Estados Unidos de América
Hechos más destacados
entre enero y diciembre de 2003
Información general
Miles de personas fueron detenidas en el contexto de la guerra contra Irak encabezada por Estados Unidos y de la posterior ocupación de Irak por la Autoridad Provisional de la Coalición (véase el apartado sobre Irak). Otras permanecían recluidas en bases estadounidenses en Afganistán, Cuba y otros lugares como parte de la “guerra contra el terrorismo” que se estaba llevando a cabo. Amnistía Internacional, aunque pedía que se pusiera a disposición judicial a los responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center y de otros delitos, condenó la denegación de derechos fundamentales por parte de Estados Unidos a muchos de los detenidos.
Corte Penal Internacional
En julio, Estados Unidos anunció un recorte de la ayuda militar a 35 países que se habían negado a firmar acuerdos de impunidad por los que se comprometerían a no entregar a la Corte Penal Internacional a ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Este tipo de acuerdos conculcan las obligaciones que los Estados tienen contraídas en virtud del derecho internacional.
Detenciones fuera de Estados Unidos
Centenares de detenidos de unos 40 países permanecían recluidos en un limbo legal en la base naval estadounidense de la bahía de Guantánamo. En abril, las autoridades estadounidenses revelaron que entre los detenidos había niños de tan sólo 13 años. Ninguno de los allí recluidos había sido acusado o juzgado ni había tenido acceso a abogados, a sus familiares o a los tribunales. En octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que decidiría si los tribunales estadounidenses “carecen de jurisdicción para considerar la impugnación de la legalidad” de las detenciones de Guantánamo, tal como habían mantenido anteriormente los tribunales federales inferiores. Se esperaba que la Corte Suprema anunciara su resolución en 2004. Mientras tanto, en diciembre, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito resolvió que los ciudadanos extranjeros recluidos como “combatientes enemigos” en la bahía de Guantánamo tenían derecho a que un tribunal revisara la legalidad de su detención. Los jueces de la Corte de Apelaciones concluyeron que la postura del gobierno “contradice los principios fundamentales de la jurisprudencia estadounidense y plantea serios motivos de preocupación en virtud del derecho internacional”. Esta resolución podría formar parte también de la revisión llevada a cabo por la Corte Suprema.
Durante 2003 siguió aumentando la preocupación por las repercusiones psicológicas que podía tener sobre los detenidos el tipo de reclusión, indefinida y en régimen de aislamiento, en Guantánamo. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la única organización no gubernamental que tuvo acceso a los detenidos, tomó la insólita medida de criticar públicamente la ausencia de un proceso legal y habló del deterioro de la salud mental que había observado en gran parte de los detenidos. Durante el año hubo numerosos intentos de suicidio por parte de los recluidos.
La base aérea estadounidense de Bagram, en Afganistán, siguió utilizándose como centro de detención. También allí se negaba a los detenidos todo tipo de proceso legal. El CICR no pudo acceder a las personas allí recluidas. Durante el año se recibieron denuncias de tortura o malos tratos a detenidos en esta base aérea. Los ex detenidos entrevistados por Amnistía Internacional en Afganistán afirmaron que los habían obligado a permanecer de pie o de rodillas durante periodos prolongados, les habían impedido dormir y los habían sometido a un uso cruel de grilletes. Al terminar el año, las autoridades estadounidenses no habían anunciado resultado alguno de la investigación militar sobre las muertes de dos afganos bajo custodia estadounidense en Bagram en diciembre de 2002. Las autopsias habían revelado en ambos casos “lesiones causadas por golpes contundentes” y habían establecido que la causa de la muerte era “homicidio”. Otro hombre murió bajo custodia en un centro de detención de Asadabad, en la provincia de Kunar, Afganistán, en junio.
También se recibieron informes de tortura y malos tratos por parte de fuerzas estadounidenses en Irak (véase Irak). Al terminar el año, 12 soldados estadounidenses acusados de maltratar a detenidos iraquíes estaban en espera de ser sometidos a un consejo de guerra.
Un número no determinado de detenidos continuaban recluidos en régimen de incomunicación en lugares no revelados, sin acceso al CICR o a proceso legal alguno.
