Somalia
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
En buena parte de las regiones del centro y el sur, especialmente en Mogadiscio, la capital, y en Baidoa, la inseguridad se convirtió en una constante, y hubo enfrentamientos intermitentes entre facciones durante todo el año, situación que dejó prácticamente sin efecto la tregua de octubre de 2002. Desde la desintegración del Estado en 1991, el país carecía de gobierno o administración nacional, ejército, policía y sistema judicial. En agosto, el Gobierno Nacional de Transición amplió su mandato por tres años. Aunque había sido teóricamente reconocido por la ONU y por parte de la comunidad internacional, sólo controlaba una pequeña parte de Mogadiscio; otras zonas estaban gobernadas por dirigentes de distintas facciones armadas. En las conversaciones de paz, el Gobierno Nacional de Transición se enfrentaba a la oposición del Consejo de Reconciliación y Restauración de Somalia, respaldado por Etiopía, pero recibía el apoyo de una nueva agrupación, el Consejo de Salvación Nacional. Los trabajadores internacionales de ayuda humanitaria no pudieron, por lo general, trabajar en el sur por motivos de seguridad. En julio, tras el asesinato de un conocido oftalmólogo, la Asociación Médica Somalí informó de que, desde 1991, había habido más de 70 homicidios de profesionales de la salud. Ese mismo mes, una organización no gubernamental de Mogadiscio dijo que, en los 12 meses anteriores, más de 530 civiles habían perdido la vida y 185 personas habían sido secuestradas.
Somalilandia
En abril se celebraron elecciones presidenciales pluripartidistas en la autoproclamada República de Somalilandia, en el noroeste del país. Ésta seguía siendo la única parte de la ex República Somalí que disfrutaba de paz y contaba con un gobierno, instituciones democráticas y un sistema judicial. Se estaba preparando una Comisión de Derechos Humanos, con el respaldo de numerosas organizaciones no gubernamentales locales. Somalilandia insistía en reclamar el reconocimiento internacional y se negaba a participar en las conversaciones de paz de Kenia o a considerar la posibilidad de reincorporarse a una Somalia federal. El presidente titular, Dahir Riyaale Kahin, ganó las elecciones con un estrecho margen. Las elecciones al Parlamento se aplazaron hasta 2005. Tras el asesinato en octubre de tres trabajadores internacionales de los ámbitos de la salud y la educación aumentó la preocupación por la seguridad de los trabajadores humanitarios, aunque la policía detuvo y acusó a varios sospechosos. Las relaciones entre Somalilandia y Puntlandia seguían siendo tensas, debido a las disputas sobre las regiones orientales de Sool y Sanag, afectadas por la sequía y la escasez de alimentos.
Puntlandia
El autoproclamado Estado regional federal de Puntlandia, en el nordeste del país, participó en las conversaciones de paz y apoyó una constitución federal. En mayo se firmó un acuerdo de paz y reconciliación entre el presidente de Puntlandia, Abdullahi Yusuf Ahmed, y el Consejo de Salvación de Puntlandia, grupo armado de oposición encabezado por el general Mahamoud Musse Hersi (“Ade”) y vinculado al ex aspirante a la presidencia Jama Ali Jama. En el gobierno de Puntlandia y sus fuerzas de seguridad se integraron dirigentes políticos de la oposición y miembros de milicias, y todos los miembros de milicias de oposición capturados fueron liberados. La seguridad mejoró, pero seguían sin estar claras ciertas cuestiones constitucionales relativas a la situación del gobierno y el Parlamento de Puntlandia.
Conversaciones de paz
La Conferencia para la Paz y la Reconciliación en Somalia se trasladó a una nueva sede en Kenia, en Mbagathi, cerca de Nairobi, y nombró a un nuevo presidente. La organización de las conversaciones corrió a cargo de la Autoridad Intergubernamental de Desarrollo, agrupación regional de Estados, y en ellas intervinieron más de 430 delegados. Entre los participantes había dirigentes de más de 21 facciones armadas (los denominados “caudillos militares”), además de miembros del Gobierno Nacional de Transición y representantes de grupos de la sociedad civil, entre ellos algunas organizaciones independientes que trabajaban por los derechos humanos y los derechos de las mujeres y las minorías.
En septiembre, la Conferencia propuso la aprobación de una carta de transición para un periodo de cuatro años bajo un gobierno federal provisional. El Gobierno Nacional de Transición y otra facción rechazaron inicialmente la carta, pero luego se reincorporaron a las conversaciones. Al acabar diciembre no se había completado la selección de un parlamento provisional que se encargaría de elegir a un presidente.
La comunidad internacional
La constante amenaza para la seguridad regional y global que representaban los más de 12 años de colapso del Estado y la reanudación de las luchas entre facciones en el sur de Somalia llevó al Consejo de Seguridad de la ONU y a su secretario general a pedir la conclusión urgente de las conversaciones de paz y el fin de los abusos contra los derechos humanos y de las violaciones del alto el fuego. La ONU condenó la utilización de niños soldados por parte del Gobierno Nacional de Transición y de la inmensa mayoría de las facciones.
En marzo, un equipo de expertos de la ONU presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre las violaciones del embargo de armas por parte de países vecinos y otros Estados que habían proporcionado armas al Gobierno Nacional de Transición o a dirigentes de facciones. El mandato del equipo de expertos se amplió otros seis meses, y en noviembre este equipo publicó un nuevo informe con recomendaciones, en el que se relacionaba la circulación de armas con el “terrorismo” transnacional.
