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Zanzíbar

Las conversaciones sobre reconciliación (Muafaka) entre el gobernante Partido de la Revolución (Chama Cha Mapinduzi) y el partido de la oposición Frente Cívico Unido (Civic United Front) prosiguieron durante todo el año 2003, lo que produjo una disminución de las tensiones en el territorio semiautónomo de Zanzíbar, a cuyo frente se encuentra el presidente Amani Abeid Karume. No obstante, muchas de las cuestiones que originaron las manifestaciones de 2001 siguieron sin solucionarse, en especial las reformas jurídica, judicial y electoral. El Frente Cívico Unido dejó de boicotear los Parlamentos nacional (Unión) y de Zanzíbar y obtuvo 15 y 11 escaños, respectivamente, en las elecciones parciales celebradas en mayo.

Al finalizar el año 2003, el gobierno no había reaccionado públicamente a las conclusiones de la investigación oficial sobre las manifestaciones ocurridas en enero de 2001. El informe de la investigación, publicado en noviembre de 2002, llegaba a la conclusión de que las fuerzas de seguridad habían matado sin justificación a más de 31 personas, torturado e infligido malos tratos a centenares de presos detenidos de forma arbitraria y violado a decenas de mujeres. Sin embargo, no recomendaba que se enjuiciara a los autores.

Violencia contra las mujeres

La mutilación genital femenina continuó siendo endémica en varias regiones, a pesar de las campañas realizadas por el gobierno y por algunas organizaciones no gubernamentales en contra de esta perniciosa práctica tradicional. En octubre, encarcelaron a tres mujeres a quienes habían condenado a penas de 30 años de prisión después de declararlas culpables de participar en la muerte de una adolescente por una infección derivada de una mutilación genital.

Siguió habiendo informes de homicidios de ancianas por presuntas prácticas de brujería, pero las autoridades no hicieron casi nada para procesar a los responsables.

Libertad de asociación y expresión

En tres ocasiones al menos, la policía utilizó fuego real durante la celebración de actos prohibidos, en concreto, en una manifestación de musulmanes que tuvo lugar en febrero, en Zanzíbar, por una cuestión religiosa, y en dos mítines de la oposición celebrados en las localidades de Mwanza y Bukoba, en los meses de junio y julio respectivamente. En estos incidentes resultaron heridas de bala varias personas y se golpeó y detuvo a otras muchas.

Los partidos de oposición, las organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación privados gozaron de una mayor libertad que en 2002 en el territorio continental, pero el efecto fue el contrario en Zanzíbar. No se volvió a aplicar la ley sobre la sedición contra los detractores del gobierno. Se interrumpió la celebración de varios juicios por sedición al impugnarse la ley ante el Tribunal Constitucional. El gobierno de Zanzíbar continuó impidiendo el registro de la Asociación de Derechos Humanos de Zanzíbar sin dar ninguna justificación.

Juicio por “terrorismo”

Durante 2003 continuó el juicio de uno de los presuntos autores del atentado con bomba perpetrado en 1998 contra la embajada de Estados Unidos en la capital, Dar es Salam, en el que 11 tanzanos perdieron la vida.

Según informes, dos personas fueron devueltas a sus países de origen en virtud de la Ley Antiterrorista promulgada en 2002, que proporciona al gobierno nuevos poderes más amplios.

Comisión de Derechos Humanos

La Comisión de Derechos Humanos y Buen Gobierno continuó su investigación sobre las duras condiciones imperantes en las cárceles, pero no publicó ningún informe. Inició una audiencia pública sobre los abusos contra los derechos humanos en el distrito de Serengeti, entre los que se contaban expulsiones y traslados forzosos. Al concluir 2003, la Comisión no había abierto todavía una oficina en Zanzíbar.

Pena de muerte

A lo largo del año se dieron a conocer varias condenas de muerte por asesinato, pero no se ejecutó a nadie. El gobierno siguió manteniendo en secreto el número de personas que estaban en espera de ser ejecutadas, aunque se creía que eran más de un centenar.

Refugiados

El gobierno no cumplió las amenazas de devolver a Ruanda a los últimos 2.300 refugiados ruandeses. Las condiciones de los campos que albergaban a los más de 350.000 refugiados burundeses, incluidos las decenas de miles que llegaron durante 2003, eran deficientes. A los refugiados no se les permitió salir de los campos y se los detuvo a menudo.




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