Continuaba la preocupación por la posible entrega de detenidos a países donde se temía que pudieran ser torturados durante los interrogatorios.
Comisiones militares
El 3 de julio, el Pentágono anunció que el presidente Bush había designado a seis detenidos extranjeros que serían sometidos a las disposiciones de la orden ejecutiva en materia militar que él mismo había firmado en noviembre de 2001. La orden establece que los ciudadanos no estadounidenses sospechosos de participar en “terrorismo internacional” permanecerán recluidos indefinidamente sin juicio o serán juzgados por comisiones militares. Las autoridades estadounidenses no hicieron públicos los nombres de estos seis detenidos, pero se supo que dos de ellos —Moazzam Begg y Feroz Abbasi— eran ciudadanos británicos, y que un tercero —David Hicks— era ciudadano australiano. Las autoridades de Reino Unido y Australia mantuvieron conversaciones con sus homólogos estadounidenses sobre el futuro de los detenidos. En diciembre, el Pentágono reveló que Salim Ahmed Samdan, ciudadano yemení detenido en Guantánamo, formaba parte de ese grupo de seis. Al concluir el año no se había juzgado a ningún detenido ante una comisión militar.
Detenciones en Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001
Un organismo de control gubernamental informó en junio de que había habido “problemas significativos” en el trato a los centenares de ciudadanos extranjeros detenidos tras los atentados del 11 de septiembre contra el Pentágono y el World Trade Center. La investigación, llevada a cabo por la Inspección General del Departamento de Justicia, confirmó muchos de los motivos de preocupación planteados por Amnistía Internacional y por otros grupos respecto a la violación de los derechos fundamentales de los detenidos. Entre las violaciones perpetradas se encontraban el negar a los detenidos acceso inmediato a sus abogados y familiares y el no imputar sin demora cargos a los detenidos o darles el “visto bueno” para ser liberados o expulsados de Estados Unidos, lo que daba lugar a que muchos de ellos languidecieran durante meses en centros de detención a pesar de no tener relación alguna con los atentados. El informe halló indicios de una “práctica constante de agresiones físicas y verbales” por parte de algunos funcionarios de prisiones contra personas detenidas en relación con el 11 de septiembre.
Aunque la mayoría de los detenidos (muchos de ellos por infracciones leves de las leyes de inmigración) en las oleadas iniciales habían sido puestos en libertad o expulsados del país en el momento de elaborarse el informe, la Inspección General formuló 21 recomendaciones al gobierno estadounidense para que mejorara los procedimientos relativos a ese tipo de detenciones; las recomendaciones incluían acelerar la revisión de los casos y establecer criterios más objetivos para decidir sobre la detención.
Yaser Esam Hamdi y José Padilla, ambos ciudadanos estadounidenses, continuaron recluidos bajo custodia militar sin cargos ni juicio como “combatientes enemigos”, a pesar de que el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria había criticado sus detenciones calificándolas de “arbitrarias”. En enero, un tribunal de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Cuarto Circuito confirmó el derecho del gobierno de Estados Unidos a detener a Yaser Esam Hamdi sin juicio y sin acceso a un abogado. Sin embargo, el Pentágono anunció en diciembre que había decidido permitir que Yaser Esam Hamdi se reuniera con su abogado, aunque subrayó que “esto no es algo establecido por el derecho nacional o internacional y no debe ser tratado como precedente”. El anuncio se produjo un día antes de la fecha en que estaba previsto que el gobierno respondiera a una apelación presentada ante la Corte Suprema sobre este caso.
En diciembre, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito resolvió que el presidente no estaba facultado, sin la autorización del Congreso, “para detener como combatiente enemigo a un ciudadano estadounidense aprehendido en suelo estadounidense fuera de una zona de combate”, y ordenó que José Padilla fuera liberado de la custodia militar en un plazo de 30 días. Los jueces declararon que el gobierno podía entonces presentar cargos penales contra Padilla en los tribunales ordinarios o intentar que se lo retuviera como testigo esencial, aunque sin que “en ninguna circunstancia” se le negaran sus derechos constitucionales. Pese a ello, al terminar el año José Padilla continuaba bajo custodia militar en régimen de incomunicación, en espera de la apelación del gobierno contra la decisión del tribunal. Otro recurso del gobierno mantenía también en suspenso la orden dictada en 2002 por un tribunal federal, según la cual debía permitirse a José Padilla acceder a un abogado.
