Sierra Leona
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Prosiguió el proceso de consolidación de la paz alcanzada en 2001 tras una década de conflicto. Se restableció la autoridad gubernamental en todo el país, si bien aumentó la preocupación por la capacidad del ejército y de la policía debido a la inestabilidad en la vecina Liberia. Grupos armados liberianos realizaron incursiones en Sierra Leona, especialmente en el distrito de Kailahun. Además, según informes, había un número importante de excombatientes sierraleoneses luchando en Liberia y en Costa de Marfil. Aumentó el despliegue de fuerzas de seguridad, apoyadas por la Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona (UNAMSIL), a lo largo de la frontera con Liberia. Sin embargo, el acuerdo de paz y el consiguiente despliegue de una operación de la ONU para el mantenimiento de la paz en Liberia en octubre auguraba una reducción de la amenaza procedente de dicho país.
El Equipo Internacional de Adiestramiento y Asesoramiento Militar y los agentes de la policía civil de la ONU prosiguieron su labor de formación y reestructuración del ejército y de la policía. Se produjo una retirada gradual del personal militar de la UNAMSIL, cuya finalización completa estaba prevista para finales de 2004.
La reintegración de los excombatientes siguió siendo una prioridad y, a pesar de la escasez de fondos, al finalizar el año estaba a punto de completarse. Sin embargo, el gobierno siguió sin cumplir el compromiso contraído en 2002 de disolver la Fuerza de Defensa Civil (Civil Defence Forces, CDF), que le había prestado apoyo durante el conflicto.
El 98 por ciento de los más de 7.000 ex niños soldados y niños separados registrados se habían reunido con sus familias. El representante del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados visitó Sierra Leona en febrero y exhortó a la comunidad internacional a seguir prestando apoyo para preservar los avances logrados hasta la fecha en la protección de los niños afectados por la guerra.
El gobierno intentó incrementar el control sobre las zonas productoras de diamantes, impedir la actividad minera no regulada y hacer frente a la posible inseguridad en los distritos de Kono y Kenema.
El 13 de enero se llevó a cabo un ataque armado fallido contra el arsenal del cuartel de Wellington, en las afueras de Freetown. Johnny Paul Koroma, parlamentario electo y ex dirigente del Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas (Armed Forces Revolutionary Council, AFRC), formación que había accedido al poder a raíz de un golpe de Estado en 1997 y que posteriormente se alió con el grupo armado de oposición Frente Revolucionario Unido (Revolutionary United Front, RUF), participó en un plan para desestabilizar la autoridad estatal aunque logró no ser detenido.
El Tribunal Especial para Sierra Leona
Se realizaron importantes progresos en la cuestión de la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto. El Tribunal Especial para Sierra Leona dictó auto de procesamiento contra 13 personas, nueve de las cuales estaban detenidas al finalizar el año. El Tribunal Especial se había constituido en 2002 para juzgar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional humanitario cometidas tras el 30 de noviembre de 1996.
Los siete primeros autos de procesamiento, contra miembros de todas las partes en el conflicto, se anunciaron el 10 de marzo. Los cargos incluían asesinato, violación y otras formas de violencia sexual, esclavitud sexual, leva de niños, secuestro y trabajo forzado. Entre los acusados estaban el ex dirigente del Frente Revolucionario Unido Foday Sankoh; Sam Bockarie, comandante de este grupo; Johnny Paul Koroma, y Samuel Hinga Norman, ministro del Interior y ex coordinador nacional de la Fuerza de Defensa Civil.
Todos, salvo Sam Bockarie y Johnny Paul Koroma, fueron detenidos y recluidos. Sam Bockarie, que mantenía estrechos vínculos con el entonces presidente liberiano, Charles Taylor, y que se encontraba en Liberia cuando se dictó el auto de procesamiento, murió en mayo. Aunque el gobierno de Liberia afirmó que había muerto en un enfrentamiento con fuerzas gubernamentales, las circunstancias de su muerte no estaban claras, y las sospechas en torno a ella se vieron agravadas por los informes sobre el asesinato de su madre, esposa y dos hijos en la capital de Liberia, Monrovia. Al parecer, Sam Bockarie había sido víctima de homicidio para impedir que prestara testimonio ante el Tribunal Especial e implicara al presidente Charles Taylor. Johnny Paul Koroma continuaba en libertad. Se informó de que él también había muerto en Liberia, pero no pudo confirmarse la noticia. La causa contra Foday Sankoh se aplazó debido a su grave estado de salud. Murió en julio.
El 4 de junio se anunció que se había dictado auto de procesamiento contra el presidente liberiano, Charles Taylor, mientras asistía a las negociaciones que se acababan de entablar en Accra, Ghana, bajo los auspicios de la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), para poner fin al conflicto de Liberia. Los cargos estaban basados en el apoyo activo que había prestado al Frente Revolucionario Unido y al Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas para desestabilizar Sierra Leona y tener acceso a los diamantes. A pesar de una orden de detención internacional y de un llamamiento realizado por Amnistía Internacional para que las autoridades de Ghana lo detuvieran, le permitieron volver a Liberia ese mismo día.
