Suazilandia
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
En mayo, el rey Mswati III dio a conocer un proyecto de Constitución para que se debatiera públicamente. Aunque el proyecto contenía una declaración de derechos, incluía también amplias limitaciones a ellos. Amnistía Internacional mostró su preocupación por estas limitaciones en un escrito enviado al Comité de Redacción Constitucional. En noviembre, tras debatirse públicamente el proyecto, el monarca pospuso la aprobación de la Constitución hasta 2004.
En octubre se celebraron elecciones parlamentarias. Casi una quinta parte de los miembros del Parlamento eran mujeres. En noviembre, el rey nombró primer ministro a Absalom Themba Dlamini, director general de Tibiyo Taka Ngwane, empresa controlada por la familia real.
No menos de una cuarta parte de la población necesitó ayuda alimentaria. El gobierno indicó que la tasa de infección por VIH entre las mujeres que acudían a las consultas médicas para embarazadas era del 38,6 por ciento. Era muy limitada la disponibilidad de tratamientos farmacológicos apropiados para las personas con VIH/sida o con riesgo de infección. En noviembre, unos internos de la Prisión Central de Matsapha comunicaron a la Sociedad Suazilí de la Cruz Roja que se negaba la debida asistencia médica a los presos con VIH y con enfermedades relacionadas con el sida.
Erosión del Estado de derecho
La crisis del Estado de derecho continuó sin solucionarse, a pesar de la intervención de organizaciones intergubernamentales y de organismos jurídicos especializados. El primer ministro Sibusiso Dlamini siguió sin retractarse de sus declaraciones de noviembre de 2002, cuando afirmó que el gobierno no respetaría dos sentencias del Tribunal de Apelaciones. Los jueces de éste dimitieron en señal de protesta y no fueron sustituidos. Se intimidó, rebajó de categoría o sometió a otras formas de presión a los jueces del Tribunal Superior y a algunos de primera instancia como consecuencia de sus resoluciones.
Las autoridades penitenciarias se negaron a poner en libertad a presos acusados de delitos previstos en la Orden sobre Delitos sin Fianza, a pesar de haber resoluciones judiciales que les concedían la libertad bajo fianza y del fallo del Tribunal de Apelaciones de 2002 por el que se declaraba inválida esa legislación.
A pesar de una resolución favorable dictada en 2002 por el Tribunal de Apelaciones, las autoridades siguieron impidiendo a las familias de los jefes Mliba Fakhudze y Mtfuso II regresar a sus hogares, en las localidades rurales de Macetjeni y KaMkhweli. Las familias, desalojadas a punta de pistola en 2000 por razones políticas, continuaron siendo objeto de hostigamiento y de violaciones de sus derechos sociales y económicos, entre ellos el derecho a la educación.
En noviembre, Amnistía Internacional planteó sus motivos de preocupación sobre estas cuestiones en el informe que presentó al 34 periodo de sesiones de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos.
Violaciones del derecho a la libertad de reunión, asociación y expresión
Continuó restringiéndose el derecho a la libertad de asociación, reunión y expresión en virtud de la Real Proclamación de abril de 1973.
El 13 de agosto, durante la celebración en Suazilandia del Diálogo Internacional sobre Asociación Inteligente, conferencia de gobiernos de la Commonwealth y el sector privado, la policía y miembros de la Unidad de Servicios de Apoyo Operativo hicieron uso excesivo de la fuerza para dispersar una manifestación organizada por los sindicatos en Mbabane. Las fuerzas de seguridad golpearon con porras y con las culatas de sus fusiles a los manifestantes y a los transeúntes, entre los que había una mujer con un niño a la espalda. Se ensañaron con varios sindicalistas, golpeándolos sistemáticamente con una violencia equiparable a tortura. Una de las víctimas, Micah Mathunjwa, delegado del sindicato de profesores, se refugió en el Ministerio de Agricultura para escapar de los gases lacrimógenos y de una carga con porras de la policía. Un agente lo persiguió y lo golpeó. Cuando salió corriendo a la calle, lo golpearon otros agentes y le dispararon una bala de goma. Al final necesitó atención hospitalaria por las lesiones sufridas. Presentó una denuncia contra la policía, pero los investigadores policiales no parecían haber hecho nada al concluir el año.
- Roland Rudd, miembro del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones y Explotaciones Agrícolas de Suazilandia (Swaziland Agricultural and Plantations Workers Union, SAPWU), fue detenido por las fuerzas de seguridad durante la manifestación del 13 de agosto después de que lo golpearan en la cabeza y en el cuerpo con porras y con las culatas de los fusiles. Mientras se encontraba bajo custodia, no le facilitaron la asistencia médica adecuada, a pesar de presentar lesiones bien visibles al comparecer ante el tribunal. Junto con otros tres detenidos pertenecientes al mismo sindicato, Alex Langwenya, Lynn Dingani Mazibuko y Samkeliso Ncongwane, fue acusado de delitos previstos en la Ley de Armas y Municiones. El tribunal de primera instancia de Mbabane les concedió a todos libertad bajo fianza, pero las autoridades se negaron a dejarlos libres, aduciendo que obedecían órdenes del primer ministro Sibusiso Dlamini. Finalmente, los detenidos quedaron en libertad bajo fianza después de que el tribunal de primera instancia dictara una segunda resolución el 3 de septiembre. El juicio no había empezado todavía al terminar el año.
Violencia contra las mujeres y las niñas
Siguió negándose a las mujeres la igualdad de derechos ante la ley. En marzo, el primer ministro Sibusiso Dlamini informó de que el número de casos de violación había aumentado un 20 por ciento en los últimos 24 meses. Los frecuentes informes de violación se referían en especial a muchachas de hogares sumidos en la pobreza. El Grupo de Acción contra los Abusos de Suazilandia informó de 88 casos de violación entre julio y septiembre. Algunas de las víctimas contrajeron el VIH y otras enfermedades de transmisión sexual como consecuencia de la violación. Entre las personas detenidas por violación se encontraban agentes de policía, profesores, pastores protestantes y familiares de las víctimas. Aunque se presionó a algunas víctimas de violación para que aceptaran un arreglo informal de sus casos, se celebraron procesos judiciales contra algunos violadores que concluyeron con condenas y penas de prisión.
Pena de muerte
En febrero, el Tribunal Superior impuso la pena de muerte por asesinato a Richard Mabaso, ciudadano de Sudáfrica. Aunque se interpuso recurso de apelación, éste no pudo examinarse debido a que no había un Tribunal de Apelaciones.
Visitas de Amnistía Internacional
Delegados de Amnistía Internacional visitaron Suazilandia en julio.