En julio, Ali-Saleh Kahlah Al Marri, ciudadano de Qatar al que se habían imputado cargos penales, fue sacado del sistema judicial por orden del presidente Bush y designado como “combatiente enemigo” por sus presuntos vínculos con Al Qaeda. Al concluir el año permanecía recluido en régimen de incomunicación bajo custodia militar.
Algunas personas detenidas por presuntos vínculos con Al Qaeda fueron expulsadas a países donde corrían peligro de ser sometidas a tortura o malos tratos. En octubre, Amnistía Internacional pidió al gobierno estadounidense que llevara a cabo una investigación exhaustiva sobre el trato que se había impartido a Maher Arar, ciudadano canadiense expulsado en octubre de 2002 desde Estados Unidos a su Siria natal, donde, al parecer, fue torturado y recluido durante meses en condiciones crueles antes de ser devuelto, sin cargos, a Canadá.
En diciembre de 2003 concluyó el programa de “registro especial” introducido a finales de 2002, que establecía que los muchachos y hombres de 16 años o más procedentes de 25 países, la mayoría de Oriente Medio y Próximo, debían presentarse anualmente ante las autoridades para que los interrogaran, los fotografiaran y les tomaran las huellas dactilares, aunque se mantuvo el requisito de registrarse al entrar y salir del país. La medida había sido criticada como discriminatoria por grupos de derechos humanos. Muchos de los que habían cumplido esta orden habían sido detenidos, en numerosos casos por irregularidades leves en relación con el visado, y muchos siguieron enfrentándose a la expulsión a pesar de que los procedimientos para regularizar su situación estaban en curso.
Refugiados, migrantes y solicitantes de asilo
En abril, el fiscal general resolvió que los solicitantes de asilo haitianos debían permanecer detenidos, manifestando que dicha política era necesaria como disuasión y por motivos de seguridad nacional. La resolución se emitió en relación con el caso de David Joseph, de 18 años de edad, cuya libertad bajo fianza había sido ordenada por un juez de inmigración y confirmada por la Junta de Recursos de Inmigración. David Joseph formaba parte de los aproximadamente 200 solicitantes de asilo haitianos detenidos en octubre de 2002 cuando su barco encalló ante la costa de Florida. Amnistía Internacional instó al gobierno a que, de acuerdo con las normas internacionales relativas a los derechos humanos y a los refugiados, retirara esa política de detención indiscriminada que, según la resolución del fiscal general, podía aplicarse a otros grupos por motivos similares.
Hubo una preocupación constante por los entre 5.000 y 6.000 niños emigrantes no acompañados que, en contra de las normas internacionales y de las propias directrices de Estados Unidos, habían sido detenidos, en algunos casos durante meses. Muchos de estos niños habían sido recluidos en condiciones punitivas junto con menores delincuentes y sometidos a trato humillante, como el encadenamiento o los registros corporales sin ropa.
Malos tratos y uso excesivo de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley
Hubo informes sobre muertes bajo custodia, malos tratos y uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de policía y guardias de prisiones. Entre los incidentes denunciados hubo casos de uso indebido de armas paralizantes y aerosoles químicos. Nueve personas murieron tras ser sometidas a descargas de pistolas Taser de la policía. Aunque la causa de la muerte se atribuyó a otros factores, o aún no se conocían los resultados de la autopsia, seguían existiendo interrogantes sobre el peligro que esos dispositivos suponían para la salud. Se recibieron numerosos informes de condiciones crueles en unidades de aislamiento dentro de las prisiones.
- En septiembre, un policía de Bayton, Texas, fue acusado de hacer uso de fuerza no necesaria contra una mujer latina discapacitada de 59 años. El agente aplicó a Naomi Autin tres descargas con una pistola Taser porque la mujer golpeaba la puerta de su hermano con un ladrillo tras no obtener respuesta. El juicio aún estaba pendiente al terminar el año.
