Uruguay
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Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado
En abril, la Comisión para la Paz, creada por el presidente Jorge Batlle en agosto de 2000 para esclarecer la suerte de los uruguayos “desaparecidos” entre 1973 y 1985, publicó su informe final. La Comisión concluía que 26 uruguayos que “desaparecieron” durante ese periodo habían muerto a consecuencia de torturas. Según información proporcionada a la Comisión por fuentes militares, las víctimas fueron enterradas primero en cuarteles militares, pero en 1984 se exhumaron e incineraron los cuerpos, y las cenizas se arrojaron a las aguas del Río de la Plata. La Comisión concluía también que, durante esos años, cinco ciudadanos argentinos habían sido detenidos en Uruguay y trasladados a centros de detención secretos de Argentina. La Comisión afirmaba, además, que 182 uruguayos habían sido detenidos durante la dictadura militar en Argentina.
La Comisión recomendaba que los familiares de todas las personas detenidas en Uruguay recibieran una reparación “integral y completa”, y que la tortura y las desapariciones forzadas se tipificaran como delitos en el Código Penal de Uruguay. Tanto los familiares como las organizaciones de derechos humanos mostraron su satisfacción por los progresos realizados por la Comisión en el esclarecimiento de la verdad sobre las violaciones de derechos humanos cometidas durante el gobierno militar. No obstante, insistieron en que no bastaba con descubrir la verdad y que no era posible una reconciliación sin justicia.
Impunidad
En abril, las autoridades mostraron indicios de querer ampliar el ámbito de la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, de 1986, que exime de castigo al personal policial y militar responsable de violaciones de derechos humanos cometidas antes del 1 de marzo de 1985. Se creía que las medidas dirigidas a ampliar la Ley de Caducidad para incluir en ella a civiles estaban relacionadas con la detención de un ex ministro de Relaciones Exteriores acusado del encarcelamiento ilegal de Elena Quinteros Almeida, “desaparecida” en 1976 tras haber sido sacada a la fuerza de la embajada venezolana en Uruguay, donde había buscado refugio. Ésta era la primera vez que se detenía a alguien por violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar. El ex ministro obtuvo la libertad condicional y al concluir el año se hallaba en espera de juicio.
Se temió seriamente que el gobierno estuviese interfiriendo en la labor del poder judicial cuando se pidió a un juez que dejara de investigar la posibilidad de que hubiese cuerpos de personas “desaparecidas” enterrados en recintos militares.
Extradición
Al-Sayid Hassan Mukhlis, ciudadano egipcio, fue extraditado a Egipto en julio, pese al temor de que corriera un grave riesgo de sufrir violaciones de derechos humanos, como tortura y juicio injusto. Las autoridades egipcias habían solicitado su extradición por su presunta implicación en abusos contra los derechos humanos cometidos por el grupo armado de oposición islamista al-Gama ‘a al-Islamiya. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay aprobó la extradición de Al-Sayid Hassan Mukhlis en mayo, pese a la existencia de indicios sólidos de que varios presuntos miembros de grupos armados islamistas habían sido torturados tras ser devueltos a Egipto.
Tortura y malos tratos
Hubo informes sobre tortura y malos tratos a detenidos. Se iniciaron investigaciones sobre estas denuncias, pero ninguna se había completado al acabar el año.