En abril, tras la presentación del informe del experto independiente de la ONU sobre Somalia, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU instó a todos los grupos somalíes a que pusieran fin a los actos de violencia y a los abusos contra los derechos humanos, que respetaran el embargo de armas, que impidieran el “terrorismo” y que protegieran a los trabajadores de ayuda humanitaria. La Unión Africana empezó a preparar la creación de un grupo de vigilancia del alto el fuego.
La ONU condenó los homicidios y secuestros de niños, entre ellos el homicidio en mayo de tres niñas en Baidoa durante unos ataques de represalia entre clanes, y el secuestro en junio, durante un breve espacio de tiempo, de un grupo de colegialas que viajaban en autobús en Mogadiscio.
Violencia contra las mujeres
La mutilación genital femenina siguió practicándose en la mayoría de las niñas, pese a la campaña educativa llevada a cabo por organizaciones de mujeres somalíes. Los miembros de la Coalición de Organizaciones Populares de Mujeres también documentaron violaciones de mujeres y niñas desplazadas internas, sobre todo de comunidades minoritarias, por parte de hombres armados y miembros de milicias de facciones en Mogadiscio. Un informe de la ONU señaló las graves desventajas que sufrían las mujeres en su acceso a la justicia.
Refugiados y desplazados internos
Continuó el flujo de refugiados desde el sur, mientras la población civil huía de las luchas, los secuestros, las amenazas contra los defensores de los derechos humanos y demás abusos cometidos por las distintas facciones. Los somalíes constituían una buena proporción de los solicitantes de asilo que acudían a países vecinos y a los países industrializados del Norte.
En abril, el coordinador residente de las Naciones Unidas y coordinador de la asistencia humanitaria para Somalia exhortó a los dirigentes políticos y de milicias de Somalia a que protegieran a 350.000 desplazados internos —en su mayoría mujeres y niños pertenecientes, en muchos casos, a comunidades minoritarias— en más de una docena de áreas. Este colectivo era objeto de violaciones sexuales, secuestros y saqueos a manos de grupos armados, además de sufrir las malas condiciones de los campos de refugiados.
Estado de derecho
No existía en todo el sur del país ningún sistema de administración de justicia eficaz y competente que impusiera el respeto por el Estado de derecho y protegiera de forma imparcial los derechos humanos. El Gobierno Nacional de Transición y los dirigentes de las distintas facciones no protegían a los ciudadanos, mientras que las milicias de las facciones perpetraban abusos con impunidad. Quedaban aún unos cuantos tribunales de la ley islámica (shari’a) que seguían funcionando a nivel local, pero sus procedimientos distaban mucho de ajustarse a las normas procesales internacionales. Las milicias de facciones vinculadas a clanes protegían a los miembros de su propio clan, dejando expuestos a los abusos a los miembros de comunidades minoritarias carentes de armas. Las condiciones de reclusión en la prisión principal de Mogadiscio, dependiente del Gobierno Nacional de Transición, eran duras.
En Somalilandia se denunciaron detenciones arbitrarias. El general Jama Mohamed Ghalib, ex jefe de policía que propugnaba la reincorporación de Somalilandia a una Somalia federal, pasó dos días detenido en junio, a su regreso a Hargeisa, para a continuación ser expulsado. Varios partidarios suyos fueron detenidos tras un tiroteo con miembros de las fuerzas de seguridad de Somalilandia y, al acabar el año, seguían recluidos sin cargos ni juicio.
En algunas zonas de Puntlandia, los tribunales funcionaban de forma irregular y no observaban las normas procesales internacionales.
Libertad de opinión y medios de comunicación
Activistas y periodistas que denunciaban abusos contra los derechos humanos o criticaban a las autoridades políticas se vieron a menudo expuestos a sufrir detenciones arbitrarias, o incluso, en el sur, a ser asesinados. La libertad política, con estructuras de partido abiertas, sólo existía en Somalilandia, donde los ciudadanos disfrutaban de una considerable libertad a la hora de manifestar opiniones, criticar públicamente al gobierno y hacer campaña en las elecciones.
- En enero, en Mogadiscio, la emisora de radio y televisión Hornafrik fue asaltada por un dirigente de una facción tras la emisión de un programa en el que se relacionaba a ciertos empresarios con el “terrorismo”.
- También en Mogadiscio, en junio, la policía del Gobierno Nacional de Transición detuvo a dos periodistas radiofónicos, Abdurahman Mohamed Hudeifi y Hussein Mohamed Gedi, por criticar a las autoridades. Ambos quedaron en libertad al cabo de dos días.
- En marzo se prohibieron en Puntlandia cuatro organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, tras asistir sus representantes a un taller organizado por Amnistía Internacional en Somalilandia para defensores de los derechos humanos de Somalia. Posteriormente se les permitió reanudar sus actividades, tras discutir la cuestión con autoridades del gobierno.
- En octubre, en Somalilandia, un periodista del diario Jamhuuriyya (Republicano) fue declarado culpable de difamación, aunque, en la apelación, la condena de ocho meses de prisión que le había sido impuesta quedó rápidamente conmutada por el pago de una multa.
Visitas de Amnistía Internacional
En febrero, Amnistía Internacional organizó un taller para defensores de los derechos humanos en Hargeisa y se entrevistó con el gobierno de Somalilandia. En abril, un delegado de Amnistía Internacional asistió a las conversaciones de paz de Somalia celebradas en Kenia y se entrevistó con representantes del gobierno de Puntlandia, otros dirigentes políticos y miembros de organizaciones no gubernamentales.