- John Allen Muhammad recibió dos descargas eléctricas de un cinturón paralizante en agosto mientras se hallaba en el hospital, bajo la custodia del departamento del sheriff del condado de Prince William, en Virginia. El cinturón, que llevaba enrollado al brazo, fue activado cuando el detenido se negó a someterse a una exploración craneal de rayos X moviendo la cabeza y tratando de sentarse mientras estaba atado a una camilla. Al parecer, la descarga de entre 50.000 y 70.000 voltios le causó verdugones en el brazo.
- En octubre, el estado de Virginia pagó una suma no desvelada a la familia de Larry Frazier, muerto en prisión en julio de 2000 tras sufrir repetidas descargas de un arma paralizante. El Departamento de Prisiones suspendió el uso de la pistola paralizante Ultron 11 poco después del incidente, cuando una autopsia concluyó que el arma podía haber contribuido a la muerte de Larry Frazier.
- El Departamento de Policía de Fort Lauderdale, Florida, aumentó la severidad de sus procedimientos cuando el Médico Forense concluyó que el uso de aerosol de pimienta por parte de la policía había contribuido a la muerte en abril de Raymond Sterling, un joven de 21 años que sufría el trastorno conocido como rasgo drepanocítico. Los nuevos procedimientos establecían que cualquier persona a la que se aplicara aerosol de pimienta o que sufriera una lesión a manos de la policía debía ser llevada al hospital en lugar de a la cárcel.
- Se presentó una querella contra las autoridades penitenciarias de Florida en la que se denunciaba que los presos eran rociados repetidamente con aerosol de pimienta y gas lacrimógeno mientras estaban encerrados en sus celdas, y que a consecuencia de ello sufrían dificultades respiratorias, quemaduras y ampollas cutáneas. Según la querella, los agentes químicos se habían convertido en el medio de fuerza más habitualmente utilizado en las prisiones de Florida.
Las condiciones de las unidades de aislamiento de las prisiones, incluidos los centros de “super-máxima seguridad”, seguían siendo terriblemente duras en muchos estados.
- Según los informes, en la Unidad 32 de la Prisión de Parchman, en Misisipi, casi 1.000 presos, muchos de ellos con graves enfermedades mentales, permanecían confinados entre 23 y 24 horas al día en celdas insalubres e infestadas de insectos, sin ventiladores ni agua suficiente a pesar del extremo calor del verano. Al concluir el año estaba en marcha un litigio para mejorar las condiciones de los condenados a muerte de esa unidad.
Se recibieron denuncias de brutalidad policial y uso de fuerza excesiva contra personas que se manifestaban en contra de la guerra en varias ciudades estadounidenses, como Chicago (Illinois) y Oakland (California). En noviembre, la policía de Miami fue acusada de utilizar balas de goma, aerosoles de pimienta, pistolas Taser, botes de gas y granadas de aturdimiento contra multitudes que se manifestaban contra las negociaciones sobre el Área de Libre Comercio de las Américas. Varios manifestantes tuvieron que ser hospitalizados a consecuencia de la actuación policial, y decenas más fueron tratados por lesiones.
Mujeres presas
En octubre, Amnistía Internacional pidió a las autoridades penitenciarias de California que abandonaran la política que permitía que guardias varones realizaran registros corporales con ropa (“registros al tacto”) a mujeres presas, un tipo de registro que incluía tocar partes íntimas del cuerpo de las reclusas. En contra de lo establecido por las normas internacionales, California y otros estados de Estados Unidos seguían permitiendo que guardias varones tuvieran acceso sin supervisión a mujeres presas. En varios estados, entre ellos Nueva York, algunas presas denunciaron haber sido agredidas sexualmente por guardias varones.
La Corte Suprema anula las leyes de sodomía
En junio, la Corte Suprema emitió una resolución trascendental que anulaba una ley de sodomía de Texas alegando que los adultos tienen el derecho constitucional de mantener su conducta sexual privada (Lawrence v. Texas). La resolución invalidó las leyes de Texas y de otros tres estados (Kansas, Oklahoma y Misuri) que castigaban la sodomía entre personas del mismo sexo, y las leyes de otros nueve estados (Alabama, Florida, Idaho, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Utah y Virginia) que tipificaban como delito la sodomía en todos los casos.