El presidente Taylor anunció su disposición a abandonar el poder en aras de la paz. El 11 de agosto abandonó Liberia con destino a Nigeria, de cuyo gobierno recibió la garantía implícita de que allí no sería procesado ni entregado al Tribunal Especial para Sierra Leona. El presidente nigeriano, Olusegun Obasanjo, afirmó que estaba actuando en interés de la paz en Liberia. Amnistía Internacional condenó enérgicamente esta decisión por considerarla un incumplimiento de las obligaciones contraídas por Nigeria en virtud del derecho internacional. Sin embargo, se hizo caso omiso de los llamamientos realizados para que se entregara a Charles Taylor al Tribunal Especial o se iniciara una investigación para determinar si debía iniciarse un proceso penal o de extradición contra él en los tribunales de Nigeria. Amnistía Internacional pidió a todos los miembros de la CEDEAO y a otros gobiernos que cooperaran completamente con el Tribunal Especial. A primeros de diciembre la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió una orden de captura internacional contra Charles Taylor con vistas a su extradición.
A partir de finales de octubre, la Sala de Apelaciones del Tribunal Especial examinó las peticiones preliminares de la defensa, referentes, entre otras cosas, a la negación del derecho de apelación contra las decisiones sobre las peticiones preliminares que cuestionaban la jurisdicción del Tribunal Especial y a la aplicabilidad de las disposiciones sobre amnistía incluidas en el acuerdo de paz de Lomé de 1999. Amnistía Internacional insistió en que se garantizara el derecho de apelación pero la Sala de Apelaciones rechazó esta petición. Amnistía Internacional había argumentado que el derecho internacional prohíbe aplicar amnistías u otras medidas de impunidad en el caso de los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario. El auto de procesamiento contra Charles Taylor fue impugnado alegando “inmunidad soberana” y “extraterritorialidad”. El fiscal presentó peticiones en las que se proponía unificar las causas existentes en dos autos de procesamiento combinados: los de miembros del Frente Revolucionario Unido y el Consejo Revolucionario de las Fuerzas Armadas y los de miembros de la Fuerza de Defensa Civil. Al finalizar el año no se había tomado ninguna decisión sobre estas peticiones. Se esperaba que los juicios comenzaran en marzo o abril de 2004.
La grave crisis económica que amenazaba el funcionamiento del Tribunal Especial más allá de 2003 quedó parcialmente mitigada gracias a nuevas aportaciones y fondos destinados a la actividad en años venideros.
Otras medidas necesarias para poner fin a la impunidad
Se suponía que el Tribunal Especial para Sierra Leona sólo iba a juzgar a un número reducido de personas. Otros responsables de los graves delitos cometidos a lo largo del conflicto que comenzó en 1991 siguieron beneficiándose de la amnistía establecida en el acuerdo de paz y aprobada posteriormente por ley. Amnistía Internacional pidió la anulación de dicha ley. Asimismo, la organización hizo hincapié en la importancia de la aportación del Tribunal Especial al fortalecimiento del sistema de justicia nacional, de modo que en el futuro pudiera asumir la responsabilidad de terminar con la impunidad de estos graves delitos.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación
A pesar de la insuficiencia presupuestaria, la Comisión de la Verdad y Reconciliación avanzó en la elaboración de un registro histórico de los abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto y en la promoción de la reconciliación. Se recopilaron más de 7.500 declaraciones, incluso de sierraleoneses refugiados en otros países de África occidental. En agosto se habían celebrado vistas públicas en todo el país, en las que participaron víctimas, testigos y responsables. Especial atención se prestó a las experiencias de las mujeres y los niños. El mandato de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, cuya finalización estaba prevista para octubre, se prorrogó, y se esperaba que presentara su informe a comienzos de 2004.
Juicio de excombatientes ante el Tribunal Superior
El juicio de unos 90 excombatientes acusados de asesinato, conspiración para el asesinato y otros delitos no avanzó a causa de sus reiterados aplazamientos. Entre los acusados estaba Foday Sankoh, otros ex miembros del Frente Revolucionario Unido y soldados renegados conocidos como los “Muchachos del Oeste” (“West Side Boys”). La mayoría habían sido detenidos en mayo de 2000 tras morir unas 20 personas y resultar heridas muchas otras como consecuencia de los disparos efectuados por miembros del Frente Revolucionario Unido contra unos civiles que se estaban manifestando frente a la residencia de Foday Sankoh en Freetown. Tras dictarse el auto de procesamiento contra él, Foday Sankoh fue puesto bajo la custodia del Tribunal Especial.
Ninguno de los acusados tuvo asistencia letrada, lo que vulneraba las normas internacionales procesales. La preocupación por la falta de asistencia letrada se vio agravada por el hecho de que los acusados, en caso de ser declarados culpables, pudieran ser condenados a muerte. Siguieron sin poder recibir la visita de sus familiares.
