercida por Ruanda y otros Estados para que no se procesara a los miembros del ex Ejército Patriótico Ruandés por delitos de lesa humanidad. Esa presión había hecho que el Tribunal suspendiera las investigaciones sobre miembros del ex Ejército Patriótico Ruandés en septiembre de 2002.
Justicia internacional
Otros Estados siguieron juzgando o deportando a personas sospechosas de haber intervenido en el genocidio con arreglo a su jurisdicción nacional. A pesar de que el Parlamento belga derogó la legislación que confería jurisdicción universal a los tribunales del país, varias causas por genocidio que ya habían comenzado seguían pendientes en los tribunales.
- En septiembre, la Corte Federal de Apelaciones de Canadá emitió el fallo sobre el caso de Léon Mugesera, que había sido acusado en un tribunal canadiense de crímenes de lesa humanidad por hacer apología de la violencia y el odio étnico en Ruanda en 1992. La Corte declaró que el discurso pronunciado por Léon Mugesera no constituía una instigación explícita al genocidio ni un crimen de lesa humanidad, y que podía permanecer en Canadá.
Libertad de expresión
Los miembros de la prensa y de los grupos de la sociedad civil siguieron sufriendo acoso e intimidación por criticar al gobierno o a las fuerzas armadas. Varios periodistas y activistas de los derechos humanos fueron interrogados por la policía, detenidos y exiliados. Otros tuvieron que ejercer la autocensura sobre determinados asuntos para evitar ser objeto de la represión política de las fuerzas de seguridad.
- El 19 de noviembre, la policía detuvo a cinco periodistas y al conductor del semanario privado Umuseso, y confiscó una edición del semanario. Los periodistas fueron interrogados y dos de ellos, según informes, fueron golpeados, al parecer, debido a un artículo que cuestionaba un proyecto de desmovilización de algunos altos cargos militares. Quedaron en libertad sin cargos al cabo de dos días.
Refugiados
El gobierno de Ruanda siguió expresando su intención de que todos los refugiados ruandeses, unos 85.000 según cálculos, volvieran al país. Ruanda, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y los países de acogida —República del Congo, Malawi, Mozambique, Namibia, Uganda, Zambia y Zimbabue— suscribieron acuerdos tripartitos. Muchos refugiados expresaron su preocupación por su seguridad y la situación económica en Ruanda. En Uganda, únicamente 200 de los 14.000 refugiados ruandeses se inscribieron para ser repatriados voluntariamente, a pesar de los intentos llevados a cabo por el gobierno ruandés y la Oficina del ACNUR para convencerlos de que podían volver en condiciones de seguridad.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Ruanda en enero, marzo, julio y agosto. En octubre, la secretaria general de Amnistía Internacional viajó a la República Democrática del Congo, Ruanda y Uganda para reunirse con altos cargos del gobierno y de la ONU, supervivientes de abusos contra los derechos humanos, activistas de derechos humanos y organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.