Pena de muerte
En 2003 se ejecutó a 65 personas, lo que elevó a 885 el número total de presos ejecutados desde que la Corte Suprema de Estados Unidos levantó la suspensión de las ejecuciones en 1976. Estados Unidos siguió conculcando las normas internacionales en su aplicación de la pena de muerte, por ejemplo al ejecutar a personas que tenían menos de 18 años en el momento de cometerse el delito. El gobierno estadounidense llevó a cabo su tercera ejecución federal desde 1963: las tres se habían realizado durante el mandato del actual gobierno. Texas llevó a cabo su ejecución número 300 desde 1976, y fue responsable de 24 de las ejecuciones realizadas en Estados Unidos durante 2003.
En enero, México presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) un recurso en favor de más de 50 ciudadanos suyos condenados a muerte en Estados Unidos. El recurso se basaba en presuntas violaciones de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, de la ONU, que establece que los Estados deben informar a los ciudadanos extranjeros, en el momento de su detención, de su derecho a pedir ayuda a su consulado. En 2003 había más de un centenar de ciudadanos extranjeros condenados a muerte en Estados Unidos, y a la mayoría se les había negado ese derecho. Se esperaba que la CIJ emitiera su resolución en 2004.
- El 11 de enero de 2003, el gobernador saliente de Illinois, George Ryan, vació los “corredores de la muerte” de su estado. Indultó a cuatro condenados a quienes creía que se había torturado para obligarlos a confesar delitos que no habían cometido, y conmutó la condena de otros 167 alegando que el sistema que los condenó era imperfecto.
- En julio, Joseph Amrine fue excarcelado tras permanecer más de 16 años en el pabellón de los condenados a muerte de Misuri por el asesinato de otro recluso. Lo habían declarado culpable basándose en el testimonio de otros presos que más tarde se retractaron. Joseph Amrine se convirtió en el preso número 111 liberado de los “corredores de la muerte” estadounidenses desde 1973 tras ser considerados inocentes. El caso número 112 tuvo lugar en diciembre, cuando un fiscal de Pensilvania anunció que no procesaría de nuevo a Nicholas Yarris, que había permanecido dos décadas condenado a muerte en el estado. Un juez federal había ordenado un nuevo juicio cuando unos análisis de ADN respaldaron la afirmación de inocencia de Nicholas Yarris.
- El 3 de abril, Scott Hain fue ejecutado en Oklahoma por un delito que se había cometido cuando tenía 17 años. El 8 de diciembre, el gobernador saliente de Kentucky, Paul Patton, conmutó la condena de muerte de Kevin Stanford, condenado por un delito que se cometió en 1981, cuando Stanford tenía 17 años. El gobernador Patton había calificado su condena de muerte de “injusticia”, dada la edad de Kevin Stanford en el momento del delito.
- James Colburn fue ejecutado en Texas el 26 de marzo, y James Willie Brown fue ejecutado en Georgia el 4 de noviembre. Ambos tenían un largo historial de enfermedad mental, con diagnósticos como la esquizofrenia.
- En octubre, la Corte Suprema de Estados Unidos denegó la apelación presentada por Charles Singleton, condenado a muerte de Arkansas, contra la resolución de un tribunal federal inferior que afirmaba que el Estado podía medicar a la fuerza al preso para que mejorara su enfermedad mental, aunque esa mejora convirtiera a Singleton en apto para ser ejecutado.
- En noviembre, dos años después de que Gerardo Valdez, ciudadano mexicano, llegara a estar a tan sólo unos días de ser ejecutado en Oklahoma, un jurado lo condenó, en una nueva vista de condena, a cadena perpetua. En 2001, la Junta de Libertad Condicional del estado había recomendado el indulto tras examinar las pruebas que indicaban que a Gerardo Valdez se le había negado su derecho a pedir ayuda a su consulado. El gobernador denegó el indulto, pese a la recomendación de la Junta y pese a una petición personal del presidente de México, Vicente Fox. Posteriormente, un tribunal estatal concedió a Gerardo Valdez una nueva vista de determinación de la pena.
Visitas de Amnistía Internacional
Una delegada de Amnistía Internacional visitó Estados Unidos en octubre. Una delegación de Amnistía Internacional visitó Afganistán en julio para entrevistar a personas que habían estado detenidas por Estados Unidos.