Juicio por traición
A raíz del ataque contra el cuartel de Wellington se detuvo a más de 100 personas, según los informes recibidos. Aunque la mayoría quedaron en libertad posteriormente, 17 de ellas, entre las que había soldados en activo, ex miembros de los “Muchachos del Oeste” y algunos civiles, fueron acusadas de traición y delitos conexos en marzo. Entre estos detenidos se contaba un niño que, al parecer, tenía 15 años y al que se mantuvo recluido con presos adultos en la Prisión Central de Pademba Road, en Freetown. El Tribunal Especial dictó auto de procesamiento contra uno de ellos, que quedó bajo su jurisdicción. El juicio seguía al finalizar el año.
Detención por motivos políticos sin cargos ni juicio
En la prisión de Pademba Road continuaban recluidos sin cargos ni juicio 23 militares. La mayoría habían sido detenidos a mediados de 2000, aunque uno llevaba recluido desde febrero de 1999. Su prolongada reclusión carecía de fundamento legal y a todos se les negó el acceso a un abogado y a su familia.
Condiciones penitenciarias y muerte bajo custodia
Al margen de algunas mejoras, las condiciones de reclusión en las comisarías y prisiones normalmente no respetaban las normas internacionales a causa del hacinamiento, la insalubridad y la deficiente atención médica.
En abril, las autoridades penitenciarias accedieron a investigar la muerte de un recluso de la prisión de Magburaka, distrito de Tonkolili, que, según informes, había muerto como consecuencia de las lesiones provocadas por la paliza que le propinaron unos funcionarios penitenciarios. No obstante, no se registraron nuevos progresos. Siguió sin esclarecerse la causa exacta de la muerte de un preso muerto en la prisión de Pademba Road en agosto de 2002, aunque según la versión oficial se había debido a la “psicosis” que padecía.
Fortalecimiento de las instituciones nacionales
A pesar del progreso registrado en la rehabilitación del sistema nacional de justicia, la administración eficaz de justicia siguió lastrada por graves problemas. Había pocos incentivos para que los abogados titulados se convirtieran en jueces. Si bien se restablecieron los tribunales de primera instancia en los 12 distritos, la falta de jueces siguió siendo un importante problema. Se impartió formación a jueces de paz y se recurrió a ellos para reducir la gran acumulación de causas. La policía seguía manteniendo recluidos a los detenidos más allá del plazo legal, a menudo por la falta de asistencia letrada, especialmente en las provincias.
Se aplicaron de forma poco estricta las normas internacionales sobre la separación de presos por categorías, por ejemplo menores y mujeres. El sistema de justicia de menores siguió padeciendo graves deficiencias, y en general continuó sin poder accederse al sistema judicial, incluso en los casos de violencia de género.
Siguió demorándose la creación de una comisión nacional de derechos humanos, prevista en el acuerdo de paz, a pesar de la ayuda prestada por la UNAMSIL y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la elaboración del proyecto de ley correspondiente en consulta con organizaciones cívicas. Al finalizar el año, el proyecto de ley todavía no se había sometido a examen en el Parlamento, a pesar de que se había presentado al gobierno en septiembre.
Refugiados y desplazados internos
Siguieron regresando refugiados de Guinea y Liberia, si bien la falta de servicios básicos en zonas como los distritos de Kailahun y Kono impidió el regreso voluntario de algunos refugiados y desplazados internos a su lugar de origen. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) suspendió temporalmente la repatriación de emergencia de refugiados sierraleoneses desde Monrovia al agravarse en junio y julio la crisis de seguridad en Liberia. Los organismos de ayuda humanitaria tuvieron que retirarse del país, donde seguía habiendo unos 14.000 refugiados sierraleoneses.
Más de 9.000 ciudadanos de Liberia, incluidos combatientes desertores, entraron en Sierra Leona durante los primeros meses del año como consecuencia de la intensificación del conflicto en su país. En la frontera y en los campos de refugiados, el ACNUR, la UNAMSIL y las fuerzas de seguridad intentaron identificar a los combatientes y separarlos de los civiles. En los campos de refugiados, los ex niños soldados de Liberia se beneficiaron de un programa acelerado de integración.
Misión de las Naciones Unidas en Sierra Leona
El componente de derechos humanos de la UNAMSIL siguió vigilando la situación en este terreno, incluso en relación con las comisarías de policía, las prisiones, el sistema de justicia y las instituciones nacionales. También siguió documentando abusos contra los derechos humanos cometidos durante el conflicto. Se abrieron varias oficinas regionales.
El componente de derechos humanos impartió formación en materia de derecho internacional humanitario y de derechos humanos a las tropas de mantenimiento de la paz de la UNAMSIL, a miembros de la judicatura, a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a organizaciones de la sociedad civil, entre ellas grupos de derechos humanos.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Sierra Leona en mayo y se reunieron con funcionarios y personal del Tribunal Especial y de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, así como con altos cargos del gobierno y con miembros de la UNAMSIL.
